Precedente jurídico único

Alrededor de las 8:30 de la mañana del 17 de abril de 2012 la unidocente Silvia Nobelasco, de la Escuela Rural Nº 30 de Puntas de Rolón, en Río Negro, vio que en el campo sojero lindero con el centro educativo el ''mosquito” abría las alas y empezaba a fumigar. Nobelasco fue a hablar con el operario para hacerle notar que fumigaba al lado de la escuela y en esos pocos pasos “el líquido que estaba en el aire” humedeció su ropa y su piel.

En Uruguay no se puede fumigar de forma terrestre a menos de 300 metros de un centro poblado, y de forma aérea a menos de 500. La maestra caminó siete cuadras hasta un teléfono público y llamó a la Policía, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y a la Inspección de Escuelas. Cuando retornaba a su lugar de trabajo la llamó una amiga de la capital departamental, Fray Bentos, para saludarla. “Me acaban de fumigar”, le respondí, dijo Silvia en una entrevista.

Su amiga escuchaba en una de las radios locales al intendente de Río Negro, Omar Lafluf, a quien llamó para hacerle saber el caso de Silvia. El intendente llamó personalmente a la maestra para confirmar el caso y cerca de las 10 de la mañana la Policía llegó a la escuela. “Una de las cosas que hace diferente a esta denuncia, primero, es que no la hago yo, quien denuncia directamente ante el ministro del MGAP, Tabaré Aguerre, fue el intendente Lafluf”, contó la maestra.

Los inspectores del MGAP llegaron rápidamente también a la escuela de Puntas de Rolón. Se informaron sobre cuál era la empresa, el encargado y el producto que estaban usando. La compañía en cuestión es Agronegocios del Plata (ADP), filial del grupo sojero argentino Los Grobo (de Gustavo Grobocopatel), y el producto usado era el herbicida glifosato, que se usa en la soja transgénica y que puede causar severas afecciones en la salud humana según han demostrado numerosos estudios científicos. Los inspectores tomaron declaración a los ingenieros de ADP y les hicieron firmar un acta.

Para ese momento ya habían pasado alrededor de tres horas que a Silvia le picaba todo el cuerpo. Fueron los propios representantes del MGAP los que llamaron al Centro de Toxicología del Hospital de Clínicas, que recomendó a la maestra que se bañara. Ella cumplió con la sugerencia, pero decidió quedarse a dormir en la escuela (muy lejana a Fray Bentos y por ende donde ella se quedaba toda la semana), para que sus alumnos no quedaran sin ser atendidos. Al otro día Silvia se despertó con manifestaciones cutáneas de color rosado en todas las piernas, sobre todo en la ingle y entre los senos. Se fue al médico más cercano, a 23 kilómetros, y el profesional constató por escrito los síntomas de intoxicación que tenía. 

“A las semanas yo logro dar con mi médico personal, y esta es la segunda cosa a favor mío. Ese médico es el señor Gerardo Valiero, director departamental de Salud Pública. Él constató que yo seguía intoxicada y me ayudó a hacer una denuncia en el Ministerio de Salud Pública (MSP)”, contó la unidocente. Valiero le dijo que haberse quedado en la escuela luego de su envenenamiento fue una irresponsabilidad, porque no se sabía cómo reaccionaría su cuerpo ante el glifosato.

Enseguida Silvia decidió contactarse con dos abogados y hacer una demanda judicial por daños y perjuicios en el Juzgado de Young. En octubre de 2012 hubo una audiencia de conciliación y ADP se deslindó de responsabilidades, por lo que el caso seguiría este año. “Pero hace unos 20 días comenzaron los abogados de la empresa a comunicarse con mi abogado para tratar de llegar a un arreglo económico. El dinero lo pidió mi abogado y al arreglo llegó mi abogado, que es casi la mitad de lo que él pedía”. Los asesores legales de Silvia habían pedido 7000 dólares y arreglaron por 3800. Un caso del estilo, en otras partes del mundo, o tal vez con otros abogados, se hubiera indemnizado con cientos de miles de dólares, sino millones.

