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En Perú, la atención pública está centrada en la segunda vuelta electoral del 5 de junio y que enfrentará a los candidatos Ollanta Humala y Keiko Fujimori. En medio de tantas encuestas, alianzas y promesas de campaña, se coló en la agenda informativa un significativo informe de la Defensoría del Pueblo respecto a la conflictividad social que vive el país gobernado por Alan García.
Según ese material, que difundió la Coordinadora Nacional de Radios (CNR), en abril se registraron 233 conflictos sociales en territorio peruano, de los cuales 117 (el 50,2%) se originaron por causas ambientales. La defensa de los recursos naturales y la resistencia a las industrias extractivas son la principal causa de la conflictividad en Perú, bastante por encima de los diferendos originados por reclamos frente a los gobiernos locales y el Poder Ejecutivo.
Uno de los conflictos más complicados registrados en abril fue el que enfrentó a la comunidad campesina de Oyón y a la compañía minera Buenaventura, que el 17 de abril dejó el saldo de al menos cuatro campesinos asesinados por efectivos policiales.
Todos los días y en diferentes puntos del país, hay protestas de organizaciones sociales, sin dudas atentas al rumbo político que tomará el país después del resultado de las urnas. Por ejemplo, ayer miércoles 11 de mayo, la agencia Prensa Latina informa que dos importantes tramos de acceso a Lima, la capital peruana, están cortados por manifestantes.
En uno de los casos, organizaciones locales piden la anulación de un decreto gubernamental que congela los gastos públicos, y en el otro se trata de miles de productores algodoneros que protestan contra las “maniobras monopólicas” de las grandes empresas del sector.
En pleno clima de campaña, quien salió con fuerza al ruedo para plantear estos temas fue la Red contra la Criminalización de la Protesta Social, integrada por las principales centrales sindicales del país y organizaciones referentes como la Confederación de Comunidades Campesinas del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI).
Según esta coalición, durante el gobierno de Alan García “se ha agravado la criminalización de la protesta social en el Perú ante el aumento y endurecimiento de los conflictos sociales”. Las cifras que presentan estos grupos son muy elocuentes: desde junio de 2006 a marzo de 2011 han muerto 77 personas en conflictos sociales.
“En todos los casos, los actores responsables son policías. Es aterrador, por ejemplo, el caso de Angélica Santiago Rufino que murió a los nueve meses de edad porque la Policía usó gases lacrimógenos contra establecimientos hospitalarios durante una protesta social en Ucayali”, grafican las organizaciones peruanas.
Enfrentamientos en Islay
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