Para Bono: ''Deja de aplaudir imbécil''

Al parecer Bono, el nefasto cantante de la banda musical U2 e ícono de las “celebridades humanitarias”, ha comprobado que la filantropía puede ser un negocio altamente redituable. ONE, la fundación que encabeza este músico, maneja extrañamente sus finanzas: de acuerdo a los números esta organización filantrópica recibe ochenta veces más dinero del que canaliza a las causas sociales que supuestamente apoya. 

Durante 2008, ONE obtuvo $14,993,873 de los cuales sólo $184,732 fueron distribuidos entre los proyectos de caridad que dicen apoyar, mientras que más de ocho millones de dólares se utilizaron en sueldos de empleados y ejecutivos. Esto quiere decir que sólo el 1.23% de los fondos que recibió la fundación se utilizaron para lo que realmente debieran de destinarse. 

Curiosamente, mientras esto ocurre, Bono busca que toda la atención se centre en sus vistosas exigencias para que el gobierno de Barack Obama concrete la donación de $6 mil millones de dólares para combatir enfermedades en África. En 2010 fue ampliamente criticado en Nueva York, tras regalar a una multitud de periodistas un opulento obsequio: una caja de sofisticado diseño que contenía una botella de agua estilizada y bolsas de café de Starbucks con un valor de $15 dólares, además de lujosas galletitas. Pero también se incluía en la caja un documento informando que la mayoría de los niños africanos viven con $1.25 dólares al día. Tal vez nadie le avisó a Bono que una sola de las galletitas que incluía su fastuoso regalo a la prensa, valía más que la despensa diaria de un niño africano. 

Una popular anécdota en torno a la poco genuina generosidad de este ''ícono'' musical, refiere a un concierto de U2 durante el cual este ''héroe'' fallido alienta al público a aplaudir. Una vez que el foro completo esta aplaudiendo al unísono, Bono grita “Cada vez que aplaudo un niño de África muere”. De pronto, y antes de que los fanáticos pudiesen reaccionar celebrando el discurso de su ídolo, se escucha una voz que grita “Entonces deja de aplaudir imbécil”. Más allá del carácter cómico de esta historia, lo cierto es que refleja en buena medida el contradictorio alarde del irlandés en torno a su discurso y sus acciones. 

En otra extraña manifestación de su bipolaridad, resulta que Bono se ha autovangloriado por el rol político que ha desempeñado en su natal Irlanda, donde supuestamente ha contribuido ha promover alianzas políticas y mitigar la histórica violencia interreligiosa. Además, ha incentivado a que el gobierno de este país realice cuantiosas donaciones a otra iniciativa de la cual es portavoz, Millenium Development. Pero simultáneamente mueve la operación financiera de su banda a Holanda, para así evitar el estricto régimen fiscal irlandés, un gesto de diplomática evasión y desinterés por contribuir con la economía local, y así acumular mayores ganancias no obstante que su banda es uno de los proyectos musicales más rentables de las últimas décadas. 

Pero esta no es la primera vez que Bono recurre a prácticas cuestionables, un desfasado complemento a su mesiánico discurso de celebridad salvadora. Por ejemplo, el haberse pronunciado públicamente en contra de la descarga libre de música en internet a petición de las grandes disqueras, o el hecho de que su marca de ropa para incentivar la producción en África sea manufacturada en China. También podemos agregar que a pesar de su ya famoso discurso ecologista, Bono, al igual que otras celebridades humanitarias, generan mayor contaminación con sus lujosos estilos de vida que miles de miembros de la sociedad civil juntos. Por cierto, recientemente se denunció que Bono se asocia con Monsanto y el G8, para impulsar cultivos de alimentos genéticamente modificados en África.  

Marca de ropa, otra farsa...

Hace 8 años Bono y su esposa fundaron una compañía de de ropa con el slogan de “Made in África” y asegurándose de que todos supieran que la misión de la empresa era ayudar a la región subsahariana de África (la más empobrecida), fomentaron la industria manufacturera. Ahora la companía Edun elabora sus prendas, casi al 100%, en China. Sin embargo, en su página web todavía se menciona el proyecto de Made in África y se maneja el discurso de “fashion ético” y “fashion verde”. ¿Utiliza Bono la retórica filantrópica para beneficiarse? ¿Es este individuo no sólo irritante, también un farsante?

La decisión de mover la prouducción a China vino después de que al invertir 20 millones de dólares, que perfectamente podría haber invertido en las causas que tanto defiende, Bono y su esposa se enfrentaran a los problemas de “obtener un producto de calidad” y “cumplir con los tiempos”. Lo que básicamente suena como decir que ya que la producción en África es ''incompetente'' (según su criterio) y que finalmente lo que realmente les interesa es ganar dinero, mueven sus operaciones a China, donde la mano de obra es barata y efectiva. Claro que Edun todavia promete construir en África colegios, hospitales y un largo etcétera de mentiras, con las ganancias que ahora son mucho mayores a costillas del pueblo chino.

Conclusión

¿Pero cuáles podrían ser las causas que motivan este comportamiento de Bono?. ¿Es realmente este personaje de la farándula un ''Lord'' malvado que encarna sombrías causas emitidas desde los más altos niveles de poder? ¿Habrá inocentemente confundido el papel del mítico heroe Robin Hood quien tomaba de los ''ricos'' para dar a los ''pobres'', y ahora se dedica a tomar de los ''ricos'' y los ''pobres'' para el hacerse aún más rico? ¿O más bien se trata, simplemente de un sociópata afectado por un ego todavía mayor a la huella de carbono que deja su pretencioso lifestyle? 

Ni hablar, lo único que nos queda claro es que cuando Bono aplaude, un niño en África muere. 

Derecho a una vida digna y a no ser discriminad@s

El Centro Europeo para los Derechos de los Romaníes (ERRC, por sus siglas en inglés) es una organización internacional que trabaja para combatir el racismo y la violación de los derechos humanos de la población romaní (Gitanos). Su labor consiste en vigilar la situación de estas comunidades, además de realizar investigación y desarrollar trabajo político, de defensa y educación en derechos humanos. Dezideriu Gergely, es el presidente de ERRC y en entrevista habló acerca de la situación de los romaníes en Francia (que son mayoritariamente comunidades rumanas y húngaras). Gergely afirmó que, a pesar del cambio de gobierno, la población romaní continúa siendo desalojada.

Si bien el presidente francés François Hollande había prometido “no desalojar a familias romaníes sin buscar soluciones alternativas”, las políticas públicas y el discurso sobre la comunidad romaní siguen siendo los mismos. Con respecto a esto, Gergely dijo que Francia está violando los derechos humanos consagrados y promovidos por la Unión Europea (UE). De hecho, en 2011, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sostuvo que la política francesa de tolerancia cero hacia la población romaní de Europa del Este que vive en campamentos ''ilegales'' constituye una violación a la Carta Social Europea.

El presidente de ERRC explicó que los políticos están persiguiendo a una comunidad, a un grupo de personas sobre la base de su origen étnico, y quieren enviarlos de regreso a su país en virtud de ese motivo. “El modo en que los gobiernos expulsan a los romaníes de Rumania y Francia para que regresen a sus países de origen constituye una violación al derecho a una vida digna, y al derecho a no ser discriminados”.

