Los Triqui: una autonomía de la boca para afuera...

Comunidad Autónoma Triqui

Una caravana humanitaria integrada por observadores internacionales, y locales defensores de derechos humanos, periodistas, maestros e integrantes de diversas organizaciones que se dirigía al sitiado municipio de San Juan Copala, en el Estado mexicano de Oaxaca, fue emboscada este martes 27 de abril por un grupo de hombres armados, con al menos dos fallecidos y varias desapariciones como saldo.

Entre los asesinados en esta emboscada se encuentran la reconocida luchadora de los derechos humanos Beatriz A. Cariño, “Betty”, directora de la organización Cactus e integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), y del observador de origen finlandés, Juri Jaakkola.

Asimismo, entre los que permanecen desaparecidos, dado que el Ejército se habría negado a ingresar a la zona para realizar un relevamiento de lo acontecido (?), se encuentran un belga, al menos tres integrantes del colectivo VOCAL (Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad) y dos periodistas que acompañaban la misión en la comunidad Triqui.

El objetivo de esta acción internacional fue romper el cerco en el que se encuentra esta Comunidad Autónoma Triqui como consecuencia de la represión estatal y paramilitar contra el proceso de autonomía que se está construyendo dentro de la misma, se informó desde la organización VOCAL. Sin embargo la represión se desató y hasta el momento dicha comunidad se encuentra literalmente cercada militarmente, desconociéndose el alcance de las represalias que se hubieran adoptado hacia dicha comunidad.

La activista ultimada, Betty Cariño, contaba con gran reconocimiento de parte de las organizaciones locales, por lo que su asesinato generó acciones y declaraciones de denuncia y rechazo desde varias partes del mundo y desde varios puntos de los estados mexicanos.

Además de exigir al gobierno estatal de Oaxaca la aparición con vida de la media docena de desaparecidos, Daniel Arellano (uno de los integrantes de la caravana que resultó herido) hizo un llamado a la comunidad internacional y organizaciones a manifestarse en contra de este nuevo episodio de violencia contra activistas de derechos humanos. “Acusamos directamente al gobierno de Ulises Ruiz por estos crímenes y del ataque armado contra la caravana”, dijo Arellano. “Esta agresión se da en el contexto de las circunstancias de aislamiento y estado de sitio que se vive en el municipio de San Juan Copala, donde desde el mes de enero los niños se encuentran sin clases, además de que en la comunidad se encuentran sin luz eléctrica, sin agua potable, sin médicos y se vive un permanente acoso paramilitar debido a un retén que se encuentra en el lugar”, señaló Arellano.

La Masacre de Trujillo a 20 años de su acaecimiento

La Peregrinación por la Memoria y contra el Olvido

Entre marzo y abril de 1990 acaeció en Trujillo (zona montañosa del Valle del Cauca, Colombia) un hecho criminal que conmocionó a la sociedad colombiana. La masacre de Trujillo fue un proceso sistemático de exterminio de la población campesina y líderes sociales de la zona, entre ellos Tiberio Fernández Mafla, párroco y líder social del lugar, por parte de una estructura criminal conformada por narcotraficantes, paramilitares y militares en servicio, que se desarrolló durante más de 10 años.

Entre 1986 y 1994 el proceso criminal conocido como la masacre de Trujillo logró la eliminación física de aproximadamente 350 habitantes del municipio en su zona urbana y rural, sembrando el terror, generando masivos desplazamientos de población y teniendo la complicidad (por acción u omisión) de las autoridades civiles, militares y judiciales. Veinte años después, las víctimas sobrevivientes continúan realizando lo que se ha dado a llamar ''La Peregrinación por la Memoria y contra el Olvido'', una jornada de resistencia y de denuncia contra la impunidad.

“Octavio” cuya verdadera identidad no divulgamos por su seguridad, brindó un testimonio de cuáles fueron los hechos acontecidos dos décadas atrás y que aún persisten en la memoria y en la resistencia de la comunidad de Trujillo. "Fue un enfrentamiento entre paramilitares, militares y un comando de la guerrilla que se movilizaba en la zona, eso fue algo improvisto, fue un choque de tú a tú, donde nadie esperaba a nadie; ya después de que la guerrilla tomó por asalto al grupo del ejército y el comando de paramilitares guiado por Diego Montoya, conocido como ’Los carolos’. A partir de ahí por la masacrada de todo el comando del ejército, entonces a partir de ahí vino la represalia contra la comunidad, entonces ya entraron a aprovechar coyunturas políticas y otros medios para tomar represalias contra la población''.

