Esclavitud laboral de poblaciones indígenas en Bolivia

En las comunidades guaraníes de Mboicobo y Santa Rosa del municipio Huacaya, provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca, Bolivia, se asentaron hacendados que someten a la servidumbre a indígenas, informó el coordinador del diagnóstico sobre derechos humanos del Conejo de Capitanías Guaraníes de Chuquisaca (CCCH), Sergio Antonio Gonzales. “Validos de muchas artimañas, presión política y económica, se asentaron en esas dos comunidades. Pero ahora replican el tema de explotación ahí mismo a los indígenas que viven en esas comunidades”, señaló.

Esta información fue corroborada, tras un censo sobre los derechos humanos de los indígenas guaraníes de Chuquisaca, que hizo el Defensor del Pueblo, junto con la Fundación Intercultural Nor Sud y CCCH.

De las 131 haciendas identificadas en las provincias Luis Calvo y Hernando Siles, la comisión a cargo del diagnóstico sólo logró ingresar a 89 y se descubrió que 202 familias viven en condición de servidumbre y “empatronamiento”.

Gonzales señaló que de las 76 comunidades, todas libres, cinco se conformaron de familias que salieron de las haciendas, donde vivían en situación de esclavitud trabajando por años sin percibir ninguna remuneración económica.

Por mayor información, ver el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunidades Cautivas: Situación del Pueblo Indígena Guaraní y Formas Contemporáneas de Esclavitud en el Chaco de Bolivia. 

No a la Ley de Tierras: Colombia importa más de la mitad de los alimentos que consume!!!

La propuesta de restitución de tierras a los desplazados impulsada por la coalición de gobierno actual en Colombia a través de los proyectos de Ley de Tierras y de Víctimas, que en este momento se están tramitando en el Congreso, han generado una gran expectativa en la población por ser uno de los proyectos bandera de la presidencia y su gabinete. Sin embargo, lo que para algunos es la esperanza de la reforma agraria que el movimiento campesino ha demandado durante décadas, no es más que el complemento de un modelo rural para los empresarios agroindustriales.

El Ministerio de Agricultura habla de 430.000 hectáreas registradas en la Dirección Nacional de Estupefacientes, disponibles para el programa de restitución y de dos millones de hectáreas por recuperar; pero éste no es el centro de la política agraria. Prueba de ello es la inconformidad del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ante la existencia de la UAF (Unidad Agrícola Familiar), pues la existencia de esta figura no le permitiría en muchos casos la ejecución de proyectos agrícolas industriales, ya que la extensión de tierra necesaria para estos sobrepasa los límites permitidos. Por ejemplo, en los territorios declarados como Zonas de Reserva Campesina no se permite la tenencia de más de una UAF. Así pues, la política agraria no pretende la redistribución de la tierra.

Lo que para las luchas campesinas fue un mecanismo para restringir la concentración de la tierra, para el gobierno significa una traba burocrática. Esta interpretación cobra sentido cuando se señala que a nivel internacional las tierras de Colombia son de las más apetecidas por países como China y Corea, que están invirtiendo en compra y arriendo de tierras en el exterior. Esta estrategia ha llevado a China, por dar un ejemplo, a convertirse en uno de los mayores productores de alimentos a nivel mundial, mientras que los países que venden y alquilan su suelo a estos gigantes tienen que importar los alimentos de mayor consumo, sometiéndose a los precios e incluso a las restricciones como el caso de Rusia, quien anunció que no exportaría trigo a ningún precio.

Colombia, particularmente, pese a la extensión y potencial de sus tierras, importa más de la mitad de los alimentos que consume. Los ingenios azucareros y las plantaciones de palma son las únicas empresas agrícolas que no están inmersas en los Tratados de Libre Comercio, de los cuales se presume que incrementarán las importaciones aún más. El modelo agrario que pretende constituir la administración actual incrementa la industrialización del campo a través de las Zonas de Desarrollo Empresarial. Para el ministro de Agricultura la idea es que esta figura permita otorgar en concesión extensiones de tierra que superen la Unidad Agrícola Familiar a empresas agroindustriales. Esta estrategia se pretende utilizar en algunas zonas de los Llanos Orientales, donde ya se han recibido ofertas por parte de grandes empresas agroindustriales en razón de la fertilidad de la tierra.

Aunque dentro de la propuesta del Ministerio de Agricultura se especifica que alrededor de las Zonas de Desarrollo Empresarial se prevé la siembra de cultivos de “pan coger” (cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada) para un número reducido de campesinos, es claro que el campo se configura como un espacio destinado a la explotación intensiva de la tierra y demás recursos naturales. Su tecnificación ha implicado la expulsión de sus habitantes originarios ya sea por medio de la guerra o el empobrecimiento. Una vez establecido que el centro de la política agraria que se está impulsando se basa en el mercado de tierras a nivel mundial, la concentración de la tierra y la aplicación del modelo industrial al campo, queda por evaluarse el papel de la Ley de Tierras y su propuesta de restitución a los desplazados, que hasta el momento, se dijo, no es el centro de la política agraria, pero sí un mecanismo de condicionamiento y poder de negociación ante las organizaciones de desplazados y campesinos. De estos diálogos el gobierno espera la desocupación de las reservas naturales y forestales, la delimitación de los suelos aptos para la agricultura y la generación de una oferta de tierras.

Este último fenómeno se explica por el gran número de desplazados que actualmente no quieren retornar al campo, pero sí dispondrán de la tierra que se les asigne para la venta. El Estado está implementando políticas en el marco de una supuesta etapa de postconflicto, cuando en muchas regiones las causas del desarraigo siguen presentes.

En el campo las condiciones están dadas para que las empresas puedan integrarse a un mercado mundial, no para que los campesinos puedan habitar el territorio (lo cual se repite en la mayoría de los países a nivel mundial), pues sus economías han sido reemplazadas por las importaciones, que en ocasiones no pueden acceder por el alza de precios. ¿Cómo puede tener éxito un proyecto productivo campesino cuando el mercado está saturado de productos importados?

