Vayan pelando las chauchas 6: Los planes

Operación Cóndor

La Operación Cóndor es el nombre que se le asignó a un plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur: Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia en la década de los años 1970 y que se constituiría en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado con la cooperación de los Estados Unidos.

Al parecer, uno de los primeros contactos para iniciar la organización ocurrió a mediados de 1975, cuando viajó a Paraguay el subdirector de la DINA, coronel Mario Jahn, miembro de la FACH. En esa ocasión, invitó al coronel Benito Guanes, jefe del D-2 del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA) de ese país, a participar en la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional que se realizó en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de ese año.

Jahn también había sido portador de un extenso documento con las proposiciones del entonces coronel Manuel Contreras para el funcionamiento de la red represiva en Sudamérica. En esa reunión se habrían establecido las bases de la Operación Cóndor con los seis países latinoamericanos, a los cuáles en 1978, se les habría unido Perú y Ecuador.

Si bien algunos de los gobiernos de facto negaron la existencia del Plan Cóndor los documentos desclasificados de la CIA indican lo contrario. Tal como publicó Revista Qué Pasa, el 22 de agosto de 1978 el servicio de inteligencia norteamericano enviaba a sus principales embajadas en Sudamérica la siguiente advertencia: "La Operación Cóndor es un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad entre muchos países del Cono Sur para combatir el 'terrorismo' y la 'subversión''' (El entrecomillado de en terrorismo y subversión es nuestro).

La CIA también afirma en el documento que su primer conocimiento sobre esta organización data de marzo de 1976. "En ese tiempo se reportó que el coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA, inició un programa de colaboración entre los servicios de inteligencia de distintos países de Sudamérica al que bautizó como Plan Cóndor". No obstante, los estadounidenses sabían que esa cooperación existía desde comienzos de febrero de 1974 (la misma fecha en que Contreras asume como director de la DINA) y que el esfuerzo cooperativo no fue formalizado hasta mayo de 1976, tras una reunión que se llevó a cabo en Santiago.

Un documento del Departamento de Estado, fechado el 18 de agosto de 1976, un mes antes del asesinato en Washington DC del ex Canciller Orlando Letelier, revela que el ex Secretario de Estado Henry Kissinger y otros oficiales del mismo departamento habían sido alertados de "rumores" respecto de que entre los planes de la Operación Cóndor se incluían "asesinatos de subversivos, políticos y figuras prominentes tanto dentro de las fronteras nacionales como en países del Cono Sur y el extranjero".

Informes contenidos en los documentos secretos señalan a Chile como el "centro de operaciones" de la Operación Cóndor, creada en 1976 por los regímenes militares de América del Sur para eliminar a la oposición de ''izquierda''. Al mismo tiempo revelan que Estados Unidos conoció de la existencia de esta operación, así como los detalles sobre su organización poco después de su creación, en 1976.

El informe, que tiene su origen en Argentina, fue elaborado por el coronel Paul Coughlin, del Ejército de Tierra de Estados Unidos y miembro de la agregaduría militar en Buenos Aires, lo cual denota la colaboración directa de dicho país con el plan y el posterior establecimiento de dictaduras en la región. Se detallan, también, algunos viajes de responsables de la inteligencia militar argentina a Chile para hablar sobre la operación.

El documento añade que los oficiales militares argentinos, "que antes habían estado mudos sobre el asunto, han comenzado a hablar abiertamente. Una frase favorita es que uno de sus colegas está fuera del país porque está volando como un cóndor".

Un cable del embajador de Estados Unidos en Paraguay, Robert E. White, dirigido al Departamento de Estado en 1978, citó al jefe del Estado Mayor del dictador paraguayo Alfredo Stroessner diciendo que la instalación estadounidense en la Zona del Canal fue "empleada para coordinar información de inteligencia" entre los países sudamericanos. Decía el cable: "Obviamente, esta es la red Cóndor, de la que todos hemos escuchado hablar en los últimos años".

