Una buena y otra mala

Las últimas recomendaciones realizadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las inversiones en agricultura de pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria, representan avances muy significativos en la esfera multilateral en la concientización del rol de esa agricultura para la alimentación del planeta. También implican un reconocimiento de numerosos actores centrales, como los campesinos, indígenas y pastores, entre otros varios aunados en diversos movimientos sociales.

Sin embargo, las recomendaciones del mismo CSA sobre biocombustibles recorren justamente el camino inverso. Este informe especial que busca profundizar en estos avances y retrocesos del CSA, que se ha transformado en cualquier caso en un espacio con participación activa de la sociedad civil y que ha facilitado el intercambio con los gobiernos, lo cual destacan los propios movimientos sociales.

Un debido reconocimiento: recomendaciones sobre inversiones en agricultura de pequeña escala

El CSA es un espacio multilateral, que fue reformado en 2009 para dar lugar a la participación de los diversos actores interesados en la seguridad alimentaria y la nutrición. Integran el CSA, por ejemplo, los estados que son parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). También pueden ser parte del CSA los estados que no integran FAO pero están en ONU, y además hay una importante participación de empresas. Lo más novedoso es la fuerte presencia en el Comité de diversos movimientos y organizaciones sociales, que se agrupan en lo que se llama el “Mecanismo de la Sociedad Civil”: campesinos, pequeños agricultores, pueblos indígenas, pastores, pescadores artesanales, mujeres, jóvenes, consumidores, ecologistas, defensores de derechos humanos, entre muchos otros.

“El objetivo último del CSA reformado es constituir la principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para que todas las partes interesadas trabajen de forma coordinada con miras a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos”, expresa la web de FAO dedicada al CSA. “El Comité proporciona informes anuales al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas”, agrega.

Las recomendaciones del CSA en su última sesión (la Nº 40, que tuvo lugar en Roma, la capital de Italia, del 7 al 11 de octubre) sobre las inversiones en la agricultura de pequeña escala para la seguridad alimentaria y la nutrición, se basaron en un informe preparado por el Grupo de Expertos de Alto Nivel del CSA. El estudio había sido encargado por el Comité en 2011.

El activista Martín Drago, coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) y presente en Roma, calificó de “muy bueno” el informe y contó que en la elaboración de ese reporte participó gente de la academia allegada a los movimientos sociales. Las recomendaciones del Grupo de Expertos fueron negociadas toda la semana y allí las organizaciones y movimientos sociales jugaron un rol activo y determinante.

“Este grupo de recomendaciones del CSA marca un estándar de qué representan las inversiones en la agricultura de pequeña escala o el rol de los agricultores a pequeña escala y por qué es importante la inversión en ella”, dijo Drago. “Es una base tanto para las negociaciones en el CSA como para las que se pueden dar a nivel nacional con cada gobierno, e inclusive con las articulaciones regionales, para exigir esa base”, estipuló.

El primer punto destacado por Drago de los acordados en octubre es que el CSA reconoce que los productores de pequeña escala desempeñan un papel central para la seguridad alimentaria y que son los principales inversores en su propia agricultura. “Quien más invierte en agricultura a nivel global es el propio productor. No es un banco, ni otra entidad financiera, ni siquiera los gobiernos, son los propios productores, a veces con mucho sacrificio y con trabajo propio, ni siquiera con dinero”, explicó. Además, “no es una inversión que sólo les sirve a ellos, sino que derrama beneficios al resto de la sociedad”.

Una recomendación importante es que se invita a los gobiernos y a las partes interesadas a nivel nacional, en especial a las organizaciones de productores de pequeña escala, a desarrollar una visión nacional de esa pequeña agricultura y acompañarla de un marco amplio de políticas públicas y presupuestos relevantes que le den apoyo.

En tercer lugar Drago subrayó que se enfatizó la importancia del reconocimiento jurídico y el respeto a los derechos de los agricultores de pequeña escala, así como la necesidad del fortalecimiento de sus organizaciones.

