Vení, estafá en Uruguay que igual quedás libre!!!

Gonzalo Fernández

El profesor grado cinco de derecho penal se sorteó una bolilla al rendir examen en el Parlamento ante la ciudadanía. Las contradicciones jurídicas y políticas, y los conflictos de interés del ex canciller son reconstruidos por el semanario Brecha (Uruguay).

El ex secretario de la Presidencia, ex ministro de Defensa y ex canciller Gonzalo Fernández ocultó a fines de 2008, cuando el Parlamento derogó el artículo 76 de la ley 2.230 y ahora, a mediados de agosto, cuando asumió una banca en el Senado para defenderse en medio de la crisis política, que su estudio jurídico defiende a uno de los ex directores del Banco Montevideo procesado en el caso Peirano. Pero además, el ex gobernante y su pareja Cecilia Salom (docente y abogada penalista) declaran públicamente ahora que fue un error del Tribunal de Apelaciones haber clausurado el caso Peirano por la derogación del artículo 76, que establecía el delito de fraude para directores de sociedades anónimas, cuando justamente por tal eliminación del ilícito, el propio estudio de Gonzalo Fernández solicitó a la justicia la clausura del expediente en marzo de 2009.

Ese documento, está firmado por Salom y contiene 18 puntos argumentativos que se dan de bruces con la opinión de la Fiscalía, que pretendía mantener abierto el caso. Lo cierto es que ahora Fernández y Salom argumentan que coinciden (y que siempre coincidieron) con la posición de la fiscal Raquel González y con la sentencia de la jueza Mariana Motta, que se opuso a la clausura del expediente.

Tales argumentos (los que declara, no los que expuso su estudio en el escrito de pedido de clausura) fueron los que utilizó Fernández cuando asesoró a los parlamentarios en las horas en que el Poder Legislativo se disponía a votar el artículo 2 de la ley 18.411 a fin de derogar el delito por el cual estaban procesados los hermanos Peirano Basso y otros directores del Banco Montevideo, entre ellos su defendido, Juan Domingo Ratti.

Fernández le dijo al diputado Álvaro Lorenzo (el único legislador que pareció tener dudas sobre las consecuencias de la derogación en el caso Peirano) que si se votaba la eliminación del artículo 76 nada cambiaría en el caso de los banqueros, porque el fiscal había acusado a los implicados por el delito de insolvencia societaria fraudulenta, que es más grave. “Esa fue mi posición y sigue siendo la misma ahora, y también es la posición de la jueza de primera instancia que denegó el archivo de la causa y de la fiscal que también se negó a ello, y el hecho de que el tribunal de apelaciones haya entendido lo contrario no modifica mi opinión, que no coincide con la del tribunal, y aún resta saber cuál es la posición de la Corte, que también puede coincidir con quienes sostenemos que esa derogación no implica el archivo de la causa”, sostuvo Fernández (La República, sábado 14).

Fernández ya había sostenido que “el error no estuvo en aprobar la ley (…) sino en la sentencia que hizo al respecto del proceso de los hermanos Peirano el tribunal de apelaciones” y explicó que “si la Fiscalía presenta un recurso de casación, no tengo dudas de que la Suprema Corte de Justicia (scj) subsanará el error de derecho y seguirá la causa” (Sonia entrevista, Canal 5, viernes 13).

Pues nada de esto es lo que afirma su estudio jurídico en el escrito presentado ante la jueza el 12 de marzo de 2009: “En definitiva, pues, no puede caber duda que la derogación del artículo 76 de la ley nº 2.230, que fundamentaba la imputación penal del enjuiciado, determina ‘ipso jure’ (es decir, por imperio del derecho) y por razón de retroactividad, la clausura automática de este proceso”, afirma el documento firmado por Salom, quien junto a Fernández figura en el expediente como codefensora de Ratti.

Ahora el Frente Amplio (FA; partido de gobierno) trata de asimilar esta evidencia que compromete al senador suplente y ex integrante del Poder Ejecutivo, ante su partido y ante el Poder Legislativo; cuando no ante la justicia, puesto que el abogado Gustavo Salle, tras la publicación de Brecha del viernes 13, presentó denuncia contra Fernández en la sede que se ocupa de los casos del crimen organizado.

La documentación obtenida por el semanario confirma el doble ocultamiento de Fernández: ahora se sabe que es codefensor de uno de los ex directores del Banco Montevideo y que los argumentos esgrimidos para la defensa de su cliente Ratti eran precisamente aquellos que, en su asesoría a parlamentarios, calificó de erróneos e indefendibles. Este doble ocultamiento, aderezado por el protagonismo de su pareja, la abogada Salom, integrante de su estudio, firmante de la solicitud de clausura del expediente y asesora del diputado Gustavo Bernini, de la bancada socialista y aun de la frenteamplista, descolocó a los dirigentes del partido de gobierno que habían ensayado una cerrada defensa del principal hombre de confianza del ex presidente Tabaré Vázquez.

Las “omisiones” de Fernández instalaron una crisis interna en la que el clima de descontento en las bases frenteamplistas se suma al cruce de acusaciones entre grupos sobre presuntas manipulaciones del episodio para terciar en una contienda de revisionismo de la gestión anterior de Vázquez. Quizás el impacto mayor fueron las revelaciones de Brecha sobre el patrocinio del estudio jurídico de Fernández a través de la abogada Salom, quien asumía la defensa de Ratti mientras simultáneamente actuaba como asesora jurídica de la bancada parlamentaria del Partido Socialista.

