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Representantes de 11 países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reunieron en Lima, Perú, en la 17 Ronda de negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), un tratado comercial de “amplia envergadura” que garantiza a las transnacionales mayores beneficios que el mismísimo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que es más irrespetuoso de los derechos humanos y la justicia económica que las propias normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La Alianza Transpacífico (TPP), también conocida como Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, es un tratado multilateral para reducir las barreras arancelarias y no arancelarias e impulsar el comercio y la inversión en la región Asia-Pacífico, suscrito inicialmente por Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur en 2006.
En virtud de la creciente importancia de la región Asia-Pacífico, hoy motor clave del crecimiento económico mundial al concentrar casi la mitad de los flujos de comercio internacional, se han adherido al bloque seis nuevos miembros: Perú, México, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Malasia. También se han integrado como ''observadores'' Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Uruguay y España y recientemente Paraguay solicitó membresía como “observador”.
El TPP pertenece a la nueva generación de tratados comerciales y corporativos de “amplia envergadura” que trascienden el comercio formal (asuntos relativos al sector servicios, medidas fitosanitarias, barreras técnicas comerciales), al instituir un régimen de protección de derechos del capital privado anónimo y de las corporaciones transnacionales (propiedad intelectual e inversiones) que menoscaba los derechos humanos y el medioambiente, y compromete incluso la soberanía de los Estados.
Los representantes del Departamento de Comercio de Estados Unidos valoraron que el acuerdo TPP “representa un logro histórico”, ya que contiene todos los elementos deseables de los acuerdos comerciales modernos y elimina todas las barreras arancelarias y no arancelarias; además aborda las preocupaciones de las nuevas industrias y tecnologías de energía limpia y la economía digital, y “es lo suficientemente flexible para ser ajustado en el futuro”.
Al igual que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en su momento y los vigentes Tratados de Libre Comercio (TLCs) o Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBIs) , el TPP está diseñado expresamente para anular al Estado, específicamente para atrofiar sus funciones regulatorias en áreas ultra sensibles como las finanzas, la industria, el medio ambiente y las compras estatales. Sin exagerar, lo que está en juego son los asuntos más básicos de la gobernabilidad democrática para cualquier Estado que se precie de “soberano” e “independiente”, advierten investigadores y activistas de todo el mundo.
El activista de Amigos de la Tierra, Bill Warren, recuerda que el ex director de la OMC Renato Ruggiero dijo hace varios años que los autores del nuevo sistema de comercio mundial estaban escribiendo una constitución para la economía mundial. “Ahora que las negociaciones de la OMC se han congelado, vemos a Estados Unidos intenta redactar una constitución para la economía mundial que es incluso más favorable para las corporaciones, y menos respetuosa de las instituciones democráticas, la justicia económica y los derechos humanos que la OMC”.
El capítulo de protección de inversiones del TPP permite a los inversionistas demandar a los Estados ante tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), sin acudir antes a la justicia nacional, instituyendo de esta manera una especie de súper derechos reservados para el capital privado.
Un reciente informe de la UNTACD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo) revela que solo en 2012 se iniciaron 62 nuevas demandas de arbitraje de inversionistas contra Estados. Hasta ahora, los capitalistas han ganado 3.000 millones de dólares, y las demandas pendientes de resolución suman más de 15 millones.
Warren remarca que el TPP privilegia los intereses del capital internacional, sobreponiéndose a otros valores, incluyendo los valores ambientales: “Tenemos un montón de historias terribles que contar, historias que surgieron antes que los acuerdos de inversión de los Estados Unidos, como el caso Chevron vs Ecuador, el Chernobyl de la Amazonía ecuatoriana, donde Chevron-Texaco se está rehusando a limpiar un derrame de petróleo que contaminó un área del tamaño del estado de Rhode Island”. “Esto no sólo ha destruido el ecosistema, sino que ha envenenado a la población local causando muertes, abortos y enfermedades rampantes. Sin embargo, el gigante del petróleo se esconde detrás del tratado de inversión bilateral Estados Unidos-Ecuador para resistir la justicia ecuatoriana y la llamada de la decencia común para reparar su mal proceder”, deplora Warren.
“¿Realmente es el único camino para captar las inversiones que el país necesita? Nosotros pensamos que no. Hay evidencia internacional que consta que no es así. No son los países que han firmado el mayor número de tratados de libre comercio, o bilaterales los mayores receptores de inversión directa que provenga del extranjero”, sentencia José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente de Perú e investigador de la ONG CooperAcción.
Informa Echave que Perú tiene actualmente 32 tratados bilaterales de inversión y 9 TLC que contienen también capítulos de inversión y “el número de demandas en contra del Estado peruano utilizando TBIs y capítulos de inversiones de los TLC se ha disparado en los últimos años. Ya el Perú está siendo demandado por un valor de US$6 mil millones”. Uno de los casos más simbólicos, por ser el primero que utiliza el capítulo del TLC con EEUU, es el de Doe Run y Renco Group, por el cual el Estado peruano está inmerso en un proceso de arbitraje en el que se le exige una indemnización de US$ 800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, ubicado en la ciudad del mismo nombre que es considerada una de las más contaminadas del mundo. Además, “cuando hablamos de casi US$6 mil millones no estamos contabilizando los costos que significa para todos los peruanos, asumir y enfrentar estos procesos”, señala De Echave.
Por otro lado, la Alianza LAC-Global de ONGs considera alarmante la rigurosidad de las normas de protección de la propiedad intelectual en lo referente a las patentes de los medicamentos. El proyecto en discusión menciona la posibilidad de prorrogar indefinidamente la vigencia de las patentes de las medicinas por nuevas aplicaciones o propiedades del fármaco, lo que supone una prohibición tácita de producir o importar fármacos genéricos. El punto ha sido propuesto por Estados Unidos en el Capítulo de Propiedad Intelectual y beneficia exclusivamente a la gran industria farmacéutica en perjuicio de los ciudadanos, denuncia la Alianza LAC-Global.
La coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Alejandra Alayza Moncloa, enfatiza que el TPP no es solamente un nuevo TLC con EEUU sino que constituye “varios TLC adicionales de un solo golpe” que están siendo negociados de forma absolutamente antidemocrática.
La alianza mundial de ONGs censura particularmente “el modelo de negociación del TPP, abiertamente antidemocrático, y la pretensión de promover una reforma de las reglas del comercio global a nivel internacional, una posición en contra del multilateralismo y una gravísima erosión a las reglas democráticas”.
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