Copa para los ricos, represión para el pueblo

Brasil se prepara para ser sede de la Copa del Mundo de 2014 y de las Olimpíadas de 2016. Al mismo tiempo en que crecen las obras para la realización de los eventos deportivos, aumentan las preocupaciones de comunidades populares, organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos. Comunidades desalojadas o amenazadas de desalojo, especulación inmobiliaria y violaciones de los derechos humanos son sólo algunas de las situaciones observadas por esos grupos.

Para llamar la atención de la sociedad sobre esos puntos, Comités Populares de la Copa realizarán movilizaciones. Hoy (30), las ciudades de Río de Janeiro (RJ) y de San Pablo (SP) fueron escenario de marchas y actos públicos sobre este asunto.

En Río de Janeiro, el Comité realizó a las 10 hs una marcha desde Largo do Machado hasta Marina da Glória, lugar donde se realizará el sorteo preliminar de las eliminatorias de la Copa del Mundo. A su vez, en la capital paulista, los integrantes del Comité realizaron un acto con concentración en el Metro de Itaquera, también a las 10 hs.

Rosilene Wansetto, miembro de la coordinación de Jubileo Sur, explica que las movilizaciones tienen el objetivo de demostrar "como la Copa está siendo conducida”. De acuerdo con ella, las actividades, entre otros puntos, destacan las violaciones de los derechos de los habitantes de las ciudades sedes del evento mundial y exigen transparencia en los procesos de licitación.

La integrante de Jubileo Sur cita algunas de las principales preocupaciones de las organizaciones que integran los comités, como el desalojo y la amenaza de remoción de comunidades, el aumento de la explotación sexual de mujeres y niñas, la remoción de trabajadores informales de áreas cercanas a los estadios y la situación precaria de los trabajadores de la construcción civil.

Rosilene destaca además la falta de transparencia en las licitaciones y en los valores destinados a las obras de esos eventos. Además, muestra la división desigual de la inversión para las competiciones internacionales y para las propias políticas deportivas nacionales.

Según el documento de la Articulación Popular Nacional por la Garantía de Derechos Humanos en el contexto de los Megaeventos, la previsión era "de R$ 24.000 millones de recursos públicos” para las obras de las 12 ciudades sedes, valor "10 veces el presupuesto del Ministerio de Deportes” para este año. "[Esto muestra] que no tenemos políticas de inclusión a través del deporte, pero sí el Estado invierte en estos eventos”, concluye.

Esto sin hablar que los gastos ya superaron el valor previsto en el presupuesto inicial, lo que, según Rosilene, también puede acarrear un aumento de la deuda interna. "En algunos estadios, vemos valores muy diferentes del presupuesto inicialmente previsto. Esto sólo hablando de los estadios, sin considerar las obras de movilidad urbana”, sostiene.

La integrante de Jubileo Sur reclama acerca de la falta de transparencia en las informaciones referentes a las obras y gastos de la Copa. Para ella, tales informaciones y datos necesitan ser de "dominio público”. "La población no tiene acceso a los proyectos, a los estudios técnicos. Algunas obras ya fueron iniciadas sin que tengamos acceso a los estudios técnicos de impacto social, financiero, ambiental y urbanístico”, comenta.

Demandas

A causa de este cuadro de situación, la Articulación Popular Nacional por la Garantía de Derechos Humanos en el contexto de los Megaeventos elaboró un documento con nueve puntos que guían las demandas y las discusiones de los Comités Populares. Son ellos: participación/consultas públicas en las acciones y obras propuestas para los megaeventos; transparencia y acceso a la información; divulgación de presupuestos y sus ejecuciones monitoreadas por la sociedad civil; respeto de los derechos laborales; desalojo cero; no a otras violaciones de derechos humanos; legado social y ampliación de derechos; repudio de la "ciudad de excepción” y defensa de una política deportiva y cultural.

El documento completo de la Articulación se puede leer aquí: http://comitepopulario.wordpress.com/documento-da-articulacao-popular-nacional-pela-garantia-dos-direitos-humanos-no-contexto-dos-megaeventos/.

Marcha Popular Indignada

Video resumen de algunas vivencias de la Marcha Popular Indignada - Ruta NorOriental en su paso por Tarragona y Teruel. La Marcha Popular Indignada es una caminata de más de 15 rutas y sub-rutas procedentes de toda la península que confluyó el día 23 de julio en Madrid. Los indignados recogen el testimonio de la gente de los pueblos y ciudades por donde pasan para llevarlo a la capital. Así se hace una asamblea-coloquio con la gente de la zona...