Diversos escritos consultados por Brecha en el voluminoso expediente que el Tribunal de Apelaciones de 3º Turno acaba de clausurar en aplicación de la ley que el Parlamento aprobó en noviembre de 2008 (a partir de las seguridades brindadas por Fernández en el sentido de que la derogación del artículo 76 no tendría consecuencias) confirman que el estudio del entonces canciller sostenía la tesis de que la carátula del expediente no había cambiado por más que hubiera un pedido fiscal para acusar a los procesados por el delito de insolvencia societaria fraudulenta. Ese pedido fiscal fue el centro de la argumentación de Fernández para sostener, ante consultas de parlamentarios, que el juicio no sería clausurado. Aun cuando los hechos lo desmintieron, Fernández siguió sosteniendo su posición, cuando la conmoción pública por el fallo del Tribunal de Apelaciones puso en cuestión los criterios de trabajo del Parlamento.

A diferencia de otras oportunidades, en este caso de la defensa de uno de los acusados en el caso Peirano, Fernández prefirió eludir el debate sobre las implicancias de actuar simultáneamente como abogado y como gobernante.

La fusión de su interés privado con el público cobra mayor espesura debido al ocultamiento. Después de negar que hubiera tenido participación en la defensa de la causa “Jorge Peirano y otros”, la revelación de que su estudio jurídico defendía a Domingo Ratti debilitó la encendida justificación de su actuación; y la comprobación de que su pareja, la doctora Salom, había reclamado la clausura del expediente (extremo que en principio negó enfáticamente) sacudió la interna del Frente Amplio. Los dirigentes frenteamplistas, removidos por el impacto de los documentos conocidos, se resisten a considerar que la actuación de Fernández, y sus ocultamientos, impliquen alguna forma de provecho personal. La senadora Lucía Topolansky afirmó el miércoles 25, en un comité de base del FA, que “ningún legislador del Frente Amplio ni Gonzalo Fernández recibió dinero para beneficiar a los Peirano”. En el caso del abogado es obvio que el estudio jurídico recibió honorarios por la defensa de uno de los implicados.

La Mesa Política, que una semana antes había hecho suyo un documento de 40 puntos elaborado por el ex canciller, terminó finalmente aprobando por unanimidad la conformación de una comisión investigadora para determinar los hechos. A la vez recomendó a los parlamentarios de la coalición que acompañaran el pedido del senador colorado Ope Pasquet para instalar una comisión investigadora parlamentaria.

La bancada de legisladores frenteamplistas, que sesionó los días lunes y martes pasados exhibió fuertes contradicciones entre grupos y dentro de éstos. Algunos legisladores se resistían a votar una investigadora que “montará un circo colorado contra el Frente”; y otros aceptaban la investigadora sólo en el caso de que se limitara a analizar la conducta del Senado en la derogación del artículo 76. Algunos senadores, por el contrario, sostuvieron que la comisión debía analizar también el trámite de la votación en diputados. Finalmente se acordó que el protagonismo de Gonzalo Fernández no podía ser el centro de la investigadora.

En un encuentro en Florida con Ope Pasquet, el senador emepepista Ernesto Agazzi, uno de los tres legisladores que integraron la comisión preinvestigadora, aseguró: “No vamos a excluir a ninguna persona de la investigación, pero la vamos a centrar en todo el proceso de discusión de la ley”. Sin embargo, será difícil sustraer a Gonzalo Fernández del centro de la discusión, puesto que el ex canciller integró (aunque por un día, el martes 17 de agosto) la Cámara de Senadores, supliendo al socialista Daniel Martínez para ejercer su defensa personal ante el planteo de fueros del senador blanco Sergio Abreu.

En esa intervención, el senador Fernández incurrió nuevamente en su omisión sobre la asistencia profesional de su estudio jurídico a uno de los implicados. Según apreciaciones de legisladores consultados por Brecha, el ocultamiento al cuerpo adquiere otra dimensión, en tanto él, Fernández, lo integraba.

Investigar y divulgar (por Samuel Blixen, extraído textualmente de Brecha)

''Desde que estalló en el Frente Amplio la crisis política por la clausura del expediente judicial de los hermanos Peirano, han circulado dos argumentos que pretenden desacreditar la validez de los informes periodísticos publicados por Brecha. Uno fue reiterado en documentos y declaraciones a la prensa por el abogado Gonzalo Fernández. Me atribuyó una intención personal de persecución y hostigamiento que según él perdura desde hace cinco años. Otro, originado en comentarios de dirigentes del Frente Amplio y recogido por analistas y comentaristas, afirma que el autor de las publicaciones integra una especie de complot para erosionar la imagen del ex presidente Tabaré Vázquez a caballo de un “revisionismo” de la gestión del anterior gobierno.

Ambos argumentos son suficientemente conocidos como estrategias para desviar la atención del centro de los asuntos, y el recurso se ha reiterado particularmente con los periodistas. Aun cuando fueran ciertas, esas acusaciones no explican las conductas que dieron pie a las publicaciones. El doctor Fernández sugirió la derogación del artículo 76, y “olvidó” informar a sus compañeros de partido y a los legisladores (en 2008 y ahora) que su estudio jurídico defendía a uno de los implicados en la causa penal argumentando exactamente lo contrario de lo que exponía, como asesor y militante; de hecho, el abogado defensor dio en el clavo y el canciller asesor se equivocó, en instancias casi simultáneas. El supuesto encono no elimina la contradicción, por decirlo amablemente.

