Empleos de subsistencia en el Valle del Cauca

Corteros de Caña en Colombia

Corteros de caña del Valle del Cauca en Colombia mantienen paralizado un gigantesco ingenio en conflicto por el reconocimiento de su organización gremial. Se trata del ingenio María Luisa, quien cortó el vínculo con 183 corteros de caña organizados en torno a una Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA) y delegó la relación con los asalariados en manos de contratistas, lo cual es rechazado desde el Movimiento 14 de Junio que agrupa a los miles de corteros de esta región colombiana.

Precisamente en octubre de 2008 un enorme conflicto paralizó los principales ingenios emplazados entre las vastas extensiones de azúcar de caña en rechazo al desconocimiento de los derechos de los corteros y al papel de los intermediarios en la contratación de mano de obra.

Si bien este problema casi viene siendo puntual, el resto de los integrantes del Movimiento siguen con preocupación esta situación y realizan gestiones ante el Parlamento colombiano y el Ministerio de Trabajo de ese país. José Oney Valencia, vocero legal del Movimiento 14 de Junio, dice: “Salimos de una esclavitud en que nos tenían los contratistas y por eso fue que aceptamos las cooperativas, porque nos daban un grado mayor de autonomía”, señaló el dirigente de los corteros de caña.

La región del Valle del Cauca, una de las más fértiles de Colombia, sufre el monocultivo de caña, intensificándose este proceso desde el inicio de la producción de etanol como agrocombustible, el cual se comercializa en los Estados Unidos.

Este agronegocio ha generado el crecimiento exponencial del cultivo, que insume grandes cantidades de agua, así como fuerza de trabajo para su manejo. Sin embargo, las fabulosas ganancias generadas no han repercutido en la mejora de la calidad de vida de las decenas de asalariados corteros que, provenientes de toda Colombia, hoy dependen de ese empleo para subsistir.

Luchadores para no olvidar 7: Simón Bolívar

Simón Bolívar

Caudillo de la independencia hispanoamericana (Caracas, Venezuela, 1783 - Santa Marta, Colombia, 1830). Nacido en una familia de origen vasco de la hidalguía criolla venezolana, Simón Bolívar se formó leyendo a los pensadores de la Ilustración (Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu…) y viajando por Europa. En París tomó contacto con las ideas de la Revolución y conoció personalmente a Napoleón y Humboldt. Afiliado a la masonería e imbuido de las ideas liberales, ya en 1805 se juró en Roma que no descansaría hasta liberar a su país de la dominación española. Y, aunque carecía de formación militar, Simón Bolívar llegó a convertirse en uno de los principales dirigentes de la guerra por la independencia de las colonias hispanoamericanas; además, suministró al movimiento una base ideológica mediante sus propios escritos y discursos.

En 1810 se unió a la revolución independentista que estalló en Venezuela dirigida por Miranda (aprovechando que la metrópoli se hallaba ocupada por el ejército francés). El fracaso de aquel intento obligó a Bolívar a huir del país en 1812; tomó entonces las riendas del movimiento, lanzando desde Cartagena de Indias un manifiesto que incitaba de nuevo a la rebelión, corrigiendo los errores cometidos en el pasado (1812).

En 1813 lanzó una segunda revolución, que entró triunfante en Caracas (de ese momento data la concesión por el Ayuntamiento del título de Libertador). Aún hubo una nueva reacción realista, bajo la dirección de Morillo y Bobes, que reconquistaron el país para la Corona española, expulsando a Bolívar a Jamaica (1814-15); pero éste realizó una tercera revolución entre 1816 y 1819, que le daría el control del país.

Bolívar soñaba con formar una gran confederación que uniera a todas las antiguas colonias españolas de América, inspirada en el modelo de Estados Unidos. Por ello, no satisfecho con la liberación de Venezuela, cruzó los Andes y venció a las tropas realistas españolas en la batalla de Boyacá (1819), que dio la independencia al Virreinato de Nueva Granada (la actual Colombia). Reunió entonces un Congreso en Angostura (1819), que elaboró una Constitución para la nueva República de Colombia, que englobaba lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá; el mismo Simón Bolívar fue elegido presidente de esta ''Gran Colombia''. Luego liberó la Audiencia Quito (actual Ecuador) en unión de Sucre, tras imponerse en la batalla de Pichincha (1822).

En aquel mismo año Simón Bolívar se reunió en Guayaquil con el otro gran caudillo del movimiento independentista, San Martín, que había liberado Argentina y Chile, para ver la forma de cooperar en la liberación del Perú; ambos dirigentes chocaron en sus ambiciones y en sus apreciaciones políticas (pues San Martín se inclinaba por crear regímenes monárquicos encabezados por príncipes europeos), desistiendo San Martín de entablar una lucha por el poder y dejando el campo libre a Bolívar (poco después se marcharía a Europa).

Bolívar pudo entonces ponerse al frente de la insurrección del Perú, último bastión del continente en el que resistían los españoles, aprovechando las disensiones internas de los rebeldes del país (1823). En 1824 obtuvo la más decisiva de sus victorias en la batalla de Ayacucho, que determinó el fin de la presencia española en Perú y en toda Sudamérica. Un año después Bolívar renunció a los poderes militares excepcionales que se le habían concedido, así como a las recompensas ofrecidas. En los años siguientes tuvieron lugar largas negociaciones en relación a la formación de los distintos países y sus nuevas Constituciones, y en torno a la idea de una Gran Colombia. Pero no tardaron en aflorar los intereses de los caudillos locales, Páez en Venezuela y Santander en Colombia, provocando unos conflictos que hicieron inviable el proyecto ''globalizador''.

