''Ríos para la vida, no para la muerte!!!''

El pasado 14 de marzo se conmemoró con movilizaciones, manifiestos y acciones en varios países del mundo el Día Mundial Contra Represas, en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida, por parte de organizaciones de resistencia a proyectos de represas y sus consecuencias socio-ambientales.

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos realizó en varios puntos de los Estados Unidos Mexicanos movilizaciones y acciones, los cuales son repasados en este informe especial producido por Mónica Montalvo, del colectivo Hijos de la Tierra. Asimismo, el MAPDER región Chiapas emitió una comunicación en que demanda al gobierno de Enrique Peña Nieto la inmediata suspensión de los proyectos de presas, la liberación de los presos políticos en resistencia y el esclarecimiento de asesinatos a líderes de comunidades en resistencia.

''DEMANDAMOS AL GOBIERNO DE MÉXICO LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE PROYECTOS DE PRESAS

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

14 marzo 2014

A los medios de comunicación nacionales e internacionales y al pueblo en general:

El 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida, es la fecha durante la cual, las comunidades y organizaciones afectadas por proyectos de represas en el mundo salen a la calle a demandar justicia a sus gobiernos, a las compañías constructoras y productoras de electricidad y a la sociedad en general. Según la Organización de las Naciones Unidas, unas 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo. En nuestro estado, las represas que fueron construidas en nombre del supuesto 'desarrollo', solo trajeron, como en muchas otras partes, mayor marginación a cientos de comunidades que vivían de la pesca y la agricultura.

Desde 1997, fecha en la que se organizó el Primer Encuentro Internacional de Damnificados por las Represas (Curitiba, Brasil), hemos podido comprobar una y otra vez de manera sistemática, que los engaños con los que los gobiernos y compañías se apropian de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, siguen siendo los mismos. Además, es posible afirmar que en las comunidades, las tarifas de la electricidad son elevadísimas, mientras que grandes compañías reciben subsidios para no pagar. Vemos que el costo social y ambiental lo asumen los pueblos al tiempo que unos cuantos se enriquecen acaparando los bienes comunes y provocando daños a la gente y al medio ambiente.

En México, el Movimiento ha sido señalado en numerosas ocasiones de provocar la desestabilización. En los estados de Guerrero y Oaxaca, la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias federales y estatales han acusado a las organizaciones que acompañan a las comunidades de estar del lado de los países ricos. En Veracruz, nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz fue asesinado un día antes de comenzar el Encuentro Nacional del MAPDER, en agosto del año pasado. En Chiapas, el proyecto Chicoasén II está causando división en las comunidades debido a que el gobierno organizó una asamblea ejidal fraudulenta, acarreando campesinos de otras comunidades el 17 de noviembre de 2013 para que votaran a favor de la construcción.

En las regiones del Soconusco y Sierra, las autoridades federales han respondido con menosprecio a la declaración de territorios libres de minería y represas, llevada a cabo el 10 de diciembre del año pasado en la ciudad de Tapachula, Chiapas. La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Economía simplemente ignoraron la demanda de 47 comunidades de cancelar las represas y minas en esa región y se limitaron a contestar que están facultadas para autorizar dichos proyectos. Mientras, las familias afectadas por el llamado Tapón del Grijalva todavía esperan la indemnización por sus tierras y una vivienda digna que no se caiga a pedazos, como las casas que recibieron en la Ciudad Rural Nuevo San Juan de Grijalva. Y no sólo eso, cuando estas mismas familias salieron a las calles para manifestarse por la falta de justicia, hubieron detenidos que fueron trasladados a diferentes cárceles, como ha sido registrado en recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las amenazas, sobornos, órdenes de aprehensión y hasta asesinatos son el pan de cada día de quienes trabajan para proteger al medio ambiente y a sus familias.

Vemos pues que el desdén de las autoridades y compañías nos unen en la lucha por el respeto de nuestros derechos y del medio ambiente a escala local, regional e internacional. Es por esto que nos oponemos firmemente a las reformas estructurales aprobadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como al proyecto de reforma agraria que será analizado próximamente y todos los venideros. Estos cambios constitucionales traerán solamente más violaciones a los derechos humanos y más destrucción de nuestra madre tierra.

A pesar de este panorama, en todos los rincones del país se están haciendo sentir brotes de organización y resistencia de los pueblos originarios por rechazar estas amenazas a la vida. En el estado de Puebla, miles de campesinos se encuentran dando una lucha directa en contra de la construcción de los proyectos hidroeléctricos que pretenden imponer sobre el rio de Apulco, que nace en La Soledad, tierras Poblanas donde Carlos Slim pretende construir la mina de oro a cielo abierto más grande de América. También en Veracruz, las comunidades impulsan una dura lucha contra la instalación de represas en los ríos Pescados, La Antigua, Blanco, entre otros, realizando todo tipo de acciones pacíficas y de desobediencia civil, que a la fecha han logrado frenar en cierta forma la avalancha de represas de los 112 proyectos planeados, tan sólo para este estado.

