No más!!! "Ya hemos sido postergados 500 años"

Comunidades indígenas salteñas en protesta

Sin acuerdo previo ni consulta, una empresa de origen trasnacional, realizó el año pasado excavaciones para construir un gasoducto que atraviesa el territorio de las comunidades guaraníes, tapietes y wichís del norte de Salta. Exigen que se presenten responsables de la empresa y que el Gobierno dé respuestas sobre la autorización de las obras. El 8 de julio de 2009 fueron reprimidos por Gendarmería Nacional y obligados a abandonar el corte que realizaban sobre la ruta nacional 34, entre Mosconi y Tartagal. Algunos dirigentes indígenas fueron citados a declarar, acusados de ser “instigadores”. En comunicación con La Flecha (Radio Estación Sur 91.7 FM) integrantes de las comunidades manifestaron que el gobierno no les da respuestas y que la justicia responde criminalizando sus manifestaciones. Advirtieron que podrían marchar a Buenos Aires para encadenarse frente a los Tribunales de Justicia.

Por La Flecha

Las comunidades guaraníes, wichís, tobas, tapietes y chanés que viven al norte de Salta, a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, se ven afectadas cotidianamente ante la incursión de empresas que utilizan su territorio para la construcción de gasoductos. Durante el último mes se hicieron cada vez más frecuentes sus reclamos, ante la grave situación que atraviesan. Las comunidades vienen sosteniendo esta lucha desde hace años y la ruta nacional 34 que une Tartagal con Gobernador Maza, se hizo conocida, no sólo por ser uno de los principales núcleos de movilización indígena, sino además por convertirse en el lugar donde se visibiliza la represión policial hacia los pueblos originarios del norte salteño.

Salta: Comunidades indígenas denuncian la construcción de gasoductos en su territorio

“No puede ser que una empresa multinacional venga y viole nuestro territorio, o sea, ellos actúan como si fuesen los verdaderos dueños de nuestras tierras, vienen y empiezan a excavar. Nosotros no luchamos sólo por esta empresa en particular, sino que peleamos por todas las empresas que se quieren instalar acá en el norte”, manifiesta Enrique Vaca, dirigente de la etnia tapiete.

La mayoría de estas sociedades de origen trasnacional, utiliza el territorio indígena para la construcción de caminos o gasoductos, sin un previo acuerdo, ni mediación estatal. En el caso de Tartagal, las comunidades denuncian que el gasoducto de una empresa está atravesando territorio Guaraní, y según señalan, cruzaría próximamente el territorio de los Chulupíes, de los Chorotes y de los Wichí. Manifestaron que nunca nadie se presentó como responsable de la firma para dialogar con ellos, además afirman, que hay sustento legal para su exigencia ya que al utilizar su territorio, las empresas deberían emplear a integrantes de las comunidades. “La empresa está tomando mucha mano criolla y por nuestro territorio pasa el gasoducto y entonces por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dice que tienen que tomar un 5% de las comunidades indígenas”, indica Gabriel Yaguari, dirigente guaraní.

Exigen que se presenten responsables de la empresa y que el Gobierno dé respuestas sobre la autorización de las obras del gasoducto. “Nosotros pedimos que se nos dé el nombre de quién autorizó eso, y ellos dicen que van a hacer lo que ellos quieran, pero no es así.”, señala Enrique Vaca.

El dirigente tapiete advirtió que si no obtienen respuestas, en las próximas semanas viajarán a Buenos Aires para realizar una manifestación frente a los Tribunales: “nuestra lucha va a seguir, ahora estamos buscando los medios para ver si podemos viajar a Buenos Aires, porque queremos encadenarnos en el Palacio de Justicia de la Nación. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, hasta que no haya diálogo o hasta que no echen al Ministro de Justicia de Salta no vamos a parar. Es muy doloroso para nosotros dejar la familia, pero hay que pensar en el futuro”, explica.

“Las leyes existen para los blancos, y no para los aborígenes”

Gabriel Yaguari manifestó que ante el avance de la construcción del gasoducto, se presentaron reclamos a distintos organismos estatales, sin obtener ningún tipo de respuesta: “Nosotros ya hicimos una denuncia a esta empresa, hicimos una notificación al INADI, pero tampoco nos prestaron atención. Parece que las leyes existen para los blancos, y no para los aborígenes”. Además señaló que el Gobierno Provincial no atiende las exigencias de las comunidades, que no sólo tienen que ver con el avance de las empresas, sino también con la salud y el trabajo. “Las comunidades necesitan trabajo. Y acá pasan y se llevan el petróleo y violan el territorio indígena. Ellos no nos respetan, nos dicen que nosotros los indios no sabemos ni usar un martillo. Y esa es la indignación que tengo con esta empresa”, manifiesta el dirigente guaraní.

Otro de los reclamos tiene que ver con que se sean aprobados los proyectos para emprendimientos de trabajo que las comunidades presentaron ante el PROSOFA (Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste) “Nosotros llevamos tres proyectos para hacer construcción de letrinas para distintas comunidades del lugar al PROSOFA de Buenos Aires, tampoco tuvimos respuestas, el (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) jamás respondió cuando nosotros fuimos ahí. Nadie nos contesta, por eso estamos indignados”, señala Yaguari.

Enrique Vaca, advirtió que además de no brindarles apoyo, el Gobierno salteño responde con represión y violencia: “ya agotamos todas las instancias de reclamo, pero se nos cierran las puertas, ellos dicen que esta empresa no va a durar mucho tiempo. Acá el Gobierno hace oídos sordos, porque nosotros hace años que venimos reclamando”.

El 8 de julio, cuando integrantes de las comunidades se manifestaban en la ruta 34 a la altura del kilómetro 95, entre Mosconi y Tartagal, fueron obligados por Gendarmería Nacional a retirarse de la ruta. En este sentido, Enrique Vaca manifiesta: “sin que nadie del Gobierno (ni provincial ni municipal) intervenga, vino la Gendarmería y nos desalojaron brutalmente. No nos preguntaron ni quién estaba al frente, ni qué era lo que pretendíamos, porque nuestro reclamo es por trabajo y resulta que van y nos garrotean, nos meten unos palazos. Esa es la respuesta que nos dan”, expresa.

Criminalización de los reclamos

Durante el corte de ruta algunos de los dirigentes de las comunidades fueron citados a declarar por la Justicia, acusados de ser instigadores y promotores de la protesta. “Yo me presenté al Juzgado Federal, porque aludían que yo había estado ahí y en realidad yo estaba trabajando, me acerqué porque me llamó la gente del corte, porque yo soy presidente de las comunidades. Y ahí me citaron al Juzgado para que yo me haga cargo, me están poniendo como instigador”, expresa Yaguari, quien se manifestó muy preocupado por esta situación, ya que los integrantes de las comunidades se sienten amenazados ante la judicialización de sus reclamos. “Parece que somos un estorbo, nos obligaron a retirarnos, acá en esta zona sigue existiendo el genocidio hacia nosotros”, agrega el dirigente guaraní.

La intimación de la Justicia, es leída por las comunidades como una estrategia para que no se manifiesten, sin embargo señalaron que continuarán con su lucha a pesar de las citaciones. “Estamos peleando por lo que realmente nos pertenece y nos niegan. Para mí todo esto tiene un nombre y ese nombre es ‘Gobierno’. Hay un hermano que lo echaron del trabajo por ser referente nuestro, pero la lucha para nosotros empieza ahora, ya hemos sido postergados 500 años”, concluye Enrique Vaca.