Sin el fortalecimiento de las economías campesinas no hay garantía de que los terrenos restituidos permanezcan en manos de los beneficiarios directos de la ley de tierras, en nombre del ''desarrollo'' y el ''progreso'', la industrialización del campo, aparte de haber deteriorado la tierra en muchas zonas del país, ha reducido la calidad de vida de los habitantes, pues la configuración de su espacio está diseñado para el establecimiento de grandes infraestructuras y el sostenimiento de unos pocos pobladores.

La realidad pesquera en Chile

Jorge Bustos (54 años, cinco hijos) es presidente de la Confederación de la Gente del Mar (Congemar) desde el 2005. Ya trabajaba a los 17 años en la industria portuaria; partió como cargador y hoy es encargado de documentos de una empresa del sector. Sindicalmente nació el 2002, como dirigente del Sindicato de Empleados de Bahía de Valparaíso. Hoy la Congemar constela a 71 sindicatos, entre pesqueros y portuarios.

En Chile existen alrededor de 230 mil trabajadores ligados a la pesca industrial, faenas portuarias y pesca artesanal; es decir, considerando las familias, cerca de un millón de personas vive del mar directamente.

A partir del 1 de diciembre, 600 portuarios de San Antonio, V Región, están en huelga porque según afirma Jorge Bustos, “el gobierno ha determinado un nuevo proceso de privatizaciones. Todavía le queda concesionar el 13% de los puertos estatales” y agrega que “esas privatizaciones, además de violentar la soberanía nacional, adolecen de estudios. Se supone que los países del continente están creciendo económicamente por los precios de las materias primas debido a la demanda asiática, principalmente, y de manera contradictoria, en un marco de contracción del consumo en Estados Unidos y Europa que son mercados que recepcionan las mercancías chinas e indias. Esa demanda de materias primarias no es infinita y está basada en la explotación de recursos no renovables. Con el agravante de que el capital se lleva todo y prácticamente no paga nada al país. Ahora bien, resultado de la nueva ola privatizadora, se está realizando una discusión entre los trabajadores y las empresas portuarias de San Antonio (avaladas y determinadas por el Estado). La oferta no es considerada justa por los trabajadores. Plantea un plan de indemnizaciones para aquellos que habían trabajado con montos ridículos, deja fuera el tema de las pensiones, y no aborda el tema central. Los viejos que salgan de los puertos no pueden quedar cesantes. El plan, de esta manera, no sólo se destruye empleo, sino que además, apenas se gasten las indemnizaciones, ya no habrá plata para vivir y dinamizar la economía en la ciudad de San Antonio. En 1999, durante el gran proceso de privatizaciones, de cinco mil trabajadores, quedaron trabajando mil. Nosotros creemos que el Estado debe garantizar el flujo de circulante para que no se intensifique la cesantía estructural. Por eso en El Espigón de San Antonio (aquel sector aún no privatizado), los trabajadores están paralizados. Y la huelga no se detendrá hasta que el Ministerio de Transporte no asuma que él debe sentarse a negociar. Aquí el Estado no puede ofrecer cinco millones de pesos (10 mil dólares) por una vez y deshacerse para siempre de los trabajadores que hemos sido los mismos que producimos las riquezas del sector''.

BUCEO

''-¿Cuáles son los problemas fundamentales de los trabajadores del mar?

Tenemos dos conflictos básicos. La depredación de la masa bioceánica por el lado de la industria pesquera, donde nosotros buscamos la generación de más peces en el mar para el consumo humano. La depredación es producto de la industria salmonera. El 80% de la harina de pescado en que se convierten las especies marinas termina de alimento para salmones. Aquí hay una contradicción. La industria salmonera actualmente es subsidiada por el Estado, pero esa misma política alienta la destrucción de especies como el caso dramático de la merluza y el jurel. Según nuestros antecedentes, ya se ha perdido un 60% de esos recursos.

-¿Cuál es la solución inmediata que proponen?

Hay que regular el sector pesquero en Chile. La Ley Costa de Pesca privatizó la captura de peces. Aquí debe existir una discusión sobre la matriz económica del país, es decir sobre el desarrollo de las especies y para qué. Si en vez de capturar especies para hacer harina de pescado, lo hacemos para el consumo humano, por un lado podríamos equilibrar el crecimiento de las especies, y por otro, contar con un buen producto. Además así aumentaría el empleo. Y, cómo no, no tendríamos que exportar pescado para el consumo interno, pensando que Chile tiene cuatro mil kilómetros de costa.

-¿Cuándo y cómo empeoraron las cosas en el sector?

Desde la promulgación de la Ley de Pesca -hace cinco años y con la participación interesada y protagónica de los hermanos y senadores Zaldívar-, se intensificó la explotación de las especies y la gente ha ido convirtiéndose en un trabajador informal, en un paria. Los contratos ahora son por marea. Los viejos se hacen al mar, pescan, salen, y quedan cesantes de nuevo. Se labora 3 o 4 meses y ahí se acaba el año.

-¿Y qué pasa en el área portuaria?

En la industria portuaria, la cuestión es un poco más grave. Los trabajadores portuarios existimos desde 1536. Sólo fuimos formalizados entre las décadas del 60 al 80 del siglo pasado. En 1981 (Plan Laboral de la dictadura), el Estado determinó con la ley 18032, efecto de los cambios de transporte a nivel internacional y la integración del container como envoltorio de la mercancía, el fin de las conquistas del área. Es decir, el derecho a participar en la regulación de la explotación marina con la Cámara Marítima basado en un convenio internacional y las formas contractuales de relacionarnos con las empresas. Lo que ocurre es que esa legislación ya no obedece a las nuevas maneras de producción que existen en los puertos, ni al nivel de ganancias. Ahora hay una buena cantidad de tratados internacionales, a través de organismos tripartitos, que Chile todavía no suscribe. Aquí no hay negociación colectiva y existe una gran fragmentación sindical que no permite contar con la fuerza para llegar a convenios con los empresarios. Frente a esto nosotros estamos porque el país formule un plan de desarrollo estratégico. ¿Vamos a ser la 'puerta del Pacífico'? ¿Tendremos o no corredores bioceánicos que permitan traer cargas del cono sur y sacarlas por medio de los puertos chilenos? Tampoco está definida la infraestructura vial necesaria para impulsar los objetivos anteriores. Al respecto, ya existen crisis en materia vial en Coquimbo, Valparaíso, San Antonio. Hace falta una ley portuaria. Lo que hay es una ley de modernización portuaria cuyo propósito es sólo la concesión y privatización de los puertos.

