La mayoría de sus habitantes no tienen garantizados los derechos básicos

Se estima que el 9 de julio de 1987 la población de la Tierra alcanzó los 5 mil millones de habitantes y por esa razón, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estableció, en el año 1989 que el 11 de julio sería el Día Mundial de la Población. Este día está íntimamente ligado con las condiciones para ''garantizar'' el pleno desarrollo de la población del planeta.

Según la proyección de población 2008-2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala, en el año 2013 el país centroamericano cuenta con 15.438.384  habitantes; de ese total más del 50% de la población está conformada por mujeres.

Durante la historia guatemalteca, se ha carecido de políticas de Estado que sean encaminadas a que las familias gocen de sus derechos humanos plasmados en la legislación nacional y los convenios nacionales e internacionales ratificados por el Estado de aquel país. El derecho a la salud, salud sexual y reproductiva, educación, vivienda adecuada, acceso a tierra, a un empleo con remuneración acorde que cubra los costos de la canasta básica, son algunas de las violaciones que de forma constante viven miles de familias. Ya sabemos tod@s que Guatemala es un ejemplo entre tantos países que violan los derechos humanos constantemente y que quien los proclamó (Naciones Unidas) no es más que el titiritero que maneja los hilos para mantener la situación tal como está, cuando no promoverla. 

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Todo guatemalteco, sin discriminación alguna, debe gozar de los derechos fundamentales, entre ellos el de la salud, garantizado en el Artículo 93 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Según datos revelados en el Diagnostico Nacional (2012) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) existen once profesionales (médicos, enfermeras y obstetras) por cada 10 mil habitantes; en ese año (MSPAS) alcanzaba una cobertura teórica de 57.4%, refiere que para alcanzar la meta debe incrementarse el recurso humano. En la fecha de realización del diagnóstico se detalla que el 14% eran médicos y enfermeras; el 31% auxiliares de enfermería de baja formación académica previa, en quienes recae la responsabilidad de brindar la atención y el 49% corresponde a personal administrativo.

Miles de familias deben enfrentar el día a día para poder sobrevivir ya que en la actualidad, no existen políticas que permitan fuentes de empleo con salarios que permitan cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), y la Canasta Básica Vital (CBV).

La CBA se conoce como el conjunto de alimentos expresado en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio, sin embargo el INE aclara que la CBA representa un mínimo alimento a partir del padrón de consumo de un grupo de hogares de referencia y no una dieta suficiente en todos los nutrientes, por tanto la CBA no es una dieta ideal, y la CBV incluye además del mínimo alimento los servicios básicos, tales como agua, luz, vestuario, vivienda, salud, transporte, recreación y educación.

Según la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos (ENEI) del 2012, solamente 53 de cada cien personas trabaja como asalariada lo que significa que 47 de cada 100 personas no tienen garantizado sus ingresos diarios, lo cual si llevamos a la totalidad del país, estamos hablando de la mitad de su población.

Para que una familia tenga acceso a la CBA o la CBV, debe tener un ingreso mensual de Q. 2,829.00 ó Q. 5,162.41 respectivamente (US$1 = Q7,8). Según el índice de precios al consumidor del INE, correspondiente a junio 2013, el costo de la CBA, se incrementó a Q.57.00 en relación al mes de mayo y el costo de la CBV a Q.104.02 en relación al mes anterior.

En Acuerdo Gubernativo 359-2012 del organismo ejecutivo se incrementó 5% el salario mínimo para el 2013, por ello, en el caso del sector agrícola y no agrícola, su salario mensual será de Q. 2,421.75; y para quien trabaja en el sector de exportación y maquila debe recibir, Q. 2,246.24 mensualmente, es decir que quienes ganan el salario mínimo no tienen los ingresos suficientes para tener acceso a la canasta básica alimentaria y mucho menos a la canasta básica vital.

El hambre, desnutrición, pobreza y pobreza extrema sigue incrementándose en Guatemala, la falta de acceso a los alimentos con nutrientes adecuados refleja el incremento de niños y niñas desnutridas, de mujeres enfermas por no tener acceso a la salud sexual y reproductiva.

Según el Boletín Agricultura Familiar de la Organización de Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura (FAO, otro organismo que coopera a reproducir las situaciones de desgracia alimentaria en este caso), de octubre a diciembre 2012 la incidencia de la pobreza en la región centroamericana alcanza el 51% de la población, mayormente significativa a América Latina y el Caribe que en su conjunto reflejan el 33%; siendo mayor en las áreas rurales, donde se estima que dos de cada tres personas viven en condición de pobreza. En este contexto, “La desnutrición afecta al 15 % de la población, muy por encima de la media de América Latina y el Caribe…”, “los índices de desnutrición infantil también son superiores a la media del continente, con la situación más seria en Guatemala, donde la mitad de los menores de 5 años presentan desnutrición crónica”, señala el boletín.

Al cumplirse un año más en el que se conmemora el Día Mundial de la Población, los datos anteriores evidencian que en Guatemala, la mayoría de sus habitantes no tienen garantizados los derechos básicos. Por esta razón, los pueblos organizados y las organizaciones campesinas, indígenas y populares, han levantado la lucha por la defensa de la madre tierra, los derechos individuales y colectivos para defender la vida, al tiempo que se le exige al Estado, políticas y leyes que beneficien a la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas como la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral 4084, que busca contribuir a garantizar la concreción del Derecho al Desarrollo. También, por los impactos que tiene sobre la vida presente y futura, impulsan la lucha por la defensa del territorio ante toda empresa nacional y transnacional que saquea los bienes naturales destruye y contamina.

En síntesis lo que el pueblo exige es tener garantías de vida y que se cumpla lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala así como en los convenios nacionales e internacionales ratificados por el Estado de Guatemala; que se respete el derecho a la vida y que las políticas de Estado sean encaminadas a defender el desarrollo integral de la población guatemalteca.