La resistencia contra estos proyectos de muerte en todo el país ha sido peligrosa, debido a la impunidad con que operan empresas, gobierno y crimen organizado, pero también ha demostrado que es la única forma de bloquear proyectos millonarios y defender el medio ambiente y las comunidades.

Por todo lo anterior, en este día de lucha demandamos al gobierno de México la suspensión de todos los proyectos y concesiones hasta que las comunidades hayan sido consultadas, libre y previamente, así como el respeto a la voluntad de las mismas y a su derecho a la libre autodeterminación.

Atentamente

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Chiapas y Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático.

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

¡Libertad a los presos políticos del país!

¡Castigo a los asesinos de Noé Vázquez Ortiz, Bety Cariño, Bernardo Vázquez, Mariano Abarca y demás luchadores sociales!''

''Energía sucia de sangre de nuestros países''

Energía sucia, maquillaje verde, bajos salarios, inseguridad laboral, tercerización, monopolio, colonización, evasión fiscal, destrucción social y ambiental, corrupción, violación de derechos humanos. La transnacional española Iberdrola fue declarada culpable de estos y más crímenes por el Tribunal Popular instaurado en el centro antiguo de Bilbao este miércoles 30 de octubre.

Más de veinte testimonios de los crímenes cometidos por la Iberdrola de los hemisferios norte y sur compartieron sus acusaciones. En Brasil por ejemplo, la transnacional se presenta como Neoenergia y es parte del consorcio dueño de la controvertida de Belo Monte en el estado Pará y la represa de Foz do Iguazu en el de Paraná, entre otras del sector eléctrico, en la generación y distribución. También fueron realzadas acusaciones en contra de su participación en proyectos de energía eólica en Oaxaca en México, en la Isla de Creta en Grecia y en plantas de energía nuclear e hidroeléctrica en España. Además, trabajadores de la empresa denunciaron las pésimas condiciones de trabajo, incluyendo tercerización, jornadas extenuantes y persecución sindical.

Bajo la luz de las velas, en homenaje a los compañeros y compañeras asesinadas en la lucha contra las transnacionales, los manifestantes marcharon hasta la sede de Iberdrola, un gigantesco edificio que sobresale en la ciudad de Bilbao, y que costó al erario público de esta ciudad, unos 20 millones de euros. Un grupo de jóvenes encabezó la marcha con persecución al estilo brasileño.

“Iberdrola tiene deudas históricas con Brasil, México, Guatemala, Colombia y también con los compañeros aquí del País Vasco. Iberdrola hace propaganda de que produce energía limpia, pero en realidad produce energía sucia de sangre de nuestros países”, afirmó Leonardo Bauer, de la coordinación nacional del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) de Brasil.

Desplazad@s por Hidroituango

Mediante legislaciones que favorecen la apropiación de territorios por parte de empresas, públicas y privadas, constructoras de proyectos de represas hidroeléctricas, el Estado colombiano se convierte en promotor, así como el conflicto armado, de desplazamientos forzados a miles de familias rurales. Así lo explicó en el marco del V Encuentro de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua (Redlar), Favio Muñoz, antioqueño integrante del Movimiento Ríos Vivos y parte integrante de los afectados por Hidroituango, proyecto sobre el Río Cauca.

Favio indicó que más allá de las características de cada proyecto, los estados que los promueven, viabilizan y en algunos casos financian, son responsables por el desplazamiento de miles de familias que deben abandonar sus hábitats en algunos casos ancestrales, para dirigirse a los cinturones de pobreza de las ciudades metropolitanas. “Hay una clase de desplazamientos más callados, pero en el caso de muchas de las regiones de nuestra América se dan tanto antes como después de que esas represas se construyen. Son desplazamientos ambientales, donde la naturaleza que nos da todo es alterada y ya en muchos casos no podemos obtener algunas de las cosas que producíamos”. Citó como ejemplo la agricultura campesina, la pesca o la minería artesanales.

Esto hace que las comunidades pierdan la interacción con su ecosistema y es un nuevo motivo para el desplazamiento. “Esto hace que, por miedo y por incapacidad de seguir produciendo, la gente se salga”, indicó Favio en Retalteco, departamento del Petén, Guatemala, señalando que se trata de un modus operandi común a los proyectos en todo el continente.

Bomba contra líder de la resistencia

Sobre el mismo caso de Hidroituango, el Movimiento Ríos Vivos ha difundido un comunicado sobre la colocación de un artefacto explosivo en la vivienda de uno de sus referentes, Genaro Graciano, el pasado 17 de octubre. Genaro ha liderado en múltiples ocasiones marchas y protestas en contra de la construcción de Hidroituango tanto en el municipio de Ituango como en los demás municipios de la zona. Está incluido entre los 11 líderes que habían solicitado medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección pero no le hicieron el estudio de riesgo porque el analista no fue hasta dicho municipio.