-¿Quiénes mandan allí?

Los dueños de los puertos son el grupo Claro y el grupo alemán transnacional Von Appen, que es el que ha crecido más. Entre ambos son los controladores del 87% de los puertos del país. Lo que resta son puertos pequeños.”

-¿Y qué gana el Estado?

Un dólar por tonelada transferida. San Antonio mueve casi 16 millones de toneladas. Valparaíso, 10.5 toneladas. Eso no es impuesto, es un pago por el derecho a concesión. En el sector, se cobran las patentes de las empresas pesqueras que van a parar al llamado Fondo de Administración Pesquera (FAP) cuya finalidad original era dedicar esos recursos a investigación y desarrollo del sector. El FAP en realidad se ocupa para subsidiar la pesca artesanal y contener la cesantía. Pero ese fondo debería destinarse a universidades públicas que tuvieran que ver con el rubro para producir conocimientos tendientes a aumentar la masa bioceánica y proponer al país nuevas formas de explotación marina. Así se resolvería, entre otras cosas, de manera verdadera el desempleo.

-¿Qué exigen al Estado?

Nosotros le pedimos al Ministerio del Trabajo que genere insumos para poder discutir, para que ponga investigación al servicio del debate de todos los involucrados. Necesitamos legislación internacional comparada, ¿cómo funcionan España, Suecia, Finlandia, por ejemplo? Pero no existe la voluntad para ello en este gobierno, ni en los de la Concertación.

LAS CONDICIONES LABORALES

-¿Qué ocurre alrededor de los puertos?

Debe existir una relación entre las utilidades de los puertos y las ciudades que los albergan. No es posible que San Antonio y Valparaíso sobrevivan con las dádivas estatales, cuando en esas localidades opera una actividad tan potente como es la salida de productos a través de sus puertos.

-¿Cómo va la cosa en materia de sueldos?

Nosotros logramos el derecho a tener licencias médicas recién el 2008, en virtud de las elecciones que se avecinaban entonces. Y los viejos pesqueros, cuando pueden trabajar –máximo tres meses continuos-, ganan mensualmente unos $500 mil pesos (mil dólares) en promedio. En mi sindicato, los trabajadores pueden llegar hasta dos millones de pesos al mes (4 mil dólares), pero por sólo un trimestre. Esa plata deben dividirla para aguantar todo el año.

-¿Y las condiciones de trabajo?

Los viejos de 55 años ya no pueden subirse a los buques a arreglar los container. Ahí comienzan las jubilaciones en los hechos. Consideramos que realizamos trabajo pesado por las condiciones laborales en que nos desempeñamos: contaminación acústica, polución, extremas variaciones de temperatura y tenemos turnos alternados que imponen que entre turno y turno no se alcance a descansar ni siquiera 8 horas.

-Ustedes han denunciado muchas veces el problema previsional…

Tenemos problemas de densidad y continuidad previsional. Producto de los malos contratos y la informalidad, nuestros viejos no pueden jubilarse en forma porque no llegan ni a la pensión mínima. De esta manera el Estado tendrá que subsidiar las pensiones que, en el fondo, es subsidiar a las AFP’s y a la industria pesquera y portuaria.

-¿Y los niveles de accidentabilidad laboral?

El último accidente grave, que terminó con dos portuarios muertos, se produjo en San Vicente, durante el mismo tiempo en que las cámaras de la televisión apuntaban a los 33 mineros de la mina de San José, en Copiapó. Los accidentes laborales más recurrentes del sector son el desmembramiento, decapitaciones, aplastamiento de container. Todo porque no hay una legislación que implique cuadrillas mínimas de seguridad para trabajadores. Las cifras de accidentabilidad son secretas y sólo las conocen instituciones al servicio del empresario. Esos datos deberían ser públicos.

MÁS ALLÁ DEL MAR

 -¿Qué piensas de las posibilidades de un nuevo ciclo de luchas de los trabajadores y el pueblo de Chile?

Según el Ministerio del Trabajo, un 32% de los asalariados en Chile son informales y precisamente laboran en las zonas productivas que exportan (2 millones cien mil personas). Ahí existe un territorio de fuerza laboral que ya comienza a generar acciones de unidad. Mi única preocupación al respecto, es que los trabajadores no sean usados, contra sus intereses, por la Concertación con el único fin de volver al gobierno. Si eso no pasa, y los viejos se organizan tras sus propias fuerzas e intereses, se podrían lograr grandes avances en un proceso relativamente breve. Yo creo que las demandas de la lucha deben ir por una mejor distribución del ingreso, la construcción de un nuevo Código Laboral. Y deberíamos contar con una potente y única central de trabajadores, que no existe y con dirigentes auténticos con sindicatos reales. Ya no basta con pelear por un poco de plata. Debemos ganarnos el reconocimiento como actores principales de la producción de riqueza del país. Y con la fuerza de los estudiantes, los mapuche, las mayorías castigadas, podemos ampliar la plataforma sobre los principios de la soberanía nacional. Hoy no sólo podemos presentar lucha contra Piñera, sino también contra la Concertación por su responsabilidad ante el actual estado de cosas. De lo contrario cometeríamos un error estratégico que limita la posibilidad de crear un nuevo bloque nacional de desarrollo que, además, vea en Latinoamérica el lugar natural para negociar en conjunto mejores condiciones económicas y tecnológicas con el mercado internacional''.

