Vayan pelando las chauchas 8: Sanguinetti, ''breve'' introducción

Julio María Sanguinetti

Como habíamos dicho cuando empezáramos con nuestra entrega de ''Vayan pelando las chauchas'', la idea es centrarnos en los políticos pos dictadura, luego de haber realizado publicaciones sobre este periodo específico (1973 - 1985), que nos mostraron algunas ''relaciones'' que vienen desde allí. A partir de hoy es que comenzaremos con los políticos y en primera instancia hablaremos de los presidentes, para luego pasar a los de ''menor jerarquía''. 

Habiendo sido el primer presidente pos dictadura, comenzaremos con Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), quien dos veces ocupó el cargo: 1985 - 1990 y 1995 - 2000. Con 25 "amigos" corruptos, muchos de ellos procesados por la justicia, este señor es el campeón indiscutido de la corrupción uruguaya. En esta nota trataremos los ''negocios'' que lo implicaron de forma más directa, pero recién luego de haber hablado de sus ''amigos'', tendremos una idea acabada de la profundidad de la corrupción de este señor durante su gobierno.  

Escuadrón de la muerte

Como ya habíamos dicho en nuestra publicación ''Vayan pelando las Chauchas 6: Los planes'' (11/11/10), el ex presidente Sanguinetti habría participado de la formación del Escuadrón de la Muerte junto a otro ex presidente: Jorge Batlle. Para ello reproducimos el texto que escribiéramos en aquel momento (con algunas modificaciones):

El dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Julio Marenales, aseguró que los ex presidentes de la República, Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti fueron "los cerebros políticos" del Escuadrón de la Muerte y Comando Caza Tupamaros. Sanguinetti "es uno de los cerebros de los estamentos reaccionarios de este país" y ministro de Educación y Cultura del gobierno de Jorge Pacheco Areco, por lo que "no fundamento, pero afirmo categóricamente" que era uno "de los cerebros políticos del Escuadrón" de la Muerte, dijo Marenales.

Los ex presidentes "eran los cerebros políticos", pero "generalmente los jefes no tienen directamente a cargo las cosas, hay otros. Los únicos que nos jugamos la piel como responsables fuimos nosotros, que íbamos al frente de combate. Los de arriba no van al frente de combate", expresó el dirigente sobre el final de la presidencia de Tabaré Vazquez. "Queda palabra contra palabra. No quiero demostrar nada ni que Sanguinetti vaya a la cárcel por ser el ideólogo de los escuadrones. No me interesa que vaya a la cárcel", pero "no fueron solamente los militares, sino que fue una acción político militar y estaban todos metidos, nadie ignoraba eso", señaló.

"Nadie hizo un documento con la orden: '-A estos responsables políticos, o adversarios políticos, ejecútenlos a todos', pero la CIA tiene documentos, y ahora hay un libro de Clara Aldrighi. Es asombroso como abren los archivos y se conocen cosas. La injerencia norteamericana en Uruguay, por ejemplo", continuó Marenales. La existencia de la organización paramilitar "me la confirmaron los propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Me dijeron que tuvieron que recurrir a mecanismos por fuera de las leyes porque los jueces estaban de nuestro lado", indicó.

Batlle, en una conferencia de prensa donde no se admitieron preguntas, anunció su determinación de denunciar a Marenales por difamación ante la justicia. La jueza Vera Barreto fijó la primera audiencia para el martes 26 de agosto de 2008 y convocó a Marenales mediante un cedulón que fue entregado en la sede del MLN-T el jueves 21. La defensa del dirigente tupamaro advirtió a la magistrada que, debido al feriado del lunes 25, era imposible cumplir con el plazo "no menor de 48 horas" para la presentación de pruebas; la jueza desestimó modificar la fecha de la audiencia.

En medio de una considerable expectativa mediática, al comienzo de la audiencia la magistrada aceptó recibir la prueba en que se fundamentaba buena parte de la defensa. Se trataba de una fotocopia de un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, fechado el 2 de febrero de 1972 y que fue desclasificado a mediados de 2003. Dicho entre paréntesis, los informativos de la televisión privada y algunos programas radiales no registraron el detalle y refirieron simplemente a una publicación del semanario Búsqueda que adelantó, en 2003, algunos de los conceptos más sustanciales.

El documento, firmado por el entonces embajador de Estados Unidos en Uruguay, Charles Adair, sintetizaba una serie de entrevistas que funcionarios de la embajada habían mantenido con Batlle. Buena parte de las cuatro carillas rotuladas como "confidencial" fue dedicada al análisis del papel que jugarían Sanguinetti, Batlle y los miembros del mayoritario sector del Partido Colorado, Unidad y Reforma, en el gobierno del ''electo'' Juan María Bordaberry que se estrenaría un mes más tarde. El análisis consignaba que Batlle, quien deslizaba diferencias con Bordaberry, se proponía monopolizar la conducción de la economía del futuro gobierno, desde el ministerio y desde el Banco Central y el Banco República.

En el ítem dedicado al "terrorismo", el embajador Adair señalaba: "Como lo había hecho en anteriores conversaciones con nosotros, Batlle repitió que apoya atacar el problema terrorista con un nuevo, pequeño, secreto grupo que pelearía a los tupamaros en sus propios términos. Dijo que tal grupo tendría que ser establecido fuera de las autoridades legalmente constituidas".

Esos conceptos (que la defensa subrayó en tanto provenían de un muy influyente dirigente colorado, que no podía desconocer la significación de los atentados y asesinatos que la ''derecha'' venía cometiendo desde comienzos de 1971) indicaban que Batlle era partidario (toda vez que su derrota electoral enterraba unos planes de pacificación para incorporar a los guerrilleros a la vida legal y cuyos términos nunca llegaron a conocerse) de impulsar grupos terroristas para combatir a los tupamaros.

Marenales explicó en la audiencia que, puesto que Batlle nunca desmintió la información de prensa que consignaba el contenido del documento diplomático estadounidense, se sintió en el derecho de inferir que era un "cerebro político" del Escuadrón. Y agregó: "Si esas afirmaciones son falsas, entonces no tendría inconveniente en pedir disculpas". El condicional de Marenales, que reclamaba implícitamente un desmentido formal de Batlle sobre los conceptos transcriptos por el embajador Adair, quedó flotando en el aire, pero no llegó a sacudir el ambiente porque fue eliminado con un pase de mosqueta: "Si es así, me doy por satisfecho", anunció, rápido, el ex líder de la Lista 15, dejando a los presentes con la duda de si había dicho lo que dijo, o si el embajador Adair había inventado su propuesta de crear escuadrones, que por cierto ya estaban operando.

La jueza Vera Barreto quitó de escena el asunto, preguntándole a Marenales si había tenido intención de ofender. El dirigente tupamaro explicó que no era su estilo agraviar a sus oponentes y entonces el abogado Barrera anunció que desistía de la denuncia. La jueza procedió a clausurar la audiencia y en el apuro ''olvidó'' darle la palabra al fiscal Luis Bajac, que bien podría haber reclamado una definición sobre la verdad o falsedad de las afirmaciones contenidas en el documento. La responsabilidad de Batlle y Sanguinetti en la conformación y ejecución del Escuadrón de la Muerte, sigue impune y en el olvido. A su vez, la denuncia de Marenales ha sido archivada y por ende, quedó sin efecto alguno; ''todos satisfechos''. 

Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado 

También en otra de nuestras publicaciones, ''Vayan pelando las chauchas 7: La Ley'' (11/11/10), tratamos la relación de Sanguinetti con la creación de la Ley de Caducidad, que brinda la impunidad a militares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Aquí solo se hará una pequeña reseña, por lo que si les interesa ampliar en el tema, los remitimos a la mencionada publicación.  