Sobre el “revisionismo”: si el acto de informar sobre cuestiones de interés ciudadano se descalifica atribuyendo intenciones, entonces nada podría ser difundido sin que cayeran sospechas sobre los periodistas. Lo curioso es que la acusación y el consiguiente enojo, cuanto más cierta y contundente es la información cierran fuentes e impiden que los lectores se informen. Así pasó con el doctor Fernández mientras fue secretario de la Presidencia, canciller y ministro de Defensa; y así pasó con el propio Tabaré Vázquez, que sistemáticamente negó entrevistas a Brecha.

De más está decir que no participo en ningún complot revisionista. Buscar, investigar y divulgar aquello que se esconde, que no se explica, es la mejor forma de contribuir a la discusión franca. Retrucar con descalificaciones de complots y maquinaciones políticas me hicieron recordar los tiempos en que una crítica a la Unión Soviética invariablemente te convertía en agente de la cia''.

Como te digo una cosa te digo la otra...

En los corredores judiciales nadie se lo cuestiona. Cada vez que llega el abogado Renato Echeverría a una sede penal, lo hace en representación del estudio de Gonzalo Fernández. Naturalmente esto no desmerece la capacidad técnico-jurídica de Echeverría, simplemente jueces, fiscales y otros abogados entienden que así funciona el estudio de Gonzalo Fernández; entre otras cosas porque en las audiencias relevantes aparece el catedrático en escena. Siempre fue así, aun cuando Fernández ocupara el cargo de secretario de la Presidencia (véase Brecha, 7-10-05).

Cuando Cecilia Salom, ex fiscal adjunta y destacada docente de derecho penal, comenzó a trabajar en el estudio de su marido, las cosas no cambiaron. Así que cada vez que se ve a Salom en un juzgado, se sabe que atrás está el estudio de Gonzalo Fernández. Por ello, cuando Salom firmó el 12 de marzo de 2009 el pedido de clausura para el caso Peirano, en virtud de la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, en realidad fue en representación de dicho estudio.

Pero además formalmente Salom y Fernández son codefensores del ex director del Banco de Montevideo Juan Domingo Ratti, como se dijo anteriormente. Hay documentación en el expediente del caso Peirano que confirma tal condición. Por ejemplo, la comunicación de Ratti en el momento de nombrar a sus abogados: “vengo a designar nuevos defensores para que me patrocinen en esta causa en la persona de los doctores Gonzalo Fernández y/o Cecilia Salom, indistintamente, ambos con domicilio en Cerrito 420, escritorio 607” (Búsqueda, jueves 26 de agosto de 2010).

Este documento y otros a los que accedió Brecha echan por tierra las declaraciones de Salom, que en los últimos días ha manifestado en varios medios que ella era la defensora de Ratti y no su marido, porque, según explicó, hay casos del estudio y otros personales, y el expediente “Jorge Peirano y otros…” era atendido únicamente por ella. Esta no fue la única inconsistencia de Salom en los últimos días. Al principio declaró que no había presentado un pedido de clausura, para luego relativizar este punto señalando que en realidad sí lo había presentado, pero que la jueza Graciela Gatti no se lo había aceptado porque llegó fuera del plazo procesal establecido. Por tanto, según su tesis, tal escrito no debe ser tenido en cuenta.

Olvida Salom que lo formal no resta importancia (al menos para la ciudadanía) a su intención ni a sus argumentos, que no están, como declaró, en una simple hoja de adhesión al pedido de clausura presentado por los demás abogados, sino que se trata de un fundamento profundo que cuenta con 18 puntos. Pero que además, para colmo de contradicciones, sí fue tenido en cuenta por la jueza Mariana Motta, quien se encargó del caso Peirano a partir del 24 de marzo de 2009. Prueba de ello es la sentencia dictada por la magistrada el 16 de julio de 2009, por la que deniega la clausura del caso. La sentencia señala que tal resolución judicial tiene lugar “en virtud de la solicitud de clausura del proceso planteada por las defensas de los encausados: Jorge, José y Dante Peirano Basso, Marcelo Guadalupe y Juan Domingo Ratti, y la defensa de oficio de Mario San Cristóbal”.

El escrito del estudio de Gonzalo Fernández, firmado por Salom, señala que en “la mentada derogación” del artículo 76 de la ley 2.230 “importa, a todas luces, la supresión del delito en cualquiera de sus cuatro modalidades típicas alternativas (fraude, simulación, violación de estatutos y violación de una ley de orden público); vale decir la eliminación de ese ilícito societario de nuestro ordenamiento penal positivo”. Apunta entonces que la norma aprobada el 5 de noviembre por el Poder Legislativo es “una ley posterior más benigna que suprime un delito preexistente”, que “tiene plena eficacia retroactiva y se aplica a hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia”, y que por tanto debe aplicarse “a todos los procesos penales pendientes de trámite”, por ejemplo al caso Peirano, por el cual su defendido se encontraba procesado. Señala entonces que la interpretación de los artículos 15 y 7 del Código Penal “es unívoca”, puesto que “ambas normas estatuyen como consecuencia de la retroactividad” que se verifica la “cesación del proceso”.