Ríos de petróleo

Barco petrolero sobre el Río Urubamba

La valoración de los impactos de la actividad hidrocarburífera en la Amazonía puede concluir en resultados tan dispares como lo son las posiciones de sus emisores. Desde las compañías petroleras (las autoras de los impactos) así como su entramadode consultoras e instituciones clientelares, se tenderá a relativizar la afectación de sus actividades, minimizando, ignorando si pueden, o externalizando los impactos. 

Frente a ese discurso absolucionista, las comunidades amazónicas (las receptoras de los impactos) responden con débiles quejas que frecuentemente se traducen en demandas de compensación. Este artículo tiene por objetivo la consideración del transporte fluvial de las compañías petroleras como uno de estos impactos generalmente ignorados o, como máximo, arrinconado en el apartado de impactos indirectos.

Camisea y los pueblos del Urubamba 

Para las comunidades Ashánikas, Yine Yamis, Machiguengas, Kakintes, Nahuas y Nantis, que habitan las orillas del Río Urubambao en sus afluentes, el permanente tráfico fluvial de las compañías petroleras ha deteriorado sustantivamente el sustento alimentario que proporcionaba el río. 

El Río Urubamba, nace a pocos kilómetros del homenajeado Machu Pichu y desciende por el legendario Pongo de Mainique, un enclave sagrado para los Machiguengas regando una extensa región amazónica conocida como el Bajo Urubamba, con un área entorno los 25.000 Km2. La cuenca abarca 10 microcuencas y se encuentra delimitada geográficamente por importantes áreas etnogeográficas, como son el Santuario Megantoni por el Sur, la Cordillera de Vilcabamba por el Este, la Reserva Nahua- Kugapakori por el Oeste y la formación del Río Ucayali por el Norte.

Desde 2003, el proyecto Camisea genera una sobria actividad fluvial que afecta todo el Bajo Urubamba y se siente por el Río Ucayali hasta Pucalpa. Los 8 grupos étnicos que habitan esta cuenca experimentan una acelerada erosión cultural por los patrones de convivencia forzada con las compañías petroleras. Hoy día, al controvertido bloque 88  (con sus 6.85 trillones de pies cúbicos de gas y con el compromiso presidencial para destinar todo el gas a consumo interno) se le añaden los bloques vecinos 56 (Pluspetrol), 57 (Repsol YPF) y 58 (Petrobras). 

Cada una de estas empresas usa las aguas del Río Urubamba para transportar todos los insumos para la apertura de líneas sísmicas, construcción de campamentos, perforación de pozos o tendido de gasoductos entre otros. También el cielo amazónico es usado como servidumbre de paso para un intenso tráfico de helicópteros de una y dos hélices. Auque la ley exige no sobrevolar las comunidades a menos de 1 km de distancia, el equipo de Alerta Amazónica comprobó cómo el cielo de las comunidades de Camisea, Kirigueti i Shivankoreni era continuamente violado por el transporte de piezas de gasoducto desde la estación Malvinas al pozo Mayapi, en el lote 56. 

Atalaya, puerto petrolero 

El Río Ucayali se forma en la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba. En este punto se encuentra la ciudad emergente de Atalaya, que con sus 35.000 habitantes, ha duplicado su población en la última década. En su puerto, cada tarde desembarcan lanchas de las compañías petroleras que exploran y perforan los hidrocarburos del Bajo Urubamba. Centenares de trabajadores con diferentes uniformes agotan todas las plazas hoteleras. Son los trabajadores de las subcontratas de Repsol, Pluspetrol y Petrobras, que regresan de los transportes fluviales y de las campañas sísmicas, selva adentro.

Francisco Sousa Mendoza, alcalde de Atalaya se enorgullece del crecimiento del municipio. “La ciudad se prepara para seguir creciendo. Estamos trabajando duro para acondicionar una carretera que permita conectar este punto geoestratégico”. 

A orillas del Ucayali, existe un parqueadero de barcos de gran tonelaje. Son las "chatas" que surcan el Urubamba sólo en época de lluvias. En la mitad del año se encuentran aparcadas a pocos meandros del pueblo. Actualmente, se está construyendo un puerto logístico para estos barcos en una comuniad Ashanika, a escasos kilómetros de Atalaya, por lo cual se deforestaron dos kilómetros de orilla ribereña. 