Genaro Graciano de 49 años, su esposa Omaira Macías de 55 años y su pequeño hijo Víctor Manuel Manuel Graciano Macías de 10 años, además de una vecina Valentina Dorado de 14 años tienen heridas leves derivadas de los vidrios de las ventanas. Otras cinco casas del sector aledaño a la Institución Educativa Antonio José Araque resultaron averiadas, la más afectada fue la vivienda del líder del Movimiento Ríos Vivos, sostiene la información.

Desplazados del Quimbo

El caso colombiano del Quimbo en el Huila, es emblemático e ilustrativo de algo que había pasado inadvertido: la transnacional Enel no es lo que parece y dice ser. No está en realidad interesada en producir energía, sino en lucrarse con negocios financieros derivados de las construcción de la represa, tales como la venta de bonos de carbono o permisos de contaminación a otras empresas aún más contaminantes. Los campesinos/as del Quimbo se preguntaron entonces entre sorprendidos e indignados: Y para eso es que están destruyendo el Magdalena, nuestras tierras que son las más fértiles del Huila, nuestros proyectos de vida y de futuro de nuestros hijos? Si, así es. Todo eso se ha desmaterializado para convertirse primero en mercancía y después en esa abstracción de los bonos que se negocian en el mundo financiero. Como pasa en el universo de Don Quijote de Cervantes, donde el mago Frestón podía hacer que una cosa pareciera otra. 

A continuación les dejamos un pequeño video-documental con las palabras de los directamente afectados: los desplazados por el la hidroeléctrica Enel. 

* Mayor información en:

- http://quimbo.com.co

- http://defensaterritorios.wordpress.com

''Bienvenidos a Santa Cruz Barillas''

Culminó el pasado sábado 12 de octubre en Retalteco, caserío del municipio de Las Cruces en el departamento guatemalteco del Petén el V Encuentro de Redlar en el Petén, Guatemala, con líneas de acción concretas para los próximos tres años y la presencia de 18 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, propiamente dicho el Encuentro había iniciado ya el lunes 7 de octubre con la realización de una Misión de Solidaridad y Verificación de Violaciones a los DDHH por parte del Estado guatemalteco y la empresas española Hidralia SA, impulsora de construcción del proyecto Hydro Santa Cruz en Barillas, donde la criminalización, militarización y desconocimiento del resultado de las consultas comunitarias han sido la constante desde hace siete años, aunque agravándose hasta llegar a la declaratoria de un estado de sitio a escala municipal por parte del gobierno de Otto Pérez Molina en mayo de 2012.

Fue así que activistas de DDHH y ambientales, juristas y comunicadores/as de organizaciones de México, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos, Brasil, Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, El Salvador y Honduras recorrieron diversas ciudades del municipio de Santa Cruz Barillas (su cabecera y también los poblados de San Mateo y Santa Eulalia, que en los últimos meses han sido escenario del accionar de las fuerzas públicas estatales y aquellas contratadas en forma privada por la empresa, en desmedro de líderes, lideresas, autoridades comunitarias y diversos movimientos que señalan pacíficamente que dicha construcción no cuenta con el aval de las poblaciones.

En base a ese relevamiento se elaboró un Informe que será elevado a diversas instancias jurídicas y de la sociedad civil en materia de DDHH, así como fue presentado en una conferencia de prensa internacional el pasado lunes en el Foro Público “ENERGIA: Sus impactos sociales y ambientales en la época actual” que se realizó en la capital guatemalteca con convocatoria de CEIBA-Amigos de la Tierra.

Las imágenes que se ven más abajo muestran diversos momentos del desplazamiento de la Misión a las comunidades y las instancias de intercambio, relevamiento de testimonios de personas que han sido heridas de gravedad en el marco de represiones de la Policía Nacional Civil y personal de seguridad de Hidro Santa Cruz.

Varios de los líderes y lideresas de la resistencia a la empresa, ubicada en la locación conocida como “Poza Verde”, a orillas del río amenazado, participaron asimismo del V Encuentro de Redlar que ocurrió a unos 500 kilómetros al norte de la ciudad capital y que coincidió con la instalación de mesas de diálogo sobre el “caso Barillas” por parte del gobierno de Pérez Molina. Y asimismo participaron de la rueda de prensa del día lunes.

Las comunidades de ocho municipios involucrados en esta resistencia reclaman la inmediata clausura de las licencias otorgadas a Hidralia SA, el retiro total e incpondicional de la empresa, la devolución de las tierras compradas bajo engaño por la firma y la reparación moral, sanitaria y económica a la comunidad por los daños causado por esta trasnacional, entre otros aspectos de los cuales da cuenta el Informe Final de la Misión divulgado este lunes 14 de octubre.

Cancelación de Inambari

El gobierno peruano anunció el pasado lunes 13 de Mayo, después de una reunión con dirigentes y representantes de la provincia de Carabaya, la cancelación del proyecto hidroeléctrico de Inambari, en el sur de Perú. La extinción del proyecto fue publicada al día siguiente (martes 14) en el Diario Oficial El Peruano. El proyecto fue blanco de rechazos y manifestaciones de indígenas y organizaciones sociales de la región de Puno.

