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martes, 28 de diciembre de 2010

''Colombia es una fosa común''



Defensores de los derechos humanos denuncian la gravísima crisis humanitaria que vive Colombia. Denuncian el hallazgo de al menos 1.505 cuerpos más en fosas comunes en Colombia, en el Meta, en la misma región que la mayor fosa común del continente, con 2.000 cadáveres hallada en diciembre 2009 y cuyos cadáveres son cuerpos de desaparecidos y asesinados por el ejército, como quedó evidenciado en las Audiencias públicas a testigos y familiares de desaparecidos de julio 2010 acerca de la gigantesca Fosa Común de la Macarena. La mayor fosa común del continente americano está situada detrás del Batallón militar de la Fuerza Omega del Plan Colombia, que cuenta con estrecha asesoría militar estadounidense. Se denuncia que los nuevos 1.505 restos humanos hallados en la región podrían ser más asesinatos de civiles perpetrados por el ejército.

Varios defensores de los derechos humanos, los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda Castro, acompañaron al grupo de técnicos de la Fiscalía General de la Nación, que el jueves 16 de diciembre realizó una inspección judicial con el fin de exhumar 66 cuerpos que se encontraron en una tumba colectiva en el municipio de Granada, en el departamento del Meta. Esta tumba coincide con las denuncias del PDA en dos sesiones del Congreso de la República, hace algunos meses; denuncias basadas en las reiteradas y valientes denuncias de familiares de desaparecidos y pobladores de la zona.

Aunque el gobierno aduce que los cuerpos encontrados pertenecerían a personas "muertas en combates" (lo mismo adujo en el caso de la Fosa de la Macarena, y se reveló falso), los dirigentes del Polo y el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien también se desplazó a la zona, han advertido que hay muchos menores de edad fallecidos, por lo que podría tratarse de bombardeos contra la población civil, de casos de desaparecidos y/o de asesinatos "falsos positivos" a manos del ejército. Los "falsos positivos" son raptos de civiles a manos del ejército, que después los asesina y los disfraza de "guerrilleros abatidos en combate"; son miles de casos denunciados de asesinatos "falsos positivos" en Colombia.  

Acerca de este dantesco nuevo hallazgo, Telesur entrevistó a Ramiro Orejuela, abogado defensor de los derechos humanos:  "Gracias a las denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, familiares de desaparecidos, se ha logrado que la fiscalía encuentre una nueva enorme fosa común (...) es importante ahora que a los familiares que han venido denunciando la desaparición de sus familiares se les tome y coteje las muestras de ADN (…). Lo más importante es que las denuncias que venimos haciendo desde hace tiempo se están corroborando (...), situación que negó el gobierno a través del ministerio de Defensa que decía que no había fosas comunes; nosotros estamos demostrando que en los últimos cuatro meses se han encontrado 1.500 personas sin identificar (…). Solamente en 3 cementerios del Meta se han encontrado más de 1.500 personas, una situación dantesca para la humanidad, que muestra la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública contra el pueblo".

Y sobre lo que aduce la fiscalía acerca del origen de las muertes: "(…) Pueden existir algunos casos de gente 'muerta en combate', pero esa situación ha sido utilizada por el gobierno y el ejército para asesinar personas inocentes y hacerlas pasar como 'guerrilleros dados de baja en combate', lo que aquí se ha denominado 'falsos positivos'. El gobierno aprovecha esta circunstancia para desacreditar a los defensores de los derechos humanos (que) somos perseguidos, víctimas de amenazas, de asesinatos, de encarcelamientos (…). Algunos compañeros nuestros hoy en día están presos con falsas acusaciones del ejército de gente que trabaja bajo sueldo del gobierno (...). La tragedia humanitaria de Colombia es enorme: esta situación de desplazamiento de millones de personas viene produciéndose desde hace varios años, los asesinatos de miles de personas por parte del ejército y por bandas paramilitares que trabajan en compañía del ejército (...), viene desde hace decenios, la tragedia viene básicamente por parte del ejército colombiano".