Pero la abogada del estudio de Gonzalo Fernández es más enfática aun: “En definitiva, pues, no puede caber duda que la derogación del artículo 76 de la ley nº 2.230, que fundamentaba la imputación penal del enjuiciado, determina ‘ipso jure’ (es decir, por imperio del derecho) y por razón de retroactividad, la clausura automática de este proceso”. Y por si no quedara claro, señala que la imputación a su cliente, “dictada en primera instancia y confirmada” por el tribunal de apelaciones, es por el artículo 76 de la ley 2.230, y que ésta configura el “fundamento de la sujeción procesal” de Ratti. Es decir que, en este párrafo, la abogada señala que la llamada carátula del expediente se mantuvo sin modificación alguna, por el delito establecido en el artículo 76 de la ley 2.230, que se acababa de derogar. Y por ende, está diciendo que no cambió tal carátula con la acusación de la Fiscalía que en octubre de 2006 pidió la condena de los encausados por un delito de mayor envergadura, “insolvencia societaria fraudulenta”.

Todo esto, el hecho de que el tribunal debería clausurar automáticamente el proceso por la derogación parlamentaria y que la carátula del expediente sigue siendo la del artículo 76 de la ley 2.230, ahora derogado, es lo que afirma Salom en su escrito presentado a la justicia el 12 de marzo de 2009. Pero no es lo mismo que declara ahora a los medios de prensa. Por ejemplo, en La República del lunes 23, la jurista señala textualmente: “Yo no promoví ninguna clausura del expediente, ni de los Peirano, ni siquiera de mi cliente. No salí en cuanto se derogó la norma a pedir ninguna clausura, precisamente porque estaba en desacuerdo con que el caso se clausurara”. Los párrafos que Brecha acaba de transcribir del escrito presentado a la sede penal desmienten de cabo a rabo esta afirmación a La República.

Pero además la abogada, que sí presentó el escrito de clausura argumentando profusamente por qué debía cerrarse el caso de los hermanos Peirano y de su cliente, dice ahora: “Para mí, la clausura no iba a salir porque mi cliente era acusado de un delito mayor, cual es insolvencia societaria fraudulenta”. Sin embargo, en su escrito había señalado que “la mutación de la calificación jurídica (es decir, de procesado por el artículo 76 a acusado por insolvencia societaria fraudulenta) en sede de acusación carece de relevancia para conmover el razonamiento que viene de exponerse”. Subraya que en este caso “no puede ni debe llegarse al dictado de la sentencia definitiva del grado, sino a la clausura anticipada del juicio”. Y señala luego que la “modificación jurídica en la demanda acusatoria” presentada por la Fiscalía “es un argumento que carece de relevancia jurídica para no acceder a la clausura del proceso, como manda la ley”.

Por un lado está diciendo en su escrito que no es relevante la acusación fiscal a la hora de decidir sobre la clausura del expediente, puesto que, según entiende, el pedido fiscal, que pretende una condena por insolvencia societaria fraudulenta, no determina un cambio de carátula. Pero a La República declara que si bien las carátulas formalmente se modifican al final de los procesos, lo que verdaderamente importa es la acusación fiscal: “no tiene ninguna importancia el acto administrativo de modificación de carátula, lo que importa es la acusación fiscal. Lo que determina la carátula, aunque ésta no se cambie, es la acusación fiscal, es la sentencia...”. E insiste: “La carátula carece de importancia, lo importante es la acusación fiscal y el fallo correspondiente. Y en este caso la carátula real es la de insolvencia societaria fraudulenta y no la de fraude del artículo 76, aunque en el expediente figure otra cosa”.

¿Entonces la doctora Salom considera que la calificación jurídica del fiscal (insolvencia societaria fraudulenta) en sede de acusación carece de relevancia, y por tanto debe clausurarse el expediente que mantiene sujeto a proceso a su cliente por el artículo 76, como señala en su escrito? ¿O en realidad considera que lo importante es justamente la acusación fiscal, que es la que determina que “la carátula real” de este proceso sea “la de insolvencia societaria fraudulenta”, como declaró al diario La República?

Error de derecho

“No se ajusta a derecho –dice el escrito del estudio de Gonzalo Fernández– el criterio del Ministerio Público, cuando sostiene que la derogación del artículo 76 citado debe tenerse presente ‘en la etapa decisoria pertinente, no afectando en este estado el trámite de la causa’”. Esto quiere decir que desde el estudio del penalista, en ese momento, se pidió la clausura “automática” del expediente del caso Peirano y se discrepó con la Fiscalía, aunque ahora tanto Fernández como Salom aleguen lo contrario, y se declaren en total acuerdo con la fiscal y la jueza que se opusieron a la clausura, y señalen al tribunal de apelaciones como responsable de un “error de derecho” al clausurar el expediente.

Entonces debe concluirse que el estudio de Gonzalo Fernández, al pedir la clausura del expediente por la derogación del “dichoso artículo 76”, en realidad le solicitó al tribunal que incurriera en un “error de derecho”. De todas maneras, la Fiscalía presentó un recurso de casación ante la scj, y será ésta la que decida si el caso permanece clausurado o se reabre para que los implicados sean juzgados por insolvencia societaria fraudulenta. La decisión tardará varios meses.

Libertad de prensa? NO!!!

En los últimos días la abogada Cecilia Salom brindó decenas de reportajes en prensa, radio y televisión, en los que ensayó una estrategia de defensa ante los artículos periodísticos del Brecha. No faltaron las alusiones a oscuras tramas para pegarle por elevación a uno u otro actor político, cuestión naturalmente falaz. Pero además, la ''prestigiosa'' docente disparó una ofensa gratuita a los periodistas que escribieron el artículo en el semanario del viernes 20 de agosto pasado .

