Amnistía Internacional solicita una investigación urgente sobre las muertes de al menos 51 personas ocurridas el pasado 8 de julio en Egipto en el exterior del cuartel general de la Guardia Republicana. “Es imprescindible que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales que sean fiables para todas las partes. Pero las autoridades egipcias tienen un penoso historial en lo que se refiere a garantizar verdad y justicia por las violaciones de derechos humanos”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Las investigaciones realizadas por el ejército en el pasado han encubierto abusos perpetrados por sus miembros, y las autoridades han enterrado las conclusiones de un informe sobre muertes de manifestantes que encargaron, negándose a hacerlas públicas. La Fiscalía de Egipto ha dedicado más tiempo a acusar a personas que critican al gobierno que a procesar a miembros de la policía y el ejército por violaciones de derechos humanos''.
“Es fundamental que se abran investigaciones efectivas para que las autoridades no vuelvan a cometer violaciones de derechos humanos. El jefe de la Guardia Republicana es el mismo que dirigió la mortal operación represiva contra manifestantes ante la sede del Consejo de Ministros en diciembre de 2011''.
“Dado el ambiente de polarización y desconfianza, deben tomarse todas las medidas necesarias para que las investigaciones anunciadas por las autoridades sean independientes, imparciales y exhaustivas, y se vea que lo son. Decenios de impunidad han erosionado el Estado de derecho. Llevar a cabo investigaciones efectivas y transparentes que garanticen justicia a las víctimas y sus familiares sería un medio de restablecer la confianza y de avanzar hacia la reconciliación nacional. La investigación, con independencia de la forma que adopte, debe ajustarse a las normas internacionales, y eso incluye poder obligar a declarar a miembros del ejército u otros funcionarios públicos''.
Más allá de las investigaciones, que si bien son importantes no solucionan los problemas de fondo, es necesario que la situación en Egipto cambie de una vez y para siempre. Como es de costumbre en los conflictos armados, quien paga las malas políticas de los estados, es el pueblo. En el caso de Egipto, debemos sumar la impunidad con la que se cometen los crímenes sobre la sociedad: no aparecen culpables ni mucho menos culpados que paguen por todas las violaciones a los derechos humanos y asesinatos cometidos desde ya hace muchos años en el país africano.
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