Los conflictos por instalación de megaproyectos en territorio guatemalteco no se han detenido y se vienen agudizando últimamente debido a la actitud del gobierno nacional de fuerte criminalización de las protestas sociales, actuando en connivencia con los intereses de empresas de gran porte, en buena medida transnacionales.
Esto es así especialmente en el caso de los proyectos energéticos, según señala un miembro de la Asamblea Departamental de los pueblos de Huehuetenango (ADH), en entrevista con un medio comunitario. En la entrevista, el militante de la ADH e integrante además de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (REDLAR) consideró que justamente por la profundización de la problemática socioambiental en territorio guatemalteco es de gran importancia que se realice en ese territorio el V Encuentro Latinoamericano de la REDLAR, “especialmente a orillas del Río Usumacinta, donde hay serias amenazas de privatización y construcción de represas”.
Estas amenazas se esparcen sobre todo el norte del departamento de Huehuetenango debido a la cantidad de intereses que hay sobre los bienes naturales en esa zona: “hay intereses sobre explotación de petróleo, minería, hidroeléctricas, además de toda la biodiversidad que hay allí”, señaló el entrevistado, afirmando también que ésta ha sido una región históricamente expoliada, habiendo sido víctima por ejemplo de las campañas de tierra arrasada de la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-1983), que aniquilaron centenas de pueblos indígenas.
Con respecto al encuentro de la REDLAR, el militante social consideró que entre sus objetivos principales está el de “hacer ver a los interesados en el negocio de la energía que la lucha por la defensa del agua, no es de una sola organización o de un solo pueblo, sino que hay una articulación internacional”.
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