Bajo el título, “La ex fiscal Salom responde como jurista y como mujer las acusaciones del caso Peirano”, el diario La República publicó, el lunes 23, declaraciones de Salom en las que acusa a los periodistas de Brecha de misoginia (aversión u odio a las mujeres). De hecho, algunos periodistas han recibido acusaciones de todo tipo por parte de aquellos que no entienden el rol que debe cumplir un periodista en la sociedad.

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Continúa incrementándose la demanda de agrocombustibles

Un nuevo informe publicado este lunes por la federación de organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra Internacional indica que el incremento en la demanda de agrocombustibles en los países del Norte está repercutiendo en que las empresas extranjeras aumenten la cantidad de tierras que poseen en África, afectando directamente los derechos sobre el territorio de las comunidades locales.

La investigación estudió lo que ocurría respecto a este tema en 11 países africanos, documentando que al menos cinco millones de hectáreas han sido adquiridas por empresas principalmente chinas y europeas para la producción de combustibles de origen vegetal.

En un comunicado difundido hoy por la federación ambientalista, Mariann Bassey, coordinadora del programa de Alimentación y Agricultura de Environmental Rights Action (el grupo nigeriano de Amigos de la Tierra), dijo que la expansión de los agrocombustibles estaba transformando a los bosques y a la vegetación nativa en cultivos destinados a alimentar a los automóviles, perjudicando directamente a las comunidades que cultivan la tierra y generando conflictos sobre la tenencia de la misma. “Queremos inversión real en agricultura que nos permita producir alimentos, y no combustible para automóviles extranjeros”, afirmó Bassey.

En el comunicado también se hacía referencia a un informe que se filtró del Banco Mundial, en el que se estudiaba el fenómeno de la concentración de tierras y se señalaba que los conflictos con las comunidades locales eran comunes en este marco y se producían usualmente debido a los derechos sobre el territorio.

Además, se anunciaba que el acaparamiento de tierras podría incrementarse si la Unión Europea sigue adelante con sus metas en cuanto a los porcentajes requeridos de agrocombustibles dentro del bloque, lo que intensificará los daños a las comunidades de los países más ''pobres''.

La resistencia sigue!!!

En Honduras, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) informó este lunes 30 de agosto que ya superó el millón de firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que permita, entre otras cosas, el “retorno seguro e incondicional” del presidente Manuel Zelaya y de otros 200 dirigentes exiliados. Se alcanzó ese número de adhesiones con el escrutinio efectuado este domingo en el departamento de Olancho, al norte del país, y ahora se trabajará con mayor intensidad para llegar, antes del 15 de setiembre de 2010, a la meta marcada de un millón 250 mil firmas de “declaración soberana” para empezar a redactar una nueva Constitución. El representante de la comisión para la recolección de firmas, Rasel Tomé, adelantó que el siguiente escrutinio se realizará en Tegucigalpa, la capital del país, el próximo 5 de septiembre, según informa el sitio de internet del FNRP.

La situación que vive el pueblo hondureño con el presidente ilegítimo Porfirio Lobo es denunciada a nivel internacional. En una entrevista con La Voz de los Movimientos, el sacerdote y militante del Frente, Fausto Milla, hizo una evaluación de la coyuntura del país a catorce meses del golpe de Estado. Milla considera que los ataques contra el pueblo hondureño son "permanentes" y que las cifras de desempleo durante la administración de Lobo han aumentado sistemáticamente. “La oligarquía sube los precios y ya anularon los convenios del ALBA y Petrocaribe. Es decir que todo volvió al puesto anterior”, se lamentó el dirigente, que recordó la lucha de Zelaya contra las petroleras para bajar los precios de esos insumos.

La resistencia nacional, según dijo, “golpea con la razón” y está presente en las calles y en pequeños medios de comunicación. Milla piensa que uno de los reclamos centrales del FNRP en el futuro será la búsqueda de responsables por los 200 asesinatos de miembros de la resistencia, que a nivel interno han sido presentados como delitos comunes.

''Ríos para la vida''

Tradicionalmente presentadas como proyectos de “energía verde” o “limpia”, las megarepresas siguen construyéndose con apoyo crediticio de las agencias de financiamiento globales, los Estados de las potencias emergentes y afectando a cientos de comunidades en todo el mundo.

El más reciente informe de la organización Survival Internacional sobre las represas y sus impactos irreversibles da cuenta de un resurgir de los proyectos hidroeléctricos sin tener en cuenta sus consecuencias ni las “lecciones aprendidas” en materia de consetimiento previo de las comunidades. “El entusiasmo por la construcción de megarepresas está resurgiendo, liderado por un grupo de presión internacional de esta industria que trabaja intensamente para presentar a las represas hidroeléctricas como la panacea en la lucha contra el cambio climático. Las lecciones aprendidas a lo largo del último siglo están siendo ignoradas, y los pueblos indígenas de todo el mundo se encuentran de nuevo al margen, viendo sus derechos violados y sus tierras destruidas”, señala el informe.

A los tradicionales financiadores de estos proyectos se suman los “nuevos actores” de la economía global, como es el caso de China, en este momento, la mayor financiadora de represas, desplazando del podio al Banco Mundial. “La empresa China Three Gorges Project Corporation, constructora de la polémica represa de las Tres Gargantas, que desplazó a más de un millón de personas que vivían junto al río Yangtse, ha sido contratada para construir una represa en la tierra del pueblo indígena penan, en Sarawak”.

Por su parte, el mayor banco estatal de China, el Industrial and Commercial Bank of China, está considerando financiar la represa Gibe III en Etiopía, por ejemplo. El proyecto indica que ésta será la represa más alta de África y que destruirá el modo de vida de, al menos, ocho pueblos indígenas.