Escuadrón de la Muerte

El dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Julio Marenales, aseguró que los ex presidentes de la República, Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti fueron "los cerebros políticos" del Escuadrón de la Muerte y Comando Caza Tupamaros. Sanguinetti "es uno de los cerebros de los estamentos reaccionarios de este país" y ministro de Educación y Cultura del gobierno de Jorge Pacheco Areco, por lo que "no fundamento, pero afirmo categóricamente" que era uno "de los cerebros políticos del Escuadrón" de la Muerte, dijo Marenales.

Los ex presidentes "eran los cerebros políticos", pero "generalmente los jefes no tienen directamente a cargo las cosas, hay otros. Los únicos que nos jugamos la piel como responsables fuimos nosotros, que íbamos al frente de combate. Los de arriba no van al frente de combate", expresó el dirigente sobre el final de la presidencia de Tabaré Vazquez. "Queda palabra contra palabra. No quiero demostrar nada ni que Sanguinetti vaya a la cárcel por ser el ideólogo de los escuadrones. No me interesa que vaya a la cárcel", pero "no fueron solamente los militares, sino que fue una acción político militar y estaban todos metidos, nadie ignoraba eso", señaló.

"Nadie hizo un documento con la orden: '-A estos responsables políticos, o adversarios políticos, ejecútenlos a todos', pero la CIA tiene documentos, y ahora hay un libro de Clara Aldrighi. Es asombroso como abren los archivos y se conocen cosas. La injerencia norteamericana en Uruguay, por ejemplo", continuó Marenales. La existencia de la organización paramilitar "me la confirmaron los propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Me dijeron que tuvieron que recurrir a mecanismos por fuera de las leyes porque los jueces estaban de nuestro lado", indicó Marenales.

Sin embargo, el dirigente señaló no tener "expectativas" con respecto a la detención y futura extradición del ex agente de la CIA, Nelson Bardesio, para ser interrogado por la Justicia en relación a los crímenes del "Escuadrón".

Ser o no ser (ideólogo de los escuadrones de la muerte): la duda del príncipe danés convierte a Jorge Batlle en un Hamlet criollo. El ex presidente eludió confirmar o desmentir lo que un embajador estadounidense informó a su canciller en 1972. A cambio de mantener la duda, Batlle desistió de acusar al tupamaro Julio Marenales por difamación. "Le perdonó la vida. Lo podía mandar en cana", dijo, suficiente, el diputado colorado Daniel García Pintos, inclinándose sobre un correligionario, pero en realidad hablando para la tribuna. 

Será engorroso, pero no ocioso, demostrar que la decisión de Batlle de desistir de la denuncia y "darse por satisfecho" ante lo que cierta prensa calificó como una "retractación" del dirigente tupamaro, mantiene en pie el aspecto esencial de la cuestión: según documentación oficial de Estados Unidos, desclasificada hace cinco años, en febrero de 1972 el entonces derrotado candidato presidencial Jorge Batlle propuso la creación de algo muy similar a un escuadrón de la muerte, afirmación que no fue desmentida por el demandante.

Este episodio de "difamación", que permitió a Batlle "defender su honor", fue en realidad un coletazo del empuje que cobró la investigación sobre la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto a raíz de la detención en Argentina del ex agente de la CIA y fotógrafo policial Nelson Bardesio. A la salida de un juzgado donde, Marenales fue preguntado sobre la responsabilidad de Julio María Sanguinetti en el encubrimiento de los crímenes del Escuadrón de la Muerte. Marenales respondió que si bien no tenía pruebas, sí tenía la convicción de que Sanguinetti y Batlle habían sido los "cerebros políticos" de aquella organización paramilitar y parapolicial.

Batlle, en una conferencia de prensa donde no se admitieron preguntas, anunció su determinación de denunciar a Marenales por difamación ante la justicia. La jueza Vera Barreto fijó la primera audiencia para el martes 26 de agosto de 2008 y convocó a Marenales mediante un cedulón que fue entregado en la sede del MLN el jueves 21. La defensa del dirigente tupamaro advirtió a la magistrada que, debido al feriado del lunes 25, era imposible cumplir con el plazo "no menor de 48 horas" para la presentación de pruebas; la jueza desestimó modificar la fecha de la audiencia.