Acerca de si las otras fosas comunes halladas en Colombia pueden servir como jurisprudencia para este nuevo hallazgo: "Colombia es una fosa común (...). Alertamos a la comunidad internacional: más de 1.500 cuerpos sólo en una región (...) ¿cómo será en todo el país? (...). La comunidad internacional debe conocer esto. Y debemos recibir ayuda para investigar y castigar a los responsables por acción, por omisión y por connivencia (...). Estas investigaciones tienen que llegar al más alto nivel: aquí deben estar involucrados altos generales, políticos, inclusive nos atrevemos a pedir responsabilidad al ex presidente Uribe por su connivencia con tanto crimen contra el pueblo colombiano (...) muchos de sus altísimos funcionarios están hoy investigados, algunos huyendo por crímenes que han cometido contra nuestro pueblo (...).

"(...) Creemos que el ejército colombiano se convirtió en un ejército de ocupación contra su propio pueblo: un ejército que solamente vela por los intereses de las grandes multinacionales, por los intereses de los multimillonarios de Colombia en contra de nuestro pueblo, un ejército que quiere entregar las riquezas, el petróleo, el oro, las esmeraldas, la biodiversidad a las empresas multinacionales, y por eso es que persiguen a nuestros campesinos que son los únicos que están prestando resistencia para defender la soberanía y para defender las riquezas naturales de Colombia, que es uno de los países más ricos del mundo".

Avanzan las titulaciones


Alrededor de 15 millones de hectáreas fueron tituladas a favor de las comunidades indígenas en el proceso de titulación en el departamento boliviano de Santa Cruz. Así lo informó Ramiro Galindo, secretario de Tierra y Territorio de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).

Galindo dijo que durante los últimos cuatro años hubo un gran avance en el proceso de titulación de tierras y aún existen nuevas demandas de saneamientos, replanteos y desalojos que favorezcan a los indígenas.

“Hasta el momento el saneamiento y titulación de tierras comunitarias se han dado en las provincias de Germán Busch, Velasco, Angel Sandoval, Cordillera, Ñuflo de Chávez, Ichilo y Guarayos”, puntualizó.

Asimismo se refirió a la comunidad guaraní que ha obtenido grandes logros respecto a la recuperación de sus tierras, donde en épocas pasadas ellos fueron esclavizados. Sin embargo, ahora esas tierras han vuelto a manos de sus verdaderos dueños.

De qué se trata?

Objetivos y Resultados del Proyecto: Los pueblos indígenas vienen desarrollando su lucha por los territorios desde hace cientos de años y en las últimas dos décadas se han organizado creando una instancia representativa del movimiento indígena, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que nació con cuatro pueblos y hoy en día representa a más de 34 pueblos indígenas de las Tierras Bajas. En el proceso de fortalecimiento de la organización se fueron creando las organizaciones regionales. El tema de la demanda territorial, principal lucha del movimiento indígena, ha exigido desarrollar una estrategia de negociación con el Estado. Ésto ha permitido conseguir la promulgación de la Ley INRA que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a las tierras comunitarias de origen, además de establecer un mecanismo para su titulación.

Pero en la aplicación de la Ley, se ha encontrado grandes problemas que han impedido la titulación inmediata de los territorios. Por lo tanto, el proyecto consiste en implementar una red de información actualizada sobre los procesos de titulación, su planes de manejo territorial, los conflictos con terceros (madereros, ganaderos, y otros), así como el seguimiento a los acuerdos y convenios firmados por el gobierno con los Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia.

El proyecto busca contar con el apoyo de organismos internacionales y nacionales que recibirán la información oportuna y actualizada sobre las demandas, quienes a su vez podrán apoyar a los pueblos indígenas ejerciendo presión política hacia el gobierno para el cumplimiento de los acuerdos hasta la titulación de los territorios.

Los miembros de CIDOB recaban la información desde las oficinas regionales y comunidades, y la envían por correo electrónico o a través de la página Web a las organizaciones indígenas, a organismos internacionales y nacionales. La información está agrupada y sistematizada en una base de datos dinámica y accesible por una página Web. El equipo de proyecto en la oficina central recibirá capacitación para facilitar el desarrollo interno del sistema (sistema en base de MySQL). Asimismo, los responsables en las regiones recibirán capacitación en el manejo de información y el manejo del sistema, por parte del equipo central del proyecto.