* MOVALIS ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. Las partes marcadas en rojo y negrita son nuestras.

''Vamos a seguir defendiendo nuestras tierras que, por derecho, nos corresponden''

El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.

El 22 de octubre pasado la comunidad Mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico, en El Maitén (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo ni procesó a los agresores. “La cruda realidad muestra la permanente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de la provincia, por acción u omisión de los estamentos medios y superiores del Gobierno”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut, en su informe anual 2010 sobre el cumplimiento de la legislación indígena.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), desde hace nueve años está dividido en dos sectores, pero ambos coinciden en oponerse al modelo agropecuario (con la soja como emblema), motivo central del avance sobre territorios campesinos, el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxicos y los desalojos. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras un paraíso para grandes empresarios”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina (integrante del MNCI). “Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de las tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante”, enfatizaron.

El 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte santiagueño y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador Gerardo Zamora, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.

Entre las exigencias de las familias campesinas figuran el juicio y castigo a los policías y jueces cómplices de los ataques y la urgente sanción de una ley para frenar los desalojos. El martes último, en el paraje El Simbolar (departamento de Alberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos. “Vamos a seguir defendiendo nuestras tierras que, por derecho, nos corresponden. Hacemos responsable al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo por los hechos de violencia y daños físicos que sufrieron nuestros compañeros”, denunció el presidente del otro sector del Mocase, Guido Corvalán.

En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo último fueron desalojados, reprimidos, destruidas parte de sus viviendas y encarcelados. Los Adriani-Berdún volvieron a su territorio. En noviembre pasado, dos integrantes de la familia fueron detenidos y presionados para que abandonen las parcelas. “Exigimos que se ponga freno a los atropellos y desalojos en todo el territorio provincial por parte de poderosos intereses económicos”, señalaron en un comunicado 33 organizaciones que declararon el estado de alerta y advirtieron que no permitirán un desalojo más en la provincia.

Las historias de judicialización, represión y desalojos se repiten en todas las provincias con presencia campesina e indígena, sin importar el signo político del partido gobernante. Las comunidades originarias y campesinas tienen múltiples diferencias, pero también coincidencias: la defensa de una forma de vida vinculada con el cuidado del territorio, la denuncia de violaciones a sus derechos y de que los conflictos tienen directa relación con el modelo agropecuario, la minería a gran escala, la ganadería intensiva, el monocultivo de árboles, el avance petrolero y el turismo.

“El gobierno nacional generó algunas políticas para que las organizaciones avancemos y disminuya la represión. Sin embargo eso no se replica en los gobiernos provinciales, incluso en algunos de sus principales aliados. Si esa contradicción no se resuelve, las políticas de derechos humanos serán una expresión de deseo cuando se contraponen a los intereses económicos concentrados”, afirmó Montón, del Movimiento Campesino Indígena, presente en diez provincias.

El relevamiento Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89% de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (desde la Constitución Nacional al Convenio 169 de la OIT y la Ley 26160) en casi todos los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer y respetar.

''Que el mundo se de cuenta de lo que está ocurriendo''

Miles de campesinos que a diario sufren la represión y el hostigamiento de las fuerzas militares y policiales, tomaron carreteras y puentes en el Bajo Aguán, Honduras, exigiendo el cese inmediato de la militarización y de la impunidad en la región. Hay un nuevo llamado de las organizaciones campesinas a la solidaridad nacional e internacional, para que se haga presente en la zona.

Después de la masacre de los cinco miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), la toma del Instituto Nacional Agrario (INA) por parte de militares y policías y la militarización de todo el territorio del Bajo Aguán, las organizaciones campesinas y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Colón decidieron iniciar una serie de acciones, como respuesta a la estrategia de terror. “Nos tomamos por más de nueve horas la carretera del Litoral Atlántico a la altura de la comunidad Honduras Aguán, en el municipio de Trujillo'', explicó a Sirel, Wilfredo Paz, del Comité Ejecutivo del FNRP.

''Manifestamos nuestro rechazo al proceso de militarización que implementa el régimen de facto de Porfirio Lobo, para favorecer a los terratenientes que se encuentran en una guerra declarada contra el movimiento campesino. Asimismo -continuó Paz- condenamos la militarización del INA, la intervención militar en los asentamientos campesinos y la muerte de más de 20 compañeros en lo que va del año. Es por eso que, a partir de hoy, martes 7 de diciembre, vamos a iniciar acciones de tomas de carácter permanente en toda la región. No estamos dispuestos a permitir más militarización y represión en el Aguán”, aseveró el representante del FNRP.

La jornada de movilización fue considerada un verdadero éxito por parte de Juan Chinchilla, directivo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), quien denunció el hostigamiento inicial por parte de los efectivos militares y policiales. “Comenzaron a disparar al piso para intimidarnos, pero cuando llegó el grueso de la movilización se retiraron y no tuvieron el valor de desalojarnos. No vamos a parar hasta que se acabe la militarización y el hostigamiento en contra de las organizaciones campesinas”, dijo Chinchilla.

Ante la escalada de violencia en todo el Bajo Aguán, las organizaciones campesinas y el FNRP pidieron urgentemente la instalación de un observatorio internacional en la zona. “En las próximas horas va a llegar una nutrida delegación de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y periodistas. Pedimos que se instale un observatorio permanente en el Aguán, para romper el cerco informativo que tienen montado el régimen de facto, la oligarquía hondureña, los terratenientes y los principales medios de comunicación. En este momento -continuó Paz- es fundamental que el mundo se dé cuenta de lo que está ocurriendo. No es posible reconocer a un gobierno que sigue con esta política represiva, asesina, de violación de los derechos humanos”.

Según el directivo del FNRP, en los próximos días podría haber una profundización de la represión. “Ya hemos perdido a más de 20 compañeros, y todo indica que va a haber un recrudecimiento de la represión militar. Estamos haciendo un llamado a la solidaridad internacional para que vengan a la zona, nos respalden y así evitar un nuevo derramamiento de sangre”, alertó Wilfredo Paz.