En medio de una considerable expectativa mediática, al comienzo de la audiencia la magistrada aceptó recibir la prueba en que se fundamentaba buena parte de la defensa. Se trataba de una fotocopia de un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, fechado el 2 de febrero de 1972 y que fue desclasificado a mediados de 2003. Dicho entre paréntesis, los informativos de la televisión privada y algunos programas radiales no registraron el detalle y refirieron simplemente a una publicación de Búsqueda que adelantó, en 2003, algunos de los conceptos más sustanciales.

El documento, firmado por el entonces embajador de Estados Unidos en Uruguay, Charles Adair, sintetizaba una serie de entrevistas que funcionarios de la embajada habían mantenido con Batlle. Buena parte de las cuatro carillas rotuladas como "confidencial" fue dedicada al análisis del papel que jugarían Batlle y los miembros del mayoritario sector del Partido Colorado, Unidad y Reforma, en el gobierno del electo Juan María Bordaberry que se estrenaría un mes más tarde. El análisis consignaba que Batlle, quien deslizaba diferencias con Bordaberry, se proponía monopolizar la conducción de la economía del futuro gobierno, desde el ministerio y desde el Banco Central y el Banco República.

En el ítem dedicado al "terrorismo", el embajador Adair señalaba: "Como lo había hecho en anteriores conversaciones con nosotros, Batlle repitió que apoya atacar el problema terrorista con un nuevo, pequeño, secreto grupo que pelearía a los tupamaros en sus propios términos. Dijo que tal grupo tendría que ser establecido fuera de las autoridades legalmente constituidas".

Esos conceptos (que la defensa subrayó en tanto provenían de un muy influyente dirigente colorado, que no podía desconocer la significación de los atentados y asesinatos que la ''derecha'' venía cometiendo desde comienzos de 1971) indicaban que Batlle era partidario (toda vez que su derrota electoral enterraba unos planes de pacificación para incorporar a los guerrilleros a la vida legal y cuyos términos nunca llegaron a conocerse) de impulsar grupos terroristas para combatir a los tupamaros.

Marenales explicó en la audiencia que, puesto que Batlle nunca desmintió la información de prensa que consignaba el contenido del documento diplomático estadounidense, se sintió en el derecho de inferir que Batlle era un "cerebro político" del Escuadrón. Y agregó: "Si esas afirmaciones son falsas, entonces no tendría inconveniente en pedir disculpas". El condicional de Marenales, que reclamaba implícitamente un desmentido formal de Batlle sobre los conceptos transcriptos por el embajador Adair, quedó flotando en el aire, pero no llegó a sacudir el ambiente porque fue eliminado con un pase de mosqueta: "Si es así, me doy por satisfecho", anunció, rápido, el ex líder de la lista 15, dejando a los presentes con la duda de si había dicho lo que dijo, o si el embajador Adair había inventado su propuesta de crear escuadrones, que por cierto ya estaban operando.

La jueza Vera Barreto quitó de escena el asunto, preguntándole a Marenales si había tenido intención de ofender. El dirigente tupamaro explicó que no era su estilo agraviar a sus oponentes y entonces el abogado Barrera anunció que desistía de la denuncia. La jueza procedió a clausurar la audiencia y en el apuro olvidó darle la palabra al fiscal Luis Bajac, que bien podría haber reclamado una definición sobre la verdad o falsedad de las afirmaciones contenidas en el documento. La responsabilidad de Batlle y Sanguinetti en la conformación y ejecución del Escuadrón de la Muerte, sigue impune y en el olvido. A su vez, la denuncia de Marenales ha sido archivada y por ende, quedó sin efecto alguno; ''todos satisfechos''. 

Segundo Vuelo

En cuanto al Segundo Vuelo, se confirmaron denuncias periodísticas del diario La República y se constató la impune ''amnesia'' de varios indagados. Comprobada la existencia del Segundo Vuelo de Automotores Orletti, la indagatoria del Juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guiance prometía en su momento, derivar hacia los lugares de enterramiento, las implicancias económicas del crimen, los casos conexos y la identificación de responsables, lo cual no terminó siendo tal.

