Código ''desforestal''

Aseguran que los cambios responden a los intereses de los grandes productores rurales, temen mayores efectos medio ambientales y opinan que, en caso de ser aprobada, sería un retroceso histórico para todo Brasil. La propuesta para ''flexibilizar'' el Código Forestal del diputado Aldo Rebelo, del Partido Comunista de Brasil, está siendo duramente cuestionada por las organizaciones sociales.

Los grupos integrantes de La Vía Campesina reclaman que se mantenga la normativa tal cual está vigente y denuncian que el planteo de Rebelo apunta a reducir las Áreas de Preservación Permanente y a extender las amnistías para las multas que aplica el Estado en los casos de deforestación de monte nativo.

“El Código Forestal es una legislación innovadora, que está pautada por la utilización sustentable de la floresta. Al contrario de lo que dice los ruralistas y sus aliados, o Código Forestal no genera áreas improductivas”, sentencia en un comunicado, donde agregan que la legislación actual define que por “encima de los intereses privados y de lucro” están los intereses de toda la sociedad brasileña.

Lejos de la idea presentada por el representante del Partido Comunista, los militantes de La Vía Campesina reiterar su intención de que el Estado asuma un rol más activo en la “correcta implementación” del código vigente.

El documento agrega que el promotor de las modificaciones, en caso de que logre imponer su voluntad, le terminará dando un “golpe fatal” al medio ambiente y alertan por posibles prácticas “totalmente anti-democráticas” en el trámite parlamentario, ya que las principales organizaciones del campo involucradas han expresado su rechazo al proyecto de Rebelo.

El documento con estas aseveraciones lo firman la Asociación Brasileña de Estudiantes de Ingeniería Forestal; Consejo Indigenista Misionario (CIMI); la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT); la Federación de Estudiantes de Agronomía de Brasil (FEAB); el Movimiento de Afectados por Represas (MAB); el Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC); el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), el Movimiento de los Pescadores y Pescadoras Artesanales; el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la Pastoral de la Juventud Rural (PJR).

El propio legislador provocó el debate al defender su propuesta de forma, señalando que "la agricultura brasileña está en una encrucijada: es competitiva internacionalmente pero vive a merced de normas y decretos que no se encuadran con la realidad nacional, aunque fueron emitidos bajo el manto del Código Forestal". Agregó que la meta de su propuesta de reforma del código "es dejar al agricultor trabajar en paz y armonía con el medio ambiente".

El Código Forestal actual establece áreas mínimas de protección ambiental en propiedades privadas dentro de los diferentes ecosistemas. En la Amazonia, ese porcentaje de protección es de 80%, con 20% susceptible a la producción, mientras en otras áreas como la sabana tropical, debe protegerse 35%.

La propuesta de reforma establece una moratoria de cinco años en la eliminación de cobertura boscosa con fines agrícolas y, después de ese plazo, deja en manos de cada uno de los 27 estados definir el área de protección legal. Eso debilitará la protección ambiental porque los gobiernos estatales son más vulnerables a presiones de productores locales. Para propiedades de hasta 400 hectáreas, que la propuesta cataloga como "pequeñas", no se prevé compromiso alguno de protección.

Al mismo tiempo, la iniciativa admite que el bosque que crece a la orilla de los ríos, considerada crucial para proteger los afluentes e impedir que se desborden, tenga su área de protección legal reducida de 30 metros en la ley actual a 15 metros, mientras concede amnistía a quien cometió crímenes ambientales hasta julio del 2008. Las áreas que no cumplen una función social y que deberían ser expropiadas y destinadas a los trabajadores rurales sin tierra continuarán en manos de los latifundistas. Es decir, que con la aprobación del nuevo código el Congreso Nacional modificará la Constitución para responder a los intereses de quienes monopolizan las tierras en dicho país país y peor aún, exonerados de sus delitos ambientales por su propuesta de amnistía. Vendría a ser una especie de ley de impunidad del campo. 

"El Código Forestal es la ley brasileña para los bosques, no es ley agrícola ni agraria, y el diputado (Rebelo) presentó una propuesta que confunde este hecho básico", escribió el indigenista Marcio Santilli, del Instituto Socioambiental, en un artículo de opinión. "La pieza producida por Aldo Rebelo parte de falsos presupuestos para llegar a un resultado lamentable. Es premeditadamente contraria al patrimonio forestal, no consulta a la población del bosque ni al sector productivo del bosque ni a los que estudian el bosque, ni siquiera reconoce el innegable papel que la salud forestal ejerce para la salud climática y el bienestar de las poblaciones", agregó Santilli.

La organización Greenpeace calificó el código vigente como una ley ambiental ''progresista'' que ha ayudado a proteger a la Amazonia y otros ecosistemas y es crucial en los esfuerzos brasileños por defender la diversidad biológica y reducir las emisiones de gases causantes del ''calentamiento global''. Acusó a empresarios de los sectores de agricultura, biocombustibles y energía intentar socavar la legislación con el apoyo de sectores afines en el congreso.

En caso de prosperar su empeño, según Greenpeace, abriría la puerta a la destrucción de hasta 85 millones de hectáreas de la Amazonia, un área equivalente a Inglaterra y Francia juntos.

La coordinadora de la campaña de ''cambio climático'' del gobierno brasileño, Branca Americano, advirtió que con los cambios al Código Forestal será difícil que Brasil cumpla su compromiso de reducir sus emisiones de gases en entre 36% y 39% hasta el 2020, como parte del esfuerzo mundial por contener el ''cambio climático''.

El texto del proyecto de ley beneficia a los latifundistas de los agronegocios, por abolir la Reserva Legal para la agricultura familiar, la posibilidad de compensación fuera de la región o de la cuenca hidrográfica y la transferencia de las responsabilidades sobre la legislación ambiental a los Estados y municipios. Esperamos que la presión de la sociedad consiga evitar la destrucción de la legislación ambiental y la anulación del concepto de la función social de la propiedad que fundamenta la concreción de la reforma agraria. En lugar de terminar con el Código Forestal es necesario mantener sus principios, preservando la naturaleza en beneficio de toda la población y de las generaciones futuras.