Ante esta situación, Paz responsabilizó a los terratenientes Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reinaldo Canales, al gobierno de Porfirio Lobo y al alto mando de la Policía y el Ejército por lo que pueda ocurrir en las próximas horas.

“Exigimos la inmediata desmilitarización de la zona, de las instalaciones del INA, la no intervención militar en los asentamientos campesinos, el cumplimiento de los acuerdos firmados con el MUCA y una solución definitiva del conflicto agrario, entregando las tierras que fueron usurpadas”, concluyó.

''Soberanía Comunitaria''

En ''América Latina'' existe una tensión en aumento entre la expansión de las actividades extractivas y agroexportadoras, fundamentalmente gracias la resistencia de algunas comunidades rurales ante la destrucción de su entorno y modos de vida que conlleva ese modelo de desarrollo. La ''reprimarización'' creciente de las economías ''latinoamericanas'' durante la última década, siguiendo el ascenso de los precios internacionales de algunas materias primas y que han revalorizado determinados territorios rurales, ha contribuido a actualizar el debate sobre los límites de los modelos de desarrollo dominantes, sus contradicciones, así como las alternativas posibles en disputa.

La resistencia que llevaron a cabo durante años las comunidades rurales del Valle del Intag, en Ecuador, frente a los intentos de implantación de la minería a cielo abierto en el área y las propuestas impulsadas por sus habitantes organizados en una nutrida red de asociaciones en defensa de “otros modos de desarrollo”, sirve como ejemplo para abordar un debate clave para el futuro del mundo rural ''latinoamericano''. Este es el tema que se aborda en el documental Mujeres de Intag (pulsando sobre el nombre pueden ver este excelente documental, lo cual recomendamos), una producción de ALBA SUD encargada por Setem CV y realizada por Javier Calderón, Ríders Mejía y Ernest Cañada.

Durante los últimos años, Ecuador ha potenciado la explotación minera por medio de la presencia creciente de empresas transnacionales, en especial de origen canadiense aunque no en exclusiva. De este modo se ha buscado reducir la dependencia de la renta petrolera impulsando la minería, aunque sin salir de la lógica extractivista. Igualmente, y como parte de un mismo modo de inserción en el mercado internacional, basado en la venta de productos primarios con escaso valor agregado, ha aumentado la producción de flores y bananas destinadas a la exportación, por medio de sistemas de producción intensivos que han dado lugar a lo que se conoce como “maquila agrícola”. Los posibles impactos negativos de la expansión de las actividades extractivas y/o agroexportadoras queda supeditado, según los defensores de este modelo, por las posibilidades de incrementar recursos económicos de que dispone el Estado para llevar a cabo políticas redistributivas y mejorar las prestaciones sociales a los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, esta visión adolece de múltiples contradicciones y sus supuestos beneficios difícilmente compensan los problemas que genera, tanto para las poblaciones directamente afectadas como al propio país, que se mantiene prisionero de la “maldición de la abundancia”, descrita de forma precisa por Alberto Acosta.

La amenaza de la explotación minera a cielo abierto de la zona del valle del Intag a partir del año 2004 provocó la resistencia de parte de la población local. Su lucha logró paralizar los planes previstos. Pero lo que convierte a Intag en un ejemplo privilegiado para este debate no sólo es sólo su capacidad de oponerse exitosamente a la minería, si no también el haber formulado de forma práctica un modo de desarrollo alternativo, capaz de generar mayor bienestar a los habitantes de la zona sin, a un mismo tiempo, desentenderse de las necesidades del resto del país. Esta propuesta se articula en base a la intersección entre distintas actividades: agricultura familiar campesina orientada a solventar en primera instancia las necesidades alimentarias locales y basada de forma prioritaria en el cultivo orgánico; transformación y agregación de valor a la producción local en las mismas comunidades; establecimiento de canales comerciales tanto locales como nacionales e internacionales (con el apoyo de redes de comercio justo). Recientemente a estos esfuerzos se agrega el plan de producción de energía hidroeléctrica en base a micro centrales diseñadas con la participación comunitaria aprovechando en abundante caudal y saltos de agua en la zona. Todas estas prácticas productivas se llevan a cabo con una voluntad explícita de respeto y protección del medio ambiente.

Cada una de estas actividades tiene sus particularidades y limitaciones. Sin embargo, su fuerza reside en la diversificación y complementariedad entre ellas, y sobre todo, en la capacidad de control de la gente del lugar sobre las mismas. Lo comunitario tiene formas de expresión y materialización muy distintas en ''América Latina''. Más importante que insistir en encontrar las características y condiciones específicas para definir “comunidad” de un modo absoluto, es necesario valorar y entender su diversidad, centrándonos en la potencialidad de las formas de organización colectiva de la población que habita en un determinado territorio para defender sus intereses.

Las protagonistas de Mujeres de Intag, expresan con firmeza un sentir general en muchas comunidades de la zona. Marcia Ramírez, miembro de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Chaguayacualto, en el Valle del Intag, responde ante la conocida acusación que hizo el presidente Rafael Correa: “Nosotros no somos ecologistas infantiles, si no que somos personas que nacimos aquí, que crecimos aquí y nosotros queremos defender nuestro territorio. Nosotros queremos disfrutar de esta paz, de esta libertad que tenemos. Que a lo mejor no estamos los bolsillos llenos de dinero, eso es cierto, pero tampoco somos pobres, porque al menos aquí en Intag nadie se muere de hambre, todos tenemos qué comer. Claro que nosotros no estamos en contra del desarrollo, creo que hay diferentes formas de desarrollar''. En el mismo sentido ahonda Silvia Ruiz, socia de la Cooperativa El Rosal: “las empresas mineras no es desarrollo. Lo que nosotros estamos ofreciendo hoy como grupos organizados, a eso le llamamos nosotros desarrollo. Porque es un trabajo limpio, digno, sin contaminación a nadie. Y es una alternativa sana''.