El CSA recomendó también promover la capacidad de los productores de pequeña escala para acceder, mejorar, producir, conservar, intercambiar y usar las semillas que necesitan. “Necesitamos que los productores puedan reproducir sus semillas, cultivarlas, mejorarlas. Ellos juegan un rol relevante en esa mejora de las variedades animales y vegetales”, dijo Drago. “No se requieren actores externos y no queremos a las multinacionales” jugando ese rol, añadió. Según el CSA, se debe apoyar la conservación y el desarrollo de la biodiversidad agrícola e inclusive se agregaron enfoques agroecológicos. “Tuvimos una gran disputa para que se incluyeran”. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil y Argentina fueron los más duros al rechazar esa iniciativa de los movimientos sociales.

El Comité también retomó decisiones anteriores e instó a los gobiernos a promover una gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales, e hizo hincapié en garantizar el acceso y la tenencia de tierra y recursos a los productores de pequeña escala. “También habla, y esto es bien importante para nosotros, de priorizar las inversiones públicas en apoyo a las inversiones propias de los pequeños productores. Es decir, hay que apoyar la producción a pequeña escala, pero ese apoyo no lo dejemos librado al mercado”. Otro aspecto relevante refiere al rol de la investigación. La sugerencia del CSA es en pro de fortalecer los sistemas participativos de investigación, a través de la combinación de “los conocimientos tradicionales y los resultados de las investigaciones científicas” (aunque para nosotros las mejoras que implementa el productor en su tierra también son ciencia).

El Comité de ONU marcó asimismo la necesidad de apoyar el desarrollo de los mercados locales y el acceso de los productores de pequeña escala a esos mercados. Se habla de un “acceso remunerativo”, que permita a los productores “vivir de su producción y mantenerla”. También se reconoce la importancia de los intercambios no monetarios y de los sistemas alimentarios locales. En los territorios no siempre los productores intercambian entre ellos por dinero, también intercambian sus productos. “Esto también juega un rol en inversión, es importante el reconocimiento y no penalizarlo”, enfatizó Drago.

Agrocombustibles: varios pasos atrás

En tanto, la otra coordinadora del Programa de Soberanía Alimentaria de ATI, Kirtana Chandrasekaran, que también estuvo en Roma, se refirió a las recomendaciones del CSA sobre biocombustibles, o “agrocombustibles”, como prefieren llamarles. El CSA también le había pedido al Grupo de Expertos de Alto Nivel en 2011 recomendaciones en ese sentido.

Según relató Chandrasekaran, ese panel llegó a importantes conclusiones. Por ejemplo, los expertos descubrieron que las importaciones de agrocombustibles y también los objetivos y mandatos de los gobiernos para producirlos generan impactos en la volatilidad de los precios de los alimentos. “Porque cuando la demanda de biocombustibles crece, los precios de los cultivos también tienden a subir”. Entonces, en términos generales, el Grupo de Expertos encontró una fuerte correlación entre la volatilidad de los precios y la disponibilidad de alimentos, y la seguridad alimentaria y los biocombustibles. Por eso el Grupo de Alto Nivel recomendó a los gobiernos actuar en consecuencia. “Pero muy desafortunadamente los gobiernos presentes en el CSA no tuvieron en cuenta estos hallazgos e hicieron un grupo de recomendaciones muy muy débiles sobre cómo tratar el tema agrocombustibles”, manifestó la ecologista.

Explicó que muchas negociaciones en el CSA ocurrieron en paralelo y hubo unos pocos países pro-agrocombustibles, como Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá, que presionaron muy fuerte para que las recomendaciones del Grupo de Expertos no se tuvieran en cuenta. “Hubo una muy fuerte presencia de la industria de los agrocombustibles, probablemente por primera vez en el CSA, los que obviamente hicieron mucho lobby con sus gobiernos para que se hicieran cambios” a los textos recomendados, dijo Chandrasekaran.

En contrapartida, hubo gobiernos muy preocupados por el impacto negativo de los agrocombustibles, algunos africanos y de Medio Oriente. Esos gobiernos trataron de jugar un “rol positivo”, según la representante de ATI, pero les resultó imposible enfrentar las grandes tácticas del grupo de estados a favor de la producción de granos para generar combustibles. “Fue muy decepcionante”, se lamentó la activista.

