Los Yukpas: otro pueblo indígena que se está eliminando silenciosamente

José Manuel Romero

En la Sierra de Perijá, el pueblo indígena Yukpa pelea desde hace años por el reconocimiento legal y la demarcación de su territorio, ubicado en el Estado Zulia, en el noroeste de Venezuela. Son antiguos habitantes de tierras que ahora es zona de explotación carbonífera y de ganadería intensiva. Sobrevivientes ancestrales a la colonización, la explotación de sus recursos, a la ambición y la ira; mujeres y hombres Yukpas siguen enterrando a su gente, siguen pagando con la vida la exigencia de una vida mejor.

A manos de terratenientes, ganaderos, militares y paramilitares, las comunidades Yukpas han sufrido una persecución que ha dejado muertos, incontables heridos y la criminalización de su lucha. Los más recientes fueron en la comunidad de Chaktapa luego de la conmemoración del día de la resistencia indígena, el pasado 12 de octubre. El yerno de uno de los principales líderes Yukpas y una adolescente embarazada fueron asesinados a balazos. Y aunque el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, anunció la detención de los responsables y negó su relación con la lucha Yukpa, las víctimas eran familiares de uno de los líderes perseguidos, Sabino Romero. El año pasado, su padre, el cacique José Manuel Romero, fue muerto a palos, presumiblemente a manos de ganaderos locales. Las agresiones han dejado incontables lesionados, como el propio cacique Sabino Romero, herido de bala el pasado 14 de octubre; violaciones contra mujeres y un número no determinado de mujeres y hombres desplazados.

La contaminación producto de la explotación minera, por otro lado, está impactando en la salud de los habitantes. Las mujeres, por ejemplo, han denunciado afectaciones en sus procesos y órganos reproductivos.

La situación de las personas indígenas Yukpas ha sido documentada por diversos organismos de derechos humanos, académicos e institucionales, en los que hay una coincidencia fundamental: se está cometiendo una grave violación de los derechos del pueblo Yukpa con motivo de su lucha por la tierra. La participación protagónica de los habitantes de las comunidades Yukpas, señalan los informes, debe ser el primer paso gubernamental para saldar la deuda histórica e iniciar un proceso de justicia social.

El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) de la Universidad de los Andes (ULA); el Observatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas "José Manuel Romero"; la organización civil Homo et Natura y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, han emitido informes y documentos para denunciar y proponer alternativas que den respuesta a la demanda indígena.

El presidente Hugo Chávez, por su parte, ha señalado públicamente su opción preferencial por los pueblos indígenas y el pasado 12 de octubre hizo entrega de títulos a las comunidades Shirapta, Aroy y Tinacoa, acción que fue cuestionada por el GTAI, al señalar que fue "en detrimento de la mayoría de las comunidades Yukpa" (y violatoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [CRBV] en su artículo 119".)

En tanto, una propuesta concreta del pueblo Yukpa es que el gobierno nacional compre las haciendas que se encuentran dentro del territorio reclamado, para que pasen nuevamente a sus dueños originales y cese la persecución de ganaderos y hacendados a las comunidades. Sin embargo, la demanda Yukpa sobre el reconocimiento de su territorio y el respeto a su cultura y formas de organización, ha tenido una respuesta institucional ampliamente cuestionada.

La instalación de Centros Piloto, instancias administrativas del gobierno central, "obvian a las instituciones tradicionales Yukpas"; el inicio de la construcción de una base militar en la cuenca del Tokuko carece del consentimiento de la población; la construcción de viviendas transgrede las formas de convivencia, la organización y materiales de construcción tradicionales, además de que son otorgadas sólo a 10 familias por comunidad.

El propio proceso de demarcación territorial, a manos de la Comisión Regional de Demarcación, adolece, de acuerdo con los informes de las instancias citadas, de falta de consulta y participación protagónica de los propios Yukpas; de traducción a su idioma, con lo que quedan fuera del proceso quienes no hablan castellano, sobre todo las y los ancianos; de exclusión, y de obviar las formas de organización y a las instituciones indígenas.

En su Informe de actividades de abril-agosto 2009, el Observatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas "José Manuel Romero" señaló el peligro de que las instituciones gubernamentales busquen "garantizar la adopción forzosa de las políticas indigenistas" y denunció que "se ha criminalizado y culpabilizado la resistencia yukpa a estas intenciones".

Por su parte, el GTAI señaló su preocupación por "la peligrosa deriva de un etnocidio silencioso contra los pueblos y comunidades indígenas del país en tiempos de revolución" y propuso la integración de una "agenda indígena nacional, que se complemente con las experiencias de titulación de tierras indígenas en los otros países miembros de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA)".

Las voces que se han alzado desde la sociedad civil para reclamar justicia y fin de la impunidad para el pueblo Yukpa son muchas. En un comunicado, Mujer Quilombo, una organización femenina, demandó al Ministerio de la Mujer designara personal para visitar las comunidades Yukpas y hacer un levantamiento que documente y ponga cifras a las implicaciones del conflicto específicamente a las integrantes de esa etnia: prestar asesoría a las víctimas de violencia y violaciones sexuales y ser portavoz de las indígenas ante las instancias competentes, para garantizar sus derechos.

El Observatorio de Derechos Indígenas, en el estudio citado, propuso un acompañamiento estatal al proceso de demarcación que deberían realizar los propios Yukpas: "Si el Estado apoya técnica, logística, financiera, sobre todo políticamente, la demarcación que realicen por los propios Yukpas, de su territorio ancestral, probablemente (el proceso) no trascienda de los seis meses", señala.

Mientras tanto, mujeres y hombres Yukpas continúan su lucha por la tierra y esperan por la justicia que, si llega, Mireya Romero (la adolescente embarazada), Ebert García y el anciano José Manuel Romero ya no verán.