Los últimos focos realistas del Alto Perú fueron liquidados en 1825, creándose allí la República de Bolívar (actual Bolivia). Bolívar, presidente ya de Colombia (1819-30), lo fue también de Perú (1824-26) y de Bolivia (1825-26), implantando en estas dos últimas Repúblicas un modelo constitucional llamado ''monocrático'', con un presidente vitalicio y hereditario.

Sin embargo, los éxitos militares de Bolívar no fueron acompañados por logros políticos comparables. Su tendencia a ejercer el poder de forma dictatorial despertó muchas reticencias y el proyecto de una gran Hispanoamérica unida chocó con los sentimientos particularistas de los antiguos virreinatos, audiencias y capitanías generales del imperio español, cuyas oligarquías locales acabaron buscando la independencia política por separado.

Bolívar presentó su renuncia el 27 de abril de 1830 y aquel mismo año intentó embarcarse para Europa con el fin de mejorar su salud, pero estando en Cartagena recibió la noticia del asesinato del general Sucre y la orden de destierro dictada contra su persona. Falleció el 17 de diciembre de 1830 a la edad de 47 años en la hacienda de un amigo, no sin antes dictar una última proclama en que exhortaba a la consolidación de la Gran Colombia. En 1842 sus restos fueron trasladados y sepultados en la capilla de la familia Bolívar en la Catedral de Caracas. Más tarde, el 28 de octubre de 1876, fueron inhumados en el Panteón Nacional.

Frases de Simón Bolivar

"El arte de vencer se aprende en las derrotas."

"Formémonos una patria a toda costa y todo lo demás será tolerable."

"De lo heroico a lo ridículo no hay más que un paso."

"Los legisladores necesitan ciertamente una escuela de moral."

"Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía."

"Yo soy siempre fiel al sistema liberal y justo que proclamó mi patria."

"Yo desprecié los grados y distinciones. Aspiraba a un destino más honroso: derramar mi sangre por la libertad de

mi patria."

"La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino."

"La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad."

"Es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido."

"Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios."

La Masacre de Trujillo a 20 años de su acaecimiento

La Peregrinación por la Memoria y contra el Olvido

Entre marzo y abril de 1990 acaeció en Trujillo (zona montañosa del Valle del Cauca, Colombia) un hecho criminal que conmocionó a la sociedad colombiana. La masacre de Trujillo fue un proceso sistemático de exterminio de la población campesina y líderes sociales de la zona, entre ellos Tiberio Fernández Mafla, párroco y líder social del lugar, por parte de una estructura criminal conformada por narcotraficantes, paramilitares y militares en servicio, que se desarrolló durante más de 10 años.

Entre 1986 y 1994 el proceso criminal conocido como la masacre de Trujillo logró la eliminación física de aproximadamente 350 habitantes del municipio en su zona urbana y rural, sembrando el terror, generando masivos desplazamientos de población y teniendo la complicidad (por acción u omisión) de las autoridades civiles, militares y judiciales. Veinte años después, las víctimas sobrevivientes continúan realizando lo que se ha dado a llamar ''La Peregrinación por la Memoria y contra el Olvido'', una jornada de resistencia y de denuncia contra la impunidad.

“Octavio” cuya verdadera identidad no divulgamos por su seguridad, brindó un testimonio de cuáles fueron los hechos acontecidos dos décadas atrás y que aún persisten en la memoria y en la resistencia de la comunidad de Trujillo. "Fue un enfrentamiento entre paramilitares, militares y un comando de la guerrilla que se movilizaba en la zona, eso fue algo improvisto, fue un choque de tú a tú, donde nadie esperaba a nadie; ya después de que la guerrilla tomó por asalto al grupo del ejército y el comando de paramilitares guiado por Diego Montoya, conocido como ’Los carolos’. A partir de ahí por la masacrada de todo el comando del ejército, entonces a partir de ahí vino la represalia contra la comunidad, entonces ya entraron a aprovechar coyunturas políticas y otros medios para tomar represalias contra la población''.

A orillas del Río Cauca, convertido en “fosa común” para las víctimas de la Masacre de Trujillo, Esmeralda, familiar de una de las víctimas recuerda las sangrientas jornadas de 1990 y también brinda su testimonio: “Estamos aquí para recordar todo lo que pasó, lo terrible y lo doloroso que fue esa tragedia, para los familiares fue muy doloroso y muy duro; y aún todavía pues seguimos con esa tragedia adentro, pues eso no es fácil olvidarlo ni sacarlo del corazón”.