''Los militares de la salida, 'de buena fe', se sentían burlados. Habían entregado el poder en un acuerdo. Nadie les había prometido nada, pero tampoco se les había anunciado una amnistía a los tupamaros. Instalar ese tema en la negociación hubiera sido frustrarla. La amnistía hacia la guerrilla vino y entonces quedamos enfrentados a una dualidad moral: para los que quisieron derrumbar la democracia, perdón; para los que primero la defendieron y luego la secuestraron, paredón. Este doble juicio es moralmente muy fuerte'' (el entrecomillado en ''de buena fe'' es nuestro), ha declarado Sanguinetti. 

Esta posición del ex presidente uruguayo, ha sido criticada en reiteradas oportunidades por considerar que ''falsea la verdad'', equiparando por un lado el accionar de la guerrilla tupamara y por otro el terrorismo de Estado, en lo que se considera la versión uruguaya de la ''teoría de los dos demonios''. Además, la amnistía de los tupamaros no era necesaria ya que ellos habían pagado sus delitos durante el periodo de dictadura y sus crímenes, también muchos de lesa humanidad, ya se sabían públicamente. Es decir que, se elaboró una ley de impunidad para los tupamaros para tener la excusa perfecta para crear otra para militares y policías y de esta forma librarlos de la ''justicia''. Asimismo, Sanguinetti limpiaba su ''curriculum'' de dictadura al otorgarles la mencionada ley, logrando que aquellos acallaran posibles relaciones entre civiles y militares en acciones de terrorismo de estado conjuntas, como por ejemplo, el Escuadrón de la Muerte.    

Sacando de escena a Wilson Ferreira

El ''expediente Sanguinetti'' continúa engrosándose rápidamente. Para seguir: trampeó a Wilson Ferreira Aldunate (Partido Nacional), quien ya había sido parte de un fraude que también lo dejó fuera de la presidencia en 1971, con la complicidad de los generales de la dictadura metiéndolo preso y robandole así las elecciones de 1984, que según las estadísticas previas de la época, las ganaba el segundo.

''Casualmente'', Wilson Ferreira y su partido político (Partido Nacional) fue la única corriente política que no asistió al llamado Pacto del Club Naval, en el que se elaboró la estrategia para la elaboración de la Ley de Caducidad, entre otros temas tratados que, al parecer, nunca se revelarán. Por lo tanto, era necesario sacar de escena a Ferreira ya que si este hubiera sido electo presidente, seguramente la mencionada ley nunca hubiera existido. Fue así que Sanguinetti y los militares se unieron una vez más, apresándolo, como dijéramos y dejándolo fuera de carrera para la presidencia que a la postre ganara el mismísimo Sanguinetti; ''casualidades''. Al secreto Pacto del Club Naval, asistieron el Partido Colorado, el Frente Amplio (actual fuerza de gobierno) y la Unión Cívica. 

Radios y el ''Cangrejo Rojo''

Cuando era presidente de la República, Julio María Sanguinetti otorgó frecuencias de radio a su hijo Julio Luis; a la madre de un hijo del senador del Foro Batllista (el sector del Partido Colorado por él liderado) Wilson Sanabria; a su ex ministro de Turismo, Benito Stern y al evasor fiscal Aram Rupenian.

"Si no le decimos la verdad a la gente, horas difíciles van a venir para el futuro del país", ha reiterado Sanabria una y otra vez en sus audiciones radiales emitidas por varias frecuencias. Pues bien, aceptemos el desafío del senador y reiteremos una verdad a prueba de cualquier desmentido, documentos en mano, para comprender qué es lo que ha defendiendo realmente el cuestionado parlamentario forista. Y si de libertad de prensa se trata, veamos para qué la quieren.

- En 1999, poco antes de culminar su segundo mandato presidencial, Julio María Sanguinetti adjudicó decenas de nuevos permisos para operar frecuencias de radio, fundamentalmente en la banda de FM. Muchas de ellas terminaron en manos de personas indicadas por el entonces presidente del Directorio del Partido Nacional, Alberto Volonté. Tal el caso de las adjudicadas al periodista Néber Araujo, las que exactamente cinco años después pasaron a manos de una Iglesia Adventista. El favorecimiento a amigos y correligionarios se multiplicó en todo el país. Pero el departamento de Maldonado es un ejemplo de ese aprovechamiento inmoral del poder: Benito Stern, por entonces Ministro de Turismo y notorio dirigente nacional del Foro Batllista, integró junto a José Briano la empresa Ikunal S.A. a la que se adjudicó la frecuencia 93.5, cuyo nombre de fantasía fue Gorlero FM. Ubicada en un local de las Torres del Triángulo, la operaron duró apenas tres años y mucho antes de los cinco que marca la ley la vendieron a la familia Basso, propietarios de la montevideana Azul FM.

- Al mismo tiempo se otorgó la frecuencia 94.3 a Berch Rupenian, hermano de Aram, ambos licenciatarios (por aquella época) de la 94.5 en Montevideo, Concierto FM. Los Rupenian habían sido observados por lo menos dos veces por la ex Dirección de Comunicaciones por retransmitir Concierto FM de Montevideo en Punta del Este, empleando equipos no autorizados. Aún así se les premió con otra frecuencia para que pudieran realizar el duplex sin inconvenientes. Los Rupenian han sido propietarios además de Radio Independencia en AM, Radio Uno de Punta del Este y operan en sociedad otras FM en el interior. Tienen a su vez sociedad con los propietarios de la 89.5 Global FM y la 88.7 Milenium FM en Maldonado. Esto es un secreto a voces que ya fuera denunciado por el Partido por la Victoria del Pueblo en un extenso informe sobre quienes son propietarios de radios en este departamento, difundido en el programa Cable a Tierra que se emitía por la entonces Láser FM, hoy Global. Esta situación está en conocimiento de la URSEC, así lo señalaron a éste cronista dos inspectores del organismo, pero "son tantas las presiones políticas que nada se puede hacer al respecto", dijeron las fuentes.

Sin embargo hay un dato de la realidad que no podía ser desconocido por el ex presidente Sanguinetti. Aram Rupenian era socio de Ernesto Laguardia, ex secretario privado del entonces primer mandatario, de Pablo Boselli y de Bebo Bianchi, junto a otros. Estos dos últimos fueron procesados y presos después que la Justicia comprobara la falsificación de documentos públicos y la evasión fiscal. De acuerdo a declaraciones públicas de Bianchi, "el senador Sanabria se reunía permanentemente con Rupenian y Laguardia". En una sentencia de 1997, el juez penal de 4º turno José Balcaldi, estableció que "este grupo defraudó al Estado en una cifra estimada en cuatro millones de dólares", mediante una maniobra de tráfico de facturas para la organización de mega espectáculos. Pero la ''Justicia'' nada puede hacer en un caso de defraudación fiscal si no media denuncia de la  Dirección General Impositiva (DGI). Cosa que ocurrió con "las mojarritas" Boselli y Bianchi, pero no con "los tiburones" Laguardia, Sanguinetti, Aram Rupenian y Jorge Giachino. Cualquier funcionario del organismo estatal sabe que los sucesivos directores de la DGI, cajonearon el expediente hasta que llegó el contador Eduardo Zaidensztat, quien sí entrabó una determinante lucha contra estos personajes, excepto contra Sanguinetti, líder de su partido; más ''casualidades''.

Hoy, jaqueados por embargos varios y juicios civiles, los Rupenian se han insolventado aunque continúan controlando las emisoras de su propiedad a través de sociedades fantasmas. De acuerdo a la moda imperante de la "biblia junto al calefón" organizaron un par de fiestas de cumpleaños del intendente de Montevideo Mariano Arana, en acuerdo con el amigo de ambos Mario Arean. También pagaron 100 dólares por cabeza para almorzar con el actual presidente de la República, "Pepe" Mujica. Con ello, también se han ganado el ''respeto'' de la ''izquierda'' uruguaya. No hace muchos años fueron socios en FM del Plata de Miguel Sofía, un ''ultraderechista'' ex integrante del, oh ''casulidad'', del Escuadrón de la Muerte, actualmente propietario de varias emisoras y cuya esposa está por ganarle al Estado un juicio por varios centenares de millones de dólares por otra adjudicación, en este caso para TV Cable, en el departamento de Canelones. Así se han construido fortunas.