Gergely recordó que la población romaní son ciudadanos europeos y que, como tales, deberían gozar de los mismos derechos a la libertad de movimiento que los demás ciudadanos, en referencia a los valores que comparten los estados de la UE. En ese sentido, los estados deben tomar medidas contra la discriminación que sufren los romaníes.

Con respectó a la inclusión de Rumania y Bulgaria en el Espacio Schengen, programada para enero de 2014, Gergely sostuvo que actualmente hay mucha retórica al respecto por parte de “grupos nacionalistas contra la inmigración en varios países europeos”, que están muy preocupados por lo que sucederá a partir de enero. El Espacio Schengen se basa en el Tratado Schengen, ciudad luxemburguesa, de 1985.  Representa un territorio donde está garantizada la libre circulación de las personas. Los estados que firmaron el Tratado han suprimido todas las fronteras interiores y en su lugar han establecido una única frontera exterior. Dentro de esa frontera se aplican procedimientos y normas comunes en lo referente a los visados para estancias cortas, las solicitudes de asilo y los controles fronterizos.

Los integrantes del Espacio Schengen son Italia, España, Portugal, Grecia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y Suiza. Bulgaria, Chipre y Rumania que aún no son miembros de pleno derecho. Los controles fronterizos entre estos países y el Espacio Schengen se mantendrán hasta que el Consejo de la UE determine que se cumplen las condiciones para suprimirlos.

Gergely lamentó y responsabilizó en parte por los hechos de discriminación a cierta visión generalizada que considera que los romaníes deben permanecer en sus países de origen. Sin embargo, a pesar de que algunos países, como Italia, tienen políticas claramente contrarias a la inmigración romaní, otros países, como España, logran integrarlos a la comunidad y les brindan soluciones de vivienda. Gergely afirmó que es preciso presionar a los estados para que integren y mejoren la situación de los romaníes: “Necesitamos medidas sustentables de largo plazo”.

Para culminar, el presidente de ERRC mencionó la vulnerabilidad social y económica que sufre la población romaní, como la pobreza económica, la falta de educación para los niños, el mal saneamiento y la vivienda precaria. Todo esto los hace más débiles frente al tráfico de personas o la prostitución, una realidad muy poco estudiada. “La población romaní de la UE aspira a lo que todo ciudadano europeo desea: tener una vida mejor, poder conseguir empleo, tener un ingreso, poder enviar a sus hijos a la escuela y tener asistencia de salud”, sentenció Gergely. Esta discriminación y persecución del pueblo gitano va desde el Imperio Romano, pasando por la Alemania Nazi y llegando a nuestros días... Hasta cuándo?

El video que les entregamos a continuación es del 2011 cuando el presidente francés era Nicolás Sarkozy. A pesar de que ya tiene un par de años, refleja la política contra los Gitanos en Francia y lo que acabamos de describir en la presente publicación. 

* Por más información acerca de las poblaciones romaníes en Europa: http://www.unionromani.org/pueblo_es.htm.

''Misioneros''

El pasado domingo 30 de junio un helicóptero sin identificación y de color negro aterrizó en las cercanías de Alto Cuén, comunidad originaria Bribri del cantón de Talamanca en Costa Rica. Esta aeronave permaneció en la zona hasta el 4 del julio mientras unos supuestos "misioneros" recorrían de forma sospechosa las comunidades originarias haciendo mediciones topográficas. De la aeronave bajaron ocho personas con atuendos militares asegurando ser "misioneros evangelistas" presentándose en cada casa obsequiando ejemplares de la Biblia. Los paramilitares se identificaron con los nombres de Alejandro Cetrulo, Rodolfo Ortíz, Roque Revilla Candiotti, Isaías Romero Acuña, Travis Reid, Brian Bucek, Nual Richardson y Josh Hyatt. Según se supo posteriormente se trató de un peruano, dos costarricenses, y cinco canadienses.

Según los testimonios de habitantes de Alto Cuen estas personas, pese a que se presentan como evangelistas, se comportaban de forma extraña y cargaban consigo equipo de montaña sofisticado, GPS, cámaras fotográficas, medidores de altitud, armas blancas y de fuego, así como equipo para hacer mediciones topográficas, detectores de metales y radares. Tal y como lo constatan las fotográficas suministradas por los pobladores de esta comunidad los supuestos evangelistas vestían de uniforme color fatiga y se encontraban armados.

Estos supuestos ''misioneros'' al parecer contaban con entrenamiento militar y capacitados para sobrevivir en la montaña. Los indígenas reportan que estos no tomaban agua del río, sino que la extraían de las plantas de bambú y además lograron cazar una serpiente terciopelo la cual degollaron y se comieron su carne. Sumado a esto en varias ocasiones los indígenas les solicitaron a los supuestos misioneros realizar oraciones, tarea que no pudieron cumplir demostrando que no eran evangelistas.

Los vecinos alarmados por la situación se comunicaron con la Fiscalía de Bribri, los cuales procedieron a subir a Alto Cuen. Dos oficiales de la Fuerza Pública llegaron al campamento de los misioneros sin encontrarlos en el lugar. Los funcionarios bajo la orden del Ministerio Público procedieron a decomisar los pasaportes y algunas armas tales como cuchillos y una pistola de balines, dejando a la comunidad a merced de los paramilitares (''misioneros'').

Posterior a la visita de la Fuerza Pública, la comunidad fue amenazada de forma violenta por los supuestos ''misioneros'', apuntando a los indígenas con armas y exigiendo los artículos sustraídos por la policía. Mientras tanto, otro de los ''misioneros'' se mantenía en el campamento sujetando un arma de grueso calibre gritando: “si vuelven los policías les dispararemos”. Asimismo, los paramilitares mencionaron que volverían a la comunidad.

En solidaridad

El pasado 13 de julio una delegación de más de quince indígenas del Territorio de Talamanca caminaron cinco horas para llegar a Alto Cuén y solidarizarse con esta comunidad. Dicha delegación estaba compuesta por personas de las comunidades de Alto Uren, Arenal, Melëruk, T’suri y kachabli. Al momento de llegar el colectivo fue recibido por la comunidad de Alto Cuén para celebrar una asamblea informativa.

En ese espacio conversaron sobre los acontecimientos y preocupaciones generadas por intromisión de los supuestos ''misioneros''. Para los miembros de la delegación solidaria ésta intromisión viola el derecho a la autonomía indígena y a la soberanía territorial.

Existen serias sospechas sobre el objetivo de la visita de este misterioso helicóptero, relacinándola con el narcotráfico o prospectores pagados por las compañías mineras canadienses, realizando espionaje ambiental. Al respecto las distintas comunidades originarias denuncian la inacción gubernamental en la investigación y esclarecimiento de este caso.

Niñ@s encarcelad@s

El dramático caso de una niña de 12 años que durante cinco años fue violada repetidamente por su padre, su tío y un padrino en una celda de la cárcel de San Pedro en La Paz ha desbordado la indignación ciudadana y ha forzado a las autoridades a anunciar la salida paulatina de las prisiones bolivianas de todos los niños mayores de seis años. La niña, cuyo nombre no fue revelado, está embarazada de dos meses y está recibiendo tratamiento psicológico. La madre de la niña está siendo investigada bajo sospecha de haber permitido los abusos.

