Generar encrucijadas institucionales para evitar la emergencia de gobiernos alternativos parece ser la nueva táctica del bloque de poder colombiano que se expresó este lunes 9 de diciembre en la destitución del alcalde mayor de Bogotá, la ciudad capital del país, Gustavo Petro, por parte de la Procuraduría General en una investigación por la municipalización de la recolección de residuos, anteriormente privatizada.
Más allá de la anécdota puntual, la caída de Petro y su inhabilitación para ocupar cargos públicos por quince años fue denominada por este como un “golpe de estado” y rechazada en las calles bogotanas por una multitud este lunes.
En ese marco, un medio alternativo entrevistó desde la movilización en Plaza Bolívar al sociólogo y activista ambiental Hernán Darío Correa quien catalogó la decisión del conservador procurador Alejandro Ordóñez como “una tuerca que empieza a apretar la derecha colombiana” que muestra así una cara hasta ahora desconocida ya que se deba una presión a través de la violencia política.
“Desestabilización institucional” fue el concepto que empleó el analista en la entrevista, señalando que en Bogotá se enfrenta un día clave el próximo 31 de diciembre donde de no revertirse la destitución deberían darse elecciones anticipadas a más tardar en marzo, es decir algunos días antes de las elecciones nacionales.
También interpretó la decisión como “un mensaje a La Habana”, ciudad cubana donde se vienen desarrollando los diálogos y acuerdos entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), precisamente sobre el sensible capítulo de participación política de las fuerzas insurgentes. La defensa de Petro aseguró que la Procuraduría no tiene competencia para destituir a un funcionario elegido popularmente, y alega que se está violando el debido proceso.
Los casi 10 mil ciudadanos agolpados en la Plaza de Bolívar señalaban que el derecho de elegir y ser elegido se violó al decidir la destitución. En su intervención desde el balcón de la Alcaldía, Petro convocó a la movilización pacífica en contra de la decisión. En tanto, Correa indicó que la decisión, además de ilegítima, pone en riesgo los mismos diálogos de paz y el normal desarrollo de las próximas elecciones presidenciales en un país clave como Colombia para Sudamérica.
Cabe recordar que la misma táctica de destitución sacó de la trolla electoral a la senadora Piedad Córdoba, actor clave en el canje de prisioneros de guerra y búsqueda de abrir cauce político a la oposición en armas en Colombia.
“La táctica de la derecha es golpear opositores”, señaló el entrevistado quien indicó que con una inhabilitación por quince años se está desterrando a Petro de entre los liderazgos políticos alternativos de un país gobernado históricamente por dos bloques partidarios. “Con esto están buscando que la política no se oxigene”, concluyó Correa.
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