El gigante asiático concentra casi la mitad de las hidroeléctricas del mundo, todas ellas con financiación estatal. Son la locomotora de su “desarrollo” vertiginoso que ha colocado a la economía china en segundo lugar a nivel global, desplazando a Japón.

El Banco Mundial en tanto, dio marcha atrás en su congelamiento financiero a varios proyectos y en la actualidad su cartera crediticia al rubro de hidroeléctricas asciende a once mil millones de dólares. Otros gobiernos afirman que ya no necesitan préstamos de los grandes bancos internacionales. Brasil, por ejemplo, dice que construirá la tan resistida represa de Belo Monte (que de concretarse sería la tercera en tamaño a nivel mundial) principalmente con financiación del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y algo del sector privado.

Inundaciones y pestes

El informe de Survival enumera que “la creación de un embalse por medio de una represa conlleva la inundación de tierra, la potencial sumersión de cultivos, bosques y casas, y la reubicación forzosa de comunidades enteras”, generando además las condiciones para la propagación acelerada de enfermedades. Asimismo, aunque “es frecuente la construcción de una serie de represas a lo largo de un mismo sistema fluvial para maximizar la producción eléctrica”, en general no se realizan “las evaluaciones de impacto acumulativo antes de que comiencen las obras de construcción”.

A pesar de que los protocolos internacionales lo reconocen en el papel, en general los diálogos previos entre el grupo inversor, el Estado y los pueblos afectados no pasan de ser un trámite simbólico y no un verdadero diálogo, acota el informe. “Obstáculos básicos, incluidas las barreras lingüísticas o la falta de reconocimiento de las necesidades particulares y de los valores de un pueblo indígena concreto, tienden a convertir el proceso en un ejercicio simbólico más que en un auténtico diálogo”.

El comercio mundial de bonos de carbono y la preocupación por el cambio climático han representado un caldo de cultivo eficaz para la multiplicación de proyectos de presas hidroeléctricas. En efecto, entidades como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones están respaldando las credenciales “ecológicas” de la energía hidroeléctrica, potenciando en lo que va de siglo sus inversiones en represas y etiquetándolas con credenciales de sustentabilidad.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU (MDL) permite a los países obtener “créditos de carbono” si reducen sus emisiones o desarrollan proyectos de captura y almacenamiento de carbono. Los países con menores emisiones de gases de efecto invernadero pueden, por tanto, atraer inversiones en proyectos de desarrollo “verde”, mientras que los países muy contaminantes pueden adquirir los créditos generados por medio de los proyectos para “compensar” sus propias y excesivas emisiones.

Ríos para la vida 3

En el próximo mes de octubre, en el Estado mexicano de Jalisco, estas problemáticas y la voz de sus protagonistas afectados serán escuchadas en el encuentro internacional “Ríos para la Vida 3”.

Los pobladores de Temacapulín, sede del evento, se encuentran en medio de una campaña para detener la represa El Zapotillo y recibirán con mucho entusiasmo a miembros del movimiento internacional de represas en su pueblo y sus hogares para este importante encuentro.

Más de 300 afectados por represas, representantes de organizaciones civiles y expertos de todo el mundo se reunirán para compartir experiencias e información, desarrollar estrategias colectivas y fortalecer el movimiento internacional para proteger los ríos y los derechos humanos.

''Sumak qamaña''*

Pura vida from RMR on Vimeo.

“Donde uno nace, allí tiene su alimento y su medicamento”. Ese razonamiento forma parte del concepto de “buen vivir” (o ''vivir bien'') que las organizaciones de Bolivia y Ecuador han logrado incluir en las constituciones de sus países, con el propósito de defender un modelo de vida más justo. Respecto a este tema, Radio Mundo Real entrevistó al dirigente Ramón Mita, de la organización boliviana Pacha, en el marco del IV Foro Social de las Américas que se realizó en Paraguay.

El avance de los empresarios del agronegocio en la zona de Santa Cruz, la expansión de los productos agrotóxicos y las semillas transgénicas, la preservación de las semillas criollas y el papel de las mujeres campesinas son temas que estuvieron presentes en esta charla.

Desde Bolivia: El paradigma indígena

Los pueblos indígenas ofrecen este nuevo paradigma como una respuesta y alternativa a la actual crisis ambiental, económica y civilizatoria que vive el mundo. Es un objetivo el profundizar en el análisis de esta visión y poner en la mesa del debate no solo nacional (en Bolivia) sino también internacional, esta alternativa de vida y sociedad.

Se asumen y promueven principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

La sociedad y el estado, se sustentan en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución.

Si bien es fundamental recuperar y sistematizar las practicas de ''Vivir Bien'' que se dan en todo el territorio, en las 36 nacionalidades que conforman Bolivia, la mayoría complementarias entre sí, hay que empezar a analizar y extraer las diferentes enseñanzas que se puedan extrapolar de lo local, de las comunidades (Ayllus) a lo nacional. Hay que recoger esas enseñanzas para construir una nueva ética que debe guiar el accionar del Estado y marcar asimismo a sus ciudadanos y ciudadanas cómo deben relacionarse entre sí, buscando la complementariedad y el equilibrio con ellos mismos así como con la naturaleza.

Después de más de 500 años de colonialismo, no se puede entender un verdadero proceso descolonizador sin el ''Vivir Bien'' como guía que apuntale un nuevo modelo de sociedad y a la vez tampoco se puede entender tratar de aplicar las enseñanzas del ''Vivir Bien'' sin un verdadero proceso de descolonización, que desmonte las estructuras del estado colonial y de paso a esa nueva sociedad.