La medida ha desatado las protestas de los padres encarcelados que no desean separarse de su prole o que argumentan que en la calle estarán peor que entre rejas. Pero el problema es tan grave en Bolivia que hay poco margen para la negociación. En las cárceles del país más de 2.100 niños acompañan en el penal a su padre, su madre, o a ambos. Junto a ellos, conviven otros 13.000 menores privados de libertad por diversas causas: asesinato, narcotráfico, hurto, estafas y violación, entre otros delitos, en las penitenciarías de Bolivia.

“Es un problema difícil y complicado”, explica la coordinadora de la Pastoral Penitenciaria, la religiosa española María Ángeles González, mientras advierte que en cuanto se intenta defender unos derechos se puede atentar contra otros, fundamentales. “Los niños tienen derecho a estar con sus padres, a que los cuiden y que los amen. El estímulo afectivo es sumamente importante en el desarrollo” del ser humano, afirma la religiosa que semanalmente visita las seis cárceles en Cochabamba. Conoce de cerca la situación de los menores que en el día van a la escuela y regresan al hacinamiento para estar con sus padres y hermanos. “Es una situación de pobreza, de mucha pobreza”, dice González. Cuenta que, en algunos casos, toda una familia se queda sin nada por pagar el coste del juicio. Si la pareja, generalmente la mujer, tiene que salir a trabajar, los niños no pueden quedarse solos. Entonces, todos van a vivir a la cárcel y se acomodan como mejor pueden.

En un artículo publicado recientemente en el diario paceño La Razón, la periodista Lucía Sauma relata que en 2008 decidió hacer un programa de radio desde el penal de San Pedro, pues había sido alertada por una trabajadora social sobre la presencia de muchos menores en ese centro. “Cuando llegué, vi cómo salían pequeñitos que aparecían como fantasmas de la boca negra de alguno de los incontables pasillos, recovecos y huecos que tiene esa cárcel (...) Conocí a dos hermanitos que ganaban dinero cumpliendo encargos de pequeñas compras o llamadas telefónicas para los presos, en el horario de la tarde, cuando salían a su escuela en Villa Fátima. Su mamá los dejaba a cargo del padre, mientras ella hacía negocios en el Alto Beni. Se quedaban meses encarcelados por la mañana y libres por la tarde”.

Las autoridades penitenciarias planean llevar a los menores a hogares de acogida. La coordinadora González admite que estos hogares no son seguros, después de los graves problemas que se han dado en varios de ellos cuando se puso en evidencia que los niños mayores seguían el ejemplo de algunos de sus cuidadores, que abusaban sexualmente de los pupilos más jóvenes o nuevos. La propuesta de la Pastoral de Cochabamba es construir edificios anexos a las cárceles para albergar a los niños sin separarlos de sus padres, de modo que puedan mantener “el núcleo integrador de la familia”. Los niños no ingresarían a los recintos donde se encuentran los encarcelados por delitos, pero los padres tendrían acceso a las habitaciones de los menores.

La situación de los niños ha puesto en evidencia un complejo y grave problema en Bolivia: hay pocas cárceles y la mayoría de ellas superpobladas y con infraestructuras inadecuadas, carentes de políticas de reinserción, además de un sistema judicial desesperadamente lento que agrava la situación de pobreza de los detenidos preventivamente (sin sentencia), que representan un 76% de la población en las cárceles.

''Participamos y avanzamos con propuestas''

A fin de contar con mayor presencia en las políticas cooperativistas nacionales, la Alianza de Mujeres Cooperativistas de Guatemala (AMCG) propone actualizar la Ley General de Cooperativas, Decreto 82-78, para tener participación plena de las mujeres en la aplicación de los principios cooperativos, en especial, en el que a igualdad y adhesión se refiere.

La AMCG anunció, en conferencia de prensa, que en agosto próximo realizarán cabildeos en el Congreso de la República con el fin de buscar apoyo para reformar la citada norma y con ello fortalecer la parte legal y operativa dentro de la cooperativa, para beneficio de las mujeres. Entre los cambios se pretende la existencia de comités de mujeres en cada una de las cooperativas, para fortalecer su participación, se visibilice el papel de la mujer y sea incluyente, ya que a la fecha esto no se cumple en la ley de cooperativas, señaló Ananda Hernández.

En la actualidad un total de 573.606 mujeres participan en las cooperativas, según datos del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) cifra que representa un 42 % del total de los y las cooperativistas. Hernández indicó que existen muchas mujeres en el cooperativismo, sin embargo pocas de ellas acceden a las instancias de poder y de toma de decisiones; buscamos que mediante estas instancias la asignación de los recursos sea equitativa y que se brinde apoyo a las mujeres en cada una de las cooperativas, afirmó.

Otro de los puntos que buscan modificar en la ley es en lo referente a la terminología con que se refieren a los miembros de las cooperativas; como ejemplo de ello señalaron que en los estatutos se hace referencia a los “miembros o socios”, en cambio buscan que se utilicen términos como “la persona o la membresía”, lo que a criterio de AMCG es más incluyente.

Ligia Herrera, de la AMCG, sostuvo que en la actual crisis económica, las mujeres han buscado maneras de mecanizar, agilizar y obtener recursos para sacar adelante a sus familias; esta solución la encontraron conformando la Alianza de Mujeres Cooperativistas. En esta Alianza participan mujeres que conforman cooperativas, mujeres cooperativistas individuales, federadas y no federadas, “quienes participamos y avanzamos con propuestas y soluciones para resolver la crisis económica que enfrentamos en el país”, añadió.

Aniversario: escuela intercultural bilingüe

Cinco años cumplió a fines de junio la única escuela intercultural bilingüe perteneciente a una comunidad indígena amazónica establecida en Lima, Perú. Ubicada en el barrio de Cantagallo, una zona sumamente en el centro de la ciudad y que carece de los mínimos servicios básicos, la institución educativa Comunidad Shipiba celebró entre el 26 y 28 de junio con una serie de actividades, el quinto aniversario de la creación de la escuela donde estudian 230 niños, hijos de un grupo de familias del pueblo Shipibo (que habita en el departamento de Ucayali, en el centro-oriente del país) que en el 2000 migraron a la capital.

La institución educativa, que en el 2012 fue reconocida por el Estado como intercultural bilingüe, combina los seis años de educación preescolar y primaria, luego de los cuales los alumnos eligen continuar sus estudios secundarios en la escuela de su elección. 

Según el director de la escuela, Gilberto Soto Barbarán, indígena shipibo, fue muy duro construir y establecer la escuela, pero finalmente el esfuerzo mereció la pena ya que la primera generación está concluyendo exitosamente sus estudios primarios, ansiosa de ingresar a secundaria. La idea de construir la escuela fue impulsada por Soto Barbarán con el objetivo de mantener la cultura shipiba entre los niños de la comunidad de Cantagallo. Muchas familias sólo hablaban castellano en sus hogares, no practicaban la lengua nativa ni preservaban su cultura, con el objetivo de que sus hijos se adaptaran a la ciudad y no fueran discriminados. Pero eso cambió en el 2008 y ahora 120 niños reciben educación preescolar y 110 primaria. La escuela cuenta con 12 maestros, seis de los cuales son bilingües. Los niños aprenden la lengua shipiba, los orígenes de su cultura, así como las materias regulares en combinación con su realidad cotidiana.

