La realidad pesquera en Chile

Jorge Bustos (54 años, cinco hijos) es presidente de la Confederación de la Gente del Mar (Congemar) desde el 2005. Ya trabajaba a los 17 años en la industria portuaria; partió como cargador y hoy es encargado de documentos de una empresa del sector. Sindicalmente nació el 2002, como dirigente del Sindicato de Empleados de Bahía de Valparaíso. Hoy la Congemar constela a 71 sindicatos, entre pesqueros y portuarios.

En Chile existen alrededor de 230 mil trabajadores ligados a la pesca industrial, faenas portuarias y pesca artesanal; es decir, considerando las familias, cerca de un millón de personas vive del mar directamente.

A partir del 1 de diciembre, 600 portuarios de San Antonio, V Región, están en huelga porque según afirma Jorge Bustos, “el gobierno ha determinado un nuevo proceso de privatizaciones. Todavía le queda concesionar el 13% de los puertos estatales” y agrega que “esas privatizaciones, además de violentar la soberanía nacional, adolecen de estudios. Se supone que los países del continente están creciendo económicamente por los precios de las materias primas debido a la demanda asiática, principalmente, y de manera contradictoria, en un marco de contracción del consumo en Estados Unidos y Europa que son mercados que recepcionan las mercancías chinas e indias. Esa demanda de materias primarias no es infinita y está basada en la explotación de recursos no renovables. Con el agravante de que el capital se lleva todo y prácticamente no paga nada al país. Ahora bien, resultado de la nueva ola privatizadora, se está realizando una discusión entre los trabajadores y las empresas portuarias de San Antonio (avaladas y determinadas por el Estado). La oferta no es considerada justa por los trabajadores. Plantea un plan de indemnizaciones para aquellos que habían trabajado con montos ridículos, deja fuera el tema de las pensiones, y no aborda el tema central. Los viejos que salgan de los puertos no pueden quedar cesantes. El plan, de esta manera, no sólo se destruye empleo, sino que además, apenas se gasten las indemnizaciones, ya no habrá plata para vivir y dinamizar la economía en la ciudad de San Antonio. En 1999, durante el gran proceso de privatizaciones, de cinco mil trabajadores, quedaron trabajando mil. Nosotros creemos que el Estado debe garantizar el flujo de circulante para que no se intensifique la cesantía estructural. Por eso en El Espigón de San Antonio (aquel sector aún no privatizado), los trabajadores están paralizados. Y la huelga no se detendrá hasta que el Ministerio de Transporte no asuma que él debe sentarse a negociar. Aquí el Estado no puede ofrecer cinco millones de pesos (10 mil dólares) por una vez y deshacerse para siempre de los trabajadores que hemos sido los mismos que producimos las riquezas del sector''.

BUCEO

''-¿Cuáles son los problemas fundamentales de los trabajadores del mar?

Tenemos dos conflictos básicos. La depredación de la masa bioceánica por el lado de la industria pesquera, donde nosotros buscamos la generación de más peces en el mar para el consumo humano. La depredación es producto de la industria salmonera. El 80% de la harina de pescado en que se convierten las especies marinas termina de alimento para salmones. Aquí hay una contradicción. La industria salmonera actualmente es subsidiada por el Estado, pero esa misma política alienta la destrucción de especies como el caso dramático de la merluza y el jurel. Según nuestros antecedentes, ya se ha perdido un 60% de esos recursos.

-¿Cuál es la solución inmediata que proponen?

Hay que regular el sector pesquero en Chile. La Ley Costa de Pesca privatizó la captura de peces. Aquí debe existir una discusión sobre la matriz económica del país, es decir sobre el desarrollo de las especies y para qué. Si en vez de capturar especies para hacer harina de pescado, lo hacemos para el consumo humano, por un lado podríamos equilibrar el crecimiento de las especies, y por otro, contar con un buen producto. Además así aumentaría el empleo. Y, cómo no, no tendríamos que exportar pescado para el consumo interno, pensando que Chile tiene cuatro mil kilómetros de costa.