Inseguridad Fluvial 

Cuando baja el caudal, todo el transporte se hace fraccionando la carga en múltiples botes que trajinan a toda hora por el río, con su ''particular'' ruido de motor y oleaje. Para los habitantes del río, la velocidad de las lanchas supone un riesgo para su seguridad. Con sus canoas propulsadas a remo o motor "Peque" se sienten amenazados por los efectos de una súbita ola. Por ejemplo, en la comunidad machiguenga de Kirigueti se reportó la muerte de una niña por voltear su canoa por culpa del oleaje producido por las embarcaciones de Pluspetrol. 

Recientemente, se presentó una denuncia en el Juzgado de Atalaya por la responsabilidad de Petrobras en el hundimiento de una lancha cuatro pasajeros y toda su carga, el pasado 22 de mayo de 2011. 

Derrames de gas 

En todas las comunidades Ashanikas y Machiguengas del Bajo Urubamba, se recuerda el derrame de 2004. Una rajadura en la parte inferior del ducto de transporte de líquidos de gas natural generó un derrame de aproximadamente 1151 barriles. La empresa Transportadora del Gas de Perú (TGP), dueña del gasoducto y responsable del accidente, demoró varios días en informar a las comunidades más cercanas sobre los peligros de ingerir agua y pescados contaminados. Las comunidades río abajo, detectaron recién el peligro "cuando los pescados bajaban flotando panza arriba", advirtió un comunero de la Comunidad Nativa de Shinkiato, a varias horas de navegación del lugar del derrame. En ese momento las organizaciones indígenas se movilizaron contra las empresas, las cuales reconocieron convenios de compensación más allá de las pocas comunidades "directamente afectadas".

Varios testimonios advierten del comportamiento autoritario y poco dialogante que tuvo la empresa TGP en la gestión de esta crisis y los siguientes accidentes que lamentablemente se han ido sucediendo por todo el recorrido. 

Inseguridad alimentaria 

A los derrames ''accidentales'' de los gasoductos que salen del proyecto Camisea y los posibles accidentes en los futuros ductos proyectados en las cuchillas de los cerros para conectar los lotes 56, 57 y 88, hay que valorar los impactos de baja intensidad provocados por el continuo tráfico de las lanchas petroleras. Monitora Fluvial entrevistada en la Comunidad Nativa de Camisea, verificó el paso de una media de 100 botes diarios por su comunidad. Los ruidos, los pequeños vertidos de gasolina y el oleaje disminuyen tanto la población ictícola como la actividad de pesca propiamente dicha. Múltiples voces del Bajo Urubamba alertan que en esta época de "Mijana" (subida estacional de los peces a las cabeceras) la pesca ha disminuido a límites históricos.

Con la pesca y la caza limitada por los botes y helicópteros de las compañías petroleras, las comunidades indígenas del Bajo Urubamba mendigan resignadas compensaciones económicas para solventar necesidades momentáneas. Mientras tanto, el río Urubamba, convertido en Hidrovía Petrolera, desplaza más insumos petroleros para desarrollar nuevos campos gasíferos que multiplicarán las posibilidades de derrame. El futuro está echado para los pescadores del Urubamba.

Único en el Perú, pero... Bajo amenaza de destrucción!!!

Cordillera Huayhuash (oeste) Nevado Jirishanca y laguna Solteracocha

Ya no es novedad. En los andes peruanos las comunidades campesinas y en la selva amazonica las comunidades nativas, son los verdaderos guardianes de sus territorios por justificables razones: su hábitat (no cuentan con otro), la proveedora de su supervivencia y la de su familia.

Nunca fue ni tampoco será “el perro del hortelano”, como pretendió invocar el locuaz saliente presidente Alan García, para justificar sus prebendas con los recursos naturales, hoy en discusión; menos “el cáncer del desarrollo”, como pretenden algunos “especialistas” desarrollistas para justificar sus incapacidades.

Es una de las opciones razonables que la Ley Nº 26834, Ley de ANP y su reglamentación correspondiente hayan previsto como alternativa, valorar la iniciativa de las comunidades originarias, al reconocerles que sus territorios complementen las aéreas naturales protegidas administradas por el Estado, en el caso de que sean reconocidas área de conservación privada (ACP).