Con el tiempo los maestros notaron un cambio en la conducta de los niños. Olga Mori, vocera de las madres de la comunidad, señala con orgullo que “ahora los niños hablan shipibo con frecuencia entre ellos. Antes la mayoría sólo hablaba castellano y se burlaban de los que hablaban shipibo. En la escuela los niños que hablan shipibo aprenden castellano y viceversa. La discriminación se ha reducido y ha crecido la comprensión mutua. Ese es exactamente nuestro objetivo”.

Si bien numerosas organizaciones no gubernamentales apoyan esta iniciativa, la escuela carece no sólo de equipos sino también de agua y electricidad. En mayo, la Municipalidad de Lima anunció la reubicación de 205 familias shipibas que viven en Cantagallo, como parte de la ejecución del proyecto Vía Parque Rímac, que incluye un túnel debajo del río Rímac y la destrucción de las casas en Cantagallo para hacer espacio para un parque. Lo que no está claro es que ocurrirá con la escuela y cómo serán las viviendas donde se les reubicará, aunque Mori insiste que la comunidad shipiba ya ha elaborado un plan sobre cómo deben ser las nuevas casas. Con apoyo internacional, la comunidad ha preparado un modelo a escala de sus futuras viviendas que deben estar juntas en línea, igual que el cuerpo de una serpiente, gran símbolo de su cultura.

A todos los gobiernos del mundo

''Equipo de comunicación de La Vía Campesina.

Hoy hay más personas en el mundo padeciendo hambre que en cualquier otro momento de la historia humana. A su vez, el Banco Mundial recomienda cada vez más programas asistencialistas, compensatorios, "focalizados", productivistas, privatizadores y de liberalización de mercados, para supuestamente acabar con el hambre.

Y cada vez más los gobiernos, muchas veces hermanados con el sector privado nacional y transnacional, se esfuerzan por implementar estos programas. El resultado ha sido más hambre y más pobreza en el campo y en la ciudad, irónicamente con mayores oportunidades para la inversión y las ganancias privadas.

El hambre y la pobreza son las más nuevas commodities (mercancías) para especular con ellas en los mercados al costo de los hambrientos y los pobres. Esta es la triste realidad. Si los gobiernos y las instituciones multilaterales de verdad quisieran reducir el hambre, la pobreza y la miseria, deberían empezar por asumir las verdaderas causas estructurales de las mismas y diseñar políticas públicas de Estados y apoyar las iniciativas de los movimientos dirigidas a atacar dichos problemas en su raíz.

Las causas

El hambre y la pobreza tienen sus causas estructurales en el sistema capitalista. Aunado a esto, las políticas neoliberales de recorte de presupuestos y servicios, y de transnacionalización de nuestras economías, empeoran tanto las estructuras de inequidad como las condiciones actuales para nuestros pueblos. Los programas asistencialistas y compensatorios no hacen nada para rectificar esta situación; más bien enmascaran las causas verdaderas y permiten que se sigan transformando nuestras economías en contra de nuestros propios intereses.

El sistema económico, capitalista global, ha generado diversas crisis, cuyas manifestaciones locales y regionales nos golpean más, incluyendo, entre otros, los efectos de la crisis global de los precios de los alimentos y de la crisis climática. Los alimentos subvencionados y baratos importados por las empresas transnacionales, posibilitados por los tratados de libre comercio, rebajan los precios que recibimos por nuestros productos agrícolas, obligando a las familias campesinas a abandonar el campo y a migrar a las ciudades, mientras se socava la producción alimentaria local y nacional. Justo cuando se haya suprimido la producción nacional de alimentos, sus precios se dispararán en los mercados internacionales, generando hambrunas que pudieran haber sido evitadas por políticas de Estado que apoyaran la producción campesina nacional de alimentos en cada país, a través de sus sistemas de producción.

Los inversionistas extranjeros, invitados por algunos de nuestros gobiernos, acaparan las mejores tierras de labranza, desplazando aún más a los campesinos y campesinas locales, productores y productoras de alimentos, y reorientando las tierras hacia la minería, siendo social, cultural, política, económica y ambientalmente devastadora, hacia las plantaciones de agrocombustibles que alimentan a los automóviles en vez de a las personas y hacia otras plantaciones dedicadas a la exportación, que atentan contra la Soberanía Alimentaria de nuestros pueblos y sólo enriquecen a unos pocos. Hay cada vez menos tierra para producir alimentos para las personas, y cada vez más para minas y desiertos verdes. La privatización por la venta y la contaminación del agua significa que los únicos que pueden regar son los dueños multinacionales de las plantaciones para agrocombustibles y la exportación.

Al mismo tiempo, las emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire proveniente de los Países Desarrollados y del sistema agroalimentario global de las corporaciones -basado en el transporte a largas distancias y en la agricultura industrial- están cambiando el clima en nuestro detrimento. Nuestras tierras se vuelven más áridas, con cada vez mayor escasez de agua, afrontamos incrementos de las temperaturas y condiciones progresivamente más extremas, tales como fuertes tormentas, huracanes, inundaciones y sequías. Las fechas de las épocas lluviosas se han vuelto completamente impredecibles, de manera que ya nadie sabe más cuándo sembrar. Todo esto daña a las familias campesinas y pueblos originarios y afecta a la producción alimentaria. También, nos enfrentamos a la imposición de las semillas transgénicas en nuestros países, que amenazan la integridad de nuestras variedades locales de semillas –esenciales para hacer frente al cambio climático- y la salud de nuestros consumidores y consumidoras.

Frente a esta dura realidad, La Vía Campesina Internacional, reunida en la VI Conferencia Internacional, en Yakarta, Indonesia, del 9 al 13 de junio de 2013, ha analizado posibles soluciones reales al hambre y la pobreza en nuestro mundo, al atacar las causas estructurales de dichos problemas y sobre todo en las zonas rurales de todos los países.

En base a eso, hemos elaborado los siguientes lineamientos para los gobiernos y para las instituciones multilaterales que verdaderamente quieran erradicar el hambre, la pobreza y la miseria. Estos son:

1. El eje rector de todas las políticas públicas de los gobiernos y de los organismos internacionales debe ser garantizar la alimentación de todos los seres humanos, donde los alimentos no sean apenas una mercancía, como está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2. Garantizar el acceso campesino e indígena a la tierra, el agua y las semillas nativas.

a. asegurando que cada familia y comunidad campesina e indígena disponga de tierras fértiles para trabajarlas, a través de una reforma agraria integral.

b. viabilizando el acceso al agua, tanto potable como para riego (bajo esquemas artesanales que no dañen a la Madre Tierra), para todas las familias que vivan en las zonas rurales. El agua es un derecho universal de todos los seres humanos, y no debe ser propiedad privada de nadie;

c. apoyando los bancos de campesinos de semillas: estimulando el rescate, multiplicación e intercambio de semillas locales, mejoradas por los propios procesos de fitomejoramiento campesino;

d. impidiendo el control privado y extranjero de los recursos naturales.