Impacto de Desarrollo: La red busca la consolidación de la titulación y la explotación legal de las tierras y el uso sostenible de los recursos naturales a través de los planes de manejo, mejorando el aprovechamiento de los recursos y las condiciones de vida de los pueblos indígenas de Bolivia.

Manejo y Organización: El proyecto es promovido por la CIDOB, quien representa a los pueblos indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia, con más de 1500 comunidades. CIDOB tiene cerca de dos décadas de existencia y es el representante nacional y portavoz oficial de los pueblos indígenas ante el gobierno, la sociedad civil y la cooperación internacional en Bolivia.

Mercado y Finanzas: En este momento están en discusión 52 demandas territoriales, de las cuales sólo algunas están reconocidas oficialmente. Cada uno de estos territorios cubre una gran extensión, llegando en algunos casos a departamentos enteros. 

El proyecto no es sostenible financieramente, CIDOB contribuirá una gran parte de los recursos humanos y costos operacionales. A largo plazo, está previsto una contribución de los beneficiarios al proyecto en base de los recursos obtenidos por la explotación de las tierras.

Pasos a seguir: 

- Crear una red de información actualizada sobre las TCOs, sus conflictos y negociaciones en el proceso de su titulación y el aprovechamiento de recursos naturales. Esta información se la trabajará en CIDOB, quien cuenta con un Centro de Computo (CC), un Centro de Documentación (CENDIC) y otro de Planificación Territorial Indígena (CPTI), además del Equipo Técnico de Seguimiento.

- Desarrollar una base de datos en la que se podrá tener la información actualizada y al alcance de las organizaciones regionales a través de Internet.

- Difundir información actualizada a través de correo electrónico o por la página WEB. Las organizaciones indígenas también podrán hacer entrega de información y tener acceso a la misma en el momento requerido. Esto ayudará al seguimiento nacional e internacional.

A quién va dirigida la información?: Se han considerado dos escenarios de información muy importantes como los actores del proceso, en el ámbito nacional e internacional, de manera que se pueda hacer el seguimiento y ejercer presión social sobre las instancias correspondientes en apoyo a las demandas indígenas.

· A las organizaciones indígenas, los demandantes de las TCOs 

· A las organizaciones de cooperación, como: Instituciones de Derechos Humanos y de apoyo a los Derechos Indígenas, Organismos multilaterales, bilaterales, gubernamentales y privados, así como a la prensa nacional e internacional.

''Acuerdo de Voluntades''


El gobierno de Ecuador firmó el ''Acuerdo de Voluntades'' el pasado martes 21 de Diciembre junto a las 13 nacionalidades indígenas del país para la entrega de equipos de cabina y radio y cuyas frecuencias otorgadas permitirán funcionar a las radios comunitarias dentro del plan ''oficial'' de democratizar la comunicación. El evento se llevó a cabo en la Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el documento firmado establece el compromiso de las partes. Fue organizado por la Secretaría de Pueblos (SPPC) y el Ministerio Coordinador de la Política (MCP).  

Para hacer efectivo este plan, el 13 de abril de este año, la SPPC firmó un convenio de "Apoyo y Cooperación Interinstitucional" con la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel). Asimismo, el 17 de junio pasado el MCP también firmó un convenio de cooperación para capacitar a los beneficiarios y los primeros cursos se realizaron el 17 de agosto y el 16 de octubre de este año en esta capital.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) aprobó el trámite para la concesión de las frecuencias y los beneficiarios deben publicar en la prensa nacional y local sus datos para, si no existe impugnación, hacer efectiva la entrega.

Carmen Tene, analista de Interculturalidad, aseguró que el gobierno está cumpliendo con los plazos ofrecidos, ya que para diciembre estaba planificado que las comunidades reciban los equipos y se espera para el primer semestre del 2011 estén emitiendo señales.

“Me siento feliz porque las nacionalidades estamos unidas. Este es un evento histórico. Agradecemos a la Secretaría de Pueblos y al Gobierno Nacional por cumplir con la entrega de los equipos”, dijo Mariela Sharupi del pueblo Shuar.