Consuelo Valencia, testigo directo de los hechos y víctima de la represión, dice: “Aquí no había guerrilleros, éramos puros campesinos reclamando pacíficamente por una carretera”, dice Consuelo quien vivió aquellos días en compañía de su esposo. Su hijo Arley de 14 años fue secuestrado por el ejército, torturado y está actualmente desaparecido. “Cuando ya lo bajaban a mi hijo con alfileres en la mano y en los pies y él me mostraba los alfileres clavados en la mano, yo no sé ese muchacho cómo era capaz de andar, y era bañado en sudor por el dolor en los pies, un muchacho que se alcanzó a volar nos contó: ‘ese hijo suyo iba demasiado mal, yo creo que ya iba más muerto que vivo’. Desde ahí no lo volví a ver”, dice Consuelo.

Eduardo Carreño, abogado en defensa de las víctimas

El jurista Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que ha venido trabajando en el caso dijo: “después de veinte años se ha llegado a establecer un universo de víctimas de aproximadamente trescientas cuarenta y dos entre el año 86 y el año 94, que fueron cometidos por una estructura criminal conformada por agentes del Estado y el narcotráfico y el paramilitarismo que operaban en esta región, que tenía múltiples propósitos: controlar la región, eliminar formas de organización social y política que existían en términos embrionarios en la región, fundamentalmente las empresas cooperativas que había organizado el Padre Tiberio Fernández Mafla, las cooperativas de agricultores y las Juntas de Acción Comunal. Pero también eliminar a cualquier opositor político que hubiera en la región y dentro de eso incluyeron a los marginados sociales en lo que llaman ‘limpieza social’, en términos casi que neo-fascistas”.

El abogado agregó que “el grupo paramilitar que operaba en esta zona y que después se dividió en ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, sigue operando y no se desmovilizó. Ahora tiene una mayor cobertura a nivel nacional, algún día deberá ser atacado por el Estado y lograr su desmovilización o reintegración, previo sometimiento de los procesos de justicia, para que se den reales garantías de no repetición de estos crímenes en la región”.

Para Carreño “este proceso tiene garantía de salir adelante por la presión que hay a nivel internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones internacionales que han sido solidarias y que acompañan el caso de Trujillo como uno de los casos simbólicos, donde primero se logra un reconocimiento de responsabilidad del Estado y se pide perdón público a las víctimas por los crímenes cometidos".

"Ese acompañamiento internacional ha sido y es muy importante para poder avanzar en términos integrales, en justicia, en verdad, en reparación integral y garantías de no repetición; es decir, acompañar a estas viudas y a estos hijos de las víctimas es muy importante para que puedan seguir existiendo y viviendo en esta comunidad”.

Ocho minutos de silencio en Colombia...

Mineros artesanales en Colombia

Una nueva masacre contra mineros artesanales en el departamento de Cauca en Colombia perpetrada esta semana es divulgada por los aparatos “informativos” colombianos como producto de una riña entre comunidades locales, pese a los testimonios en contrario que hablan de la responsabilidad de fuerzas militares y de la presión de las trasnacionales que allí operan.

La región de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca en Colombia cuenta con gran número de ancestrales asentamientos negros en las riberas de los ríos, descendientes de las poblaciones esclavas en las fincas cañeras y los ingenios de la región.

La construcción de una presa, “Salvajina” por parte de la trasnacional española Unión Fenosa, sobre el río Ovejas, motivó el desplazamiento de unas 3 mil personas de varias comunidades afrodescendientes del lugar. Por otra parte mineras trasnacionales como la Anglo Gold Ashanti recibieron concesiones sin mediar consulta a las comunidades.

Las tierras que antes ocupaban, se sumaron al monocultivo cañero para azúcar y etanol, en tanto que las comunidades se han dedicado como medio de subsistencia a la minería artesanal, “entorpeciendo” con ello los planes expansivos de las trasnacionales asociadas a capitales locales.

En el municipio de Suárez, la comunidad del consejo comunitario de La Toma ha venido sufriendo situaciones que amenazan con el desplazamiento de su población, además de las amenazas a los líderes y lideresas que impulsan el proceso de defensa del territorio frente a las empresas multinacionales, tanto hidroeléctricas como mineras.

De hecho, el régimen de Álvaro Uribe ha venido entregando permisos y títulos mineros de exploración y explotación a personas foráneas y a empresas internacionales como Anglo Gold Ashanti y Cosigo Resort, sin que se diera el proceso de consulta previa y consentimiento previo libre e informado que por obligación se debe cumplir en territorios de afrodescendientes tal y como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si bien las amenazas y amedrentamientos a líderes locales por parte de militares y paramilitares (denominados “Águilas Negras”) son moneda corriente, el pasado 7 de abril éstas pasaron a transformarse en una cruel realidad. Ese día, en horas de la tarde en una mina de oro a orillas del río Ovejas, en territorio del consejo comunitario La Toma, fueron asesinados ocho mineros y otro resultó herido.

Según versiones del sobreviviente, los asesinos llegaron diciendo que no tenían por qué estar en ese sitio y sin mediar más palabras les dispararon. Para testigos y miembros de organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en la zona son inverosímiles las versiones según las cuales la masacre contó con colaboración de fuerzas guerrilleras, dado que se trata de una zona “bajo absoluto control militar” desde la construcción del embalse “Salvajina” y el Ejército domina todo lo que allí ocurre.