Allá por el año 2004, en la primera ACP “Chaparri” en Lambayeque, el Estado a través por entonces del ex Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), hoy Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), reconocieron como ACP; comprobamos ese justo reconocimiento, que la comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape, entregaron más de 34 mil hectáreas de superficie por sus características ambientales, biológicas, paisajísticas, para complementar la cobertura del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), aportando a la conservación de la diversidad biológica e incrementando la oferta de oportunidades para la investigación científica, la educación y el turismo especializado.

Según la ley de ANP, el reconocimiento de Áreas de Conservación Privada se priorizan en aquellos predios ubicados en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas de administración nacional. La denominación genérica que se da a estas áreas protegidas es la de “Área de Conservación Privada”, que corresponde a una categoría única. El reconocimiento de las Áreas de Conservación Privada se basa en un acuerdo entre el Estado y el titular del predio a fin de conservar la diversidad biológica en dicho predio por un período no menor a 10 años renovables. El incumplimiento de las obligaciones de este acuerdo por parte del titular del predio determina la pérdida de su reconocimiento como Área de Conservación Privada.

Posteriormente en el año 2005, otras comunidades solicitarían ese mismo tratamiento: Cañoncillo en La Libertad, Pacllón en Ancash y Huayllapa en Lima; en los últimos años SERNANP ha reconocido 21 áreas de conservación privada, a la fecha suman 34 ACP a nivel nacional, que abarcan 149,659.78 hectáreas del territorio nacional protegido, según publicación de SERNAP (http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=11), representando el 16% del territorio peruano conformado por áreas naturales protegidas, es decir más de 21 millones de hectáreas a nivel nacional, es un esfuerzo y compromiso asumido para promover la declaración de las Áreas Naturales Protegidas de Administración Privada para proteger la biodiversidad existente en el territorio en el que se asientan, “demostrándose así que cada día más personas naturales, comunidades campesinas, nativas y autoridades regionales están valorando sus recursos naturales, cuidándolos para su beneficio sostenible y para el de sus futuras generaciones”, sostiene MINAM a través de su web: http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1469:ministro-antonio-brack-entrega-reconocimientos-oficiales-a-once-areas-naturales-de-conservacion-privada&catid=1:noticias&Itemid=21.

Nuevamente el ACP “Chaparri”, marca nuevo hito como comunidad al reconocerles SERNANP a través de la RM Nº 153-2011-MINAM, publicado el 22/07/11, un reconocimiento a PERPETUIDAD como Área de Conservación Privada, por su compromiso demostrado en valorar sus recursos naturales, cuidándolos para su beneficio sostenible y para las futuras generaciones. El 2001 les reconocieron sólo por 10 años. Nuestro reconocimiento a los gestores.

En el caso de la Cordillera Huayhuash, la tercera comunidad a nivel nacional reconocida fue el ACP “Pacllón”, por el lado occidental con más de 12 mil hectareas, luego vendrian el ACP “Huayllapa” por el sur, posteriormente el ACP “Jirishanca” por el este, y finalmente el ACP “Llamac” nuevamente por el occidente de esta cordillera, totalizando 4 ACP en el “lugar más bello del Perú”, también, significa que el Estado reconoce el esfuerzo y la labor de los verdaderos guardianes, quienes solicitaron previa evaluación la administración propia de esos territorios como áreas naturales protegidas, apostando por su sostenibilidad.

Existe una amenaza permanente en esta cordillera: la actividad minera, incrementada peligrosamente desde la década del 90, antes sólo se contabilizaban 8 denuncioas mineros, a la fecha sobrepasan los 80, una en proceso de Explotación a sólo 3 km del Yerupajá, segundo pico más alto del país, donde viene operando la minera Santa Luisa Proyecto Pallca, con antecedentes negativos por contaminar ríos y fuentes de agua.

Asimismo se encuentra en proceso de Exploración por la empresa minera Raura S.A. en el mismo corazón de la cordillera con el Proyecto “Diablo Mudo”, con innegables efectos negativos de contaminación a las fuentes de agua y el medio ambiente, por su ubicación en el mismo nevado Diablo Mudo, hechos de conocimiento de SERNANP, ANA, OEFA, INGEMMET, Congreso de la República, Autoridades Regionales y Locales; y la tercera, la empresa canadiense Solitario Perú SAC, conseciones Genial 1, 2 y 3, actualmente interpuesto acciones de impedimento ante el Concejo de Minería por las comunidades de Pacllón y Mangas, a punto de ser otorgadas a favor de la mencionada minera.