De la costa ecuatoriana asisten dirigentes de la Federación de los Centros Awá del Ecuador (FCAE), de la nacionalidad Tsáchila, de la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas (FECCHE), y de la nacionalidad Épera Siapidara (NAESE). Del oriente acuden representantes de las nacionalidades Sápara (NASHE), Shiwiar (NASHIE), Shuar de Pastaza (ONASH), Achuar (NAE), Waorani del Ecuador (NAWE), Cofán (FEINCE), Andoa de Pastaza (NAPE), Siona y Kichwas de Loreto (OCKIL) y Kichwas de Pastaza.

El caso de El Salvador es el más grave


No es la primera vez que denunciamos el feminicidio en países ''Latinoamericanos'': Perú, Nicaragua, Argentina, Guatemala, etc.; y es un tema que se repite una y otra vez en diversos países de la región, pero "El Salvador ocupa el primer lugar del mundo con la tasa más alta de feminicidios: 129,5 asesinatos por cada millón de mujeres", según el III Informe Internacional Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, elaborado por el Centro Reina Sofía

Angélica María Rivas Monge presentó estos datos en el Seminario Internacional de Derechos Humanos Sevilla 2010 que se celebró durante los días 15,16 y 17 de diciembre. En su intervención, la periodista salvadoreña denunció que esta estadística “pasa desapercibida” para las autoridades, así como las 12.000 denuncias por violencia intrafamiliar. En su análisis, Angélica definió “la escalada de femicidios como castigo, contención y dominio para controlar y resistir el avance de las mujeres en su autonomía”.

De este modo, los femicidios aparecen como el final del ciclo de dominación y violencia contra las mujeres. También denunció factores y presiones culturales y sociales que pretenden reforzar la idea de “la casa como entorno natural de las mujeres” o el cuerpo de las mujeres y en particular de las niñas como “propiedad privada de los hombres de la familia (el incesto)”.

“Los femicidios, no deben de ser interpretados como hechos puntuales consecuencia únicamente de un hecho concreto y un asesino individual, sino que se enmarcan en procesos de violencia contra las mujeres, que se expresan como parte del sistema patriarcal de dominación de las mujeres”, aseguró la periodista.

Angélica, como tantas expertas en el fenómeno del feminicidio, resaltó la persistente impunidad de los asesinos, como norma favorecida por la inoperancia del Estado y la naturalización de la violencia contra las mujeres en un contexto de violencia social generalizada.

En El Salvador, en 1996 se crea la Ley contra la violencia Intrafamiliar que pretendió ser el instrumento legal que le daría tratamiento a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, a lo largo de los años esta ley no solo ha tenido problemas para la aplicación sino ha demostrado incapacidad para resolver el problema de la violencia por ser una ley demasiado genérica que invisibiliza el problema de la violencia contra las mujeres y que las instituciones encargadas de aplicarla revictimizan a la mujer, lejos de resolverle el problema.

En su intervención la periodista enfatizó en “la naturalización de la violencia como medio para resolver conflictos, la impunidad y el miedo”, como causas que generan y refuerzan el feminicidio, y abordó también algunas propuestas para su denuncia y lucha.

Una de las propuestas más importantes pasa por generar conciencia sobre la violencia y los feticidios, advirtiendo que “todas corremos riesgo”. Angélica aseguró que “las feministas no estamos exentas a esta violencia, sino en muchos casos más expuestas. Hemos de cuidarnos y protegernos y estar más atentas a los signos de medio''.

''No a la defensiva sino de empuje''



El proceso de fortalecimiento de la construcción de poder comunal en Venezuela abre el cauce para la consolidación de espacios de comunicación libres que involucren a las comunidades y rompan con el mensaje hegemónico de los medios del capital.
Así lo explicó Gerardo Rojas, venezolano, integrante de Voces Urgentes que a su vez forma parte de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Autónomos (ANMCLA) de ese país sudamericano.
Rojas participó a nombre de su colectivo en el encuentro internacional Construyendo una Agenda Democrática en Comunicación realizado en Quito, Ecuador, días atrás con la intención de concertar agendas, problemáticas y perspectivas de un amplio haz de medios contrahegemónicos del subcontinente.
“Todo cambio político implica construir también una subjetividad y eso implica los contenidos de los medios de comunicación pero también los formatos”, señala Gerardo Rojas. Al respecto, señala como un error la pretensión de algunos procesos de cambio político que, en lo comunicacional, se remiten a reproducir los mismos formatos impuestos por la comunicación empresaria a favor del capital.
Sobre el encuentro de medios, el comunicador venezolano sostuvo que el mismo se da en un contexto político “no a la defensiva sino de empuje” para la búsqueda y construcción de redes informativas alternativas las cuales a partir de una diversidad de sensibilidades, enfoques y énfasis logren sin embargo un mensaje veraz sobre la realidad cambiante de América Latina y sus procesos de resistencia y construcción de alternativas en marcha o por venir.