En entrevista con la emisora alternativa “Contagio Radio”, desde el lugar de los hechos, una lideresa describe la situación y señala la preocupación por las crecientes amenazas recibidas por integrantes de la organización afro Proceso de Comunidades Negras (PCN), que allí trabajan. Esto ha ocasionado el desplazamiento de los líderes y lideresas de dichas comunidades dejándolas en una situación de indefensión sobre la cual se alerta a la comunidad internacional. “Lo que dice el periódico El Espectador y la cadena Caracol sobre las disputas entre comunidades no es así y queremos aclararlo ante la opinión pública”, sostuvo la lideresa desmintiendo las versiones “oficiales” sobre estos crímenes.

Ustedes no votan!!!

El grupo paramilitar denominado Los Rastrojos mantuvo confinados a 200 indígenas emberá en una comunidad costera del occidental departamento del Chocó para evitar que fueran a votar en las elecciones legislativas.

En declaraciones a radio Caracol, el defensor del pueblo regional del Chocó, Víctor Raúl Mosquera, dijo que 14 personas fueron retenidas antes del 14 de marzo, día de las elecciones, pero que el grupo armado ilegal posteriormente confinó a toda la comunidad. Los indígenas, incluyendo 16 niños, permanecieron encerrados durante cuatro días.

Los Rastrojos forman parte de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que en el 2003 firmaron un acuerdo de desmovilización con el gobierno.

“Nos parece grave porque no sabemos cuál es la intencionalidad”, dijo Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en referencia al grupo armado. “Ya es una violación del derecho que tiene la comunidad de transitar libremente por sus territorios”.

A principios de este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó duramente al gobierno colombiano por haber fracasado en brindar protección a las poblaciones más marginadas del país (los indígenas y afrocolombianos), atrapadas en el conflicto armado entre los grupos guerrilleros de izquierda y los paramilitares de ultraderecha.

Pramilitares Colombianos: águilas solo de matanza y no de verdad

La organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, comenzó una campaña para actuar de forma urgente en el caso de la Corporación Sisma Mujer, que ha sido declarada objetivo militar por el grupo paramilitar colombiano Bloque Central de las Águilas Negras Verdad y Muerte.

La organización que recibió la amenaza trabaja desde hace una década con las mujeres colombianas, asegurando que se respeten sus derechos en situaciones tan difíciles como lo son las derivadas del conflicto armado que se vive en Colombia.

La amenaza de los paramilitares estuvo específicamente centrada en este punto, dado que se intentó amedrentar a las personas de la Corporación Sisma Mujer que trabajan con poblaciones desplazadas por el conflicto interno. “Continuamos declarándolos objetivo militar”, señalaba el texto de la amenaza, que hablaba de implementar un “plan de eliminación” contra “los líderes guerrilleros que se cubren el rostro con la fachada de ONG y Organizaciones de desplazados y quienes les ayudan bajo el paradigma de defensores de derechos humanos y quienes obstaculizan la política del gobierno (del presidente Álvaro Uribe)”.

Se trata de la segunda amenaza de muerte que recibe la Corporación Sisma Mujer; esta vez, los paramilitares incluyeron una lista de más de 30 personas de la organizción a las que consideran su objetivo.

Amnistía Internacional está exhortando a escribir a las autoridades colombianas antes del 18 de marzo para que investiguen lo ocurrido y aseguren la integridad física de los defensores de los derechos humanos en Colombia, tal como lo exigen las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas en 1998 (tomemos esto último entre comillas, porque, ¿No hay muchos lugares más donde no se cumplen los derechos humanos?...).

Afrodescendientes en una pugna que se está transformando en histórica

Habitantes de la Cuenca del Río Cacarica

En el año 1997 las comunidades afrodescendientes, habitantes de la cuenca del Río Cacarica, fueron desplazadas en una operación de la Brigada 17 del Ejército colombiano conocida como la operación "Génesis". El 24 de febrero de ese año, se desarraigó a más de 4000 afrocolombianos, bajo la etiqueta de la lucha contra la subversión, lo cual fue asegurado con la participación de los paramilitares agrupados bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

La cuenca del Cacarica está ubicada en el Bajo Atrato chocoano colombiano, cercana a la frontera con Panamá, y se caracteriza por ser una de las zonas de mayor biodiversidad en el planeta, y en la que además se encuentran culturas ancestrales, no solamente afrodescendientes sino también indígenas Embera.

Años después del desplazamiento forzado ocasionado bajo la falacia de operaciones contrainsurgentes en guerra de baja intensidad, las comunidades regresaron a sus territorios para recuperar sus formas tradicionales de vida. Sin embargo, la violencia institucionalizada en Colombia ha cambiado su cara y hoy se hace manifiesta a través de megaproyectos y falsos ofrecimientos de desarrollo para comunidades que con los esfuerzos propios de una historia marcada por el desarraigo y la precariedad que éste generó, construyen formas de vida digna por fuera del modelo de desarrollo importado y garantizado por la seguridad democrática y el Estado comunitario del gobierno actual.

Actualmente se viene ofreciendo a las comunidades que retornaron a la región que entren en el negocio de los bonos de carbono, con lo que comprometerían inmediatamente la propiedad de sus territorios colectivos; también se ha impuesto en esta misma zona la construcción de la carretera Panamericana que conectará a Colombia con Panamá al destruir, literalmente, una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta, conocida como el Tapón del Darién.

