Juicio sucio

La audiencia preliminar iniciada el 15 de julio de este año a raíz de una acusación presentada por el fiscal Jalil Rachid contra 12 campesinos y campesinas paraguayos por el caso Curuguaty, culminó el pasado día 8 de Octubre. Como preveían las organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, la jueza Janine Ríos hizo lugar al pedido del fiscal, a pesar de las innúmeras irregularidades que la defensa presentó a fin de demostrar la nulidad del proceso judicial.

La congoja, la soledad y el sentimiento de estar muy injustamente criminalizados dominó a los 12 campesinos y campesinas, para quiénes Rachid pidió juicio oral y público acusándolos de cometer los delitos de asociación criminal, invasión de inmueble y tentativa de homicidio doloso, señaló en entrevista, Guillermo Ferreiro, el abogado defensor.

El dolor es acumulado, los acusados han estado presos desde el día de la masacre, el 15 de junio de 2012. Cuatro de ellos estuvieron durante más de 50 días en huelga de hambre en reclamo de su libertad, una medida que casi los lleva a la muerte. El hostigamiento se extiende a todos los campesinos y campesinas que habían decidido reclamar las tierras mal habidas de Marina Cué para trabajarlas. Desde la masacre, han sido víctimas de persecuciones, torturas e intentos de asesinato. Muchos decidieron refugiarse temiendo encontrarse con el mismo destino de Vidal Vega, vicepresidente de la Comisión de Victimas de la Masacre de Curuguaty, testigo clave en lo que podría ser la investigación de los hechos, y que fue asesinado el 1º de diciembre de 2012.

Un trabajo fiscal sesgado y paupérrimo

En la entrevista con un medio comunitario latinoamericano, Ferreiro describe algunas de las principales irregularidades del proceso de acusación iniciado por Rachid, que fueron debidamente presentadas en la audiencia como “incidentes de nulidad” del mismo. Por ejemplo: se había comprobado que las pocas armas incautadas y utilizadas para justificar la audiencia, no habían sido percutidas el día de la masacre. Además se presentaron supuestas pruebas luego de iniciada la audiencia, algo que la defensa denunció como una violación del debido proceso, pero que la jueza Ríos no lo entendió así.

Otra cúmulo de irregularidades señalada por Ferreiro tiene que ver con el fiscal Rachid, que tenía una antigüedad de dos meses al iniciar el proceso judicial, siendo este el primer juicio que realizó. Además, tenía una relación íntima con un miembro de la familia Riquelme, que reclama la propiedad de las tierras de Marina Cué, y que hizo la denuncia de “invasión” de las tierras, que diera lugar a la masacre.

Las pruebas incluidas irregularmente por Rachid en la audiencia, fueron fuertemente cuestionadas por la defensa: estas supuestas pruebas que demostraban que los campesinos habían cometido los delitos mencionados anteriormente fueron objetos irrisorios como rollos de papel higiénico y corta-uñas. Pero más grave aún fue que la defensa acusó al fiscal de ocultamiento de pruebas. Según cuenta Ferreiro, en un vídeo aportado por la defensa, el fiscal Rachid aparece recibiendo una bolsa con casquillos de armas automáticas de uso exclusivo de la policía al día siguiente de la masacre.

Ferreiro enumeró otras tantas irregularidades de este proceso judicial, además de hablar del estado en el que se encuentran los campesinos y campesinas que irán a juicio oral y público. Movimientos y organizaciones sociales se manifestaron ayer en el Panteón de los Héroes para denunciar esta decisión del Poder Judicial paraguayo.