''Invisibles''

A nivel mundial las niñas y jóvenes originarias sufren violencia dentro y fuera de sus comunidades, son las más vulnerables a ser explotadas laboral y sexualmente, así como de ser agredidas y violentadas durante los conflictos armados. Pese a ello son “invisibles” para las leyes nacionales y los acuerdos y tratados internacionales a favor de las mujeres.

La violencia contra las jóvenes originarias debe ser entendida desde un contexto más amplio, pues han sido víctimas de una continua e histórica marginación, por lo que las niñas y las adolescentes además de violaciones a sus derechos individuales, también ven transgredidos sus derechos colectivos. Ellas carecen de pleno acceso a la educación, tienen un estatus económico bajo y no acceden a los servicios de anticoncepción, por lo que son vulnerables ante las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH/Sida. También afrontan la violencia de género en sus relaciones sociales, de familia y de pareja, la cual está relacionada principalmente con agresiones sexuales, emocionales o físicas.

A lo anterior se suman los matrimonios tempranos, que en algunas comunidades llegan a ser permitidos desde los 15 años de edad, lo que arriesga la vida y el desarrollo de las niñas. Por ejemplo, en Bolivia, donde el 62 % de la población es indígena, el rango de edad de las mujeres casadas pertenecientes a grupos ''étnicos'' oscila entre 15 y 49 años; de ellas el 29 % reportó haber sido víctima de violencia sexual por parte de su pareja, mientras que en algunas provincias el 41 % fue víctima de violencia psicológica.

Igualmente, las jóvenes originarias son las principales víctimas del desplazamiento forzado a causa de la pobreza económica extrema que se vive en sus comunidades (a causa de la mencionada exclusión) y el limitado acceso a apropiados servicios de justicia. Dentro de este escalón también se identifican los conflictos armados y la militarización ante los cuales las niñas y jóvenes son sumamente vulnerables de ser agredidas sexualmente, o de ser “puestas al servicio” de los grupos armados.

La explotación laboral es moneda corriente con las poblaciones originarias. Por ejemplo, el 24% de las y los menores de edad entre 5 y 17 años insertos en el mercado laboral son mujeres de comunidades nativas. En Guatemala por ejemplo, se estima que el 65 % de las trabajadoras del hogar son originarias, las cuales pertenecen a familias económicamente pobres que envían a sus hijas del campo a la ciudad, para generar ingresos y donde ellas trabajan más de 14 horas.

Solo para recordar: la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas nos dice en su artículo 22 que: “las mujeres y niñas indígenas gozarán de la total protección y garantía contra todas las formas de violencia y discriminación”. Y todo se queda en el papel y la política...