A orillas del Río Cauca, convertido en “fosa común” para las víctimas de la Masacre de Trujillo, Esmeralda, familiar de una de las víctimas recuerda las sangrientas jornadas de 1990 y también brinda su testimonio: “Estamos aquí para recordar todo lo que pasó, lo terrible y lo doloroso que fue esa tragedia, para los familiares fue muy doloroso y muy duro; y aún todavía pues seguimos con esa tragedia adentro, pues eso no es fácil olvidarlo ni sacarlo del corazón”.

Consuelo Valencia, testigo directo de los hechos y víctima de la represión, dice: “Aquí no había guerrilleros, éramos puros campesinos reclamando pacíficamente por una carretera”, dice Consuelo quien vivió aquellos días en compañía de su esposo. Su hijo Arley de 14 años fue secuestrado por el ejército, torturado y está actualmente desaparecido. “Cuando ya lo bajaban a mi hijo con alfileres en la mano y en los pies y él me mostraba los alfileres clavados en la mano, yo no sé ese muchacho cómo era capaz de andar, y era bañado en sudor por el dolor en los pies, un muchacho que se alcanzó a volar nos contó: ‘ese hijo suyo iba demasiado mal, yo creo que ya iba más muerto que vivo’. Desde ahí no lo volví a ver”, dice Consuelo.

Eduardo Carreño, abogado en defensa de las víctimas

El jurista Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que ha venido trabajando en el caso dijo: “después de veinte años se ha llegado a establecer un universo de víctimas de aproximadamente trescientas cuarenta y dos entre el año 86 y el año 94, que fueron cometidos por una estructura criminal conformada por agentes del Estado y el narcotráfico y el paramilitarismo que operaban en esta región, que tenía múltiples propósitos: controlar la región, eliminar formas de organización social y política que existían en términos embrionarios en la región, fundamentalmente las empresas cooperativas que había organizado el Padre Tiberio Fernández Mafla, las cooperativas de agricultores y las Juntas de Acción Comunal. Pero también eliminar a cualquier opositor político que hubiera en la región y dentro de eso incluyeron a los marginados sociales en lo que llaman ‘limpieza social’, en términos casi que neo-fascistas”.

El abogado agregó que “el grupo paramilitar que operaba en esta zona y que después se dividió en ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, sigue operando y no se desmovilizó. Ahora tiene una mayor cobertura a nivel nacional, algún día deberá ser atacado por el Estado y lograr su desmovilización o reintegración, previo sometimiento de los procesos de justicia, para que se den reales garantías de no repetición de estos crímenes en la región”.

Para Carreño “este proceso tiene garantía de salir adelante por la presión que hay a nivel internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones internacionales que han sido solidarias y que acompañan el caso de Trujillo como uno de los casos simbólicos, donde primero se logra un reconocimiento de responsabilidad del Estado y se pide perdón público a las víctimas por los crímenes cometidos".

"Ese acompañamiento internacional ha sido y es muy importante para poder avanzar en términos integrales, en justicia, en verdad, en reparación integral y garantías de no repetición; es decir, acompañar a estas viudas y a estos hijos de las víctimas es muy importante para que puedan seguir existiendo y viviendo en esta comunidad”.

Ustedes no votan!!!

El grupo paramilitar denominado Los Rastrojos mantuvo confinados a 200 indígenas emberá en una comunidad costera del occidental departamento del Chocó para evitar que fueran a votar en las elecciones legislativas.

En declaraciones a radio Caracol, el defensor del pueblo regional del Chocó, Víctor Raúl Mosquera, dijo que 14 personas fueron retenidas antes del 14 de marzo, día de las elecciones, pero que el grupo armado ilegal posteriormente confinó a toda la comunidad. Los indígenas, incluyendo 16 niños, permanecieron encerrados durante cuatro días.

Los Rastrojos forman parte de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que en el 2003 firmaron un acuerdo de desmovilización con el gobierno.

“Nos parece grave porque no sabemos cuál es la intencionalidad”, dijo Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en referencia al grupo armado. “Ya es una violación del derecho que tiene la comunidad de transitar libremente por sus territorios”.

A principios de este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó duramente al gobierno colombiano por haber fracasado en brindar protección a las poblaciones más marginadas del país (los indígenas y afrocolombianos), atrapadas en el conflicto armado entre los grupos guerrilleros de izquierda y los paramilitares de ultraderecha.