La ambientalista evaluó que los malos resultados logrados en el tema agrocombustibles tienen que llevar a la sociedad civil a una mayor reflexión sobre cómo afrontar ese asunto. Hay que pensar sobre “cuánta presión pública y política fuimos capaces de generar en el proceso sobre agrocombustibles y seguridad alimentaria en el camino a la sesión del CSA y durante las negociaciones”.

No obstante, Chandrasekaran enfatizó que “por lo menos tenemos un documento que reconoce que los agrocombustibles tienen un impacto en la seguridad alimentaria y el hambre”, aunque “realmente no mandata a los gobiernos a tomar acciones, que es donde perdimos, lo cual es un gran problema”. La activista agregó que el informe del Grupo de Expertos es muy sólido y que se puede usar para trabajar directamente con los gobiernos nacionales para que “tomen apunte”.

El CSA como espacio de participación activa: el Mecanismo de la Sociedad Civil

El activista Otto Bruun, de Amigos de la Tierra Finlandia, que también concurrió a la sesión 40 del CSA, destacó la importancia de las reuniones del Mecanismo de la Sociedad Civil previas a la sesión del Comité en octubre, porque sirvieron para prepararse y aunar posiciones de cara a las negociaciones.

Para el ecologista, el espacio de la sociedad civil ha servido para forzar a muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) en Europa a entender que no son representantes legítimos de pueblos y movimientos sociales que viven muy lejos, pero que pueden trabajar junto a esos movimientos y ayudar a facilitar ese espacio. “Creo que hay mucho por hacer para continuar ese trabajo y seguir recordándonos que no se trata de las ONG y sus círculos, sino de acciones reales y pueblos hablando en su propio nombre. Y esta idea de representación implica un empoderamiento que también nos puede llevar a dar pasos hacia adelante”, manifestó Bruun. El activista dijo que es un trabajo en proceso y que motiva ir en esa dirección, con claridad de que en “cualquier desarrollo en el marco del Mecanismo de la Sociedad Civil son los movimientos sociales los que hablan en representación de las comunidades que en ellos se articulan”. Bruun resaltó que ese Mecanismo tiene además la riqueza de unir a grupos de diversos países que pueden establecer claramente los vínculos entre las realidades que afrontan.

En tanto, Chandrasekaran calificó el actual proceso del CSA como “único” porque hay un espacio “muy bien organizado” en el que varios actores globales de la sociedad civil se unen para discutir algunos de los temas más importantes de la actualidad sobre soberanía alimentaria. Agregó que el Mecanismo de la Sociedad Civil es un espacio de discusión que permite a los movimientos sociales participar de las negociaciones en el CSA con posiciones previamente acordadas.

“Una de las mejores cosas de este espacio es que es realmente dirigido por los movimientos sociales”, aseguró Chandrasekaran. “El Mecanismo es diseñado para ser liderado por las comunidades afectadas por las políticas implementadas por los gobiernos”, y que efectivamente sea así otorga “credibilidad y peso político a lo que la sociedad civil está diciendo”.

A su turno, Drago resaltó que el CSA es un espacio multilateral de gobiernos, “y por ende público”. “Nosotros tenemos que defender el acceso a los espacios públicos de toma de decisiones o de elaboración de recomendaciones. Entendemos que la sociedad civil tiene derecho a participar y que el sector privado no debería tener el mismo derecho”, señaló.

Para el coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de ATI, el CSA es un ejemplo de cómo las organizaciones y movimientos sociales pueden participar en forma organizada, con contribuciones a los debates, con argumentos sobre sus posiciones para influenciar la toma de decisiones de los gobiernos. “Creemos que es un espacio a defender, a fomentar, y para el que es sustancial tener un mecanismo que garantice una participación real de la sociedad civil”, consideró. Drago evaluó además que “participar organizadamente, con posiciones construidas con una diversidad de organizaciones muy importantes, de todos los continentes, necesita organización y ella requiere coordinación y presupuesto”. “Y exigimos que sean los gobiernos los que financien esa participación”, cerró.