- Y ya que estamos, marchen otras para Sanabria. Si de fortunas hablamos, seguramente afortunada fue la señora Sandra Pérez San Martín, hija de un veterano periodista carolino. Primero conoció a Sanabria; después ocupó un cargo en el despacho senaturial de Hugo Fernández Faingold, ex embajador uruguayo en EE.UU.; después operó una representación de Adidas en el Paseo Real de Maldonado, cuando su distribuidor para Uruguay era el ex Forista y ex presidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Julio Kneit. En el medio la señora tuvo un hijo con el senador Sanabria, que nació el día de las elecciones de 1994. El 7 de agosto del año 2002, el diputado socialista Guillermo Chifflet cursó un pedido de informes al Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, con el que pretendía saber "la nómina de emisoras de AM y FM registradas en el país; el nombre de quienes figuran como concesionarios y fecha de las adjudicaciones y si se ha comprobado la nacionalidad de todos ellos, como indican las normas".

Fau habló el 9 de enero del 2003 y su respuesta no tiene desperdicios. De ese documento surge que la frecuencia 90.1 FM Gente fue adjudicada a la empresa Turul S.A, cuyos integrantes eran en 1999 Alexis Cadimar Silvera y Sandra Pérez San Martín. Esa frecuencia operó ilegalmente en Maldonado hasta el año 2003, ya que en principio había sido adjudicada a la ciudad de Piriápolis. Su presencia en la capital departamental provocó interferencias a varias emisoras locales, algo no permitido por la ley respectiva. Finalmente debieron trasladar los equipos a Pan de Azúcar, pero recién lo hicieron cuatro años después. Sandra Pérez se desempeñó durante tres años como gerente comercial de la radio, pero luego se retiro. Hoy la página web de la Ursec no dice nada respecto a un posible cambio en la sociedad adjudicataria.

Según fuentes familiares y documentación exhibida al cronista Carlos Peláez, Sanabria se asoció en 1995 a FM Aspen, cuyo director es Eduardo Lamaison. Además, según las mismas fuentes, el senador "tiene intereses en FM Milenium". A su vez, la FM News en la frecuencia 95.1, está a nombre del escribano Luis Malo y del contador Jorge De León Meneses, señalados por varias fuentes políticas coloradas como "testaferros de Sanabria". Finalmente la frecuencia 106. 5 Cadena del Mar, que transmite en simultáneo con FM Gente, figura como adjudicada a Roberto Fernández Graña y Gustavo Barceló, este último responsable de la campaña propagandística del senador para las internas de 1999. Pero no son pocas las fuentes que han establecido que al frente de Cadena del Mar, que posee otra frecuencia en Colonia, se encuentra Francisco Sanabria, hijo del parlamentario.

- Tres para el nene. En 1995 Sanguinetti otorgó tres frecuencias radiales a testaferrros de su hijo Julio Luis Sanguinetti, entonces integrante del Grupo Tres editor de revistas y libros. Se trataba de las frecuencias 97.9 de Montevideo; 102.5 de Punta del Este y la 90.9 de Colonia. Pero a mediados de 1999 fueron vendidas en 1.800.000 dólares al empresario Luis Calachi por el propio Julio Luis en una reunión realizada en la mismísima casa presidencial.

Ahora bien, el artículo 161 de la ley 17.060, "referida al uso indebido del poder público (corrupción)", configura el delito de "conjunción del interés personal y del público", establece: "El funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables). Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero". Cabe preguntarse después de ésto: Por qué Sanguinetti aún sigue libre y haciendo política con total impunidad?  

La ''pequeña'' lista de sus políticos

Esta lista nos muestra escuetamente, algunos de los de los políticos (o no) corruptos de la ''Era Sanguinetti'', que ampliaremos en futuras publicaciones: 

- Eduardo Ache: Ancap, compra de Sol Petroleo en la Argentina

- Milka Barbato: Corporación para el desarrollo

- Fernando Barboni: constructor estafo al BHU y a la DGI

- Elias Bluth: secretario privado de Sanguinetti, Miami

- Armando Da Silva Tavares: diputado Miami, preso

- Jorge Fernanadez Baubeta: Contenedores, Bluth, Marchesano

- José M. Ganduglia: estafa, intimo de Sanguinetti

- Mario Garbarino: Hotel Carrasco Marchesano Fernandez a Jorge Giachino

- Tabaré Hackenbruch: Intendente de Canelones

- Julio Kneit:  director del BHU, procesado fraude

- Laguardia: secretario de Sanguinetti, procesado

- Juan Carlos Lopez Mena: Buquebus

- Antonio Marchesano: carcel en shopping ,contenedores

- Ricardo Moll Gorlero: procesado Cangrejo Rojo, Sanguineti

- Ariel Moller: OSE

- Salomón Noachas: director BHU, procesado

- Juan Peirano Basso: quiebra fraudulenta Rijo

- Aram Rupenian: procesado, venta de facturas, fraude DGI

- Wilson Sanabria: senador, varias radios

- Jorge Sanguinetti: Ancap - Ministerio de Transporte

- Julio Luis Sanguinetti (el nene ): Cangrejo Rojo

- Benito Stern: intendente Maldonado, ministro procesado

Vayan pelando las chauchas 10: Jorge Batlle, el payaso

Jorge Batlle

Es difícil hablar del gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) cuando le tocó atravesar la peor crisis de la historia uruguaya, la que no dio tiempo a demasiada corrupción ya que había que sacar al país del ''pozo''. Dicha crisis venía forjándose desde los gobiernos anteriores: Lacalle (1990-1995) y Sanguinetti (1995-2000) y el equipo de Batlle fue el que lidió con ella, en algunos casos hasta satisfactoriamente. Así y todo podemos destacar algunos puntos acerca de su gestión. Antes de continuar, lo de ''payaso'' es por su actitud ridícula a la hora de hablar de muchos temas. Por ejemplo al ''señor presidente'' parecía no importarle en absoluto la crisis por la que se atravesaba, en palabras de él: ''We are fantastic'' solía decir, a pesar de que la situación no tenía nada de fantástica. Ejemplos como este podrían haber muchísimos más, pero no es nuestra intención detenernos en sus ridiculeces.  

El señor Batlle durante su gobierno, desquició con sus arranques e improvisaciones la política exterior uruguaya, intercambió insultos con Fidel Castro y rompió relaciones con Cuba; alejó al país de la región y debilitó la estrategia del Mercosur; no supo entenderse con Brasil; y ''asombró'' a ambas márgenes del Plata con reiterados episodios que rebajaron la relación oficial con la Argentina al mínimo nivel, situación que podríamos decir, se mantiene hasta el día de hoy. En este último caso, la frase más recordada fue: ''los argentinos son unos ladrones del primero al último'', la cual trató de reivindicar con llantos y pedidos de disculpa.

En la presente publicación nos referiremos a sus actuaciones en la última dictadura cívico-militar acaecida en nuestro país (1973-1985) y nos ocuparemos de dos de los puntos que más se pueden criticar de su gestión: cómo el estado (la sociedad uruguaya) costeaba a la Lista 15 (Partido Colorado), de la cual él era el principal representante; y las políticas noeliberales (como en los anteriores y posteriores gobiernos) tomadas en su gestión.   

