''Paso de esperanza''

José Efraín Ríos Montt

En el año 1982, José Efraín Rios Montt condujo un golpe de Estado en Guatemala, que lo instaló como dictador de ese país hasta el año siguiente, en que fue derrocado por otro golpe de Estado, conducido por su ministro de defensa, Óscar Humberto Mejía Victores.

A pesar de su corto pasaje por la conducción del gobierno guatemalteco, la huella de violencia y muerte que dejó Ríos Montt es vista como la más fuerte de todo el período de terrorismo de Estado instalado en ese país centroamericano durante décadas.

La sentencia del 10 de mayo pasado que declaró al ex militar responsable por el genocidio de 1.771 indígenas mayas ixiles durante su gobierno de facto, ejecutado a manos del Ejército en el norteño departamento de Quiché, ha sido un momento histórico, dijo la subdirectora del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Alejandra Castillo. Se trata de una de las organizaciones querellantes, junto a la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR, compuesta por víctimas y sobrevivientes del conflicto), en el juicio contra el ex-dictador.

Castillo explicó que la sentencia ha generado emociones encontradas, porque “además de que es algo que nos motiva a continuar en la búsqueda de justicia, también han sido emociones encontradas por todas aquellas personas que murieron durante el conflicto, que están desaparecidas”.

CALDH y AJR llevan años trabajando en la búsqueda de la verdad y la justicia, y trabajaron junto al Ministerio Público (que empezó a tomar un rol activo en estos temas a partir de 2008), en el aporte de las pruebas que fueron la base de la sentencia final. A pesar del largo tiempo que llevan las organizaciones y familiares de víctimas reclamando verdad y justicia, el juicio a Ríos Montt se resolvió en un tiempo relativamente rápido. Castillo entiende que ha habido un cierto cambio con respecto a estas temáticas en Guatemala, debido, entre otras cosas, a que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco “por la falta de voluntad en investigar este tipo de delitos”. Este hecho, junto al cambio de fiscales en el Ministerio Público, ha posibilitado emprender el camino que ha desencadenado en la sentencia contra Ríos Montt, según contó Castillo.

Aún así, el proceso no careció de trabas. Desde la Corte de Constitucionalidad se solicitó dos veces la incorporación de testigos y peritos de la defensa de Rios Montt, con la intención de demorar el juicio o anularlo, explicó Castillo. Para la subdirectora de CALDH, esta sentencia se da en el contexto de un gobierno de un militar retirado, Otto Pérez Molina, que participó del conflicto armado interno, y que ha desprestigiado el juicio y asumido una actitud que fomenta la polarización de la sociedad guatemalteca.

La resolución judicial contra Rios Montt es un mojón en la historia guatemalteca de lucha por memoria, verdad y justicia, y representa el comienzo de una nueva etapa. Tal es así, que la sentencia solicita que las investigaciones se amplíen a todas las personas que hayan estado involucradas en el genocidio del período 1982-1983. Esto representa un desafío importante según Castillo, porque se trata de una cantidad considerable de personas, entre las cuales se encuentra el propio presidente actual Pérez Molina, quien integraba el Ejército en esa época. Varias organizaciones sociales ya están solicitando que se investigue su involucramiento en el intento de exterminio de los maya ixiles.

Castillo concluyó que este ha sido un “paso de esperanza”, porque es además una oportunidad para resolver los problemas sociales que existen en la actualidad guatemalteca, principalmente aquellos que aquejan a los pueblos indígenas. “Seguiremos luchando por la verdad y la justicia de nuestros pueblos”, advirtió asimismo.

Entonces...

El ex dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt fue encontrado culpable de "masacres, torturas, violaciones sexuales, degradación de dignidad y desplazamientos forzosos, y se ha comprobado que la población civil del grupo ixil fue objeto de asesinatos en forma masiva", detalló la sentencia que leyó la jueza Jazmín Barrios, que preside el Tribunal A de Mayor Riesgo.

"Ríos Montt tuvo conocimiento" de las 15 masacres y "sabía completamente lo que pasaba y no hizo nada para pararlo", agregó la magistrada en la sentencia del 10 de mayo, según el medio argentino de información popular Marcha. El militar tristemente reconocido como “general de la tierra arrasada” recibió una pena de 80 años de cárcel: 50 por genocidio y 30 por delitos contra los deberes a la humanidad.

En tanto, el ex jefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez Sánchez, que también fue juzgado, fue absuelto de los mismos delitos. El Tribunal consideró que “no tuvo injerencia” en las operaciones militares contra los indígenas.

Ríos Montt y Rodríguez fueron acusados por el Ministerio Público de ser los responsables, por su jerarquía en la cadena de mando dentro del Ejército de Guatemala, como dijimos, de la muerte de 1.771 indígenas mayas ixiles en 15 matanzas ejecutadas en comunidades del departamento de Quiché. Los asesinatos ocurrieron de marzo de 1982 a agosto de 1983, período en que Ríos Montt gobernó de facto Guatemala tras encabezar un golpe de Estado militar.

La Fiscalía había solicitado el 9 de mayo 75 años de cárcel contra los dos militares, y dos organizaciones que actuaron como querellantes adhesivos, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y Reconciliación (compuesta por víctimas y sobrevivientes del conflicto), se sumaron a la solicitud tras presentar sus propias conclusiones.

Organizaciones indígenas guatemaltecas, campesinas, de derechos humanos y sociales en general han celebrado la sentencia. Se hizo algo de justicia. No obstante, la amenaza constante de que los abogados de Ríos Montt apelarán la sentencia, el temor a que las presiones hagan caer esa decisión judicial, y el violentísimo accionar del ultraderechista gobierno actual de Otto Pérez Molina, que sigue persiguiendo y asesinando a las comunidades locales, han llevado a que los festejos sean medidos. El miedo se hace sentir, en un país que vivió una guerra interna de 1960 a 1996 entre la insurgencia y sucesivos gobiernos adheridos al terrorismo de Estado, en la que murieron más de 200.000 personas, más del 80 por ciento indígenas mayas.

De acuerdo a Marcha, la jueza Barrios detalló que las campañas militares de tierra arrasada durante ese periodo sistemática y repetidamente masacraron a la población maya ixil en el norte del departamento del Quiché por medio de patrones de violencia indiscriminada. “Los juzgadores hemos podido constatar mediante los testimonios muerte violenta de las personas, incendio de viviendas, muerte sistemática de niños y ancianos en forma indiscriminada”. La magistrada consideró que los militares violaron a cientos de mujeres ixiles, destruyeron sus casas, cosechas y animales y utilizaron el hambre como "arma de guerra", entre otros hechos, "con la intención de (hacer) desaparecer a la etnia ixil".

En tanto, el diario argentino Página 12 agrega que Barrios precisó que los hechos demostrados a lo largo del juicio se confirman con el hallazgo de cementerios clandestinos en las inmediaciones de los ríos Schel y Chajul, donde se encontraron restos de personas con tiros en la cabeza y tórax y que pertenecían a los poblados de Chajul, Nebaj y Cotzal, de la zona ixil. “Es evidente que los grupos militares que llegaron a cada una de las comunidades adoptaron el mismo patrón” genocida, concluyó la la jueza.