El anuncio de la cancelación de la concesión temporaria del proyecto Inambari a la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C (Egasur) fue divulgado en la tarde del pasado día lunes por Luis González Talledo, viceministro de Energía. De acuerdo con él, "no existe ningún procedimiento pendiente de evaluación del proyecto Inambari” en el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Además, reveló que las concesiones sólo se realizarán con el aval de la población en las consultas previas. "No se dará ninguna concesión temporal ni definitiva mientras no exista la Consulta Previa de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ninguna concesión se aprobará sin que el Convenio 169 ofrezca la garantía y que la consulta previa sea aceptada por la población”, declaró.

Mauricio Rodríguez, presidente regional de Puno, por su parte, afirmó que los habitantes de Carabaya concordaron con la resolución y destacó que el proyecto hidroeléctrico afectaría no sólo la seguridad y la vida en la región, sino que también interferiría en la carretera Interoceánica. "La Interoceánica pasa por donde quieren construir la hidroeléctrica, 100 kilómetros de la Interoceánica quedarían bajo el agua, allí hay tierras cultivables, biodiversidad, 10.000 habitantes”, dijo a la RPP.

La cancelación de Inambari no significó el fin de las movilizaciones y reivindicaciones de los habitantes de la región. Algunos habitantes de Carabaya recordaron que todavía existen demandas pendientes, como la descontaminación del Río Ramis y la prohibición de las concesiones mineras. Alfredo Tutacano, presidente del Comité de lucha del distrito de Ayapata, por ejemplo, recordó que casi el 90% del territorio del distrito de Corani está concedido a la minería.

La extinción del proyecto hidroeléctrico Inambari fue divulgada por el Ministerio de Energía y Minas al final de la tarde del lunes, después de una reunión con autoridades y representantes de Carabaya en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región de Puno. Las noticias dan cuenta de que cerca de seis mil manifestantes fueron a la ciudad a esperar el anuncio de la resolución.

Las movilizaciones contra el proyecto hidroeléctrico y las concesiones mineras se realizan desde hace más de un año en la región. El último día 7, después de una pausa por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, indígenas, campesinos y organizaciones sociales retomaron las manifestaciones y huelgas contra la construcción de la hidroeléctrica y las concesiones mineras y petrolíferas.

No l@s escuchan

Al cerrarse la Mesa de Diálogo entre los habitantes de Temacapulín, Estado de Jalisco, México, y las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, se anunció la continuación de las obras en El Zapotillo pese al rechazo de las comunidades y los reparos jurídicos a la represa.

El Director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, anunció el miércoles la continuación de la represa de El Zapotillo y la reubicación de tres poblaciones que serán inundadas: Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Las Mesas de Diálogo fueron instaladas en el mes de abril como resultado de las movilizaciones de la comunidad con acompañamiento del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

Sobre el mediodía del miércoles 1º de junio, un grupo de 15 personas se manifestaron frente a Casa Jalisco, en Guadalajara, solidarizándose con las comunidades que se oponen a la construcción de la represa. Alfredo Menchaca Romero, integrante del grupo Amigos de la Barranca, indicó en el lugar que solicitan al gobernador Emilio González que desista del proyecto de la represa El Zapotillo y se evite inundar los poblados mencionados.

La construcción de esta represa sobre el Río Verde, además de desplazar a la población que lo circunda, destruyendo sus modos de vida habituales, lo cual es lo más grave, destruiría el patrimonio histórico de la comunidad Temacapulín, de acuerdo con un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), elaborado a petición de los habitantes de los Altos de Jalisco. El dictamen señala que en cerca de 70 % del territorio de Temacapulín hay monumentos de valor histórico, entre ellos inmuebles que datan del siglo XVI, y sus habitantes tienen el derecho inalienable a conservarlos.

Ni el rotundo pronunciamiento de la comunidad en contra de la represa, ratificado recientemente en una consulta pública realizada en Temaca, ni los fallos judiciales que han declarado ilegales las obras al no contar con permisos sobre uso de suelo, han sido respetados por los promotores de esta obra.

Desde la comunidad, cansada ya de un diálogo de sordos con las autoridades, se anuncia que acudirán a instancias internacionales para que los amparen en su derecho a conservar su tierra y su patrimonio cultural. Así, han anunciado que iniciarán, junto a sus aliados internacionales, acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e instancias dentro del marco de la Organización de Naciones Unidas. Esperemos equivocarnos, pero si revisamos, sin demasiado detenimiento, nos percataremos que todos los organismos internacionales son cómplices, cuando no se ponen claramente a favor, de este tipo de emprendimientos (entre otros). 

''La batalla no está perdida''

Se viven días clave para el futuro de una de las principales reservas de agua dulce de América del Sur: la región patagónico-chilena de Aysén, donde empresas transnacionales buscan instalar varias represas hidroeléctricas a pesar del rechazo de las comunidades locales.

El denominado proyecto HidroAysén responde por estos días a la presentación de sus estudios de impacto ambiental, proceso que ha resultado fallido en varias oportunidades anteriores, por las objeciones planteadas por autoridades y organizaciones locales.