Las represiones en Honduras no paran!!!

Más de cien órdenes de captura contra campesinos, una saturación de presencia militar y paramilitar, además de más de cinco civiles muertos es el panorama que se vive en la zona de Aguán, en Honduras, en una arremetida represiva del gobierno para desalojar campesinos que recuperaron tierras del latifundio.

Este martes 6 era la fecha fijada por el gobierno de Porfirio Lobo para intervenir militarmente la zona, empresa en la cual, advirtió, no dudaría en emplear todo el poder de fuego del ejército hondureño. Pero los campesinos del Movimiento Unificado Campesino de Aguán (MUCA) respondieron a las amenazas con acción: en la madrugada del 6 ocuparon otras 700 hectáreas al tiempo que denuncian internacionalmente la arremetida represiva y el muy probable saldo de muerte que la misma arrojaría de concretarse. “En este momento hay una presión psicológica enorme sobre los hermanos y hermanas de los distintos grupos, la situación es terrible”, comenta desde el lugar de los hechos Wilfredo Paz Reyes, dirigente del MUCA y del Frente Nacional de Resistencia Popular.

El proceso de recuperación de tierras abarca a 17 familias contra media docena de latifundistas. “En ese contexto la gente prefiere morir en la tierra antes que entregarla, de hecho hemos perdido cinco compañeros campesinos en la arremetida de militares y paramilitares, pero aquí nadie se mueve ni nadie se rinde”, dice Wilfredo.

Las próximas horas son cruciales y distintas organizaciones han adelantado su advertencia sobre la explosiva situación. “La Policía y el Ejército de Colón operan con vehículos de los empresarios terratenientes con placas particulares, armados de AK-47, con pasamontañas y junto a paramilitares realizan diariamente operaciones en contra del MUCA”, señala un comunicado de esa organización difundido mundialmente.

Los hechos que marcan la continuidad de la represión desatada tras el golpe de junio pasado por parte de Roberto Micheletti contra el gobierno del derrocado José Manuel Zelaya llegan hasta las altas esferas de gobierno, como el reciente nombramiento como Director Nacional de Telecomunicaciones al “jefe operativo” del régimen dictatorial encabezado por Micheletti, el General Vázquez Velásquez.

“Es un gobierno totalmente ilegítimo, es la imposición de la oligarquía y la bota militar sobre el pueblo hondureño. Desde el Frente Nacional de Resistencia Popular reiteramos un llamado a la solidaridad hacia las luchas que estamos emprendiendo porque no hemos renunciado a la Asamblea Nacional Constituyente, a cambiarle el destino a este país”, comentó Wilfredo Paz.

Pramilitares Colombianos: águilas solo de matanza y no de verdad

La organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, comenzó una campaña para actuar de forma urgente en el caso de la Corporación Sisma Mujer, que ha sido declarada objetivo militar por el grupo paramilitar colombiano Bloque Central de las Águilas Negras Verdad y Muerte.

La organización que recibió la amenaza trabaja desde hace una década con las mujeres colombianas, asegurando que se respeten sus derechos en situaciones tan difíciles como lo son las derivadas del conflicto armado que se vive en Colombia.

La amenaza de los paramilitares estuvo específicamente centrada en este punto, dado que se intentó amedrentar a las personas de la Corporación Sisma Mujer que trabajan con poblaciones desplazadas por el conflicto interno. “Continuamos declarándolos objetivo militar”, señalaba el texto de la amenaza, que hablaba de implementar un “plan de eliminación” contra “los líderes guerrilleros que se cubren el rostro con la fachada de ONG y Organizaciones de desplazados y quienes les ayudan bajo el paradigma de defensores de derechos humanos y quienes obstaculizan la política del gobierno (del presidente Álvaro Uribe)”.

Se trata de la segunda amenaza de muerte que recibe la Corporación Sisma Mujer; esta vez, los paramilitares incluyeron una lista de más de 30 personas de la organizción a las que consideran su objetivo.

Amnistía Internacional está exhortando a escribir a las autoridades colombianas antes del 18 de marzo para que investiguen lo ocurrido y aseguren la integridad física de los defensores de los derechos humanos en Colombia, tal como lo exigen las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas en 1998 (tomemos esto último entre comillas, porque, ¿No hay muchos lugares más donde no se cumplen los derechos humanos?...).

Guatemala: Una nueva víctima... ¿hasta cuándo?