La otra cara de Obama con respecto a Latinoamérica

Barack Obama

A un año de la elección de Barack Obama, el saldo de la política de Estados Unidos hacia América Latina es muy desfavorable para sus pueblos y lejana de las expectativas de un trato más amistoso generadas durante su campaña electoral. Hagamos un somero recuento de los tres asuntos fundamentales que en este año muestran a las claras el rumbo imperial que ha tenido siempre este país contra América Latina.

A dos meses de la llamada Cumbre de las Américas, donde Obama anunció una nueva etapa en la relación con los vecinos del sur, se produjo el golpe de Estado en Honduras, dirigido (como afirmó Hugo Chávez) al eslabón más débil de la Alba. Tal vez otro de los objetivos de las fuerzas de ultraderecha del establishment involucradas fuera a desacreditar las expectativas sobre las presumibles "buenas intenciones" de Obama hacia Latinoamérica, pero si el cuartelazo, como ha trascendido, salió de la base de Soto Cano, con la aprobación del Comando Sur, de funcionarios del Departamento de Estado y con la complicidad del mismísimo embajador estadunidense Hugo Llorens. Lo cierto es que han pasado más de cuatro meses desde el golpe y las acciones del gobierno de Obama han sido débiles, tardías y contraproducentes al objetivo proclamado de restituir al presidente Zelaya. Con la mediación de Óscar Arias (el del tratado de San José mencionado en el blog en una noticia del mes pasado), Washington dio respiración artificial a los golpistas justo en el momento en que quedaron totalmente aislados y repudiados por la ONU, la Unión Europea y hasta por la OEA. Más tarde, en el momento en que el ingreso clandestino de Zelaya al país, unido al empuje de la resistencia popular, ahondó la crisis política de la dictadura, el Departamento de Estado y la Casa Blanca prosiguieron alimentado un marco negociador que enfatiza en reconocer a la dictadura como actor principal de una solución política, como se ha demostrado en los últimos días. Sus acciones, en suma, han ido encaminadas a socavar la legitimidad del presidente Zelaya y a que, en el mejor de los casos, se le restituya sólo con carácter protocolar y sin tiempo para influir en el resultado de las elecciones del 29 de noviembre, las mismas que Estados Unidos y la OEA pretenden convalidar, no importando el clima de represión masiva y ausencia de las más elementales garantías democráticas que las ha precedido. Todo sin tocar un pelo a los golpistas, ni desmantelar la estructura institucional en que se originó el golpe, ni sancionar a los autores de la feroz represión desatada.

Por otro lado, aparecen las siete bases militares de Estados Unidos en Colombia y con ellas la cesión adicional a la fuerza aérea de la potencia del norte de siete aeropuertos civiles del país para que también los utilice a su antojo. Como bien dice el documento del Pentágono cuyo facsímil publica la revista colombiana Semana en su última edición, se trata de una oportunidad única para realizar operaciones contra gobiernos antiestadunidenses. Léase Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Guatemala; y no se diga Cuba. A fin de cuentas lo que decida Washington según su conveniencia. Es muy certero afirmar que Colombia se ha convertido en una gran base militar estadounidense y dada su privilegiada posición geográfica se transforma por eso en una amenaza sin precedente para la libertad y la independencia latinoamericanas que exigirá una gran batalla popular por sacar esas bases.

El otro asunto que pone en solfa toda la retórica obamiana de una nueva etapa en el trato con América Latina es el bloqueo a Cuba, que continúa intacto, infamia que el gobierno de Estados Unidos intenta justificar, como se vio en boca de su representante en la ONU Susan Rice después de la condena a la medida genocida por 187 de los 192 estados miembros del organismo. Es penoso el espectáculo de una inteligente mujer afroestadunidense de antecedentes progresistas trasformada en una arrogante vocera del cruel castigo al pueblo cubano, pero en el fondo, como en el caso de Obama, ocurre que quieran o no, al llegar a la Casa Blanca o claudican de sus anteriores ideales o tienen que irse, como ha ocurrido ya con varios de los colaboradores del afroestadunidense.

La situación de Colombia analizada por Alfredo Molano

Alfredo Molano

Cronista único de la Colombia desgarrada, el sociólogo y escritor Alfredo Molano (nacido en Bogotá; 1944) ha logrado convertir en prosa sus vivencias de más de seis décadas caminando el territorio de su país. Su periodismo y literatura de denuncia se cuentan entre las escasas ventanas de visibilidad que la situación en Colombia adquiere, tanto para los propios colombianos como para la comunidad internacional.

El reciente escándalo estallado en Colombia por el desvío de fondos del programa gubernamental “Agro Ingreso Seguro” (AIS), que financia al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), es calificado por Alfredo Molano, como “un programa plutocrático que ayuda a la acumulación de ganancia de los más ricos”. “En Colombia nunca ha habido una reforma agraria real a pesar de que han habido leyes que la facilitarían. La concentración de la tierra aumenta de manera fabulosa”.

En apenas una década -1990-2000-, en que muchos discutían las características que debería tener una Reforma Agraria, “los narcotraficantes se apropiaban en ese mismo lapso de cinco millones de hectáreas (…) y siguen sumando”, dijo Molano, para quien esta concentración y desplazamiento se encuentra en la base de la violencia en Colombia a lo largo de las décadas.