El ex comandante Malaquín ''olvidó'' llevar al juzgado su carpeta de vuelo, donde constaría un vuelo a Argentina el 5 de octubre de 1976. Días después envió la documentación a la sede judicial. En los primeros 15 días de instrucción sobre el caso del Segundo Vuelo de Orletti, el poder judicial uruguayo logró determinar que, efectivamente, hubo un traslado de 22 secuestrados desde Argentina el 5 de octubre de 1976: los trajo la Fuerza Aérea Uruguaya, se los dio al Ejército y fueron asesinados.

Esa sería la convicción primaria del juez penal de 19º Turno, Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, luego de escuchar la denuncia de tres familiares de las víctimas e interrogar a tres periodistas, un testigo y nueve militares, quienes desfilaron por la sede judicial de la calle Misiones en Abril de 2007.

Los pasajeros de aquel traslado ilegal de presos políticos fueron militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) secuestrados entre junio y octubre de aquel año y torturados en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde las dictaduras coordinaban la represión del Plan Cóndor. El segundo vuelo había sido denunciado por La República en 2002, pero no fue incluido ni como hipótesis en las conclusiones de la Comisión para la Paz, hasta que terminó por ser admitido en el informe sobre desaparecidos de la Fuerza Aérea en 2005. Dos años después, el caso finalmente llegó a la Justicia.

La causa, que ya ha llevado ante el despacho judicial a cuatro comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene múltiples casos conexos que la han transformado en una "megacausa" donde se suman secuestros, traslados, torturas, extorsión, robo, apropiación de niños, asesinatos y enterramientos.

La primera serie de testimonios por el Segundo Vuelo concluyó con el interrogatorio del ex dictador Gregorio Alvarez, luego de que declararan el actual comandante de la aviación, brigadier general Enrique Bonelli, su antecesor José Pedro Malaquín y el ex jefe del Ejército general Carlos Díaz.  También comparecieron ante el juzgado los pilotos Walter Pintos y Daniel Muñoz, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) general Julio Bonelli y el coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, requerido para su extradición a Argentina por la desaparición de María Claudia García de Gelman. Entre los denunciantes declararon María Esther Gatti, Adriana Cabrera e Ignacio Errandonea. Como testigos asistieron por el diario La República, los periodistas Gabriel Pereyra y Alvaro Alfonso y un testigo que coloca al sindicalista León Duarte como eventual pasajero de aquel traslado ilegal de la dictadura.

La primera fase de interrogación terminó dos días antes de que se cumpliera un año de la detención de ocho militares y policías implicados, quienes inicialmente fueron encarcelados para su extradición a Argentina por el caso Gelman y luego procesados en Uruguay por la desaparición de Adalberto Soba.

La existencia del Segundo Vuelo de Orletti ya había sido confirmada por el informe sobre desaparecidos que la Fuerza Aérea hizo público el 8 de agosto de 2005, pero desde entonces los mandos militares han mantenido silencio sobre protagonistas y responsables de aquel traslado mortal de 1976. El mayor Walter Pintos reconoció que había piloteado aquel avión el 5 de octubre de 1976, pero argumentó que no llegó a saber cuál era la carga de la aeronave (?), aun cuando los DC-47 sólo tienen una puerta trasera que obliga a los tripulantes a recorrer todo el avión.

El ex comandante Malaquín, como se dijo, había ''olvidado'' llevar su carpeta personal de vuelo, en la que constan todos sus viajes, la cual fue entregada días después y en ella constaría un vuelo aquel 5 de octubre por el mismo lapso que insume un viaje a Buenos Aires. Malaquín tampoco recuerda nada (?).

El mayor Daniel Muñoz, en cambio, llevó su carpeta para demostrar que ese día no constaba que hubiera volado, pero por su condición de agente del SID pudo no haber registrado horas de vuelo ya que su tarea de sobrecargo sólo le implicaba atender la "carga" y cerrar la puerta del TAMU 511.

