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Cada día crece en El Alto, ciudad boliviana, el número de agencias de empleo ilegales. Escondidas bajo el nombre de "comerciales", las falsas agencias atraen a muchas personas con la promesa de empleo y buena remuneración, teniendo así mayor facilidad de incidir en el delito de tráfico para fines sexuales o de trabajo forzado.
En Bolivia, sólo el Gobierno, como entidad oficial, puede ser intermediario entre los trabajadores y el mercado. El único reclutamiento legal es realizado por la Unidad Promotora de Empleos (UPE). De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Trabajo "el contrato de reclutamiento es el que tiene por objeto la contratación de trabajadores, por persona diferente del patrón, para trabajos que generalmente deben cumplirse lejos de su residencia habitual. Sólo el Estado podrá, de ahora en adelante, actuar como intermediario entre patrones y trabajadores, organizando servicios gratuitos de reclutamiento. El traslado de los trabajadores se hará según lo determinado por el Art. 9 de esta ley".
Incluso con la legislación laboral en vigencia, la existencia de algunas brechas, como la ausencia de sanciones para los que abren agencias de empleo, permite que este tipo de negocio crezca y se multiplique cada día. Para combatir esta situación, el director de Empleo del Ministerio de Trabajo, César Siles, presentó al Ministerio de la Presidencia un proyecto de decreto supremo. La intención es crear un marco legal, más fuerte y específico, para proceder a la reclusión de las "comerciales", que también son agencias de empleo privadas e ilegales. El decreto también pretende ceder más recursos a los servicios públicos de reclutamiento y empleo y transferir a las prefecturas y gobiernos municipales la responsabilidad de fiscalización.
Una investigación realizada por la Dirección de Empleo de Bolivia constató que gran parte de las "comerciales" son legales, están registradas en las unidades de Promoción Económica de las prefecturas y tienen Número de Identificación Tributaria (NIT). Sin embargo, lo que las torna ilegales es el hecho de ser intermediarias en la oferta de empleos, ya que su función es sólo la de comprar y vender bienes inmuebles.
Para atraer a cientos de interesados en un trabajo digno y buena remuneración, las agencias ponen carteles en sus puertas con ofertas de empleo, aunque no es posible saber quién está reclutando. Así, los interesados son llevados a entrar en la agencia, donde son obligados a pagar a los intermediarios entre tres y cinco bolivianos por la dirección o el teléfono del contratante.
Los carteles ofrecen oportunidades de empleo a muchachas con o sin experiencia, para diversos trabajos. Hay también oferta de buena remuneración para los jóvenes interesados en trabajar en el interior. El intento de seducción por medio de la oferta de excelentes ganancias es un fuerte indicio de que muchas de estas agencias reclutan niños y jóvenes que, posteriormente, podrán transformarse en víctimas de tráfico para fines de explotación sexual y/o trabajos forzados.
Incluso con la legislación laboral en vigencia, la existencia de algunas brechas, como la ausencia de sanciones para los que abren agencias de empleo, permite que este tipo de negocio crezca y se multiplique cada día. Para combatir esta situación, el director de Empleo del Ministerio de Trabajo, César Siles, presentó al Ministerio de la Presidencia un proyecto de decreto supremo. La intención es crear un marco legal, más fuerte y específico, para proceder a la reclusión de las "comerciales", que también son agencias de empleo privadas e ilegales. El decreto también pretende ceder más recursos a los servicios públicos de reclutamiento y empleo y transferir a las prefecturas y gobiernos municipales la responsabilidad de fiscalización.
Una investigación realizada por la Dirección de Empleo de Bolivia constató que gran parte de las "comerciales" son legales, están registradas en las unidades de Promoción Económica de las prefecturas y tienen Número de Identificación Tributaria (NIT). Sin embargo, lo que las torna ilegales es el hecho de ser intermediarias en la oferta de empleos, ya que su función es sólo la de comprar y vender bienes inmuebles.
Para atraer a cientos de interesados en un trabajo digno y buena remuneración, las agencias ponen carteles en sus puertas con ofertas de empleo, aunque no es posible saber quién está reclutando. Así, los interesados son llevados a entrar en la agencia, donde son obligados a pagar a los intermediarios entre tres y cinco bolivianos por la dirección o el teléfono del contratante.
Los carteles ofrecen oportunidades de empleo a muchachas con o sin experiencia, para diversos trabajos. Hay también oferta de buena remuneración para los jóvenes interesados en trabajar en el interior. El intento de seducción por medio de la oferta de excelentes ganancias es un fuerte indicio de que muchas de estas agencias reclutan niños y jóvenes que, posteriormente, podrán transformarse en víctimas de tráfico para fines de explotación sexual y/o trabajos forzados.
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