Escuadrón de la muerte

Como ya habíamos dicho en nuestra publicación ''Vayan pelando las Chauchas 6: Los planes'' (11/11/10), el ex presidente Jorge Batlle habría participado de la formación del Escuadrón de la Muerte junto a otro ex presidente: Julio María Sanguinetti (''Vallan Pelando las chauchas 8: Sanguinetti, ''breve'' introducción'' [18/01/11]). Para ello reproducimos el texto que escribiéramos en aquel momento (con algunas modificaciones):

El dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Julio Marenales, aseguró que los ex presidentes de la República, Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti fueron "los cerebros políticos" del Escuadrón de la Muerte y Comando Caza Tupamaros. Sanguinetti "es uno de los cerebros de los estamentos reaccionarios de este país" y ministro de Educación y Cultura del gobierno de Jorge Pacheco Areco, por lo que "no fundamento, pero afirmo categóricamente" que era uno "de los cerebros políticos del Escuadrón" de la Muerte, dijo Marenales.

Los ex presidentes "eran los cerebros políticos", pero "generalmente los jefes no tienen directamente a cargo las cosas, hay otros. Los únicos que nos jugamos la piel como responsables fuimos nosotros, que íbamos al frente de combate. Los de arriba no van al frente de combate", expresó el dirigente sobre el final de la presidencia de Tabaré Vazquez. "Queda palabra contra palabra. No quiero demostrar nada ni que Sanguinetti vaya a la cárcel por ser el ideólogo de los escuadrones. No me interesa que vaya a la cárcel", pero "no fueron solamente los militares, sino que fue una acción político militar y estaban todos metidos, nadie ignoraba eso", señaló.

"Nadie hizo un documento con la orden: '-A estos responsables políticos, o adversarios políticos, ejecútenlos a todos', pero la CIA tiene documentos, y ahora hay un libro de Clara Aldrighi. Es asombroso como abren los archivos y se conocen cosas. La injerencia norteamericana en Uruguay, por ejemplo", continuó Marenales. La existencia de la organización paramilitar "me la confirmaron los propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Me dijeron que tuvieron que recurrir a mecanismos por fuera de las leyes porque los jueces estaban de nuestro lado", indicó.

Batlle, en una conferencia de prensa donde no se admitieron preguntas, anunció su determinación de denunciar a Marenales por difamación ante la justicia. La jueza Vera Barreto había fijado la primera audiencia para el martes 26 de agosto de 2008 y convocó a Marenales mediante un cedulón que fue entregado en la sede del MLN-T el jueves 21. La defensa del dirigente tupamaro advirtió a la magistrada que, debido al feriado del lunes 25, era imposible cumplir con el plazo "no menor de 48 horas" para la presentación de pruebas; la jueza desestimó modificar la fecha de la audiencia.

En medio de una considerable expectativa mediática, al comienzo de la audiencia la magistrada aceptó recibir la prueba en que se fundamentaba buena parte de la defensa. Se trataba de una fotocopia de un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, fechado el 2 de febrero de 1972 y que fue desclasificado a mediados de 2003. Dicho entre paréntesis, los informativos de la televisión privada y algunos programas radiales no registraron el detalle y refirieron simplemente a una publicación del semanario Búsqueda que adelantó, en 2003, algunos de los conceptos más sustanciales.

El documento, firmado por el entonces embajador de Estados Unidos en Uruguay, Charles Adair, sintetizaba una serie de entrevistas que funcionarios de la embajada habían mantenido con Batlle. Buena parte de las cuatro carillas rotuladas como "confidencial" fue dedicada al análisis del papel que jugarían Sanguinetti, Batlle y los miembros del mayoritario sector del Partido Colorado, Unidad y Reforma, en el gobierno del ''electo'' Juan María Bordaberry que se estrenaría un mes más tarde. El análisis consignaba que Batlle, quien deslizaba diferencias con Bordaberry, se proponía monopolizar la conducción de la economía del futuro gobierno, desde el ministerio y desde el Banco Central y el Banco República.

En el ítem dedicado al "terrorismo", el embajador Adair señalaba: "Como lo había hecho en anteriores conversaciones con nosotros, Batlle repitió que apoya atacar el problema terrorista con un nuevo, pequeño, secreto grupo que pelearía a los tupamaros en sus propios términos. Dijo que tal grupo tendría que ser establecido fuera de las autoridades legalmente constituidas".

Esos conceptos (que la defensa subrayó en tanto provenían de un muy influyente dirigente colorado, que no podía desconocer la significación de los atentados y asesinatos que la ''derecha'' venía cometiendo desde comienzos de 1971) indicaban que Batlle era partidario (toda vez que su derrota electoral enterraba unos planes de pacificación para incorporar a los guerrilleros a la vida legal y cuyos términos nunca llegaron a conocerse) de impulsar grupos terroristas para combatir a los tupamaros.

Marenales explicó en la audiencia que, puesto que Batlle nunca desmintió la información de prensa que consignaba el contenido del documento diplomático estadounidense, se sintió en el derecho de inferir que era un "cerebro político" del Escuadrón. Y agregó: "Si esas afirmaciones son falsas, entonces no tendría inconveniente en pedir disculpas". El condicional de Marenales, que reclamaba implícitamente un desmentido formal de Batlle sobre los conceptos transcriptos por el embajador Adair, quedó flotando en el aire, pero no llegó a sacudir el ambiente porque fue eliminado con un pase de mosqueta: "Si es así, me doy por satisfecho" (?), anunció, rápido, el ex líder de la Lista 15, dejando a los presentes con la duda de si había dicho lo que dijo, o si el embajador Adair había inventado su propuesta de crear escuadrones, que por cierto ya estaban operando.

La jueza Vera Barreto quitó de escena el asunto, preguntándole a Marenales si había tenido intención de ofender. El dirigente tupamaro explicó que no era su estilo agraviar a sus oponentes y entonces el abogado Barrera anunció que desistía de la denuncia. La jueza procedió a clausurar la audiencia y en el apuro ''olvidó'' darle la palabra al fiscal Luis Bajac, que bien podría haber reclamado una definición sobre la verdad o falsedad de las afirmaciones contenidas en el documento. La responsabilidad de Batlle y Sanguinetti en la conformación y ejecución del Escuadrón de la Muerte, sigue impune y en el olvido. A su vez, la denuncia de Marenales ha sido archivada y por ende, quedó sin efecto alguno; ''todos satisfechos''.


Lista 15: sustentada por los uruguayos

Cientos de cartas remitidas por el MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) fueron enviadas por una empresa privada de correos para invitar a un ciclo de conferencias organizado por la Lista 15 del Partido Colorado, que informó del acto a la prensa desde el fax Mintur, del Ministerio de Turismo. La invitación personalizada, convocaba a presenciar las charlas sobre "El Uruguay de los próximos 20 años una agenda creíble para el desarrollo económico", que se llevó a cabo el martes 14 de setiembre de 2004, en la Sala Teatro Movie Center del Montevideo Shopping Center. Los sobres incluyeron notas firmadas por los ministros Isaac Alfie (Economía), Martín Aguirrezabala (Ganadería), Pedro Bordaberry (Turismo), Gabriel Gurméndez (Transportes) y José Villar (Industria), que aparecían como conferencistas del ciclo organizado por la Lista 15.

"Nuestro país, la región y el mundo cambian todos los días. Lo que hace cinco o seis años eran preceptos indiscutidos hoy pasaron de moda por culpa de la revolución tecnológica y científica que vivimos. Ese cambio permanente provoca incertidumbre. La única forma de terminar con ella es estar pronto para tomar decisiones y tener la mayor cantidad de información posible", ''rezaba'' la nota. Un comunicado de prensa sobre el mismo acto proselitista llegó a la redacción del diario La República a las 03.28 PM del día 14 de setiembre, desde el teléfono 903 1601, fax identificado como perteneciente a Mintur, del Ministerio de Turismo, cuyo titular era otro de los conferencistas, Pedro Bordaberry.

La correspondencia, unas 600 cartas equivalentes a la cantidad de butacas de la sala del Movie Center, se enviaron a través de la empresa privada Mail Bag Ltda., ubicada en la calle Quirquincho 4787 y tenían adherido a los sobres una constancia de reembolso en la que figura como remitente la sigla MGAP.