La clave de este “otro desarrollo” tiene que ver con la capacidad para decidir cómo organizarse socialmente, de tomar el control sobre el tiempo y las formas de hacer. Marcia Ruiz lo explica de este modo: “disfrutamos de trabajar y de ser libres. Uno es libre porque en el momento que uno quiere salir a la ciudad, en momentos que hay problemas familiares, que alguien esté enfermo, uno puede estar junto con ellos. Dejar de trabajar uno o dos días para nosotros no es complicado, como los que están sujetos y trabajan en trabajos, diría yo, de empleados, que ahí si le dan permiso un día, no le dan dos días. Entonces yo creo que ellos son personas que están sujetos a algo. Más bien nosotros somos libres en nuestro trabajo''. Silvia Ruiz es concluyente: “todo empleado es explotado (…), y eso es lo que nosotros queremos cambiar”. Los debates sobre desarrollo rural necesitan imprescindiblemente incorporar esta dimensión, que no se limita a mera participación social, si no al ejercicio efectivo de control social, colectivo, de carácter comunitario.

En el fondo de la discusión, la resistencia comunitaria en Intag ilustra otro modo radicalmente distinto de entender el desarrollo, en lo que algunas voces han calificado como ''post-desarrollo”. Intag no puede verse como modelo terminado, sino como el esfuerzo de sus poblaciones por afirmar control social. La base de sus propuestas tiene que ver en última instancia con la “soberanía comunitaria”, es decir con la capacidad de mantener y/o recuperar control colectivo de la gente que vive en un determinado lugar sobre los recursos, territorios, actividades económicas y las relaciones laborales y sociales.

Las ''filtraciones'' de Wikileaks

La plataforma Wikileaks ha realizado otra revelación de documentos, esta vez sobre los telegramas confidenciales que se envían los embajadores estadounidenses y que contienen tanto comentarios en los que se valoran los líderes mundiales como información sensible sobre ''terrorismo'' y proliferación nuclear.

Los documentos, que han sido difundidos en primer lugar a través de varios medios de comunicación, revelan por ejemplo que Estados Unidos (EEUU) utilizaba a sus embajadores para espiar en las Naciones Unidas (ONU).

Así, el Departamento de Estado de dicho país habría pedido a su personal que recopilara información como las tarjetas de crédito u horarios de trabajo de otros mandatarios o políticos, según explican los diarios que han tenido acceso a los papeles de Wikileaks.

Las filtraciones de 250.000 documentos revelan que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y los representantes de China, Rusia, Reino Unido y Francia, todos ellos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se encuentran en el punto de mira de los servicios de inteligencia de EEUU.

Según los cables filtrados que se intercambiaban los servicios de inteligencia y diplomáticos estadounidenses, también se han llegado a requerir detalles de funcionarios y representantes vinculados con Sudán, Afganistán, Somalia, Irán y Corea del Norte, todos países considerados por EEUU como ''amenazas'' para la seguridad mundial, mientras que la realidad muestra lo contrario en un 100%.

Detalles sobre los altos funcionarios

Durante junio de 2009 y bajo el nombre de Hillary Clinton, el Departamento de Estado exigió detalles técnicos sobre los sistemas de comunicación utilizados por altos funcionarios de Naciones Unidas, entre los que se encontraban contraseñas y claves personales que utilizaban en las comunicaciones oficiales.

Subsecretarios, jefes de organismos especializados y sus principales asesores, ayudantes del secretario general o algunos jefes de operaciones de paz y misiones políticas se encontraban en la órbita de los servicios secretos. La información requerida a los diplomáticos incluía tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico, teléfonos, fax e incluso "datos biográficos y biométricos (ADN y escáneres de iris) de los representantes permanentes del Consejo", y fue cursada a los funcionarios de 33 embajadas y consulados. Londres, París y Moscú entre ellos. La filtración ha salpicado a todas las agencias de servicios de inteligencia de EEUU, entre las que se incluyen la CIA, el FBI y los servicios secretos.

El espionaje de los diplomáticos supone una violación de la Convención de 1946 de la Naciones Unidas. Según se estableció, "Los locales de la ONU serán inviolables [...] Los bienes y activos de la organización gozarán de inmunidad contra el allanamiento, requisición, confiscación, expropiación o cualquier otra forma de interferencia ya sea administrativa, judicial o legislativa". Por otra parte, la Convención de Viena de 1961 recoge que "la correspondencia oficial de la misión es inviolable", tal y como recoge 'The Guardian'. Más allá de la violación de estos convenios, consideramos insultantes para la población mundial que el dictatorial organismo que supuestamente (por no decir un NO rotundo) trabaja por el ''bien'' de todas las sociedades del mundo, tenga este tipo de convenios que, lisa y llanamente, ocultan todo lo que se teje dentro de ella a quienes deberíamos saberlo más que nadie. 

Violación de los estatutos de la ONU

Según la filtración de Wikileaks, EEUU ha pasado por alto los estatutos en su afán por indagar en cientos de asuntos, entre los que se encuentran "la relación o financiación entre el personal de la ONU y/o las misiones y las organizaciones terroristas"; los planes de presión a las investigaciones en relación con el trato a los detenidos en Irak, Afganistán o Guatánamo; o el requerimiento de información sobre la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, tal como detalles de su personalidad, eficiencia en el estilo de gestión o su influencia.

Además de la ONU, las instrucciones para la recogida de datos en relación a otras cuestiones también fueron enviadas a otras embajadas. Se requirió información sobre "cuestiones relativas a Palestina" donde se incluyen los planes de viaje y vehículos utilizados por los miembros con más responsabilidad de Hamás la Autoridad Palestina; así como información pormenorizada de la situación de los Grandes Lagos.

Los cables filtrados revelan que diplomáticos de Uganda, Ruanda y otros países africanos tuvieron que recopilar información biométrica sobre empresarios, políticos, líderes religiosos o militares.