-¿Cuándo y cómo empeoraron las cosas en el sector?

Desde la promulgación de la Ley de Pesca -hace cinco años y con la participación interesada y protagónica de los hermanos y senadores Zaldívar-, se intensificó la explotación de las especies y la gente ha ido convirtiéndose en un trabajador informal, en un paria. Los contratos ahora son por marea. Los viejos se hacen al mar, pescan, salen, y quedan cesantes de nuevo. Se labora 3 o 4 meses y ahí se acaba el año.

-¿Y qué pasa en el área portuaria?

En la industria portuaria, la cuestión es un poco más grave. Los trabajadores portuarios existimos desde 1536. Sólo fuimos formalizados entre las décadas del 60 al 80 del siglo pasado. En 1981 (Plan Laboral de la dictadura), el Estado determinó con la ley 18032, efecto de los cambios de transporte a nivel internacional y la integración del container como envoltorio de la mercancía, el fin de las conquistas del área. Es decir, el derecho a participar en la regulación de la explotación marina con la Cámara Marítima basado en un convenio internacional y las formas contractuales de relacionarnos con las empresas. Lo que ocurre es que esa legislación ya no obedece a las nuevas maneras de producción que existen en los puertos, ni al nivel de ganancias. Ahora hay una buena cantidad de tratados internacionales, a través de organismos tripartitos, que Chile todavía no suscribe. Aquí no hay negociación colectiva y existe una gran fragmentación sindical que no permite contar con la fuerza para llegar a convenios con los empresarios. Frente a esto nosotros estamos porque el país formule un plan de desarrollo estratégico. ¿Vamos a ser la 'puerta del Pacífico'? ¿Tendremos o no corredores bioceánicos que permitan traer cargas del cono sur y sacarlas por medio de los puertos chilenos? Tampoco está definida la infraestructura vial necesaria para impulsar los objetivos anteriores. Al respecto, ya existen crisis en materia vial en Coquimbo, Valparaíso, San Antonio. Hace falta una ley portuaria. Lo que hay es una ley de modernización portuaria cuyo propósito es sólo la concesión y privatización de los puertos.

-¿Quiénes mandan allí?

Los dueños de los puertos son el grupo Claro y el grupo alemán transnacional Von Appen, que es el que ha crecido más. Entre ambos son los controladores del 87% de los puertos del país. Lo que resta son puertos pequeños.”

-¿Y qué gana el Estado?

Un dólar por tonelada transferida. San Antonio mueve casi 16 millones de toneladas. Valparaíso, 10.5 toneladas. Eso no es impuesto, es un pago por el derecho a concesión. En el sector, se cobran las patentes de las empresas pesqueras que van a parar al llamado Fondo de Administración Pesquera (FAP) cuya finalidad original era dedicar esos recursos a investigación y desarrollo del sector. El FAP en realidad se ocupa para subsidiar la pesca artesanal y contener la cesantía. Pero ese fondo debería destinarse a universidades públicas que tuvieran que ver con el rubro para producir conocimientos tendientes a aumentar la masa bioceánica y proponer al país nuevas formas de explotación marina. Así se resolvería, entre otras cosas, de manera verdadera el desempleo.

-¿Qué exigen al Estado?

Nosotros le pedimos al Ministerio del Trabajo que genere insumos para poder discutir, para que ponga investigación al servicio del debate de todos los involucrados. Necesitamos legislación internacional comparada, ¿cómo funcionan España, Suecia, Finlandia, por ejemplo? Pero no existe la voluntad para ello en este gobierno, ni en los de la Concertación.

LAS CONDICIONES LABORALES

-¿Qué ocurre alrededor de los puertos?