Tampoco el subdirector del SID, el aviador Araújo Umpiérrez, quiso admitir que fue el coordinador de aquel vuelo. Arguyó que sus tareas eran administrativas y, paradójicamente, de apoyo e infraestructura. En pasillos judiciales ha ganado el concepto de que más que "falta de memoria", existe "exceso de impunidad".

Confirmada la existencia del Segundo Vuelo y, por lo tanto, del operativo represivo uruguayo que secuestro y torturó a opositores en Automotores Orletti en Argentina en 1976, la indagatoria judicial tiene por delante confirmar a quiénes se transportó e indagar a quiénes se los entregaron.

La constatación de la participación de la OCOA y el SID en el operativo llevaría a identificar el lugar donde los 22 pasajeros del segundo vuelo permanecieron detenidos durante probablemente un mes antes de que alguien adoptara la decisión de ejecutarlos y enterrarlos para dejarlos como desaparecidos.

Paralelamente, la existencia de un "botín de guerra" (confirmado en el marco del inicial caso Soba) le abre a la Justicia la posibilidad de averiguar cuáles fueron las "inversiones" realizadas con el dinero robado al PVP y saber si se produjeron otras desapariciones en locales transformados en centros de tortura. Todo esto está en ''veremos'' y como ya se puede observar, la impunidad continúa a pesar de los mediáticos y políticamente eficientes, encarcelamientos de militares, confinados en la cárcel de superlujo mandada construir especialmente por el ex presidente de la República por el Frente Amplio (partido de ''izquierda''), Tabaré Vazquez.  

Operación Zanahoria

A fines de 1984, la dictadura ordenó construir una plaza de armas y repavimentar el Batallón Nº 13; primeros indicios de la Operación Zanahoria. A fines de 1984, en vísperas del retorno de la democracia, la dictadura tuvo en sus manos una magnífica oportunidad para blanquear la destrucción de evidencias sobre la existencia de enterramientos clandestinos y remociones de cadáveres en sus propias unidades militares. El predio del Batallón de Infantería Blindado Nº 13 fue prácticamente arado, a partir de setiembre de 1984.

El diario La República accedió al primer documento oficial que establece indicios sobre la realización de la Operación Zanahoria. Se trata de un convenio firmado en setiembre de 1984 entre el Ministerio de Trabajo y Obras Públicas y el Servicio de Material y Armamento para instrumentar obras en el predio del Batallón 13 de Infantería. La documentación fue entregada por este matutino al juez Gustavo Mirabal, que ha investigado el paradero de los restos de María Claudia Irureta Goyena, la nuera del poeta argentino Juan Gelman que, se presume, fue

enterrada en algún lugar del predio de la unidad militar de la Avenida de las Instrucciones. 

La documentación deja entrever, asimismo, la existencia de un aluvión de obras en terrenos de varias unidades militares, en las postrimerías del régimen militar. Todos los testimonios recabados tanto por La República, como por el semanario Brecha y, en su momento, por la desaparecida revista Posdata, así como por parlamentarios y la propia Comisión para la Paz, constatan la existencia, a fines de la dictadura, de una remoción de cuerpos de desaparecidos que estaban enterrados en los terrenos del Batallón 13 de Infantería, removidos posteriormente y vueltos a inhumar en el predio del Batallón 14.

En el informe de la Comisión para la Paz se refleja una versión (que ese organismo no hizo suya) sobre el destino final de esos restos: la posterior cremación y, luego, las cenizas arrojadas al mar en una playa de la zona del Cerro. Lo cierto, más allá de esta última y polémica versión, es que son múltiples los testimonios de militares indicando la existencia de la denominada Operación Zanahoria. Además, todos coinciden en señalar tres aspectos centrales: los cuerpos habrían sido removidos del terreno del Batallón 13 de Infantería, la operación habría ocurrido a fines de 1984, a pocos meses de las elecciones que marcaron el fin de la dictadura, y además, se realizó con maquinaria vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), más precisamente de la Dirección Nacional de Vialidad. En ese momento, también, comenzaban a trascender los primeros comentarios públicos acerca de la existencia de cementerios clandestinos en el Uruguay.