De esta manera los fondos de AIS que en sus orígenes tenían por destino la ayuda social hacia asalariados rurales, han terminado como subsidios a los grandes terratenientes que a la vez están detrás de la campaña por la entronización en el poder de Álvaro Uribe. Una pieza clave en ello ha sido el financiamiento del paramilitarismo cuyo desmantelamiento anunciado oficialmente no tiene correlato en el infierno que sufren las comunidades Colombia adentro.

¿Y con el ambiente?

Alfredo Molano habla también de los nuevos micro y mega proyectos que desde el agronegocio, los agrocombustibles, la minería, el “eco-turismo” o la extracción de hidrocarburos atentan contra los recursos y los bienes naturales de Colombia y sus comunidades rurales.

La lógica es tan clara como aberrante: si una hidroeléctrica ha decidido instalarse en el cauce de un río, pues es ella misma la que realiza el estudio de impacto ambiental y la que a la postre redacta las condiciones para obtener su licencia sustituyendo la soberanía del Estado colombiano por su sed de ganancias, indica Alfredo Molano.

Otro punto de preocupación es la apropiación privada de las playas naturales por parte de los consorcios de turismo y “eco-turismo”, un nuevo formato de apropiación plutocrática de los territorios.

El conjunto de Latinoamérica como escape

Finalmente, el intelectual teje una perspectiva de salida de la situación de Colombia enfocando a su país en el contexto Latinoamericano, toda vez que su país es el principal receptor de ayuda militar norteamericana y asimismo amenaza a la región con las bases militares extranjeras que alberga. “Esas bases están apuntando básicamente a Venezuela en primer lugar y en segundo lugar al Amazonas. Agradecemos a los compañeros de América Latina por su solidaridad en nuestra lucha contra estas bases vergonzosas para Colombia”, remató Alfredo Molano.

¿Tomás Coca - Cola?... Pensalo!!!

¿Qué le pasa al cuerpo de una persona cuando ingiere Coca - Cola?

En los primeros 10 minutos: 10 cucharaditas de azúcar entran en el sistema digestivo (el 100% de la cantidad diaria recomendada). Lo único que impide el vómito debido a tanto edulcorante es el uso del ácido fosfórico, que disimula el sabor permitiendo digerirlo.

A los 20 minutos: Los niveles de azúcar se disparan, causando que aumente la insulina. El hígado responde transformando todo el azúcar que encuentra en grasa (y hay mucho azúcar en el organismo en esta etapa).

A los 40 minutos: Se completa la absorción de cafeína. Las pupilas se dilatan, la presión sanguínea se eleva, y como respuesta, el higado introduce más azúcar en el torrente sanguíneo. Los receptores de adenosina del cerebro se bloquean para evitar el adormecimiento.

A los 45 minutos: El cuerpo aumenta la producción de dopamina, estimulando los centros de placer del cerebro. Básicamente, así es como actúa la Heroína.

A los 60 minutos: El ácido fosfórico bloquea el calcio, zinc y magnesio en el intestino grueso, acelerando el metabolismo. Además, las altas dosis de azúcar y edulcorantes artificiales aumentan la eliminación de calcio mediante la orina. Las propiedades diuréticas de la cafeína hacen efecto. En este momento se expulsa el calcio, magnesio y zinc que debería ir dirigido a los huesos, así como también sodio, electrolitos y agua. Mientras decae la "fiesta" dentro del organismo, se comienza a notar la falta de azúcar, con lo que la persona se pone irritable o depresivo. Es aquí que se ha expulsado toda el agua que contenía la bebida, pero no sin antes acompañar la expulsión de valiosos nutrientes que el cuerpo podría haber empleado para cosas como hidratar o fortalecer huesos y dientes.

Un par de horas después vendrá el bajón de la cafeína (algo menos para fumadores).

El Boicot a Coca - Cola: Más allá del daño individual

El día 22 de Octubre de 2003 marcó el inicio del boicot internacional contra los productos de la empresa multinacional Coca - Cola Company. Esta acción fue ideada por el Sindicato Nacional de la Industria Alimentaria Sinaltrainal, que ha intentado poner punto final a las prácticas abusivas de la empresa norteamericana en Colombia.

El 31 de marzo de aquel año, un juez federal aceptó a trámite en Florida la demanda del sindicato United Steelworkers of America contra dos embotelladoras de Coca - Cola en Colombia Bebidas y Alimentos, y Panamerican Beverages, por permitir e incitar a los grupos paramilitares al «asesinato, tortura y persecución de los trabajadores que intentaban sindicarse». Por contra, no aceptó la denuncia contra la corporación norteamericana, ya que considera que la compañía no establece las condiciones laborales en las embotelladoras.

La denuncia apunta a que Bebidas y Alimentos conspiró con grupos paramilitares para matar al líder sindical Isidro Gil en la nave de la empresa y así eliminar la fuerza sindical Sinaltrainal en la planta embotelladora en Carepa, Colombia, que opera «bajo control y autoridad» de Coca Cola, y a la que Ariosto Mosquera, el encargado de la embotelladora, invitó a los paramilitares a entrar para «exterminar el sindicato». Horas después, los paramilitares incendiaron la oficina de Sinaltrainal en Carepa. Dos días más tarde, los paramilitares volvieron a la factoría y obligaron a los trabajadores a renunciar a su militancia en el sindicato bajo amenaza de muerte.