Cuando La República se comunicó con el teléfono de Mail Bag Ltda, una secretaria explicó que las invitaciones efectivamente eran "para un acto político", pero cuando se señaló el detalle de que las cartas para un acto de la Lista 15 tenían como procedencia el MGAP, optó por transferir la llamada.

Ernesto Lopardo se presentó como titular de Mail Bag Ltda. y explicó que habían sido contratados por la firma Congresos & Reuniones exclusivamente para repartir las invitaciones. "Ellos nos pagan a nosotros y nos dijeron que pusiéramos las cartas a cargo del MGAP, a quien le cobran ellos", declaró.

El teléfono 916 0900 que figuraba en la tarjeta de invitación al acto de la Lista 15, pertenecía a la empresa Congresos & Reuniones, una firma que organiza actos y eventos, ubicada en la calle Cerrito 307, donde compartía domicilio con la agencia marítima Rohr, Doublestar Logistica, Afintel SA y Cargomar SA.

Congresos & Reuniones era dirigida en aquellos años por Gabriela Rohr Idiarte Borda de Shaw, esposa del por aquel entonces director de Turismo y Desarrollo de la Intendencia de Florida, Ricardo J. Shaw Urioste, según se dejaba constancia en el currículum inserto en la página web de la empresa, que no pudo ser ubicada por La República.

El currículum también incluía como referencias personales al propio ministro Martín Aguirrezabala, al director de Servicios Ganaderos del MGAP, Recaredo Ugarte, al director del INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Gonzalo Zorrilla de San Martín y al Director de Forestación del MGAP, Atilio Ligrone, entre otros ''importantes'' empresarios.

La República, siguiendo con su investigación, pudo conectarse con Natalia Delbono, una secretaria de Congresos & Reuniones, quien inicialmente reconoció una relación entre el MGAP y el acto de la Lista 15, pero cuando su interlocutor se identificó como periodista se limitó a un: "Yo no digo más nada. Esto es una cagada, hablando pronto y mal", dijo.

"Es un disparate. Ese es un ciclo de conferencia de la Lista 15. Lo que tiene que haber pasado es que como quien contrató a la empresa "Congresos & Reuniones" fui yo personalmente, se deben haber equivocado. Pero es una locura pensar que el que paga es el Ministerio", dijo Aguirrezabala, ex titular del MGAP, procurando ''justificarse''. 

La República, en medio de la investigación, recibió un llamado telefónico de quien se identificó como Mercedes Pheiff de Folle, socia de Gabriela Rohr en la empresa Congresos & Reuniones quien dijo haber sido telefoneada por el ministro Aguirrezabala. "Me llamó el ministro y me dijo que les explicara que la invitación no es del Ministerio de Ganadería sino que nos contrataron de la Lista 15. Fue un error de la gente que la repartió. A mí me contrató el grupo de la 15", insistió la empresaria quien pidió detener la publicación bajo amenaza de que "mucha gente podía salir mal si se publica esto". Con lo cual estamos viendo su contradicción al decir ''si se publica esto''. Qué es ''esto"? Nada más ni nada menos que la sociedad uruguaya sustentó este (quien sabe cuantos más) acto de un partido político, que como dijimos, el principal representante era el ex presidente Jorge Batlle. Éste, siendo presidente de la república, sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, pero al igual que con el Ecuadrón de la Muerte, prefirió callar, para otorgar?

Les dejamos a continuación los documentos que involucran al MGAP y al Mintur: 

Caso omiso al pueblo

En el año 2000, vía presupuesto se aprobaron los Artículos 612 y 613, que significó que las empresas públicas cotizaran en bolsa y en este caso era ANCEL (telefonía celular ''estatal'') el 40% del paquete accionario y además se hablaba del Holding de empresas de ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones), desligarla a nivel contable, que eso también quiere decir que se desligue a nivel funcional y que se lo pusiera a operar en el campo de la competencia, cuestión a la que la sociedad uruguaya ya se había expresado (por referéndum) como contraria. Se hizo toda una campaña en el año 2001, se presentaron las firmas en el año 2002 y Jorge Batlle dijo, cuasi burlándose del pueblo uruguayo: ''si la sociedad no quiere avanzar en comunicaciones nosotros dejamos tal cual es y esto sigue su curso''.

Las telecomunicaciones volvieron al marco normativo y en el marco jurídico constitucional con el tema del monopolio de las comunicaciones, pero monopolio en la letra, ya que en realidad en los hechos se dio una particularidad muy grande. En ese interín se otorgaron permisos para operadores internacionales  de comunicación, de llamadas internacionales y por otro lado salía el tema de la subasta de 5 lotes de telefonía celular.

Cambiando también el statu quo de la empresa que estaba trabajando aquí en Uruguay  (Movistar) y que operaba como un concesionario de ANTEL: la empresa pagaba por un arrendamiento y ese arrendamiento le otorgaba nada más que un derecho a explotar el espacio radioeléctrico, pero el espacio radioeléctrico era del Estado. Lo que se hizo a través del remate de la banda celular fue otorgar parte de la soberanía, parte de nuestro patrimonio, para la explotación de esos servicios durante 20 años. Es decir, que durante 20 años la propiedad del espacio de cierta banda celular pertenece a empresas multinacionales y no al Estado: dos segmentos son para Movistar y para el aquel entonces CTI, hoy Claro.

El tema está en el otorgamiento de las licencias, otorgamiento que se generó también en esa misma Ley de Presupuesto, la cual, no solo fue inconstitucional, sino que tampoco respetó el derecho de lo que fue la consulta ciudadana. A partir de allí, se generó lo que son las unidades reguladoras. La unidad reguladora lo que hizo fue abrir a la competencia y desmonopolizar el poco patrimonio que tenían (tienen) los uruguayos a nivel estatal. 

Fue así que se hizo el remate de la banda celular, se otorgaron dichas bandas y al día de hoy y a pesar de que la sociedad uruguaya votó lo contrario, buena parte de la telecomunicación ''nacional'' está privatizada. Esta fue la primera ''gran'' medida neoliberal del gobierno de Batlle. 

Adiós al principal ''tesoro''

Si bien su proyecto era hacer una ''revolución capitalista'', por la mencionada crisis, no lo puedo llevar a cabo en su totalidad. Sin embargo, siguió a rajatabla los ''consejos'' del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), para ''salir'' de la crisis. Esto provocó mayor endeudamiento del estado, que estaba en quiebra y por ende, mayor dependencia, no solo de estos organismos, sino del mercado. Fue así, que el Uruguay, que ya venía optando por políticas neoliberales, terminó de ingresar de forma definitiva a la globalización ''gracias'' al gobierno de Batlle. 

Fue así que en ''su'' gestión, se comenzó a vender el ''tesoro'' más preciado del Uruguay: la tierra. Diciéndole al pueblo que era parte de la recuperación económica del país el hecho de que Estados Unidos importara el 75 % de la carne bovina que se exportaba, se comenzó con una larga extanjerización de tierras (llega hasta hoy) y frigoríficos, quedando el sector de mayor ingreso de divisas para el país, en manos extranjeras. A partir de allí, todas las actividades relacionadas al agro comenzaron este proceso. Asimismo, no se decía el peligro que corría la economía del país, centrando su principal actividad económica en un único mercado, cuasi en una especie de libre comercio. Los resultados de estas políticas neoliberales relacionadas al agro e impulsadas durante el gobierno de Batlle y como dijimos, mantenidas y profundizadas por los gobiernos posteriores, las estamos viendo hoy: los precios de los alimentos están por las nubes y sin control alguno, porque dependen del mercado y para peor de males, las políticas en contra de las multinacionales del sector son nulas, con lo cual, no hay límite para la suba de dichos precios. 

Como si fuera poco con lo antedicho, esta situación conllevó a otra más grave: el despoblamiento del campo, con una nueva oleada de gente que llegó a la ciudad y que ha engrosado la franjas de pobreza urbana. Es decir que, además de un país más empobrecido, se fue gestando una población más empobrecida, la cual ya venía castigada por la crisis antedicha y a la que se le empeoró su situación (especialmente a la población rural) con estas medidas neoliberales.  