No había ningún indicio documental que probara la existencia de trabajos en el terreno del Batallón 13 de Infantería a fines de 1984. El convenio, entre el MTOP y el Servicio de Material y Armamentos del Ejército, al que accedió La República, constituyó el primero. El convenio fue firmado el 4 de setiembre de 1984 en la Ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones y lo suscribieron el ingeniero Ulises Casulo por el MTOP y el

coronel Daniel Conti, como director general del Servicio de Material y Armamento. El convenio está caratulado en la Dirección Nacional de Vialidad con el número 0186-3050. En él se establece que el monto del mismo era de N$ 857.924 (nuevos pesos ochocientos cincuenta y siete mil, novecientos veinticuatro), dinero que por lo tanto, fue obtenido de las arcas del estado, es decir que la sociedad fue quien pagó la Operación Zanahoria.

Tiene otro elemento importante, define las obras a realizar: "una plaza de armas de 2.000 metros cuadrados y la repavimentación de la caminería central con una superficie de 9.000 metros cuadrados". Este aspecto es central ya que todos los testimonios indican que luego de la remoción se construyó específicamente "una plaza" arriba de donde estuvieron los restos. En el convenio (que lleva la firma del "Señor Presidente", por entonces el teniente general Gregorio Alvarez y del ingeniero Fancisco Tourreilles, por entonces ministro de Industria) se establece la financiación. "El ministerio (la sociedad) hará una contribución para las citadas obras de N$ 537.554, discriminados de la siguiente forma: mano de obra y equipos N$ 175.074; en materiales N$361.680". Por su parte, el Servicio de Material y Armamento se compromete a pagar N$ 320.370 discriminados de la siguiente manera: en mano de obra y equipos N$ 39.684; en materiales N$ 158.021 y en fletes N$ 122.665.

Otro punto importante es el que establece el domicilio de las partes: "el Servicio de Material y Armamento, Avenida de las Instrucciones 1925, Montevideo", es decir el predio que comparte con el Batallón de Infantería 13. Como se ha informado en los galpones situados en el predio del Batallón 13, funcionaba el centro de torturas más grande del Uruguay, denominado "el Infierno grande" donde fueron torturados cientos de uruguayos.

En los terrenos del 13 de Infantería se presume que estuvieron enterrados por lo menos 8 cuerpos de desaparecidos uruguayos: Eduardo Bleier, Juan Manue Brieba, Fernando Miranda, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermin Montesdeoca, Elena Quinteros, Julio Lorenzo Escudero; además María Claudia Irureta Goyena de Gelman y por lo menos dos personas más, presumiblemente de nacionalidad argentina. Al día de hoy, tampoco se han develado mayores secretos sobre esta operación. 


Pacto del Club Naval



El Pacto del Club Naval fue un acuerdo alcanzado el 3 de agosto de 1984 entre los máximos jerarcas militares y representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica que posibilitó, bajo presión de los militares, el retorno del régimen ''democrático'' a Uruguay, después de más de once años de gobierno cívico-militar. Fue la culminación de una negociación secreta.


Como consecuencia del acuerdo, el gobierno convocó a elecciones el 25 de noviembre del mismo año, en las cuales no pudieron participar los candidatos naturales del Frente Amplio, Liber Seregni, del Partido Nacional, Wilson Ferreira y del Partido Colorado, Jorge Batlle, que se encontraban proscriptos. En dichas elecciones fue elegido presidente Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, quien asumió el 1º de marzo de 1985.


El nombre de este acuerdo se origina en el lugar donde se efectuaron las reuniones, club ubicado en el barrio Carrasco de Montevideo.