La información de parte de la empresa y de los organismos ''oficiales'' involucrados en el proyecto ha sido la gran ausente en los cuatro años transcurridos desde que se anunciara el mismo. De hecho el Consejo de Defensa de la Patagonia que agrupa a las organizaciones comunales y regionales opuestas al proyecto, definió esta semana como una movida “clandestina, incoherente con el discurso de transparencia que publicita la empresa” el ingreso del tercer addendum (apéndice al documento de impacto ambiental) de HidroAysén que no fue publicitado como indican los procedimientos.

Además de las comunidades afectadas directamente por el embalsamiento de ríos, se verán afectadas severamente aquellas por las que transitarían miles de kilómetros de tendidos eléctricos desde las presas hasta las ciudades y empresas extractivas del norte chileno que recibirán la energía.

Así lo explicó Marcia Álvarez, de la Agrupación Herederos de la Patagonia historió los cuatro años de lucha contra un proyecto que los amenaza. Marcia vive en la localidad de Cerro Castillo, de unos 400 habitantes y advierte que en cada localidad de la región de Aysén, por pequeña que sea, hay núcleos organizados de resistencia.

La referente también señala que en los cimientos de este megaproyecto se encuentra la corrupción: “hoy sabemos que existen funcionarios de gobierno que a la vez tienen acciones en las empresas que forman HidroAysén”.

El estudio de evaluación de impacto ambiental ha sido presentado en sucesivas oportunidades, “ha sido retocado, maquillado, da para pensar”, reflexionó Marcia. “La batalla no está perdida, no bajaremos los brazos así tan fácilmente, no les vamos a dejar así gratuitamente nuestra tierra a esos caballeros”, dice la dirigente desde Cerro Castillo.


Para mayor información sobre el tema, ver nuestra publicación ''Parecería que en este país los ríos tienen dueño'', en la que además del texto, habíamos adjuntado el documental Patagonia sin represas, en el que podrán observar la vida que se desarrolla actualmente en esta región del sur de Chile y lo que podría ocurrir con la instalación de las mencionadas represas.

''Se nos está tratando como a animales: todos nuestros derechos están siendo violados''

Ya hemos tratado este tema en tres publicaciones anteriores: Belo Monte otra vez en el tapete (10/02/10), De ''Belo'' no tiene nada (21/04/10) y  No queremos Belo Monte!!! (01/07/10), pero lamenteblemente tenemos que volver sobre él, ya que la situación sigue empeorando: los obreros ya han comenzado a despejar terrenos en la Amazonia brasileña para dejar paso a la polémica megapresa de Belo Monte.

A principios de semana, Norte Energia, la empresa constructora de la presa, envió a sus trabajadores al futuro lugar de la misma para comenzar la construcción de la infraestructura para el proyecto. Este hecho se produce tras la concesión, el pasado mes de enero, de un permiso de instalación parcial para la presa por parte de la agencia medioambiental del Gobierno brasileño. La licencia fue suspendida poco después de ser emitida, ya que un juez dictaminó que la presa no cumplía con los requisitos medioambientales. La semana pasada, increíblemente, un tribunal de mayor rango anuló dicha suspensión.

Si se construye, la presa de Belo Monte será la tercera más grande del mundo. Amenaza con dañar enormes extensiones de selva y reducir los bancos de peces en los ríos de los que miles de ''indígenas'' que habitan la zona dependen para vivir.

Los originarios de varias comunidades distintas se han manifestado en contra de la presa, advirtiendo de que, de ser construida, el río Xingú se convertirá en “un río de sangre” y que podría comenzar una “guerra”.

La semana pasada, tres líderes indígenas de la Amazonia se manifestaron en Londres frente a la sede del banco de desarrollo brasileño BNDES, fuente de financiación de una gran parte del proyecto. Sheyla Juruna, del pueblo Juruna de la región de Xingú, dijo sobre la presa de Belo Monte y otras presas en la Amazonia: “Las presas causarán daños culturales, sociales y medioambientales irreversibles. Al invertir en las presas, BNDES está invirtiendo en la destrucción de la Amazonia. Se nos está tratando como a animales: todos nuestros derechos están siendo violados”.

El mes pasado un grupo de indígenas entregó una petición firmada por medio millón de personas aproximadamente a la nueva presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en la que se la insta a poner fin a este desastroso proyecto.

El lunes 14 de marzo, originarios de la región del Xingú participarán en una gran expedición comunal de pesca como protesta contra Belo Monte. Hacen falta más permisos antes de que se pueda proceder a la construcción de la presa.

Hidroeléctrica en centro sísmico

En la cuenca del Río Sogamoso, en Colombia, donde se encuentra en proceso de construcción la represa Hidrosogamoso, se registraron en diciembre pasado destrucciones totales de carreteras y desplazamiento de comunidades. Pero lo peor, aún podría estar por venir.