Protestas en Guatemala

Como si se tratara de “el crimen nuestro de cada día”, en el interior de Guatemala se suceden con periodicidad escalofriante asesinatos, amedrentamientos y represión contra activistas vinculados al movimiento indígena y campesino.

El pasado 23 de octubre, Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej realizó una conferencia de prensa en la cual, a partir de la descripción y denuncia del asesinato al abogado maya Fausto Otzín en la noche del 17 de Octubre en el Municipio de San Juan Comalapa (Chimaltenango), pinta un panorama del verdadero clima de terror que se vive en regiones remotas del país con la actividad impune de fuerzas militares y paramilitares.

Por su parte, desde la Convergencia de Organizaciones de Derechos Humanos, Mario Minera destacó las características de este nuevo asesinato político. “Ha sido muerto un intelectual, un profesional que puso todas sus energías al servicio de los pueblos indígenas y en especial de los mayas. Fausto estaba trabajando en torno al sistema de fortalecimiento de los servicios de justicia para el reconocimiento de los derechos del pueblo maya”, sostuvo Minera para quien el asesinato reviste todas las características de una “ejecución extrajudicial” o un “mensaje de miedo”.

El activista en Derechos Humanos exigió a la Fiscalía Especial de Guatemala el estudio del caso en conjunto con otros asesinatos políticos recientes como parte del mismo modus operandi.

Denuncia de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej:

La situación de Colombia analizada por Alfredo Molano

Alfredo Molano

Cronista único de la Colombia desgarrada, el sociólogo y escritor Alfredo Molano (nacido en Bogotá; 1944) ha logrado convertir en prosa sus vivencias de más de seis décadas caminando el territorio de su país. Su periodismo y literatura de denuncia se cuentan entre las escasas ventanas de visibilidad que la situación en Colombia adquiere, tanto para los propios colombianos como para la comunidad internacional.

El reciente escándalo estallado en Colombia por el desvío de fondos del programa gubernamental “Agro Ingreso Seguro” (AIS), que financia al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), es calificado por Alfredo Molano, como “un programa plutocrático que ayuda a la acumulación de ganancia de los más ricos”. “En Colombia nunca ha habido una reforma agraria real a pesar de que han habido leyes que la facilitarían. La concentración de la tierra aumenta de manera fabulosa”.

En apenas una década -1990-2000-, en que muchos discutían las características que debería tener una Reforma Agraria, “los narcotraficantes se apropiaban en ese mismo lapso de cinco millones de hectáreas (…) y siguen sumando”, dijo Molano, para quien esta concentración y desplazamiento se encuentra en la base de la violencia en Colombia a lo largo de las décadas.

De esta manera los fondos de AIS que en sus orígenes tenían por destino la ayuda social hacia asalariados rurales, han terminado como subsidios a los grandes terratenientes que a la vez están detrás de la campaña por la entronización en el poder de Álvaro Uribe. Una pieza clave en ello ha sido el financiamiento del paramilitarismo cuyo desmantelamiento anunciado oficialmente no tiene correlato en el infierno que sufren las comunidades Colombia adentro.

¿Y con el ambiente?

Alfredo Molano habla también de los nuevos micro y mega proyectos que desde el agronegocio, los agrocombustibles, la minería, el “eco-turismo” o la extracción de hidrocarburos atentan contra los recursos y los bienes naturales de Colombia y sus comunidades rurales.

La lógica es tan clara como aberrante: si una hidroeléctrica ha decidido instalarse en el cauce de un río, pues es ella misma la que realiza el estudio de impacto ambiental y la que a la postre redacta las condiciones para obtener su licencia sustituyendo la soberanía del Estado colombiano por su sed de ganancias, indica Alfredo Molano.

Otro punto de preocupación es la apropiación privada de las playas naturales por parte de los consorcios de turismo y “eco-turismo”, un nuevo formato de apropiación plutocrática de los territorios.

El conjunto de Latinoamérica como escape

Finalmente, el intelectual teje una perspectiva de salida de la situación de Colombia enfocando a su país en el contexto Latinoamericano, toda vez que su país es el principal receptor de ayuda militar norteamericana y asimismo amenaza a la región con las bases militares extranjeras que alberga. “Esas bases están apuntando básicamente a Venezuela en primer lugar y en segundo lugar al Amazonas. Agradecemos a los compañeros de América Latina por su solidaridad en nuestra lucha contra estas bases vergonzosas para Colombia”, remató Alfredo Molano.