Esta es la ''herencia'' principal que nos ha dejado el pasaje de Batlle por la presidencia uruguaya: además de un endeudamiento enorme, una ''línea a seguir'', en la que el país se ha vendido al mercado, pero que perjudica (a pesar de que se dice lo contrario) a la mayor parte de la población. El gobierno de Batlle podría haber servido como punto de inflexión y cambio entre los anteriores y los posteriores, pero no fue más que el que terminó de introducirnos definitivamente a la globalización, tan perjudicial para la mayor parte de las sociedades del mundo.         

Algunos ''destacados'' de su gestión

De ellos hablaremos más adelante, aquí los mencionamos: 

- Juan Justo Amaro: director de OSE senador, procesado.

- Hugo Granucci: OSE, procesado por fraude.

- Cesar Rodrigues Batlle: BROU, Mi Granja, prescribió el delito.

- Carlos Rodríguez Landoni: director OSE, procesado.

Vayan pelando las chauchas 5: Los planes

Como dijimos desde un comienzo, la idea de este temario es apuntar a los gobiernos ''democráticos'' y no a la última dictadura cívico militar acaecida en Uruguay. En las anteriores publicaciones hablamos de cuatro de los dictadores más relevantes y en estas ultimas (sobre la dictadura) hablaremos de los planes u operaciones más llamativos que existieron durante el periodo. Sabemos que información hay mucha más sobre esta etapa, pero nuevamente, no es la intención detenernos aquí. Existe en internet, abundante material que refiere al tema y también una amplia bibliografía que puede ser consultada. A modo de ejemplo, Tiempos de Dicatadura de Virginia Martínez o Alto al Fuego de Nelson Candia y Alberto Silva, son dos de los libros más completos que se abocan a estudiar el periodo en su conjunto. 

¿Cual es el motivo por el que nunca han prosperado las investigaciones sobre la corrupción de la Dictadura civil-militar en Uruguay ? La relectura del libro de 1987 País Vaciado, dictadura y negociados, del economista Miguel Carrió (en su momento miembro de la Comisión de Banca y Financiamiento del Frente Amplio [partido de ''izquierda''] e integrante de la Comisión de Economía de la Central Sindical Uruguaya, el PIT-CNT), ayuda a comenzar a develar el misterio.

Esta falta de interés por los delitos económicos de la dictadura llama más la atención puesto que los militares están expresamente excluidos por la existencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En efecto, en el inciso b de su Artículo 2º, la ley que impide castigar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, aclara expresamente que no están comprendidos en esa impunidad : “Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un proyecto económico”. Es un hecho comprobado que aquí también la corrupción se hizo presente en la dictadura: “La corrupción acompañó al fascismo como dos caras de una misma moneda”, sintetiza Carrió.

En su libro, el investigador señala un punto clave para develar el misterioso silencio que rodea a los actos de corrupción cometidos en esos años : “La dictadura no solamente sirvió para llenar bolsillos militares, también los civiles que se adaptaron al modelo económico aplicado pudieron utilizarla en su beneficio”. El autor explica al respecto que “Hacia 1972 comienza a delinearse una nueva estrategia de política económica de liberalización y apertura externa, que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-77 elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Bordaberry, que contaba con el Contador Ricardo Zerbino como director y con el Contador Alberto Bensión como subdirector''.

En 1985 el presidente Julio María Sanguinetti designaría a Zerbino como su ministro de Economía y Finanzas, y en 2000 el presidente Jorge Batlle haría lo propio con el contador Bensión. Pero además, Carrió hace notar que “Bajo la dictadura las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las desempeñó la SEPLACODI, cuyo director, el general Pedro Aranco, tenía como segundo, pero manejando realmente las riendas, al contador Ariel Davrieux”. Vuelta la ''democracia'', Davrieux fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante las dos presidencias de Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y la de Jorge Batlle (2000-2005).

Operación conserva

Una de las más escandalosas componendas cívico militares de la dictadura, fue la llamada “Operación Conserva”, un contrato firmado en 1982 entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la dictadura y una empresa llamada Inversur Trading Company. Dicha operación se dividía en cuatro etapas: 1) La exportación a Argentina de carne vacuna uruguaya; 2) La elaboración de Corned Beef en Argentina; 3) La venta del Corned Beef;  4) La prestación de una serie de “servicios especiales” por parte de la empresa Inversur.

El representante de Inversur en las negociaciones era el señor José María Alori, uno de los ''zares'' de la industria frigorífica uruguaya. En la época, Alori integró los directorios de varios frigoríficos, entre los que se encontraba EFCSA (Establecimientos Frigoríficos del Cerro, S.A.), donde compartía la mesa del directorio con el luego diputado por el Partido Colorado (partido de ''derecha'') Edison Rijo (además abogado de la empresa y su representante ante el Instituto Nacional de Carnes). Alori también fue director del Frigorífico y Matadero Carrasco (FRIMACAR), del cual el luego vicepresidente de la República Enrique Tarigo (1985-1990) era entonces abogado y director. Pero además, junto a todos ellos se encontraba la señora Rosario Flores, la mismísima esposa del dictador Gregorio Álvarez.

Para que la operación se realizara era necesaria la aprobación del Instituto Nacional de Carnes (INAC), cuyo director era el mayor de la marina Armando Méndez. Tras estudiar el acuerdo, Méndez concluyó que el operativo era inconveniente, entre otras cosas porque “el precio final de adquisición del corned beef por el Estado, es superior al que actualmente se obtiene en la colocación”. La solución que encontró el dictador Álvarez para superar este inconveniente fue la inmediata destitución del director del INAC. Lo mismo le volvería a suceder a Méndez en 1992, cuando como director de Aduanas del gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional, 1990-1995), descubrió los lazos entre el ex presidente Julio María Sanguinetti y la mafia del contrabando.

Los beneficiados con esta Operación Conserva fueron obviamente los frigoríficos, que cotizaron el ganado a 850 dólares la tonelada, cuando el precio internacional de la carne manufacturada era de tan sólo 700. Los frigoríficos argentinos intervinientes en la operación pertenecían a un grupo estrechamente vinculado con el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, el general Ramón Camps. El convenio obligaba al estado uruguayo a pagar los costos de la operación y a comprar el producido. En su libro, Carrió explica que a consecuencia del Operativo Conserva “el ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quedó como feliz propietario de la partida de corned beef a un costo promedio de 22 dólares la caja, un 25 % por encima del precio internacional del producto, y con una deuda por 15 millones de dólares con el Bank of América'' (que había financiado la operación).

“Finalmente –continúa el autor- una parte de la conserva fue reexportada por Alori a 16 dólares la caja, perdiendo el Estado la diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pagó por la venta”. Una segunda parte de esa partida fue utilizada para la campaña electoral del último intendente municipal de la dictadura en el departamento de Montevideo, Juan Carlos Paysée (Partido Nacional), y el resto fue comprado por el frigorífico Lipena S.A, el que nunca las pagó. Por otra parte, los “servicios especiales” a los que hacía referencia el punto 4 del acuerdo, consistieron en una gestión ante el Bank of América para que otorgara a la dictadura un préstamo de 27.3 millones de dólares; previa compra por parte del Estado de su cartera de deudores incobrables, por un monto cercano a los 10 millones de dólares.

En el año 1985, el ministerio de Ganadería realizó una investigación administrativa sobre este operativo y concluyó que el estado uruguayo, es decir la sociedad, perdió más de 12 millones de dólares en el negocio, que se violó la ley de contabilidad y administración financiera, y que la empresa de Alori ganó casi 700 mil dólares más las comisiones que le pagó el INAC. A pesar de ello, el ministro Pedro Bonino (primera presidencia de Sanguinetti) ordenó la clausura y el archivo de las investigaciones. El caso nunca llegó a la justicia.