La compañía aseguró en su web que «Coca-Cola Co. y sus plantas embotelladoras locales han dado prioridad a la seguridad de sus trabajadores y representantes sindicales» y que Mosquera había dejado su trabajo cinco días antes.

Ermelina Mosquera, miembro de la junta directiva de Sinaltrainal, estuvo en Europa haciendo pública esta denuncia y la participación en la guerra de las trasnacionales, «que generan más violencia y más guerra».

- ¿Cómo se vive en Colombia el desembarco de las empresas trasnacionales?

"Desde que llegaron a nuestro país han intentado establecer un control total de los recursos nacionales, como biodiversidad, petroleo, oro, embalses de agua, servicios públicos, pero también en la alimentación, en el caso de Nestlé y Coca Cola.

En los últimos cinco años (de 2003 hacia atrás) Coca Cola ha reemplazado a más de 10.000 trabajadores a través de agencias de empleo y contratos temporales. Nuestro sindicato ha sido reducido a la mínima expresión porque también Nestlé ha hecho lo mismo. Se llevan empresas, cierran líneas de producción, recortan beneficios sindicales... Y lo más grave es que también ha generado violencia, porque los trabajadores resistimos estas políticas y entra el Gobierno a penalizar la protesta. Y es que esto no es consecuencia sólo de las políticas de las empresas transnacionales, sino también del Gobierno, que legisla a su favor, privatizando servicios públicos, la educación, la salud... y lo último que están haciendo es negociando los ríos. Ya hay ofertas para los embalses de agua.

Los trabajadores han sufrido desplazamientos masivos, amenazas de los grupos paramilitares y asesinatos. En el caso de Nestlé hemos tenido ocho asesinatos de trabajadores, y en Coca-Cola siete asesinatos, algunos dentro de la misma empresa. Está claro que debe existir un vínculo con los paramilitares, que defienden a las empresa con argumentos como «es que ustedes con sus denuncias van a acabar con la economía de la región». Los paramilitares defienden que hay que acabar con cualquier tipo de resistencia que obstaculice la entrada de las empresas multinacionales y del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Las regiones donde se producen mayores masacres y desplazamiento de campesinos del campo a la ciudad son aquellas donde se encuentran los mayores recursos. Hoy tenemos más de 3 millones de habitantes desplazados del campo a la ciudad, muchos de ellos familiares de trabajadores que trabajan con trasnacionales o víctimas de la violencia que se vive en aquellas áreas donde las trasnacionales tienen intereses".

- ¿Por qué se decide una demanda contra Coca Cola en los tribunales norteamericanos?

"Cuando vemos que hay una impunidad imperante, cuando vemos que hay complicidad por parte del Gobierno, nos toca salir fuera a buscar alternativas, y nos recomendaron hacer una demanda internacional por los casos de violación de derechos humanos y para que se reparen los daños y se castigue a los responsables...

Como EEUU son cómplices de la política de sus empresas, no creíamos que la demanda prosperaría, y por ello decidimos llevar a cabo una audiencia pública popular. Se realizaron sesiones en Atlanta, Bruselas y la última en Colombia, en la que se hizo un pronunciamiento nacional e internacional contra las violaciones de derechos humanos y se exigió al Gobierno colombiano que interviniese para asegurar que estas empresas no violan los derechos humanos, y que cuando lo hagan los culpables sean castigados, y así la impunidad no siga prosperando... A Coca Cola se le pide que cumpla con los tratados de la Organización Internacional del Trabajo. Y a la comunidad internacional que exiga también al Gobierno colombiano que se cumplan las leyes.

El Gobierno insiste en negar vínculo alguno con los paramilitares y el propietario de Bebidas y Alimentos, Richard Kirby, dice que no puede pararles porque tienen armas y hacen lo que quieren... Es muy sospechoso porque a las empresas no entra cualquiera y en la misma empresa aparecen pintadas y carteles de paramilitares. Cómo se explica que nuestros compañeros sean asesinados en las naves de la empresa. Cómo se explica que los paramilitares de Carepa, en Urabá, ocuparan la empresa por ocho días, haciendo renunciar a todos los miembros del sindicato y posteriormente quemaran la oficina. Lo que pedimos es que se investiguen los vínculos entre las empresas y los paramilitares".

- ¿Cómo llega la idea del boicot a Coca Cola?

"Se aprobó en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, porque lo están haciendo en muchas otras partes del mundo. Por ejemplo, en Guatemala ha habido muchos asesinatos. Uno no puede decir que Coca Cola físicamente les dispare, pero sí son complices con agentes a su servicio en los asesinatos de los trabajadores. A raíz de la decisión del FSM de declarar el 22 de julio como Día Internacional contra Coca-Cola, en la última audiencia pública que se hizo en Colombia se creó un observatorio que permite un seguimiento constante a estas trasnacionales, para investigarlas con mayor profundidad, que ayude a reorganizar aquellos sindicatos que han sido debilitados o eliminados, y que se haga un proceso con las víctimas de la violencia..., y sobre todo un hermanamiento internacional con organizaciones de derechos humanos, ONG, sindicatos.... Y en estos momentos también son miembros del observatorio todas las organizaciones que están siendo victimizadas por las multinacionales, como Sintraminercol el sindicato de la minería que ha presentado una demanda contra la corporación minera estadounidense Drummond, Sinaltrainal, Siempre Viva que trabaja con los indígenas, campesinos y afrocolombianos, pero también defensores de derechos humanos como el Colectivo José Alvear, e institutos de educación para el desarrollo. Las audiencias públicas fueron un éxito, porque conseguimos apoyos internacionales, financieros, humanos, de denuncia... Y ello hizo que el 31 de marzo fuera aceptada la demanda contra las embotelladoras".