Así lo han denunciado el Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso, la Red nacional de Afectados por Represas y Trasvases y la Red Latinoamericana de Acción contra las Represas (REDLAR), reclamando la inmediata suspensión de dicho megaproyecto antes de que la zona se vuelva inhabitable o peor aún: una trampa mortal.

Las organizaciones señalan que el proyecto en curso en territorio colombiano se encuentra ubicado en zonas de potencial sísmico y señalan que la experiencia internacional de siete décadas en este tipo de proyectos indica que los mismos aumentan la amenaza de actividades telúricas.

La represa Hidrosogamoso se está construyendo en “sitios inestables activos o potencialmente inestables, que constituirían un elemento de riesgo” para la vida de la gente que será afectada por la represa o que vive en lugares aledaños al proyecto. El mismo se ubica dentro una de las regiones sísmicamente activas de Colombia, a menos de 70 Km del sitio se encuentra el nido sísmico de Bucaramanga y además requiere excavar la friolera de 980.000 metros cúbicos.

Las acciones para lograr la cancelación definitiva del proyecto incluyen movilizaciones en el territorio afectado y la solicitud de remitir cartas a la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Beatríz Elena Uribe Botero.

En dicha misiva se establece que “de conformidad con el principio de precaución urge suspender las obras de Hidrosogamoso, pues el peligro inminente de daño grave e irreversible ya empezó a hacerse realidad, con los deslizamientos y destrozo de la vía Bucaramanga-Barrancabermeja”.

La nefasta historia de las represas construidas en regiones de actividad sísmica tiene su paradigma en Italia, concretamente en Vaiont, 100 km al norte de Venecia. En los años 50 del siglo pasado, al poco tiempo de iniciar el llenado del embalse, tuvieron lugar varios movimientos telúricos que provocaron derrumbes.

Tras una primera decisión de vaciar la represa que derivó en el cese de la actividad sísmica, la “experticia” empresaria se impuso y se reactivó el proyecto hasta que en 1963 se derrumbó una inmensa ladera sobre las aguas que provocó la formación de una gran ola que sesgó la vida de cerca de 2.600 personas que vivían aguas abajo.

Las organizaciones que se encuentran nucleadas en torno a las comunidades de la cuenca del Río Sogamoso manifiestan su rechazo ante “la temeridad de las empresas constructoras de represas, las cuales a pesar de usar tecnologías con los más altos estándares siguen poniendo en riesgo la sobrevivencia de comunidades aledañas”.

Denuncian asimismo que aquéllas “no cuentan con información clara y pertinente” de las autoridades “sobre la alta vulnerabilidad en que se encuentran por el desarrollo de la obra”.

Les dejamos a continuación el enlace (debido a problemas que desconocemos, no hemos conseguido colocar los videos [4 partes] en esta publicación) de un documental (2008) en el que, entre otras cosas, los habitantes de la zona hablan sobre la vida antes y después de la aparición del proyecto y los daños que éste provocaría de consumarse: http://www.youtube.com/watch?v=LDUE_GwDp5g.

''Parecería que en este país los ríos tengan dueño''

En el Chile de Piñera (presidente del país) retoman fuerza los megaproyectos de hidroeléctricas que ya llegan a la media docena. Pero también las movilizaciones de resistencia. Así lo describe Pamela Díaz integrante del Movimiento Ciudadano Patagonia Sin Represas que junto a otras organizaciones montó una movilización que llegó a siete regiones de Chile, desde Santiago hasta Coyhaique.

Desde dicha población de la XI Región de Aysén, en plena Patagonia chilena, Pamela encuadró las movilizaciones contra los megaproyectos que llevan adelante trasnacionales en el sur chileno dentro de la estrategia de la articulacion conocida como Consejo de Defensa de la Patagonia chilena. Señaló que con el advenimiento del empresario Sebastián Piñera como mandatario chileno los proyectos de privatización del agua y la energía han recobrado bríos, a pesar de que una reciente encuesta indica que un 57% de la población del país sudamericano los desaprueba.

Piñera, otras veces tan afecto a las encuestas, no parece preocupado esta vez: en una reciente reunión mantenida con directores de medios de comunicación, el mandatario declaró en relación a las megarepresas que “la pregunta no es si se van a hacer o no, sino cómo se van a hacer”. “Parecería que en este país los ríos tengan dueño y es una verdadera vergüenza”, señaló por su parte Pamela Díaz.

El arco de alianzas que dicen no a las hidroeléctricas en Patagonia es amplio: desde organizaciones ambientalistas, hasta centros educativos y clubes deportivos. Toda esa diversidad se vio plasmada, según Pamela Díaz, en la movilización del pasado fin de semana.

En el sitio en internet de Patagonia Sin Represas puede leerse la reflexión de quienes resisten estos megaproyectos sobre las alternativas que el Estado chileno debería explorar para resolver la demanda energética: “avanzar hacia un desarrollo energético sustentable en lo económico, social y ambiental en Chile, requiere un cambio del patrón convencional sesgado y una fuerte innovación en las tecnologías y combustibles tradicionalmente dominantes”, señala la organización y agrega: “esto requiere de un activo rol del Estado para su implementación”.