En Bolivia en los últimos tiempos se están introduciendo formas tradicionales de este paradigma como la medicina tradicional, en complementariedad con la medicina moderna, la justicia comunitaria complementando la justicia heredada del sistema colonial y también la reciprocidad y el comunitarismo se están aplicando, en un reparto de las riquezas naturales entre toda la población sin precedentes en la historia boliviana.

Pero ''Vivir Bien'' es también salir de la dicotomía entre ser humano y naturaleza, es despertar la conciencia de que somos parte de la Pachamama (Madre Tierra) y con ella nos complementamos. Y eso es contradictorio con la construcción de grandes infraestructuras, que mas que vertebrar Bolivia, sirven de ruta de paso para el saqueo de las riquezas naturales del Amazonas, que no fortalecen las comunidades, que además muchas veces no son consultadas violándose sus derechos colectivos, además de los individuales, sino todo lo contrario, las desestructuran creando problemas para los que nunca estuvieron preparadas.

La sociedad boliviana camina hacia la construcción de ese nuevo paradigma y ahora con el paso más firme después de dotarse de ese bastón llamado Nueva Constitución Política del Estado, solo falta quitar las piedras que entorpecen y dificultan su camino.

*''Vivir bien'' (en Aymará)

Desde los movimientos de mujeres: No a la militarización!!!

El pasado lunes, culminó un encuentro en Colombia que se propuso “hacer visibles los múltiples efectos de la guerra en la vida de las mujeres y de los pueblos”, construyendo propuestas colectivas y unitarias de paz para América Latina. Dicho evento se tituló “Encuentro de mujeres y pueblos de las Américas contra la militarización” y fue convocado por el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, la Marcha Mundial de las Mujeres, La Vía Campesina, Procesos de Comunidades Negras y la Unión Sindical Obrera, entre varias organizaciones y movimientos.

En la convocatoria al encuentro, se afirmaba que “La militarización de los territorios ha conllevado a la pérdida de la soberanía, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, convirtiéndose en una amenaza para el continente. El proyecto de muerte se expande a través del copamiento militar del territorio por medio de las bases militares de EUA en Colombia y el continente, como instrumento de intervención militar para el control político, económico y social”. Y se agregó: “Históricamente las bases militares han servido para invadir territorios estratégicos por su ubicación geopolítica y las riquezas naturales que se encuentran muchas veces en los pueblos milenarios, afrodescendientes y campesinos. Estas bases militares también promueven la prostitución con la regulación de casas oficiales que sirven como ’entretenimiento’ a los soldados pero a las mujeres nos representan esclavitud sexual y otros tipos de violencia, como los feminicidios”.

Por ello, se convocaba a las mujeres de distintas organizaciones y movimientos a participar de este gran encuentro, que comenzó el pasado 16 de agosto, con el objetivo de que se movilizaran por la vida, la autonomía, y la soberanía de sus cuerpos y territorios. “Llamamos a las redes continentales y mundiales que luchamos por la dignidad y la vida para que continuemos tejiendo juntas y juntos las alternativas a partir de lo avanzado en los anteriores encuentros hemisféricos y contra las bases militares realizados en el continente contra la militarización; para continuar adelante en el fortalecimiento unitario de esta iniciativa y propuestas existentes que encaminan en la construcción del mundo más equilibrado y justo”, señalaba la convocatoria, y añadía: “Llamamos a nuestros compañeros y compañeras a participar y solidarizarse en nuestra lucha común por la salida política negociada al conflicto social y armado que vive nuestro país, así como a levantar juntos y juntas nuestras voces contra las bases militares de los Estados Unidos en Colombia y en nuestra América”.

En la clausura del encuentro se realizó una acción política pública denominada “Vigilia por la vida”, en la que tres mil mujeres de 18 países de América y Europa partieron en caravana desde la ciudad de Barrancabermeja hacia la base militar de Palanquero, ubicada en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca. Allí se leyó una proclama referente al tema de la militarización, seguida por un ritual ecuménico y presentaciones artísticas.

MSF, madres, padres y educación, para combatir el dengue en Honduras

Debido al alarmante aumento del número de casos de dengue registrado en Honduras en lo que va del año, los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) realizan una intervención de emergencia en Tegucigalpa (capital), donde se ha constatado el índice más alto de afectados.

Se trata de un tipo de intervención relativamente nuevo para la organización, que pocas veces trabaja con la problemática del dengue en un proyecto de este tipo, donde, además de coordinar una sala de emergencia pediátrica que ya ha atendido a 80 niños, se encuentra identificando y eliminando, a través de brigadas móviles y en coordinación con la Secretaría de Salud, focos infecciosos en 4000 viviendas de la región periférica de Tegucigalpa.

El dengue, endémico en América Central, es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos del género Aedes (Aedes aegypti y albopictus), cuyos síntomas clásicos muchas veces son similares a los de un estado gripal, y que pueden incluir dolor de cabeza, picos febriles, náuseas, dolores abdominales y erupciones cutáneas. La forma más grave en la que se manifiesta la enfermedad es el dengue hemorrágico, que produce sangrados y puede generar un shock irreversible, causando la muerte.