Washington también anhelaba conocer datos sobre las relaciones de varios países centro africanos con China, Libia, Corea del Norte, Irán o Rusia. Buscaban ahondar en el tráfico de materiales como el uranio o compra venta de armas.

'Cortar la cabeza de la serpiente'

El New York Times también explica que la preocupación que genera la capacidad nuclear iraní, la que no existe, entre los países árabes, incluida Arabia Saudí (aliado estadounidense), es tal que gobiernos de países del Golfo exhortaron a EEUU a destruir ese programa mientras era posible. El rey Abdulá de Arabia Saudí (actualmente hospitalizado en EEUU) imploró a Washington que se "cortara la cabeza de la serpiente" mientras aún se estaba a tiempo.

Esa petición, según los telegramas citados por el diario, tuvo lugar en una conversación en 2008 con el entonces embajador de EEUU en Irak, Ryan Crocker, y con el general David Petraeus, comandante en jefe de las tropas aliadas en Afganistán que entonces estaba al cargo de las tropas de su país en Irak.

Otro telegrama señala cómo el emir de Bahrein, donde EEUU mantiene la base de su V Flota, insiste a Washington que el programa nuclear iraní "debe ser detenido". "El peligro de permitir que continúe es mayor que el peligro de atajarlo", señala el mandatario. Para que puedan tener bien claro quienes son los que realmente tienen armas nucleares, ver nuestra publicación Asusta: el renacer de la Guerra Fría (22/11/10) y que EEUU no se ''preocupa'' realmente, porque son sus aliados y porque los propios EEUU son portadores de esta clase de armamento.

Los mensajes exponen también cómo evalúa EEUU el programa de misiles iraní (nuevamente, inexistente) y revelan la creencia de Washington de que Irán ha obtenido misiles norcoreanos avanzados que podrían atacar capitales de Europa Occidental o Moscú y ayudarle a desarrollar misiles de largo alcance aún de mayor capacidad.

Los documentos permiten reconstruir también cómo la Administración del presidente George W Bush, lastrada por el peso de la guerra en Irak, tuvo problemas para conseguir la aquiescencia internacional a las más mínimas sanciones contra Teherán.

Ventajas a cambio de presos

Algunos de los conocidos como 'cables' entre embajadores revelan también que los diplomáticos ofrecían ventajas a algunos países para que se quedaran a cambio con presos de Guantánamo, es decir, una especie de ''juego'' con los presos, insólito. Por ejemplo, según el 'New York Times', a Eslovenia se le ofreció un encuentro con el presidente de EEUU, Barack Obama.

Los cables diplomáticos también revelan que el archipiélago de Kiribati, un país insular ubicado en la zona central oeste del océano Pacífico, recibió incentivos valorados en millones de dólares a cambio de acoger a un grupo de detenidos en Guantánamo en su territorio.

Al mismo tiempo los diplomáticos estadounidenses sugirieron a Bélgica que el aceptar prisioneros de Guantánamo era una vía barata para que el país lograse "prominencia" en Europa. También figuran los esfuerzos por aislar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez y un pedido de información sobre la salud mental de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, temas que trataremos más adelante.

Los documentos más recientes datan de febrero de 2010, según el periódico neoyorquino, y la mayoría corresponden a los dos últimos años aunque alguno se remontan a 1966. Los documentos también muestran que el secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, cree que cualquier ataque militar sobre Irán sólo retrasaría su objetivo de lograr un arma nuclear entre uno y tres años.

Expresiones poco diplomáticas

En los cables filtrados se han utilizado expresiones tan poco diplomáticas para referirse a ''figuras'' de la política mundial como Putin, Sarkozy, Kim Jong-il o Berlusconi, que las relaciones entre EEUU y sus países aliados pueden verse seriamente afectadas.

La embajada estadounidense en París tildó al presidente francés Nicholas Sarkozy de tener un "estilo autoritario" además de una "piel fina". Estas calificaciones se produjeron cuando amenazó con revocar a los miembros de su gabinete, incluido el primer ministro. Por otro lado, desde la embajada de EEUU en Moscú llegaron a salir cables que hacían referencia a la relación entre el presidente ruso Dmitri Medvedev y el primer ministro Vladimir Putin, en las que hablaban del primero como "el Robin del Batman -Putin".

Las referencias a Kim Jong-il, presidente de Corea del Norte, suponen una amenaza para las maltrechas relaciones entre ambos países. Algunos diplomáticos dicen de él que es un "tipo viejo y flácido" que ha sufrido un trauma físico y psíquico a raíz del ataque al corazón que sufrió en agosto del 2008.

Desde Italia tildaron a Silvio Berlusconi de ser un líder europeo "irresponsable, vano e ineficaz". Así describió Elisabeth Dibble, responsable de negocios en Roma, al primer ministro italiano. Otros informes paralelos afirman que está "muy débil física y políticamente" y que sus "salidas nocturnas frecuentes y su inclinación por la fiesta" no le permiten descansar adecuadamente. Ángela Merkel también recibe críticas.

Críticas a los aliados en la guerra

Ni siquiera aliados claves en la guerra que EEUU emprende desde hace años contra el ''terrorismo'' se han salvado de los comentarios de algunos diplomáticos. Uno de los reportes filtrados indica que el presidente afgano, Hamid Karzai "es un hombre extremadamente débil que nunca escuchó a los hechos, en cambio era muy influenciable por personas que incluso van en su contra".

Lo mismo ocurre en Yemen. Su presidente, Ali Abdullah Saleh fue calificado de "desdeñoso, aburrido e impaciente" al hilo de una reunión que mantuvo con un asesor de Obama. Del presidente de Zimbawe, Robert Mugabe se ha dicho que es "un viejo loco"; del líder libio, Muammar Gaddafi que es "raro" mientras que del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu se ha llegado a filtrar que es "elegante y encantador", pero que nunca cumple sus promesas.

