Desplazad@s por Hidroituango

Mediante legislaciones que favorecen la apropiación de territorios por parte de empresas, públicas y privadas, constructoras de proyectos de represas hidroeléctricas, el Estado colombiano se convierte en promotor, así como el conflicto armado, de desplazamientos forzados a miles de familias rurales. Así lo explicó en el marco del V Encuentro de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua (Redlar), Favio Muñoz, antioqueño integrante del Movimiento Ríos Vivos y parte integrante de los afectados por Hidroituango, proyecto sobre el Río Cauca.

Favio indicó que más allá de las características de cada proyecto, los estados que los promueven, viabilizan y en algunos casos financian, son responsables por el desplazamiento de miles de familias que deben abandonar sus hábitats en algunos casos ancestrales, para dirigirse a los cinturones de pobreza de las ciudades metropolitanas. “Hay una clase de desplazamientos más callados, pero en el caso de muchas de las regiones de nuestra América se dan tanto antes como después de que esas represas se construyen. Son desplazamientos ambientales, donde la naturaleza que nos da todo es alterada y ya en muchos casos no podemos obtener algunas de las cosas que producíamos”. Citó como ejemplo la agricultura campesina, la pesca o la minería artesanales.

Esto hace que las comunidades pierdan la interacción con su ecosistema y es un nuevo motivo para el desplazamiento. “Esto hace que, por miedo y por incapacidad de seguir produciendo, la gente se salga”, indicó Favio en Retalteco, departamento del Petén, Guatemala, señalando que se trata de un modus operandi común a los proyectos en todo el continente.

Bomba contra líder de la resistencia

Sobre el mismo caso de Hidroituango, el Movimiento Ríos Vivos ha difundido un comunicado sobre la colocación de un artefacto explosivo en la vivienda de uno de sus referentes, Genaro Graciano, el pasado 17 de octubre. Genaro ha liderado en múltiples ocasiones marchas y protestas en contra de la construcción de Hidroituango tanto en el municipio de Ituango como en los demás municipios de la zona. Está incluido entre los 11 líderes que habían solicitado medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección pero no le hicieron el estudio de riesgo porque el analista no fue hasta dicho municipio.

Genaro Graciano de 49 años, su esposa Omaira Macías de 55 años y su pequeño hijo Víctor Manuel Manuel Graciano Macías de 10 años, además de una vecina Valentina Dorado de 14 años tienen heridas leves derivadas de los vidrios de las ventanas. Otras cinco casas del sector aledaño a la Institución Educativa Antonio José Araque resultaron averiadas, la más afectada fue la vivienda del líder del Movimiento Ríos Vivos, sostiene la información.