3. Garantizar la producción campesina e indígena de alimentos:

a. Proveyendo los recursos económicos y técnicos que aseguren la producción de los/las campesinos/as y Pueblos Indígenas;

b. Creando y estableciendo que los programas de adquisición pública de alimentos, en todos los niveles de gobierno, compren de manera anticipada y con precios justos, la producción campesina e indígena de alimentos de las familias, comunidades y cooperativas. La alimentación no puede ser condicionada por la fuerzas del mercado;

c. disponibilizando recursos para instalar pequeñas agroindustrias campesinas y comunitarias, en forma de cooperativas, para que el valor agregado quede en manos campesinas;

d. implementando programas de reforestación con árboles nativos y frutales en todas las zonas campesinas.

e. Implementando programas que promuevan la soberanía energética en todas las comunidades rurales, en base a recursos locales existentes, a través de sistemas de alimentación, medio ambiente, y energía.

f. Teniendo en cuenta la formación en agroecología en el sistema educativo en todas las zonas rurales.

4. Garantizar el acceso de las comunidades rurales a una educación pública, universal, gratuita y de calidad: una educación, que estimule a la juventud a quedarse en el campo y que no aliente al abandono de las áreas rurales.

5. Asegurar un porcentaje del presupuesto público de la educación 10% la salud 10% y la producción campesina de alimentos 20%, en lugar de dedicar recursos públicos al pago de intereses de deuda.

6. Garantizar un ingreso digno a todos y todas los trabajadores y trabajadoras para que puedan adquirir una dieta adecuada y basada en los principios de la Soberanía Alimentaria.

7. El Estado debe establecer sistemas previsionales tripartitos justos y solidarios que garanticen una pensión o jubilación digna a cada trabajador/a.

8. Se debe prohibir todo tipo de discriminación (en base a sexo, género, color de la piel, etnia, religión, identidad, etc.), actuando efectivamente para evitar la misma.

9. Exigimos a los gobiernos de los países productores de petróleo que aprueban en la OPEP un porcentaje sobre todas las transacciones de petróleo en el mundo, y que los fondos recaudados vayan a un fondo para acabar con el hambre''.

* Aquí pueden leer y compartir el Llamamiento de Yakarta.

Mujeres con Memoria

Recientemente se presentó el libro Mujeres con Memoria, de Irantzu Mendia y Gloria Guzmán. Se trata de una investigación sobre las mujeres activistas del movimiento de derechos humanos en El Salvador. El libro parte de una doble constatación: la primera se expresa en los siguientes términos: “A lo largo de la historia, el trabajo de las mujeres por los derechos humanos y por la paz ha sido condenado al olvido y silenciado”. Es decir, al ignorar su historia y aportaciones a los procesos de cambio social, se termina invisibilizando o restándole valor a su experiencia política y transformadora de la realidad. La segunda constatación es que en El Salvador el trabajo desarrollado por el movimiento de derechos humanos ha sido protagonizado en su mayoría por mujeres. “El liderazgo femenino ha sido notorio en la búsqueda de personas desaparecidas, en la defensa de las presas y presos políticos, la denuncia pública de las violaciones de los derechos humanos; las exhumaciones; la investigación de casos y el litigio en los tribunales nacionales e internacionales; la educación para la paz y la memoria”. Sin embargo, estas luchas no siempre han sido registradas ni ponderadas debidamente en los análisis de la guerra y posguerra de nuestro país.

En consecuencia, tres son los objetivos que se buscan con esta nueva publicación: 

- Primero: Contribuir al estudio y visibilidad del papel de las mujeres activistas en el movimiento de derechos humanos salvadoreño. 

- Segundo: Reforzar el trabajo de memoria hecho por las víctimas y sus familiares, para quienes esta memoria se ha convertido en un mandato de no olvidar y de romper el silencio. 

- Tercero: Explorar en perspectiva histórica algunas de las prácticas más significativas de las activistas de derechos humanos, tanto en su condición de víctimas de la violencia como en la de protagonistas de acontecimientos relevantes de la historia salvadoreña reciente.

Reseñamos cinco casos ejemplares, citados en el libro, de esta presencia crítica y comprometida de la mujer salvadoreña en la defensa de los derechos humanos fundamentales: 

1) La masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador, el 30 de julio de 1975, generó una inmediata y fuerte protesta social. Entre las acciones que se organizaron se hace memoria de la llamada Marcha de mujeres vestidas de negro, realizada el 3 de agosto de ese año, que acompañó el entierro de los 27 estudiantes asesinados. En la marcha, participaron más de mil mujeres de la sociedad civil organizada. Así comenzó a formarse lo que años más tarde se estructuró formalmente como el Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos (Comadres). Algunas de sus primeras integrantes fueron María Teresa Tula, Alicia García, Antonia Mendoza, Sofía Escamilla y Alicia Nerio.

2) En un contexto de represión generalizada, nació en abril de 1978 la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental (CDHES). A esta organización acudían familiares de personas detenidas, asesinadas o desaparecidas para denunciar y dejar registro de lo ocurrido, así como para pedir orientación jurídica en los procesos de búsqueda. Si bien la Comisión estaba integrada por mujeres y hombres, fueron ellas las que tuvieron un papel relevante en su fundación. En su origen, fue presidida por Marianella García Villas, quien también ocupó el cargo de vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Marianella fue detenida y torturada en dos ocasiones. El 14 de marzo de 1983 fue asesinada por el Ejército, mientras hacía una investigación sobre el uso de armas químicas contra la población civil por parte de aquel.

3) En un contexto de guerra civil, se fundó en setiembre de 1981 el Comité de Familiares de  Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Codefam). Esta organización retoma el nombre y la inspiración de Marianella García y amplía su misión hacia la promoción, educación y defensa de los derechos humanos. Concretamente, busca contribuir a la erradicación de la impunidad a través de la participación activa de las víctimas en la exigencia de verdad, justicia y reparación. Una de sus líderes históricas es Guadalupe Mejía, quien se ha destacado en la lucha por la justicia y la memoria histórica.

4) Otra de las mujeres emblemáticas que han dejado huella en este movimiento es María Julia Hernández. Como directora de Tutela Legal del Arzobispado, impulsó un proceso jurídico de búsqueda del derecho a la justicia para las víctimas de El Mozote. A partir de un minucioso trabajo de investigación y exhumación realizado por Tutela Legal, se individualizó a 819 personas ejecutadas por efectivos de la Fuerza Armada en el caserío. De esas víctimas, 449 eran niños y niñas (menores de 18 años). Tutela Legal, bajo la dirección de María Julia, representa un símbolo de lucha contra la impunidad en El Salvador.

5) Finalmente, otro de los organismos que ha conformado el movimiento de víctimas es el Comité de Madres y Familiares Cristianos de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados “Padre Octavio Ortiz-Hermana Silvia Arriola” (Comafac). El Comité surge el 10 de mayo de 1985, a iniciativa de cinco mujeres: Sara Portillo, María Salazar, María Parada, Elsa Méndez y María Isabel Figueroa. Según una de sus fundadoras, nace “para convertir el dolor de la pérdida de los hijos e hijas en una fuerza de lucha que pudiera generar esperanza (…) Ser la voz de la esperanza y denuncia ante tanto atropello e impunidad”.

Mujeres con Memoria, pues, deja registro de que la defensa de los derechos humanos (en la guerra y posguerra) ha sido y es uno de los principales espacios de organización y movilización de muchas mujeres. El libro, en ese sentido, visibiliza y valora el protagonismo de las mujeres en este campo. Pero ofrece algo más: resistir a la pretendida muerte de la memoria. Así lo expresa en el texto una de ellas: “Fuimos las mujeres, vestidas de negro y con pañoletas blancas, las que abrimos el cerco militar que había en las calles. Y ahora somos las mujeres las que seguimos luchando para que la memoria histórica no se borre”.