-¿Cómo se ha recibido?

"Hay mucha gente que piensa puede afectar a los trabajadores de sus países. Claro, a nosotros también nos afecta en Colombia, pero hemos tenido que declarar el boicot para defender nuestro derecho a la vida, de forma diferente a otros países del norte, donde prima la reivindicación económica, No es porque queramos, porque ¿quién quiere perder su puesto de trabajo? Pero estamos más que obligados a realizar acciones de este tipo para poder contrarrestar su política".

- ¿Cuál es la situación en el caso de Nestlé?

"También se han sufrido asesinatos y también han asumido una actitud muy agresiva contra los trabajadores, que sufren amenazas, desplazamientos... Hay una ofensiva contra los trabajadores con despidos masivos, recorte de beneficios... Y también hemos descubierto que hay una alianza comercial directa entre Coca Cola y Nestlé en algunos productos que ésta produce y aquella distribuye. Si se va a comprar cualquier producto se tiene que tratar con Nestlé o Coca Cola, que son los dueños del mundo, y por eso esa agresividad".

- ¿Tienen contactos con el resto de campañas nacionales?

"Con algunas. Por ejemplo con los trabajadores de Coca Cola en Guatemala y Canadá... y también en Ecuador, Venezuela... Promovemos relaciones entre todos los trabajadores que han sido víctimas de Coca-Cola en el mundo para investigar las actividades de esta empresa y que nuestra demanda se pueda aplicar a otros trabajadores.

Las políticas de Coca Cola y Nestlé son muy conocidas. Por ejemplo, en el Congo, hay una campaña contra Nestlé por promover sus productos como sustitutivos de la leche materna, donde se paga a los doctores para que recomienden a las madres la utilización de leche en polvo y no les den de mamar a sus hijos. En el caso de Colombia, denunciamos la importación de materia prima caducada. La leche llega con fecha de caducidad superada, pero la empresa la sigue utilizando aunque puede en un momento determinado matar niños, porque este es un producto que se puede contaminar muy fácilmente, sobre todo en este caso donde no existe ningún control: es leche que llega de otros países hay que considerar lo ocurrido con la fiebre aftosa, las vacas locas. Es muy peligroso".

-¿Y con los sindicatos?

"Hay sindicatos que nos han ayudado en la denuncia, con campañas de hermanamiento y solidaridad, pero el acompañamiento ha sido mayor en el caso de ONGs o colectivos de solidaridad con América Latina, o defensores de derechos humanos. Nos encontramos con sindicatos que se solidarizan con nuestra lucha, pero como tienen buenas relaciones con la empresa limitan su solidaridad. Otros están afiliados a organizaciones sindicales internacionales, donde consideran que el boicot no es el mecanismo. Nosotros respetamos su opinión, pero repito, el problema de los trabajadores colombianos es de supervivencia. Es posible que el boicot no sea lo más adecuado, pero es que nos han llevado a este extremo, porque ya no hay otra forma de que nos escuchen. Y pensamos que la solidaridad debe ser un principio en el mundo, porque así como las empresas globalizan su producción y su política, los trabajadores también tenemos que globalizar la unidad, la lucha".

- ¿Cómo repercute el Plan Colombia en el sindicalismo?

"Terrorista para el Gobierno son los sindicatos, porque cualquiera que este en contra de sus políticas es un terrorista. Estamos penalizados por la protesta, somos encarcelados por rebelión y nos juzgan por terroristas. Nosotros no tenemos armas, sólo disponemos de la voz, la movilización, la denuncia escrita o hablada. No somos terroristas. Y el Plan Colombia se ha destinado a fortalecer las fuerzas represivas.

Una excusa para atacar a otros sectores sociales... Claro. Para nosotros el problema no es la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico o el Gobierno. Este es un problema social: la lucha por el poder. Y en la lucha, nosotros nos resistimos a estas políticas e intentamos sobrevivir, y las trasnacionales intentan hacerse con los recursos naturales e implementar sus políticas. No creemos que el problema es la insurgencia. Se puede eliminar toda la guerrilla, pero si no se combaten las causas de esa guerra, paz no hay. Porque una paz con hambre no puede haber. Una paz sin garantías social no puede existir. La guerra va a continuar. Nosotros vivimos una guerra lenta, que dura más de cuarenta años, que no se conoce en otros países porque es lenta y es una guerra civil. En Colombia también se nos bombardea. A diario se matan sindicalistas, defensores de derechos humanos... Esta es una guerra en la que nosotros mismos nos estamos matando por intereses de otros. Para nosotros es un problema social".

Entrevista extraída de: www.solidaridad.net/imprimir687_enesp.htm