Al cumplirse 600 horas de huelga de hambre, diferentes organizaciones ambientalistas llevaron a cabo un concierto de cierre al frente de Casa Presidencial exigiendo la derogatoria del decreto ejecutivo de la Presidencia de Costa Rica que define al proyecto minero “Las Crucitas” de conveniencia nacional y de interés público.
La huelga de hambre finalizó el pasado martes 2 de noviembre, sin respuesta de la Presidenta Laura Chinchilla. Sin embargo, el silencio oficial no logra acallar el rechazo social y de la comunidad internacional ante este megaproyecto que vulnera los derechos humanos y a la alimentación de varias comunidades costarricenses.
Por otro lado, continúa el juicio contra la empresa minera Industrias Infinito S.A. subsidiaria de Infinito Gold, compañía canadiense y contra el Estado costarricense, por incurrir en una violación a la legislación ambiental tanto en el procedimiento, en el trámite como en la adjudicación de esta concesión minera.
Este miércoles 3 de noviembre compareció la última testigo del juicio quien admitió que la empresa no contribuyó con el arreglo de los caminos sino que dicha obra se hizo con fondos públicos y municipales; demostrando así que la empresa minera no hizo aporte alguno al bienestar de la comunidad.
El jueves los jueces revisaron documentación aportada por la Procuraduría General de la República, para luego tener un receso o presentar sentencia en este juicio para la segunda o tercera semana de noviembre.
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