Sobre la posición adoptada por el gobierno a la hora de evaluar los proyectos que afectan al medioambiente, Pamela señala que al pronunciarse sobre la instalación de una planta termoeléctrica (Electro Austral) en las cercanías de una reserva marina en el norte del territorio chileno, los personeros gubernamentales llegaron a cuestionar que la misma afectara en algo la vida de la fauna acuática cuando la planta vertiera sus efluentes a dicha reserva. Negar la realidad parece ser la táctica de La Moneda, sede gubernamental trasandina.

Ante el rechazo comunitario y las denuncias hechas públicas, finalmente se resolvió suspender el proyecto, pero de no mediar el accionar civil este megaproyecto, como muchos otros en Chile hubiera seguido adelante.

Pamela señala finalmente que las movilizaciones seguirán, alentadas por el importante y diverso respaldo cosechado en las jornadas de protesta del pasado fin de semana.

A continuación les entregamos el documental ''Patagonia sin Represas'', que es del año pasado, pero que nos servirá para entender el porqué no a las represas hidroeléctricas y como contrapartida, el porqué sí a al medio ambiente de la Patagonia y su biodiversidad y en favor de las sociedades que la habitan hace ya muchos años. 

No a El Diquís

En Costa Rica, el proyecto hidroeléctrico El Diquís, que sería el más grande de América Central, está generando la oposición de amplios sectores, que alertan por sus impactos ambientales y el desplazamiento de comunidades. Además, estudiantes de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad estadounidense de Texas, en Austin, demostraron a través de un estudio realizado en 2010, que este megaproyecto ha provocado violaciones a los Derechos Humanos, y todas las miradas apuntan al Estado de Costa Rica y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Esta empresa estatal es la responsable de la mayor parte de la generación de electricidad del país, y es también la principal impulsora de la planta hidroeléctrica El Diquís, que generará 650 megavatios y que, según se estima, inundará el 10% del territorio indígena Terraba, ubicado al sur de Costa Rica y habitado por el pueblo Teribe.

El proyecto dejará bajo el agua a sitios de importancia espiritual y cultural, y desplazará a cientos de familias. Y los planes no parecen apuntar a cubrir la demanda nacional: Costa Rica ya tiene una cobertura eléctrica del 99% de su territorio, pero de todas formas los planes de “generación Estratégica de Electricidad” pretenden duplicar la producción energética para el 2021.

Las organizaciones indígenas y ambientales que se oponen al proyecto cuestionan el verdadero destino de esta energía. La directora sectorial de energía del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), Gloria Villa, admitió que no está descartada la exportación a países vecinos.

Por su parte, la Clínica de Derechos Humanos responsabiliza a Costa Rica por no incluir a los indígenas de Teribe en el proceso de toma de decisiones que desembocó en el proyecto El Diquís, y por no obtener un consentimiento "libre, previo e informado" tal como lo exigen las normas internacionales a las que suscribió el país centroamericano, según lo expresado por Eva Hershaw.

En el informe, dado a conocer simultáneamente en San José y en Austin, Texas, la Clínica de Derechos Humanos indica que mientras el ICE argumenta que simplemente se encuentra realizando estudios de factibilidad y de impacto ambiental, en la comunidad es posible observar diariamente convoyes de maquinaria pesada, con la insignia del ICE, trabajando para ensanchar caminos de tierra y realizando otras obras como la voladura de montañas con dinamita.

La Clínica de Derechos Humanos cuestiona al ICE porque éste insiste en que sólo está realizando estudios y pretende realizar una consulta con la comunidad, en algún tiempo futuro que nunca define. ”Posponer el consentimiento es equivalente a negar al pueblo Teribe su derecho a ser consultado y a dar su consentimiento libre, previo e informado con relación a proyectos de gran envergadura como El Diquis”, de acuerdo a lo denunciado por Isabel Rivera Navas, de la Asociación Mano de Tigre de Terraba, quien participó de la presentación del informe.

Hablando en la misma lengua

La hidroenergía y su saldo de desplazamientos, privatización y ruptura de ecosistemas es aún competitiva solamente porque los costos sociales y medioambientales no entran en los cálculos de las corporaciones que hacen de la construcción de represas un negocio. Y ese precisamente puede ser su eslabón más débil, explica el Prof. Carlos Vainer.

La lucha contra los megaproyectos que privatizan los bienes naturales se ha convertido en la actualidad en una especie de guerra de posiciones entre los movimientos sociales y organizaciones aliadas y el gran capital. En ese sentido, ¿quién va a la delantera? Dicha pregunta, en el marco del 3er Encuentro Internacional de Afectad@s por Represas que tuvo lugar a comienzos del mes de octubre en Temacapulín, Estado de Jalisco, México, fue formulada a un especialista, el brasileño Carlos Vainer.