Una de las primeras tareas encaradas por la dictadura fue la eliminación del estatal Frigorífico Nacional, para poder proceder así a la liberalización de la industria frigorífica sin la molesta presencia de ese “ente testigo”. Junto con los ya mencionados políticos del Partido Colorado, al dictador Álvarez, al General Julio César Vadora y al represor argentino Ramón Camps, en los abundantes negociados realizados en el área participaron individuos como José Gavazzo, José Arab y Aníbal Gordon.

La historia comenzó en 1973, cuando el estado uruguayo decretó la intervención administrativa del frigorífico Comargen y sus colaterales debido a que se habían comprobado gruesas maniobras financieras, desvíos contables, defraudación fiscal, y deudas impositivas “monumentales”. Comargen era propiedad de Jorge Angelópulos, quien para evitar la prisión huyó hacia Buenos Aires. Hacia 1976 trabó relación con Aníbal Gordon (1) y entre ambos decidieron “mover sus influencias” para recuperar las empresas. Para comenzar las gestiones, Angelópolus y Gordon contrataron al afamado abogado penalista uruguayo Rodolfo Schurmann Pacheco.

Dos años después, el “trabajo” ya estaba hecho y las empresas fueron devueltas a Angelópolus, comprometiéndose el estado uruguayo a desistir de todos los juicios entablados y a levantar todos los embargos trabados contra él. Pero además, la dictadura devolvió a Angelópolus “toda la documentación perteneciente a las sociedades referenciadas, sus directores y accionistas, o demás personas involucradas”, es decir: devolvió al delincuente las pruebas de su delito. Una vez que Angelópolus recuperó el frigorífico Comargen, designó al entonces coronel José Gavazzo (2) como su Gerente de Planta, cargo que desempeñó hasta 1985.

Por su parte, José Arab (3) ingresó al negocio de la carne hacia 1982, año en el que fundó una distribuidora que comercializaba principalmente la carne faenada por Comargen. Según relata Carrió, “el turco Arab tenía métodos muy efectivos para ‘convencer’ a los carniceros de que compraran sus productos”, quien se negaba a hacerlo recibía en forma inmediata una inspección del INAC que infaltablemente encontraba irregularidades en el comercio. Este método de presión sigue siendo utilizado por dicha institución hasta el día de hoy, especialmente en fechas cercanas a la (re) habilitación de las carnicerías (cada cinco años). Anibal Gordon, que estuvo “exilado” en Uruguay durante un período en el que estuvo peleado con Ramón Camps por haber asesinado a dos de sus policías, figuraba hacia 1984 como asociado a la empresa Algecira, una distribuidora de carne del frigorífico Comargen para el departamento de Montevideo.

Fue precisamente el dictador Gregorio Álvarez quien solicitó al comandante en Jefe de la Armada uruguaya, el vicealmirante Hugo Ramón Márquez que protegiera a Gordon de Camps. En declaraciones a una publicación de la ciudad de Córdoba, en 1984 Gordon se jactaba así de su amistad con Álvarez: “¿Usted sabe que el presidente de Uruguay es padrino de confirmación de una de mis hijas? Bueno, Gregorio Álvarez me llamó y me dijo que fuera para allá, que él me protegería”. El represor y delincuente poseía además un carnet que lo acreditaba como oficial de la Armada uruguaya.

El libro de Miguel Carrió dedica un capítulo entero a contar las andanzas del vicealmirante Márquez y revela que la Armada uruguaya manejó durante años una cuenta secreta en el mismo banco en el que hacía sus depósitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank, sucursal Nueva York. Parte de esos dineros provenían del alquiler del superpetrolero R.O.U. Lavalleja, propiedad de la Armada a la estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Según la propaganda de la dictadura, la adquisición de esa nave “nos surte con una apreciable reducción en el precio de los fletes, que antes se pagaban a barcos de otras banderas”. Sin embargo, el petrolero propiedad de la Armada cobraba a ANCAP un flete muy superior al precio internacional. Resultó sí “un excelente negocio para la Armada a costa de ANCAP, aumentando el costo de los combustibles”, que por supuesto terminaba pagando el consumidor.

Según explicaban los mismos marinos, la Armada había abierto esa cuenta en el banco Riggs para ocultar sus ganancias al Ejército y la Fuerza Aérea, temerosa de que su dinero fuera a parar a Rentas Generales y terminara por no poder ser administrado por ella. Nunca se supo cual fue el destino de los intereses devengados por el millón de dólares depositados en el Riggs. En 1985, el senador José Germán Araújo (Frente Amplio) denunció estas maniobras ilícitas en el Parlamento, pero el asunto no pasó a mayores.

Peces gordos

Al igual que lo hizo con el Frigorífico Nacional, la dictadura comenzó sus tropelías en la industria de la pesca desmontando el ente estatal del ramo, las Industrias Loberas y Pesqueras del Estado (ILPE). Carrió explica que luego de quitado ese escollo, “La pesca atrajo la atención de capitales privados nacionales –sobre la base de créditos bancarios- y extranjeros, y significó una fuente de ocupación para ‘gestores’ nacionales, en particular vinculados al Partido Colorado”. Al respecto, señala que hacia 1983, el Instituto Nacional de Pesca tenía en bandeja de entrada tres proyectos de inversión para la explotación de túnidos. El pocos años después ministro del Interior del presidente Julio María Sanguinetti, Antonio Marchesano, figuraba en el directorio de dos de esas empresas. En el de la tercera aparecía el pachequista Marcial Bugallo.

Pero Carrió explica que “el político colorado de mayor trayectoria en la pesca bajo la dictadura fue el luego senador Eduardo Paz Aguirre, único director de Pescatlántica S.A.”. La empresa contaba supuestamente con el respaldo de ciertos capitales españoles, pero en los hechos compró sus barcos con un préstamo del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), con la garantía de los propios barcos y la ''solidaria'' Paz Aguirre. Pero además, Pescatlántica contrajo voluminosas deudas con los bancos Montevideo y Bafisud y con Provimex, una empresa propiedad del hermano del político colorado. Lamentablemente, Pescatlántica quebró y esos créditos pasaron a integrar las carteras incobrables que luego compraría el Estado uruguayo para poder vender esos bancos a capitales extranjeros.

El investigador señala que “ILPE fue objeto de un cuidadoso proceso de vaciamiento y mal manejo de sus fondos por parte de los mandos de la Marina. Los dos últimos buques de los que disponía la pesquera estatal fueron vendidos en 1983 a la empresa Bero S.A., cuyo principal era el Capitán de Navío Jacinto Avilés, que casualmente era también el encargado de viajar a Nueva York a realizar los depósitos del dinero negro de la Armada en el banco Riggs. La excusa para vender ambas naves fue que ya eran 'obsoletas'”. Sin embargo, el mes anterior a su venta se habían invertido 40 mil dólares en repuestos para ellas y de hecho siguieron operando durante varios años más para Bero S.A.

La banca

Hacia noviembre de 1984, como director de Bero S.A., el empresario Jacinto Avilés envió una carta a sus colegas pesqueros convocando a apoyar las candidaturas del vicealmirante Juan J. Zorrilla y Eduardo Paz Aguirre al Parlamento. “Así como apoyamos sin lugar a dudas la candidatura del ‘Lalo’ Paz Aguirre, por las mismas razones entiendo deberíamos, salvo tu mejor opinión, apoyar la del Almirante Zorrilla, que inferirá en forma destacada en el sector'', decía la carta y continuaba: “por las razones expuestas, desearíamos contar con tu decidido apoyo en esta ayuda a la Campaña Financiera del futuro Senador Zorrilla dentro de Unidad y Reforma del Partido Colorado, mirando desde el punto de vista, más de tener un amigo que pueda recoger rápidamente nuestras inquietudes en el Sector, que desde el punto de vista político''.