Participantes en las reuniones del Club Naval:


Militares 


- Hugo Medina - Comandante del Ejército
- Manuel Buadas - Comandante de la Fuerza Aérea
- Rodolfo Invidio - Comandante de la Armada Nacional


Frente Amplio


- José Pedro Cardoso
- Juan Young


Partido Colorado


- Julio María Sanguinetti
- Enrique Tarigo
- José Luis Batlle


Unión Cívica


- Juan Vicente Chiarino
Humberto Ciganda


Partido Nacional


Los representantes del Partido Nacional no concurrieron a las negociaciones por no compartir el planteo militar de realizar las elecciones con partidos y personas proscriptas, entre ellas, su entonces líder, Wilson Ferreira, encarcelado desde el retorno del exilio, el 16 de julio de ese año.


Partido Laborista


A algunas reuniones asistieron dos representantes de un ''supuesto'' Partido Laborista, que después se retiró de las conversaciones y no se presentó a las elecciones. Eran dos jóvenes a quienes nadie conocía. En los Considerandos del Acto Institucional N° 19 se lo menciona como uno de los partidos políticos con los que se llegó al acuerdo (?).


Las negociaciones:


Luego de las elecciones internas de 1982 y de las demostraciones de fuerza a lo largo del año 1983, la oposición civil se había convertido en el único interlocutor válido para el gobierno. Los nacionalistas fueron especialmente intransigentes con respecto a las proscripciones políticas y no estuvieron dispuestos a negociar. Los colorados entendieron que no podían negociar solos un acuerdo (ya que no constituían una mayoría nacional), por lo que los militares modificaron su antigua postura, permitiendo la participación de representantes del Frente Amplio. Por primera vez se decidió un pacto de gran importancia nacional sin la participación de uno de los partidos ''tradicionales''.


Las negociaciones fueron largas y difíciles. A diferencia de las del Parque Hotel, fueron secretas y no se llevaron actas. Todos los actores principales (solamente ellos) obtuvieron ''algo'' y concedieron ''algo''. 


Contenido del Pacto:


El sábado 3 de agosto de 1984 a las 16 horas se aprobó y firmó un acta conteniendo las llamadas "Bases para la transición". No se conoce con exactitud el contenido de dichas bases pero, en base a declaraciones de los participantes, a los hechos ocurridos y al posterior Acto Institucional N° 19, las mismas se podrían resumir en cinco puntos:


- Se mantendría el Consejo de Seguridad Nacional como órgano asesor en temas tales como ataque a la soberanía y afectación territorial, algo muy relativo, ya que dependería del punto de vista de cada quien, que es un ''ataque a la soberanía'' y a la ''afectación territorial''. Desarrollaría programas a largo plazo de seguridad nacional.


- Los mandos militares serían designados por el Presidente de la República (en el caso del elegido, señalado muchas veces como directo participante en planes relativos a la dictadura, inclusive este último, claramente conspirativo) con venia del Senado a propuesta de las Fuerzas Armadas, que enviarán una lista de candidatos con el doble de integrantes con relación a las vacantes a cubrir.


- La Asamblea General actuaría como Constituyente desde el 31 de julio al 31 de octubre de 1985 y sometería a la ciudadanía el 24 de noviembre de 1985 las nuevas normas constitucionales, es decir, que la obligaría (obligó) a cumplir con un pacto del que poco o nada se sabía. El 1º de marzo de 1986 regiría el nuevo texto constitucional. Mientras esto no ocurriera, regiría la Constitución de 1967.


- La nueva norma constitucional incluiría un nuevo estado de emergencia (?), un estado de insurrección, es decir, libre elección a levantamientos militares, ante hechos violentos que significasen ''riesgos'' para la soberanía territorial y el ''orden público'', con lo cual se es redundante en cuanto a la relatividad mencionada anteriormente.

- El gobierno convocaría a elecciones para el 25 de noviembre de 1984.


Después del Pacto:


El pacto marcó el fin de la dictadura y sentó las bases de la transición, bajo presión militar. Asimismo, dirigentes del Partido Nacional, en ocasión de fundamentar su apoyo a Ley de Caducidad del 22 de diciembre de 1986 afirmaron que la impunidad para militares se había acordado en forma implícita en el Pacto del Club Naval, hecho que siempre fue desmentido por los participantes, pero que queda bastante obvio considerando el secretismo de la reunión y su imposición (si o si) a la población.