Entramado Terminator en Brasil



El proyecto de ley del diputado brasileño Cândido Vaccarezza, del gobernante Partido de los Trabajadores, para liberar el uso de las semillas Terminator tiene un padrino. El Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) denunció el pasado miércoles 22 de diciembre que una abogada de la semillera estadounidense Monsanto es coautora de la iniciativa legal de Vaccarezza, uno de los hombres fuertes del gobierno en la Cámara de Diputados.
El MST recordó que la tecnología Terminator ha sido condenada desde 1998 por la Organización de Naciones Unidas (ONU), y a nivel nacional por funcionarios de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria (ABRA).
La profesional que asesoró a Vaccarezza en la redacción, según el MST, se llama Patricia Fukuma y es conocida por defender causas legales de empresas “que tienen patentes de organismos genéticamente modificados (OGM)”.
“La coautoría de la abogada de la Monsanto comprueba los intereses que tiene la industria del alimento y las multinacionales para que se apruebe el proyecto de Vaccarezza”, señala el MST, que encontró la participación de Fukuma en las propiedades de un documento en formato PDF que ingresó a la Cámara de Diputados para su discusión.
El diputado niega las acusaciones, según el portal de Internet del MST. En un primer momento dijo que no conocía a la abogada, aunque luego, en otra entrevista, admitió que “es posible que ella haya tenido alguna conversación conmigo”.
En una entrevista con el medio Congresso em Foco, la abogada de Monsanto reconoció que una asesora de Vaccarezza, llamada María Thereza Pedroso, la contactó para que revisara el proyecto y que ella lo hizo. “En realidad, no soy la autora del proyecto, solamente hice algunas sugerencias”, dijo Fukuma. Esas ''sugerencias'', obviamente fueron a favor de la empresa estadounidense y su tecnología Terminator.

Una ''tía'' peligrosa



El proyecto minero se llama Tía María y la empresa que pretende ejecutarlo es Southern Perú Copper Corporation. El lugar elegido es la provincia de Islay, en el sureño departamento peruano de Arequipa, donde la población está movilizada para frenar la iniciativa.
Hablan de los riesgos ambientales y de irregularidades en el proceso de adjudicación. Integrantes de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería (CORECAMI) denunciaron estas situaciones hace algunos días en el foro En defensa contra agresión minera, desarrollado en Islay.
Según informó la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) los líderes comunitarios acordaron allí que el año próximo será clave para frenar el proyecto minero y no descartaron la posibilidad de endurecer las medidas de fuerza tomadas hasta el momento.
Una de las ilegalidades denunciadas por las organizaciones locales es que el acta que se firmó para autorizarle a Southern Perú el uso de terreno fue firmada por solamente 33 comuneros de la zona, a pesar de que la normativa vigente exige la rúbrica de por lo menos dos tercios de la población involucrada.
Los opositores al proyecto señalan además que el gobierno peruano no ha cumplido con los compromisos asumidos ante la población de Islay, entre ellos la aprobación de una norma que establezca “la intangibilidad de aguas subterráneas y superficiales”, según informa el sitio de Internet de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI).
Esta organización, una referencia continental en la lucha contra los proyectos mineros, viene denunciando además un creciente proceso de criminalización de la protesta por parte del gobierno de Alan García. Ponen como ejemplo la reciente decisión de la fiscalía de Huancabamba, que pidió trece años de prisión contra el dirigente Mario Tabra Guerrero, opositor al proyecto minero Río Blanco.

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