En 1981, al allanar el escritorio en Arezzo, Italia, del Gran Maestro de la Logia Masónica Propaganda Due (P2) Licio Gelli, quedaron al descubierto las conexiones entre dicha organización mafiosa y altas personalidades de la política, las finanzas, y la diplomacia internacionales. Entre los implicados en la densa trama de sobornos y lavado de dinero figuraba el el banquero Mario Ortolani, quien estaba instalado Uruguay desde 1970 y en 1981 era la eminencia gris del Banco Financiero Sudamericano (BAFISUD) desde su aparentemente modesto cargo de Sub Gerente General.

Junto a Ortolani, integraban el Consejo de Administración de BAFISUD representantes de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas del ambiente financiero y el propio Licio Gelli. Entre los uruguayos figuraban los Santayana, Julio Aznárez, la familia Strauch, y la familia Peirano Facio. Carrió explica en su libro que en ese año se desarrollaba una guerra no declarada por la sucesión del dictador Aparicio Méndez en la Presidencia de la República, entre los generales Luis Vicente Queirolo (quien tenía “negocios” con la logia P2”) y Gregorio Álvarez. Es precisamente esa relación de Queirolo con la para ese momento “desgraciada” organización mafiosa, lo que permitirá a Álvarez hacerse con el poder.

Una vez en la presidencia, el dictador Álvarez ordena la incautación de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli tenía en Montevideo. Entre ellos se encuentran tres carpetas rotuladas ''Massera, Emilio Eduardo”, el hombre de la logia en Argentina, represor, genocida, amigo y socio del vicealmirante Hugo Márquez. Hacia 1982, el BAFISUD ocupaba patrimonialmente el tercer lugar en el ''ranking'' bancario uruguayo, poseía una sucursal en la ciudad brasileña de San Pablo y en Argentina era propietario del Banco Continental.

En abierta infracción a la legislación uruguaya y en forma “relámpago” Ortolani contruyó un denso entramado de intereses industriales y comerciales en torno al banco, con el objetivo claro de vaciarlo en perjuicio de sus ahorristas. Se asocia con la empresa SAFEMA, que -presidida por el contador Luis Lecueder- canaliza hacia la inversión en la construcción en Punta del Este y Montevideo buena parte del dinero negro argentino. Carrió explica que la forma de actuar de Ortolani para concretar inversiones era detectar las empresas que podían ser de interés para el grupo mediante la auditoría de la multinacional Price Waterhouse (activa hasta el día de hoy en Uruguay) y si el informe era favorable, hacía una oferta para su adquisición.

Pero en esa misma fecha, en medio de la “guerra sucesoria” por el control de la logia P2 derivada de la quiebra del Banco Ambrosiano, Carmelo D’Amore inició un juicio contra BAFISUD acusando a Ortolani de malversación de fondos, uso indebido de depósitos y falsificación de firmas. Lo denunciado por D’Amore era verdad y ello provocó una corrida bancaria que fue solucionada por la dictadura vendiendo el BAFISUD al holandés NMB Bank por la suma de N$ 1.00 (nuevos pesos uruguayos uno) y comprándole luego su cartera pesada por 94 millones de dólares. El asesor de los holandeses en nuestro país era el luego diputado del Partido Colorado (lista 15) Alberto Brause Berreta.

Entre los deudores incobrables de BAFISUD figuraban entre otras las empresas Ambrois y Cía., Tem S.A., Atma S.A.; y los grupos Soler, Bakirgian, y Strauch. Este último, que estaba sindicado como estrechamente vinculado a la logia P2, tuvo un acelerado desarrollo basado en el crédito bancario durante la dictadura. Su estrategia era concentrar los bienes en manos de un integrante del grupo que no tuviera deudas, volviendo insolvente al resto. Así lo hizo con el BAFISUD y así lo volvería a hacer con el Banco Pan de Azúcar tiempo después. Esta última institución (que tras quebrar fue absorbida por el BROU) tenía iniciados más de 20 juicios contra este grupo, pero nunca pudo recuperar un centésimo debido a la carencia general de garantías de la que históricamente hacen gala los Strauch.

La misma operación de compraventa se repetiría con los bancos Panamericano, del Litoral, y Banfed, que también fueron vendidos en un nuevo peso al Banco Central de Madrid, al Banco Santander y al Banco Exterior de España, respectivamente. Luego de vender los bancos, el estado uruguayo pagó a sus nuevos dueños una suma superior a 300 millones de dólares por el ''privilegio'' de quedarse con sus carteras pesadas. Esta estrategia de compra de carteras incobrables de los bancos fundidos adrede fue idea del Citibank (activo también hasta el día de hoy en Uruguay), que ofreció a cambio de la venta de la suya un préstamo al gobierno central. De esta manera, la banca privada solucionaba sus problemas de la alta incobrabilidad de sus carteras y la dictadura obtenía nuevos préstamos externos para seguirse financiando.

La lista de delitos, corrupciones, sobornos y contubernios cometidos en tiempos de dictadura puede ser inabarcable. Los civiles y los militares que gobernaron el país a su antojo durante más de una década, lo tomaron con una deuda externa de 716 millones de dólares y lo devolvieron con una de 6.000 millones. Nadie investigó nunca en qué se usó ese dinero ni ninguno de los gobiernos posteriores puso reparo para que fuera pagado, ni si quiera los gobiernos de ''izquierda'' (desde 2005 hasta la fecha preside el ''izquierdista'' partido Frente Amplio) que tanto se han jactado de develar los secretos de la dictadura. Nadie comparó nunca la situación patrimonial de los oficiales de las Fuerzas Armadas en 1973 con la de 1985. ¿Llegará algún día la hora en que al fin se sancione “con todo el peso de la ley y el desprecio, a los que lograron prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus bolsillos de oro” durante la dictadura ? Nadie parece interesado en que así sea. Las pruebas, empero: están.

Notas

(1) El teniente coronel José Nino Gavazzo Pereira, fue jefe operativo del personal militar uruguayo que se desempeñó en Automotores Orletti. Comandó el secuestro, tortura y desaparición de 140 uruguayos en la Argentina; actuaba a cara descubierta, decía su nombre a los prisioneros y a veces les mostraba un encendedor de oro con sus iniciales que le regaló la CIA; encabezó el operativo de secuestro en Buenos Aires de la ciudadana uruguaya Sara Méndez en que le robaron el hijo Simón, de 20 días de edad.

(2) El mayor José Ricardo Arab Fernández (Alias: "El Turco", "305" o "La Bruja"), nació el 7 de febrero de 1941 e ingresó al Ejército el 1º de marzo de 1958 al Arma de Ingenieros. En 1967 es teniente primero en la Escuela Militar. Asciende a capitán en 1970. En 1971 sirve en el Batallón de Ingenieros N° 3 de Paso de los Toros. Con el grado de mayor, actúa en el Servicio de Información y Defensa (SID) en 1976. Participa de las operaciones de represión en Automotores Orletti en Buenos Aires y en el traslado ilegal de ciudadanos. El 9 de febrero de 1978 fue dado de baja y degradado, por “degenerado”.

(3) Aníbal Gordon fue un personaje impar de la represión en la Argentina. Su primera aparición ante la llamada "opinión pública" fue en el año 1971, cuando tenía un oficio más ''noble'' que el que luego terminó ejerciendo como asesino a sueldo de las dictaduras triunfantes: era ladrón de bancos y robó uno en San Carlos de Bariloche. Lugo se fugo, pero un año después fue preso y lo confinaron en Devoto. Por esos "misterios" insondables de la corrupción en la Argentina, Gordon fue uno de los beneficiarios de la amnistía dispuesta en 1973 por el gobierno de Héctor J. Cámpora, porque tenía acceso a la confección del listado de presos favorecidos por la amnistía, debido a que desde 1968, es decir antes del robo en Bariloche, ya era miembro activo de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Gordon participó en los secuestros, en las torturas y en los asesinatos ocurridos en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti, entre muchas otras cosas más.