En el Perú todo ello, representa una afrenta, desventaja y desprotección a las decisiones comunales, democráticamente y participativamente asumidas, en su compromiso de gestionar adecuadamente como ACP sus territorios, orientados en la búsqueda del verdadero desarrollo sostenido, constatando que el Estado no garantiza ni es previsora cuando se trata de la voluntad de los pueblos, particularmente de comunidades, orientando hacia un falso desarrollo con actividades extractivas como exclusividad.

Las discusiones en el proceso de esta categorización, en la búsqueda del ordenamiento territorial y zonificación, aún no es tarde, luego de la inconclusa RM Nº 1173-2002-AG, debe orientar reforzar esas iniciativas comunales, en esas discusiones deben participar los diferentes sectores: educación, salud, medioambiente, etc., gremios, Gobiernos: nacionales, regionales, locales y prioritariamente comunales, y la sociedad civil.

La menoscabada actividad turística en la ZRCH, no representa el único objetivo del ordenamiento y conservación, aunque si apetitoso para algunos, esta actividad representa sólo un componente dentro otros de mayor trascendencia para los fines y objetivos. Acudimos a la sapiencia de los miembros de la comisión encargada, para arribar como una exitosa experiencia en cuanto a ordenamiento territorial, sabiendo que la zona es rica en recursos hídricos, biológicos, paisajísticos y culturales, único en el Perú.

El interés del lucro no cesa

El afán de la industria forestal por incrementar sus ganancias ha llevado a una homogeneización creciente de los cultivos de árboles destinados a la producción de madera y celulosa. Se empezó seleccionando las especies de crecimiento más rápido, de troncos rectos, pocas y delgadas ramas y madera adecuada para el uso industrial. Luego se adoptó el paquete de la ''Revolución Verde'': creciente mecanización de las tareas forestales, aplicación de fertilizantes químicos, agrotóxicos para combatir las plagas y herbicidas para evitar la competencia de otras plantas con los árboles plantados.

Un elemento importante fue la selección genética tradicional para “mejorar” el desempeño de las plantaciones en términos de rendimiento de madera, a la que pronto siguió la hibridación y clonación de los “mejores” árboles.

La siguiente etapa fue la modificación genética de los árboles, para alcanzar una producción aún mayor, pero que ha levantado fuerte resistencia social así como cuestionamentos científicos en relación, por ejemplo, con el riesgo de contaminar el material genético de los árboles nativos.

Por eso, aún sigue mayoritariamente en etapa experimental (al respecto se pueden consultar las hojas informativas del WRM sobre la situación de los árboles genéticamente modificados país por país, disponibles en: http://wrm.org.uy/subjects/GMTrees/Information_sheets.html).

Los intereses en juego se han complejizado; las empresas foresto-celulósicas están vinculadas a grandes laboratorios y forman conglomerados de trasnacionales aún más vastos. El interés de lucro no cesa.

En las últimas semanas se han producido algunos hechos que ilustran los intentos del sector forestal (incluidas empresas forestales y laboratorios de tecnología) por lograr la introducción comercial de árboles transgénicos en dos países importantes para el sector: Estados Unidos y Brasil.

ArborGen, con sede en Carolina del Sur, Estados Unidos, es líder internacional en investigación y desarrollo de árboles genéticamente modificados y lleva adelante sus planes de comercializar “sus” árboles transgénicos tanto en los Estados Unidos, donde ya tiene plantaciones, como en Brasil. Las plantaciones de árboles transgénicos tendrían múltiples destinos: serían utilizadas para la producción de pulpa de papel, para los llamados combustibles celulósicos de “segunda generación”, para la producción de electricidad a partir de madera.

Entre el 26 de junio y el 6 de julio, en el Estado de Bahía, Brasil, tuvo lugar la “2011 Tree Biotechnology Conference”, conferencia anual sobre biotecnología forestal de la IUFRO (Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal). El evento fue patrocinado por empresas de papel y celulosa como Veracel Celulose, propiedad de la transnacional suecofinlandesa Stora Enso y la brasileña Fibria, y empresas proveedoras de biotecnología para la industria como ArborGen.