En Honduras, el dengue clásico registró en 2010 un aumento significativo en comparación con el año anterior, superando los 50.000 casos en lo que va de año. Asimismo, la característica más preocupante de este brote es la prevalencia del dengue hemorrágico, con más de 1.500 casos y 160 muertes, un incremento del 1850% en comparación con 2009. “Yo conocía el dengue anterior”, explica doña Herminia Moncada, habitante de una de las casas inspeccionadas por MSF y cuyo hijo estuvo recientemente internado a causa de la enfermedad. “Pero éste es distinto. Este dengue mata”, agregó.

Aunque la Secretaría de Salud ha estado brindando respuesta al gran número de casos, incrementando la cantidad de camas disponibles y habilitando unidades especializadas en dengue en los centros de salud en las zonas periféricas, el hospital de referencia para la enfermedad no daba abasto ante la afluencia de pacientes. Además, las unidades descentralizadas de dengue sólo estaban preparadas para recibir a pacientes adultos, por lo que los niños continuaban derivándose al centro de referencia. Frente a esta situación, y para contribuir a descongestionar los hospitales desbordados, MSF reacondicionó una sala de emergencia en el Hospital San Felipe, en los suburbios de Tegucigalpa, que brinda atención a niños menores de 15 años que presentan síntomas de la enfermedad. Ya en su segundo día de actividades, la sala, con una capacidad de 23 camas, se encontraba trabajando a plena capacidad.

Durante su estadía en la sala, el tratamiento para los niños consiste en hidratación y reposo. “Con el dengue no podemos definir de antemano qué pacientes podrán mejorar rápidamente. No existe una vacuna o medicamento específico contra el virus; sólo podemos controlar los síntomas y tratar las consecuencias, esperando que el propio cuerpo se estabilice”, explica la doctora Elisabeth Bragança, a cargo de la sala de urgencias de MSF. Si bien el tratamiento suena sencillo, la hidratación oral presenta sus complejidades: el suero debe suministrarse con mucho cuidado para evitar la sobrecarga de líquidos, ya que el dengue altera la permeabilidad de los vasos sanguíneos y se corre el riesgo de que los líquidos terminen alojándose en distintas partes del cuerpo, provocando complicaciones como edemas pulmonares.

El personal sanitario de MSF también trabaja en la educación de los acompañantes de los niños internados, tomándose el tiempo para explicarles cómo administrar los líquidos de forma regular a sus hijos. “Yo atribuyo mucho del éxito de la intervención médica a la colaboración de los padres”, enfatiza la doctora Bragança. En varios casos, son las madres las que permanecen durante toda la noche junto a sus hijos, dándoles el suero en los intervalos establecidos y anotando las cantidades para luego informar al personal sanitario. Por lo general, los padres no cuentan con nadie que los releve, y a veces pasan muchos días sin dormir. Por esta razón, el soporte emocional a los padres es un componente más de la intervención.

Educación, abatización y fumigación

Además de dar atención médica, MSF interviene para hacer frente a esta emergencia a través del control vectorial, para evitar la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad. De forma coordinada con el organismo de control vectorial del Ministerio de Salud, los equipos de MSF se encuentran trabajando a través de brigadas móviles en la colonia Manchén, en un barrio periférico de Tegucigalpa, en el que se registraron los mayores índices de personas afectadas.

Los mosquitos que transmiten el dengue se crían en agua estancada, por lo que el manejo adecuado del agua en las viviendas es central. Es por esto que para el dengue, no alcanza solamente con el tratamiento médico de las personas enfermas, sino que se requiere además prestar especial atención a los aspectos sociales y culturales que posibilitan la aparición de la enfermedad. “La educación es el componente primordial y fundamental para combatir el dengue; es lo que va a cambiar el transcurso de las epidemias futuras”, asegura Luis Montiel, coordinador de logística del proyecto.

En la colonia Manchén, donde las casas se sitúan en las laderas de las colinas, las familias reciben agua cada quince días, lo que les obliga a almacenar en tanques. En los angostos pasillos de las casas, se acumulan cacharros y bidones que pueden convertirse en potenciales focos infecciosos. La acumulación de basura es otro aspecto preocupante. Al tratarse de familias de escasos recursos, el tratamiento de los residuos presenta sus dificultades. María Mercedes Suazo Bustillo, de 89 años, cuenta que, desde que una habitación al fondo de su vivienda se desmoronó, no ha podido deshacerse de todos los escombros y muebles inutilizables. “Yo soy pobre y nos cobran mucho dinero por tirar todo esto, por eso no puedo hacerlo”.

Para concientizar y educar a la población sobre cómo mantener el agua almacenada libre de larvas y evitar la acumulación de basura donde se deposite agua, diversas brigadas de educadores de MSF recorre el barrio, casa por casa, dividiendo el trabajo en manzanas, identificando los posibles focos infecciosos y explicando a sus habitantes cómo evitar la propagación del vector. El hincapié está puesto en modificar los hábitos y costumbres sociales, involucrando a las personas en la lucha contra el dengue, haciéndolos participar y colaborar en la limpieza de su propia casa. Las mismas brigadas se encargan de la abatización, un proceso mediante el cual se trata con un producto químico el agua para evitar que las larvas puedan reproducirse. Se trata de un trabajo minucioso pero necesario, que permite generar en las familias la confianza necesaria para que luego los equipos de fumigación de MSF puedan entrar a las viviendas. El objetivo de esta segunda etapa es romper el ciclo de reproducción del mosquito, a través de dos ciclos de rociado sobre cada casa, con un intervalo de siete días. Hasta el momento, MSF lleva 700 viviendas abatizadas y 400 fumigadas y planea rociar 4000 casas antes de la finalización de la intervención.