Debe existir una relación entre las utilidades de los puertos y las ciudades que los albergan. No es posible que San Antonio y Valparaíso sobrevivan con las dádivas estatales, cuando en esas localidades opera una actividad tan potente como es la salida de productos a través de sus puertos.

-¿Cómo va la cosa en materia de sueldos?

Nosotros logramos el derecho a tener licencias médicas recién el 2008, en virtud de las elecciones que se avecinaban entonces. Y los viejos pesqueros, cuando pueden trabajar –máximo tres meses continuos-, ganan mensualmente unos $500 mil pesos (mil dólares) en promedio. En mi sindicato, los trabajadores pueden llegar hasta dos millones de pesos al mes (4 mil dólares), pero por sólo un trimestre. Esa plata deben dividirla para aguantar todo el año.

-¿Y las condiciones de trabajo?

Los viejos de 55 años ya no pueden subirse a los buques a arreglar los container. Ahí comienzan las jubilaciones en los hechos. Consideramos que realizamos trabajo pesado por las condiciones laborales en que nos desempeñamos: contaminación acústica, polución, extremas variaciones de temperatura y tenemos turnos alternados que imponen que entre turno y turno no se alcance a descansar ni siquiera 8 horas.

-Ustedes han denunciado muchas veces el problema previsional…

Tenemos problemas de densidad y continuidad previsional. Producto de los malos contratos y la informalidad, nuestros viejos no pueden jubilarse en forma porque no llegan ni a la pensión mínima. De esta manera el Estado tendrá que subsidiar las pensiones que, en el fondo, es subsidiar a las AFP’s y a la industria pesquera y portuaria.

-¿Y los niveles de accidentabilidad laboral?

El último accidente grave, que terminó con dos portuarios muertos, se produjo en San Vicente, durante el mismo tiempo en que las cámaras de la televisión apuntaban a los 33 mineros de la mina de San José, en Copiapó. Los accidentes laborales más recurrentes del sector son el desmembramiento, decapitaciones, aplastamiento de container. Todo porque no hay una legislación que implique cuadrillas mínimas de seguridad para trabajadores. Las cifras de accidentabilidad son secretas y sólo las conocen instituciones al servicio del empresario. Esos datos deberían ser públicos.

MÁS ALLÁ DEL MAR

 -¿Qué piensas de las posibilidades de un nuevo ciclo de luchas de los trabajadores y el pueblo de Chile?

Según el Ministerio del Trabajo, un 32% de los asalariados en Chile son informales y precisamente laboran en las zonas productivas que exportan (2 millones cien mil personas). Ahí existe un territorio de fuerza laboral que ya comienza a generar acciones de unidad. Mi única preocupación al respecto, es que los trabajadores no sean usados, contra sus intereses, por la Concertación con el único fin de volver al gobierno. Si eso no pasa, y los viejos se organizan tras sus propias fuerzas e intereses, se podrían lograr grandes avances en un proceso relativamente breve. Yo creo que las demandas de la lucha deben ir por una mejor distribución del ingreso, la construcción de un nuevo Código Laboral. Y deberíamos contar con una potente y única central de trabajadores, que no existe y con dirigentes auténticos con sindicatos reales. Ya no basta con pelear por un poco de plata. Debemos ganarnos el reconocimiento como actores principales de la producción de riqueza del país. Y con la fuerza de los estudiantes, los mapuche, las mayorías castigadas, podemos ampliar la plataforma sobre los principios de la soberanía nacional. Hoy no sólo podemos presentar lucha contra Piñera, sino también contra la Concertación por su responsabilidad ante el actual estado de cosas. De lo contrario cometeríamos un error estratégico que limita la posibilidad de crear un nuevo bloque nacional de desarrollo que, además, vea en Latinoamérica el lugar natural para negociar en conjunto mejores condiciones económicas y tecnológicas con el mercado internacional''.

* MOVALIS ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. Las partes marcadas en rojo y negrita son nuestras.