“Mujeres agricultoras peruanas trabajando por la seguridad alimentaria y el cambio climático”

Para mejorar las competencias de las mujeres rurales del norte peruano que viven numerosas discriminaciones que limitan sus oportunidades de desarrollo, capacitación y autonomía económica, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán lanzó su campaña “Mujeres agricultoras peruanas trabajando por la seguridad alimentaria y el cambio climático”. La iniciativa se desarrolla en alianza con la Universidad Nacional de Piura, la Asociación Regional de Productoras y Productores Ecológicos, la Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca y la Red de Municipalidades Rurales de Piura, región ubicada a 975 kilómetros al norte de la capital peruana.

“El gobierno debe priorizar la erradicación de las brechas de inequidad que impiden el pleno bienestar y desarrollo integral de las agricultoras peruanas, en consonancia con la decisión de declarar 2013 como el año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria”, afirmó Blanca Fernández, coordinadora del Programa de Desarrollo Rural del Centro Flora Tristán.

La pobreza económica, el deficiente nivel de acceso a la educación, el embarazo temprano, la ausencia de formación, escasos ingresos económicos, la carencia de títulos de propiedad de sus parcelas y la violencia de género, son problemas que afectan cotidianamente a las mujeres del campo en Perú (así como en muchos otros países).

Fernández consideró necesaria una mayor voluntad política para avanzar hacia la meta de lograr que a 2017 se incremente en 30 % el número de mujeres con títulos de propiedad, con información y capacitación para enfrentar los efectos del cambio climático, desertificación y desastres naturales, como se ha establecido en el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. El 20.3 % de unidades agropecuarias son dirigidas por mujeres, pero sólo el 4.7 % de las productoras rurales tiene su título de propiedad, según el Tercer Censo Nacional Agropecuario 1994.

La representante feminista afirmó que, en los últimos años, las mujeres productoras rurales han presentado su agenda de propuestas a los gobiernos regionales del norte y sur de Perú, con la finalidad de que sus estrategias frente al cambio climático incorporen el enfoque de género y consideren las afectaciones particulares de este fenómeno en sus vidas. “Es tiempo de escuchar sus voces, tomar en cuenta sus planteamientos e incorporarlos en los procesos de diseño y aplicación de las estrategias y políticas públicas en las diferentes regiones del país”, remarcó Fernández.

Explicó que la pequeña agricultura es fuente de la alimentación de las familias peruanas y recae sustancialmente en las mujeres del campo. “Es justo que las autoridades hagan oído a lo que tienen que decir, que se nutre además de toda su sabiduría ancestral”, agregó. Al tiempo de expresar su reconocimiento al trabajo de las agricultoras por su contribución a la soberanía y seguridad alimentaria en el país, pese a vivir en condiciones de desigualdad, demandó al Estado que revalore su aporte en preservación de la biodiversidad al ser responsables del cuidado y selección de las semillas que constituyen la base de la alimentación nacional.

La campaña fue lanzada el pasado 17 de junio, una semana antes del Día de la Campesina y el Campesino, que se conmemora en Perú cada 24 de junio. Esta festividad se remonta a la época de los incas y marca la fecha en que se celebraba la fertilidad de la tierra y la influencia del Sol y se daba la bienvenida al solsticio de invierno con la ceremonia del Inti Raymi. Fue el 23 de mayo de 1930 que el gobierno de Augusto B. Legüia dictó un Decreto que oficializaba el Día del Indio; luego, el 24 de junio de 1969, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria y cambió el nombre de esta fecha por el del Día del Campesino. En algunos departamentos se realizan fiestas típicas en agradecimiento a la Madre Tierra y se rinde homenaje a mujeres y hombres del campo.

La palabra de los desalojados

Producción Era Verde, Canal 15. Universidad de Costa Rica

Las comunidades costeras del Caribe Sur costarricense corren peligro de ser desalojadas, debido a diferentes acciones gubernamentales, poniendo en jaque los derechos territoriales de las y los pobladores autóctonos. Varias legislaciones recientes que delimitan el territorio, como la Zona Marítimo Terrestre y distintas categorías de áreas de conservación, conducen a desalojos y demoliciones de poblaciones que llevan más de 100 años de habitar allí.

El gobierno costarricense favorece estas acciones, para así apropiarse de las tierras y luego venderlas a proyectos megaturísticos, petroleros y marinas. Este documental le da a los caribeños la palabra, para que expresen sus inquietudes y relaten su forma de vida.

El fin de la Amazonia colombiana y con ella sus ancestrales pobladores

Exactamente hace un año, en su intervención en la Cumbre Río+20, el presidente Juan Manuel Santos anunció una decisión bastante polémica: 17 millones de hectáreas en la Amazonia y la Orinoquia se convertirían en áreas de minería estratégica, con el fin de “lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible del sector minero colombiano, bajo un concepto de responsabilidad técnica, ambiental y social”. Esa decisión quedó en firme con la resolución 0045 de junio de 2012, que en concreto busca seleccionar las empresas ''más calificadas'' para que hagan la explotación en la zona.

Un año después del anuncio el futuro del Amazonas sigue siendo incierto. ¿Qué va a pasar si la minería a gran escala se instala en este bosque tropical? ¿Qué va a suceder, además, con los 22 grupos indígenas que viven en la zona? Las respuestas del Gobierno aún no son claras. Esa es una de las conclusiones que se desprende de la Mesa de Seguimiento a la Minería en la Amazonia Colombiana, liderada por la iniciativa Amazonas 2030 y que se realizó el pasado 19 de Junio en Bogotá.

Durante el debate quedó claro que antes de abrir zonas del Amazonas para la minería, hay muchos asuntos de fondo que resolver. Uno de ellos tiene que ver con la consulta previa. Pese a que Juan Guillermo Castro, quien asistió al debate en representación de la Agencia Nacional de Minería, asegura que el Gobierno no tenía que consultar a las comunidades para declarar la zona en la que viven como área de minería estratégica, la Organización de los Pueblos Indígenas de Amazonia (Opiac) y la Fundación Gaia Amazonas reclaman el derecho que por ley tienen los indígenas a ser consultados cuando se toman medidas legislativas y administrativas que tengan que ver con sus territorios.

Así define la situación Julio César Estrada, representante de la Opiac: “Lo que vemos es que están alistando el territorio para entregárselo a las grandes empresas. Es una decisión para garantizar que la gran minería entre al Amazonas, un negocio que se está haciendo a espaldas de los indígenas porque nunca nos han consultado. Nosotros somos los dueños de los resguardos y tienen que consultarnos”. Su posición la comparte el director de la Fundación Gaia Amazonas, Martín von Hildebrand: “El 55% de la Amazonia les corresponde a los resguardos, los indígenas son los dueños de la tierra, por lo tanto cualquier acción tiene que pasar por una consulta previa y el Gobierno no le ha dado la importancia que merece”. Aun así Castro insiste en que “como no se ha entregado ningún título no se requiere consulta previa”. Pero para Von Hildebrand es claro que “si hablamos de minería, tiene que haber consulta previa”.