El Profesor Vainer es Coordinador del Laboratorio Estado, Trabajo, Territorio y Naturaleza de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil), un instituto que precisamente monitorea el devenir de estos procesos desde una perspectiva académica, pero también comprometida y activista. Vainer viajó a Temaca como asesor del Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por su sigla en portugués) de Brasil, el mayor movimiento de este tipo en Latinoamérica y probablemente del mundo entero.

“La respuesta no es la más optimista que me gustaría dar”, comienza diciendo Vainer. “Creo que vamos perdiendo, todavía no conseguimos crear un movimiento internacional suficientemente fuerte como para parar la construcción de represas”, añade. A su juicio la transformación del agua en una mercancía pasó de ser mediada por las empresas estatales en ser un producto cada vez más privado.

“La buena noticia es que la resistencia crece”, complementa el investigador carioca, marcando la creciente convocatoria de los Encuentros Internacionales de Afectados, desde una primera instancia, en Curitiba, Brasil (1997) en que en Latinoamérica prácticamente no existían movimientos articulados de resistencia, hasta la cita mexicana en que casi sin excepción se hicieron presentes uno o varios movimientos por país.

Hablar de la “guerra del agua” se ha transformado en un lugar común. Sin embargo, ¿cuánto falta para que de esa metáfora se pase a los hechos? O de otra manera: ¿cuánto resta para que existan intervenciones militares directas de países centrales en los grandes reservorios de este recurso en el sur del planeta, caso emblemático la Amazonia? “Veo hoy guerrillas del agua con conflictos y procesos localizados en varios lugares... que aún no hemos sido capaces de transformar en una guerra global del agua”, reflexiona Carlos Vainer al señalar que las burguesías locales han demostrado ser buenas aliadas del capital trasnacional que se ha apropiado crecientemente de ese recurso “sin necesidad de invasiones”.

“Si algo podemos sacar en limpio de este encuentro es que cuando se encuentra un campesino de Ecuador y un indígena de Filipinas y se encuentran ambos en resistencia... hablan la misma lengua”, dice Vainer para quien se aproxima el momento de “una lucha de clases a nivel internacional”.

Incluso desde la perspectiva crítica al proceso de privatización del agua y los energéticos se escuchan voces que hablan de una cuestión de tiempo. Según estas opiniones, el problema radica en una cuestión tecnológica, que se superará al modificarse la matríz energética. Vainer discrepa con este concepto: “las cuestiones tecnológicas forman parte de la lucha de clases”, insiste y se remonta al proceso de destrucción de máquinas desde la Revolución Industrial en Gran Bretaña. “La tecnología es un modo de lucha que se utiliza muchas veces para debilitar a los movimientos sociales en resistencia”.

A juicio de este investigador del Brasil, la energía eléctrica en base a represas como hasta el momento se conoce, es rentable únicamente porque por fuera de las cuentas de estos proyectos quedan los costes sociales y naturales. “Hoy la hidroenergía es un ’buen negocio’ porque los costos sociales y ambientales no son computados”, sostiene.

Furnas promete pero no cumple

Represa Furnas

Todos los 14 de marzo se conmemora el “Día internacional de acción contra las represas y por los ríos, el agua y la vida”, aunque en países como Brasil las protestas se adelantaron algunos días. Esta semana hubo movilizaciones de afectados por represas hidroeléctricas en los estados de Mato Grosso y Rondônia. El lunes unos 800 agricultores afectados ocuparon la presa de Manso, en Mato Grosso, para reclamar el cumplimiento de compromisos asumidos en 2005 por la energética estatal Furnas, encargada de su administración.

Uno de los damnificados, Paulo Pereira Fernandes, explicó que la empresa compró hasta el momento solamente el 40% de las tierras necesarias para el reasentamiento de las 780 familias afectadas por su instalación, cifra que ha reconocido la propia Furnas. “Estamos cansados de esperar. Hasta que Furnas no cumpla con lo acordado permaneceremos en la represa”, afirmó Pereira Fernandes, según consta en el portal de Internet del Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués).

La promesa de comprar tierras para la totalidad de las familias desplazadas por la usina Manso, en su mayoría pequeños productores rurales, fue realizada hace tres años por las autoridades gubernamentales. Pero ahora, además del reasentamiento, la población afectada reclama proyectos alternativos de desarrollo económico y asistencia técnico-financiera para retomar la producción. Furnas había asumido el compromiso de comprar 22 mil hectáreas de tierras para las 780 familias, pero hasta el momento sólo ha adquirido unas ocho mil, de acuerdo a la información que maneja la prensa de Mato Grosso.

Por otra parte, en las últimas horas también se puso en tela de juicio, por enésima vez, uno de los proyectos hidroeléctricos más resistidos de Brasil: el complejo sobre el río Madeira. En el marco de las diversas acciones por el Día Internacional de la Mujer, unas 200 representantes del MAB y la Vía Campesina bloquearon durante algunas horas el acceso a las obras de la usina Santo Antônio, que integra el complejo ubicado cerca de Porto Velho, capital de Rondônia. “Centenares de funcionarios de la empresa constructora Odebrecht fueron impedidos de entrar”, señala el comunicado que se divulgó después de la acción.