La conferencia reunió a unos 300 representantes e investigadores de la industria. Entre los temas tratados estuvo el del futuro comercial de los árboles transgénicos. Algunos empresarios brasileños destacaron la importancia de que Brasil apruebe el uso comercial de árboles genéticamente modificados lo antes posible, a riesgo de quedar rezagado en la carrera por el eucalipto transgénico. Así, el vicepresidente de estrategia y desarrollo de FuturaGen, una de las empresas de biotecnología participantes declaraba: “Ya estamos prontos para el mercado. Hicimos todas las pruebas de performance. Falta la reglamentación” .

La preocupación por no retrasarse en la carrera por el eucalipto transgénico probablemente se vincule a la solicitud que elevó la compañía ArborGen al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para vender anualmente 500 millones de eucaliptos transgénicos diseñados para tolerar el frío, producir menos cantidad de lignina y digerir parte de su propio ARN a fin de reducir su fertilidad (una tecnología genética de tipo Terminator). Por más información al respecto ver el documento informativo del WRM “Los árboles transgénicos”, en http://www.wrm.org.uy/temas/AGM/documento_AGM.pdf.

El referido organismo había autorizado previamente la plantación experimental de 260.000 de esos eucaliptos en 29 campos de prueba. Esta decisión se enfrentó a un juicio que el 1º de julio de 2010 iniciaron y llevan adelante tres organizaciones miembros de la Campaña STOP GE Trees – Global Justice Ecology Project, Dogwood Alliance y Sierra Club.

Brasil ocupa el 4º lugar mundial en la producción de celulosa, y en este país la expansión de las plantaciones industriales de árboles ha sido acelerada, a enorme escala y ha perjudicado de tal forma a las comunidades rurales que dio origen a una gran resistencia, de la cual dan testimonio organizaciones como Red Alerta contra el Desierto Verde y La Vía Campesina, por citar algunas.

El empuje de la industria forestal por la introducción de árboles transgénicos a su esquema de producción no mengua. ¡Es vital que tampoco mengüe la resistencia!

Debería aplicarse sin ningún tipo de problemas

Un proyecto de ley que regula el derecho de Consulta Previa elaborado por el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq) fue entregado a varios diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en medio de una concurrida marcha por la calles de La Paz (Bolivia).

Los parlamentarios que recibieron el documento, Edwin Tupa, jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), el senador Eugenio Rojas, el diputado suplente y ex autoridad del Conamaq Vicente Flores, y Wilson Changaray, diputado guaraní expresaron su compromiso de colocar el proyecto en la agenda de la Asamblea y revisar la propuesta del Conamaq.

La iniciativa quiere alertar a los diputados y senadores del país de la urgencia de la ley. Si el derecho a la consulta no se cumple queda en peligro nuestro territorio, dijo Rafael Quispe, dirigente del Conamaq al momento de la entrega.

Sergio Hinojosa, Jiliri Malku (máxima autoridad) del Conamaq advirtió que estarán atentos a lo que pase con su propuesta y buscarán el apoyo de los pueblos indígenas de tierras bajas para unir fuerza y lograr que el derecho a la consulta tenga una ley. Los asambleístas indicaron que también esperan la propuesta de los otros pueblos indígenas para consensuar una ley que beneficie a todos.

Por su parte, Waldo Albarracín, ex defensor del Pueblo y ex presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, quien participó de la Cumbre sobre derecho a la consulta del Conamaq, señaló que la Constitución Política garantiza la consulta previa con carácter vinculante para los pueblos indígenas que se sientan afectados por cualquier proyecto, obra, actividad, iniciativa legislativa o administrativa que los afecte.

Bolivia es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo desde 1991 y por tanto, debería aplicarse sin ningún tipo de problemas, dijo Albarracín.

Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Desde el día de hoy, sábado 30 de Julio y hasta mañana, domingo 31, se viene llevando a cabo la Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en la comunidad de Salsipuedes, en el Estado mexicano de Guerrero.

“La Asamblea es un esfuerzo de diversas comunidades que están en peligro por la construcción de megaproyectos tales como minas, carreteras, fábricas, presas, granjas de ganado intensivas”, señalan desde la convocatoria.

En una entrevista para la red Boca de Polen, que difunde la agencia de ALER, el investigador Andrés Barreda, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que la proliferación de este tipo de proyectos nocivos para el medio ambiente y para los pueblos, es porque el gobierno mexicano ofrece la nula protección ambiental como imán para las inversiones extranjeras.

''Esto significa que en México las transnacionales pueden contaminar sin que sean sancionadas y sin tener que encargarse de los deshechos que producen, maximizando sus ganancias'', afirmó Barreda.