La consulta previa no es el único proceso que aún no se ha resuelto. Dos meses después de que el presidente firmara la resolución 0045 para crear las zonas de minería estratégica, el Ministerio de Ambiente le salió al paso con una nueva resolución que suspendió de manera temporal la recepción de solicitudes de sustracción en la reserva forestal de la Amazonia. Con ese mecanismo suspendido no se pueden extraer zonas de la reserva para su explotación.

Sin embargo, la suspensión es temporal, mientras el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi avance en la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal del Amazonas. Luz Marina Mantilla, directora del Sinchi, señaló que ya se terminó la zonificación de tres de los nueve departamentos que hacen parte de la reserva que comprende 12 millones de hectáreas, otros tres están en proceso de socialización y los tres restantes aún están en estudios. La idea es que la zonificación pueda determinar las áreas en las que definitivamente no se puede hacer minería. En este momento en la región Amazónica, que abarca ocho departamentos, existen 149 títulos vigentes, sin contar la minería ilegal.

Para el economista y experto en temas ambientales Guillermo Rudas, es evidente que con este panorama es necesario mantener la moratoria minera, no sólo en la Amazonia sino en todo el país. Sin embargo, el día 19, la Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció que la ventanilla se abrirá el 2 de julio para reactivar la titulación.

Aunque la ANM insiste en que “la industria minera puede hacer mucho para prevenir los impactos de las operaciones mineras”, para la Opiac esos impactos son irreversibles en un ecosistema de estas características. “La locomotora no puede entrar a la Amazonia. Como indígenas no hemos encontrado un sólo lugar donde la minería no cause desastres. La minería aquí no puede ser sostenible”, aseguró.

Tejiendo Resistencias: Aguas de Libertad

Este proyecto comunicacional se ha realizado dentro del contexto de lucha en defensa del agua que está viviendo la región de Cajamarca, Perú. La imposición del megaproyecto minero Conga en las cabeceras de cuenca de las provincias de Celendín, Hualgayoc y la misma Cajamarca, ha generado desde el 2011 un fuerte rechazo por parte del pueblo. La respuesta represiva del Estado cuenta ya con 5 muertos y centenares de personas heridas, entre otras consecuencias.

En ese contexto, desde el Programa de Democracia y Transformación Global se está realizando una Investigación: Acción Participativa sobre Género, Poder y Minería en Cajamarca, Junín y Apurímac. Dentro de ésta se enmarca el proceso de Video Participativo que ha generado estos cortometrajes dirigidos y protagonizados por mujeres organizadas en pie de lucha.

Blanca nos presenta la vida campesina en Cajamarca desde su comunidad, desde su ser rondera y amante de su territorio, bañándose con Aguas de Libertad. Amalia, desde la ciudad, nos trae Memorias de Fuego caminando por los recuerdos de la lucha que unió a diferentes provincias alrededor de las ollas comunes en defensa de sus lagunas. Keyth se levanta por una Tierra que clama Justicia recorriendo las calles de Celendín, rastreando respuestas, combatiendo la impunidad.

Todas ellas tejiendo memorias, tejiendo resistencias para el futuro que anhelan.

Lo que está en disputa es la vida de las comunidades

Nadie escucha. Ni los organismos del Estado mexicano que se presume deberían velar por los derechos de los pueblos indígenas amenazados en sus derechos básicos, ni los que están dedicados a evitar daños ambientales. En el estado mexicano de Colima, el consorcio minero Peña Colorada extrae 16 mil toneladas diarias de materiales para la explotación de hierro mediante uso de grandes cantidades de agua. Para la ampliación de su explotación se plantea expulsar a tres comunidades indígenas Nahua-Otomí y las amenaza con sepultarlas bajo desechos venenosos. Así lo comentó Esperanza Salazar, integrante del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y acompañante de este proceso que tiene como protagonistas a tres comunidades indígenas y a la minera, de origen ítalo-argentino-indio.

La minera está instalada en el límite entre los estados mexicanos de Colima y Jalisco, en una región con fuerte presencia indígena Nahua y que se encuentra en disputa entre ambas jurisdicciones. Arrienda unas 800 hectáreas de manera ilegal, denominándolo como “ocupación temporal”, territorio en el cual depositan los desechos tóxicos de la extracción minera. Recientemente, en noviembre de 2012, la ruptura de un dique de contención de esos depósitos generó un fuerte envenenamiento de napas de las cuales la comunidad extrae su agua de consumo, riego y para sus rodeos de animales.

Lo que está en disputa es la vida de esas comunidades cuyo territorio contiene una de las mayores vetas de mineral de hierro de todos los Estados Unidos Mexicanos. Una vez más en este caso la estrategia empresarial es transformar a los despojados en despojadores: se ha acusado a las comunidades ante las autoridades ambientales por el delito de tala ilegal de árboles y extracción de maderas preciosas.

En ese sentido el M4 se encuentra promoviendo una acción urgente con destino a la Presidencia de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras instancias oficiales para detener la expulsión de las comunidades Nahua-Otomí a través del volcado de desechos tóxicos tal y como ha amenazado la empresa y reclamar las garantías a sus derechos.

Son más de 40 los integrantes de estas comunidades asesinados y asesinadas en defensa de sus territorios, en tanto existen varias desapariciones, entre ellas la de Celedonio Monroy Prudencio, uno de los indígenas que denunció a traficantes de maderas preciosas y a la empresa Peña Colorada.

Sumate a la Acción Urgente para detener al Consorcio Minero Peña Colorada.

''El mundo no quiere saber nada de esto''

Cientos de saharauis denuncian torturas en su lucha por la autodeterminación en Tan-Tan, ciudad ocupada por Marruecos. Algunas familias esperan noticias sobre sus hijos, detenidos en dicho país y desaparecidos desde hace años. “La mayor tortura es la violencia psicológica”. Parece una sentencia de un tratado médico, pero quien lo dice es Jaida Ihazza, madre de un chico saharaui arrestado por la policía marroquí. Esta introvertida mujer solloza cada vez que recuerda a su hijo, Yahya. Lo hace mostrando en abanico su pasaporte. Uno de los pocos documentos que aún posee. Ni siquiera recuerda claramente su edad, pero sí el tiempo que lleva Yahya desaparecido: cinco años.

A Jaida la arropan decenas de vecinos de Tan Tan. Esta ciudad marroquí es un símbolo de la lucha saharaui y donde se concentra el mayor número de responsables del Frente Polisario en las cercanías del Sáhara Occidental. Para llegar hasta aquí hay que recorrer cientos de kilómetros de desierto pedregoso. Un paisaje lunar que esconde a poca distancia el mar, lo que provoca que un ligero olor a algas se mezcle con la sequedad del ambiente. La entrada la señala una glorieta presidida por dos camellos, el animal que más recursos proporciona al lugar.

Los padres de Yahya hablan con voz débil en una casa de adobe que emula a las jaimas del desierto. La única planta del piso está dividida en varias dependencias y el espacio principal está reservado a un salón cubierto de mantas y repleto de cojines. En uno de ellos está Mohammed Echfed. Es el abuelo del detenido e ídolo de toda la comunidad saharaui del lugar. A sus 75 años yace postrado en medio de la habitación. La edad ha sellado sus ojos, recubiertos por una fina capa de pus. Sus familiares y vecinos le retiran de vez en cuando las moscas que se le posan. Y él, a cambio, escucha en silencio y vierte sus sentencias como si de un oráculo se tratara. “España vendió el Sáhara a Marruecos“, suelta de repente. “El mundo no quiere saber nada de esto”, añade.