“Durante cuatro meses yo seguí intoxicada ya que cada vez que me bañaba los pruritos volvían. Pero nunca dejé de ir a trabajar, por lo cual las autoridades de Primaria decían que yo realmente no estaba tan enferma. Yo lo hice por ética, por no dejar a los niños solos”, reivindicó la maestra. Según relató Silvia, el MGAP y el Ministerio de Salud Pública (MSP) mantienen un expediente abierto contra ADP. “Nosotros esperamos que antes de fin de año le dictaminen una multa”.

Realidad departamental

Durante todo 2012 Silvia siguió en la Escuela Rural Nº 30. Ella recibió información, que se manejó en el juicio contra ADP, de que desde 2009 se fumiga al lado de ese centro educativo. Ahora la maestra está en la Escuela Rural Nº 33 de Puntas de Averías, en el mismo departamento, y donde las cosas no parecen ser muy diferentes.

Además, Silvia conoce casos similares al suyo. Al mes de que fue rociada por el mosquito de ADP, en Santa Isabel, en una escuela a cinco o seis kilómetros por ruta 3 de la ciudad de Young, fumigaron y la maestra adentro de la escuela empezó a ver que morían moscas y mosquitos mientras daba clases. “Esa maestra terminó internada con un ataque de asma en la ciudad de Fray Bentos, pero ella no se animó a hacer ninguna denuncia, salvo llamar a la Policía”. El inspector del MGAP se hizo presente en la escuela y a través de muestras constató que el agua tenía agrotóxicos.

“Me ha llamado mucha gente para contarme que en Guichón, Paysandú, es espantoso, han denunciado muchas veces a los ministerios. Pero hasta ahora no han podido frenar las fumigaciones. Guichón está rodeado de fumigaciones”, enfatizó Silvia. “Por eso yo hago público. Porque es un precedente jurídico único, según el fiscal Enrique Viana, con el cual yo tuve contacto”. Vecinos y agrupaciones de varias zonas del país alertan que han hecho denuncias por las fumigaciones ante el MGAP y el MSP y no han recibido ni siquiera respuestas.

De ADP Silvia nunca recibió una llamada ni siquiera para un pedido de disculpas. Aunque operarios y representantes de la empresa siguieron yendo al campo lindero a la Escuela de Puntas de Rolón, nunca nadie le habló. Los gastos médicos corrieron por su cuenta y en todo caso con apoyo de los abogados. “Sí quiero que me dejes destacar que yo soy de la Federación Uruguaya de Magisterio, el Sindicato de Fray Bentos siempre estuvo al lado mío, igual que el Plenario Intersindical de Río Negro que me ayudó con las denuncias, porque tengo otra hecha en el Ministerio de Trabajo también”.

Silvia se lamentó porque mucha gente en varias zonas de Río Negro ve las fumigaciones y no se anima a denunciarlas. “Cuando esas madres trajeron a los niños (aquel 17 de abril de 2012) no les extrañó para nada, porque tanto en la escuela donde estaba, como en la escuela donde estoy, este hecho a la gente de la vuelta le es normal”. “La gente te dice ’hay que espantoso el olor que hay’, pero nadie llama, nadie denuncia, es normal para ellos”, sintetizó la maestra.

Reconoció falta de información y de conciencia colectiva sobre la gravedad e ilegalidad de las fumigaciones al lado de escuelas o centros poblados. Pero dijo que una de las mayores causas por las que la gente no denuncia es que “la mayoría conoce a alguien de los campos, o trabajan en los campos, no quieren perder los trabajos, no quieren pelearse con los vecinos”. “Como uruguayos creo que tenemos que cambiar la cabeza del ’no te metás’. ’dejá’. Estamos tratando de hacer público mi caso y el tema es que la gente tome conciencia y denuncie, así también las autoridades toman conciencia”, cerró Silvia.