Asimismo, informan de la posible relación del Gobierno ruso y el crimen organizado o las discusiones entre EEUU y los oficiales de Corea del Sur sobre los pronósticos de que la unión con Corea del Norte podría no ser un Estado viable.

Latinoamérica

Las ''filtraciones'' de Wikileaks, a través de ''grandes medios'' como The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, y El País, han sido observadas por algunos analistas que han llamado la atención acerca de que ninguno de los diarios privilegiados por Wikileaks, ante el ciberataque a su página web, mantiene posiciones críticas hacia la política exterior norteamericana y que en especial el diario español sólo ha publicado un resumen y una pequeña selección. En la red social Twitter se estableció la etiqueta #cablegate, acuñada por The Guardian, para referirse al tema.

Telesur reporta sobre datos requeridos, según se desprende de la lectura de varios documentos, para reemplazar archivos existentes en el Departamento de Estado de Estados Unidos desde 2004 y en el caso de uno de los países afectados por la investigación, Paraguay, se solicita información más propia de una ficha policial: el escáner del iris, huellas dactilares y el ADN de cuatro candidatos presidenciales.

En particular las revelaciones sobre América Latina hacen suponer que las embajadas de Estados Unidos funcionan como centros de vigilancia por órdenes del Departamento de Estado. Los documentos secretos publicados el pasado domingo, donde se muestran, entre otros, los esfuerzos de Washington por aislar diplomáticamente al presidente venezolano Hugo Chávez y la solicitud de información sobre la salud mental de la presidenta de Argentina, además de la interferencia en las elecciones de Paraguay.

Según muestran los 250 mil documentos filtrados, algunas comunicaciones hablan sobre “los esfuerzos por cortejar a países de América Latina para aislar al venezolano Hugo Chávez”. De 251 mil mensajes revelados por Wikileaks, 4.155 se refieren a Venezuela según indicó el periódico británico The Guardian.

Del mismo modo se mencionan en los documentos, “las sospechas que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, despierta en Washington, hasta el punto de que la Secretaría de Estado llega a solicitar información sobre su estado de salud mental”. En todos los documentos quedan en evidencia “las permanentes presiones que se ejercen sobre los diferentes gobiernos, desde Brasil a Turquía, para favorecer los intereses comerciales o militares de Estados Unidos”.

El cometido de algunas embajadas es casi policial y la solicitud del Departamento de Estado a su embajada en Asunción es una muestra de ello, debiendo acumular datos físicos de los aspirantes a la presidencia de Paraguay en las elecciones de abril del 2008. Uno de los mensajes publicado recaba datos biométricos , huellas dactilares, fotografías, escáneres del iris, ADN “y otras singularidades” de la entonces ministra de Educación, Blanca Ovelar, al ex vicepresidente Luis Alberto Castiglioni, al ex general Lino Oviedo y a Fernando Lugo, actual presidente. La Secretaría de Estado solicita información a su delegación en Asunción sobre la corrupción oficial, el lavado de dinero, las relaciones de Paraguay con Cuba, Venezuela, China, Taiwán y Rusia. Un punto que llama la atención es la solicitud de información sobre la existencia de yacimientos de hidrocarburos en la región del Chaco paraguayo. De igual manera solicitó información sobre la construcción de mezquitas en el país latinoamericano.

Acciones para limitar actividad de Cuba en la ONU

La información solicitada por el Departamento de Estado alcanza todos los aspectos de la política, la economía y las relaciones sociales de Latinoamérica. Uno de los cables, firmado por “CLINTON”, solicita información acerca de los criterios de “los miembros del Consejo de Seguridad y de otros países sobre las candidaturas de Siria, Cuba e Irán para ocupar cualquier puesto de liderazgo en Naciones Unidas”.

Una conclusión abierta

Lo que acabamos de publicar es, a grandes rasgos (muy grandes), lo que se está conociendo en todo el mundo de las ''filtraciones'' de los documentos estadounidenses, por lo tanto, no estamos diciendo nada nuevo. 

Ahora bien, a nuestro entender, cuando son documentos realmente ''secretos'', no se filtran así como así y en la cantidad en que aparecieron los recientemente descritos. A su vez, es más de lo mismo, cosas que saltan a la vista que están dentro de los planes visibles de los EEUU con algún ''ingrediente'' más. Nos podríamos preguntar perfectamente, qué tiene de novedoso todo lo que dicen los cables? Y respondernos con total tranquilidad: Nada. 

A lo ''extraño'' de estas ''filtraciones'', habría otra y es que dichos documentos hallan caído en manos de los diarios que habitualmente defienden y ocultan las políticas estadounidenses (entre otras), ''casualidades''. Si fueran filtraciones reales, seguramente la noticia no sería difundida ni por The New York Times, ni por The Guardian, ni por Le Monde, ni ningún diario ''importante'' a nivel mundial. Es más, si verdaderamente no se quisiera exponer a las sociedades la existencia de la mencionada documentación, dichos diarios la hubieran ocultado, ya que como se dijo, son cómplices. 

Quedará en cada uno tomar una postura sobre este tema pero, a nuestra manera de ver, creemos que éstas han sido ''filtraciones'' intencionales, para ''sorprender'' a mucha gente que no presta atención a la realidad mundial y de esta forma, mantener distraída a una gran parte de la sociedad a nivel global, mientras otros hechos relevantes en realidad, están ocurriendo y ocurrirán.


Pero aún hay algo más. Las ''filtraciones'' tienen una clara intencionalidad política. Cuál? No podríamos saberlo con exactitud. Lo que sí se podría suponer es una posible ira, quizá buscada, de muchos políticos por haber sido vigilados o porque se habló ''mal'' de ellos, lo cual podría terminar en consecuencias funestas para el mundo. 


Sería conveniente tener en cuenta para este caso y para muchos otros que acontecen, las palabras de uno de los presidentes más corruptos que ha tenído EEUU, Franklin Delano Roosvelt, que no podría haber sido más sincero con lo siguiente: ''En política nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge se puede estar seguro de que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera''.