Torturas de Marruecos

Todos lo escuchan. Es su ejemplo. Perteneció al Frente Polisario y sufrió todo tipo de maltratos por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. De estas convulsas sesiones dan fe sus dos brazos amputados. Su rostro, no obstante, se ilumina con la presencia de visitantes. Son parte de los 25.000 saharauis que conviven en esta población de casi 70.000 habitantes, según el último censo elaborado por Marruecos, en 2004. Una suerte de parcela en tierra de nadie que controla desde 1958 el reino. La última ciudad antes de cruzar la hipotética frontera del Sáhara Occidental y una de las que más lucha por la autodeterminación de este pueblo.

Una ardua tarea obstaculizada por las autoridades marroquíes. Según explica Khoumani Cheikh (presidente regional del partido político La Vía Democrática y miembro del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Saharauis [Codesa], presidido por la activista Aminatou Haidar) la silenciosa colonización de esta ciudad se está llevando a cabo de tres formas diferentes. Por un lado, el Gobierno envía cientos de funcionarios a la zona para mantener su mayoría censal. Por otro, devalúa el valor de los pisos para que los ciudadanos con menos recursos emigren a este apartado rincón en busca de una existencia más barata. Y, por fin, trufando de subsidios a los desempleados que se mudan allá. “Estamos como en Gaza”, resume.

Todo lo contrario que lo que se le ofrece a los jóvenes de la comarca. Ellos, sin centros universitarios y con amplias trabas burocráticas para solicitar cualquier documento, optan por dos salidas: dispersarse por el resto del país para estudiar o trabajar e intentar surcar el océano para llegar a las Islas Canarias. Así lo confirman los datos del organismo oficial Alto Comisionado para el Plan: un 18,6% de la población entre los 15 y los 24 años está sin empleo. Una referencia que no distingue entre marroquíes y saharauis residentes en el país y que el profesor de Historia de Tan Tan Brahim Mouhssin define como un “éxodo forzoso”.

Un contexto que encaja con el que quiere mostrar Marruecos. En la reciente visita del enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, las asociaciones por los derechos humanos denunciaron imparcialidad y un muestreo sesgado. Ross, no obstante, alegó haberse reunido tanto con independentistas como con personas “que solo quieren una vida mejor” y explicó que “las familias de Sáhara Occidental siguen soportando condiciones adversas y separaciones dolorosas que ahora afectan a tres generaciones”. “La necesidad de una solución es cada vez más urgente”, redactó.

También lo cree Mahjoub. Este chico de 35 años acaba de regresar de España. Emigró hace 17 años junto a algunos de sus hermanos para poder trabajar y enviar dinero a su familia. Ahora dirige, junto a una decena de miembros, la Coordinación Saharaui por la Defensa de los Derechos Humanos. A cada paso, uno de los cientos de militares que controlan la zona se le acerca para preguntarle su nombre y su relación con los invitados.

No son los únicos. También lo hacen de forma inquisitiva sus vecinos marroquíes. “Hay mucho racismo”, apunta, “y todos saben quién es cada uno”. Lo dice mientras explica la turbulenta historia de esta franja de tierra nombrada con el sonido que hacían los recipientes al golpear los pozos de agua: durante los años de colonia española en el Sáhara, Tan Tan sirvió de base militar. En 1958 se convirtió en zona franca hasta el final de la Guerra de Sidi Ifni, en 1969. Y el 6 de noviembre de 1975 sirvió de punto de salida de la célebre “marcha verde”.

Esta retirada de tropas españolas conllevó el reparto del Sáhara Occidental entre Marruecos y Mauritania. Un acuerdo tripartito consumado en Madrid el 14 de noviembre de 1975 por el que se traspasó la “administración” del territorio a esos dos países. Y con el que se encarnizó la pelea de su pueblo por la independencia. Una autonomía que, 38 años después, sigue en entredicho. Las colonias marroquíes cada vez son más sólidas mientras la menguante población autóctona se ve diezmada debido a las adversidades. De los 405.000 saharauis estimados por la Minurso, 170.000 viven en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. El resto se distribuye entre el espacio controlado por Marruecos, gestionado en torno a El Aaiún, y varias ciudades marroquíes como Tan Tan.

Mahjoub Aillal es uno de ellos. Este joven de 26 años dispara su historia sin parpadear. Manteniendo una mirada que rezuma rabia, inquina. En febrero fue puesto en libertad. Llevaba cuatro años en varias cárceles del territorio marroquí (Agadir, Tetuán, Tiznit, recuerda) acusado de matar a un policía. Junto a él, otras 15 personas fueron detenidas. Algunos siguen presos en paradero desconocido. Él es libre y no tiene miedo. “Me da igual que me lleven de nuevo”, desembucha, “no me voy a rendir hasta conseguir el objetivo por el que pelearon nuestros padres: un Sáhara libre”.

No es el único que defiende esta postura. A su lado, Sahel Hertimi asiente en cada sentencia. Contable e informático de 30 años, recuesta su tronco sobre dos brazos ortopédicos. A los 12 años le reventó una mina antipersona a unos kilómetros de su casa, en dirección a Argelia, en el este. Se quedó sin extremidades superiores y con problemas oculares. Gracias a una asociación sueca que ayuda a los damnificados por minas antipersona consiguió someterse a varias operaciones y articular las prótesis con las que sujeta la taza de té y un cigarrillo.

Los recursos naturales

“Ahora mismo, la lucha por los servicios sociales y por los recursos naturales del Sáhara está en Tan Tan”, sostiene una portavoz del colectivo Sahara Thawra de Madrid. “Desde allí tienen más acceso a los contactos con la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y es más fácil reclamar la soberanía del territorio, aunque no pertenezcan”. “Estos últimos brotes de revuelta, además, han hecho que el ejército marroquí haya intensificado sus ataques”. Se refiere a las últimas protestas que han tenido lugar en El Aaiún, donde decenas de manifestantes, según Codesa y 70 policías, según el Gobierno, han resultado heridos. Una respuesta que no se veía en la capital de la ex colonia española desde el establecimiento de los campamentos de Agdaym Izik, en octubre de 2010.

La llama surgida en estos asentamientos se extendió a otras poblaciones cercanas. En Tan Tan, centenares de personas desafiaron a las autoridades y decenas fueron arrestadas. Entonces, el rey Mohammed VI afirmó que no toleraría “ninguna violación, alteración o puesta en duda de la marroquinidad" de la parte del Sáhara Occidental. Y, tras la disolución de Agdaym Izik, el ministro de Asuntos Exteriores saharaui, Mohamed Uld Salek, calificó el acto de “barbarie" y demandó una intervención urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual como ya sabemos, empeoraría la situación del pueblo saharaui. 

“No fue una revolución, pero sí un acto de resistencia civil”, matiza Khoumani. Una intransigencia que estimuló la reivindicación de un pueblo en tierra de nadie y que provocó que cada mañana Hassan y Jaida nublen sus pupilas recordando a su hijo. “El mundo no quiere saber nada de esto”, repite Mohammed Echfed.