Monsanto o Mondiablo?

Mientras todavía generan repercusiones los cuestionamientos que surgieron en las actividades paralelas a la reunión internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que se llevó a cabo en la ciudad mexicana Guadalajara, la semillera estadounidense Monsanto le sumó una nueva polémica a su prontuario.

En este caso fue en Paraguay, donde una jueza de la Niñez y la Adolescencia rechazó un pedido de amparo constitucional promovido por la empresa, que pretende una licencia ambiental para la experimentación con maíz modificado genéticamente. El matutino local Última Hora informó esta semana que la magistrada ratificó de esa manera la posición de la Secretaría del Ambiente (Seam), partidaria de realizar una audiencia pública previa a la entrega del permiso.

El recurso judicial había sido planteado por Monsanto para agilitar el inicio de la experimentación con maíz genéticamente transgénico en los departamentos de Itapúa y Guairá, al oriente del país. Y no fue el único fallo adverso para Monsanto que se conoció en las últimas horas. Un despacho de la agencia Reuters publicado en la mañana del 9 de marzo cita declaraciones de un consejero de la Corte Europea de justicia, con sede en Luxemburgo, que afirmó que la patente que tiene Monsanto para su soja Roundup Ready no debería extenderse para cubrir las importaciones de harina de soja al bloque.

Antes de que culmine 2010 se conocerá el fallo final de esta batalla legal que lleva adelante la semillera para asegurarse pagos por regalías, y que puso en disputa unos 4.100 millones de dólares por la comercialización anual de harina de soja argentina a la Unión Europa, según estimó la agencia internacional.

Por otra parte, aunque también en Europa, el pasado 2 de marzo se supo que la Comisión Europea aprobó el cultivo en territorio comunitario de una patata genéticamente modificada que producirá la corporación de capitales alemanes BASF. Según a lo informado por la agencia EFE, dicho evento transgénico estará destinado a la producción de almidón para la industria papelera. La última autorización de este tipo que había aprobado el Ejecutivo comunitario fue en 1998 y la beneficiaria había sido la compañía Monsanto, para su maíz MON 810.

Lugo: Hacelo aunque sea por el amor de tu dios!!!

Comunidad indígena Yakye Aya

Entre 1996 y 1997 el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el organismo estatal que asesora sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la tramitación de las reclamaciones de tierras, adquirió 2.638 hectáreas de tierras ancestrales de comunidades indígenas en su nombre. Sin embargo, los propietarios de las tierras han emprendido acciones legales contra las cinco comunidades. Se sabe que algunos propietarios, que afirman tener derechos de tenencia de la tierra, adquirieron los terrenos bajo la dictadura del general Stroessner (1954-1989), en una época en la que nuevos propietarios obtuvieron títulos de propiedad de un porcentaje significativo de las tierras de Paraguay mediante medios oscuros o ilegales.

Durante muchos años los pueblos indígenas de Paraguay han estado marginados y han sufrido abusos sistemáticos. La Constitución de Paraguay reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva de la tierra, y es por ello que se le exige al Estado que les provea gratuitamente de dichas tierras.

Sin embargo, los pueblos indígenas todavía se enfrentan a una serie de violaciones graves de sus derechos humanos. En dos sentencias distintas dictadas en 2005 y 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Paraguay la restitución a las comunidades indígenas Enxet de Yakye Axa y Sawhoyamaxa de sus tierras ancestrales. Las dos comunidades se han visto obligadas a vivir junto a la autopista entre Concepción y Pozo Colorado, en la región paraguaya de Bajo Chaco, durante más de 15 años, mientras los actuales propietarios les impiden acceder a sus tierras ancestrales. Las sentencias obligan a Paraguay a adoptar medidas que garanticen que todos los pueblos indígenas del país pueden hacer efectivos los derechos de propiedad sobre sus territorios tradicionales.

Desde la emisión de las sentencias, en 2006, han muerto de enfermedades prevenibles 22 personas pertenecientes a la comunidad Sawhoyamaxa, en su mayoría niños y niñas. Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, murieron de diarrea y vómitos seis miembros de la comunidad, cuatro de ellos bebés. Tras dichas muertes, inquieta profundamente que la atención médica siga siendo insuficiente y que, sólo de forma esporádica, se suministren agua potable y alimentos, en cantidad insuficiente.

Ambas sentencias sientan importantes precedentes con respecto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, motivo por el cual es aún más necesario que el Estado de Paraguay tome todas las medidas posibles para demostrar, dentro y fuera del país, su voluntad de acatar el derecho internacional y de cumplir los compromisos jurídicos que ha adquirido voluntariamente. Paraguay ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace casi dos decenios, y en 1993 aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al incumplir sus sentencias, lo que se transmitiría a los pueblos indígenas de Paraguay es que, aunque el gobierno actual prometió abordar importantes cuestiones relacionadas con sus derechos humanos, dichas promesas continúan lejos de hacerse realidad, a la vez que se debilitaría la imagen del país tanto en el seno de la Corte Interamericana como a escala internacional.

El presidente Lugo ha prometido reiteradamente acabar con las violaciones históricas de los derechos de los pueblos indígenas mediante una acción concertada del gobierno contra la discriminación y en favor de sus derechos. Sin embargo, la mayoría de los pasos que se han dado hasta la fecha se han centrado en la provisión de asistencia social en lugar de en la resolución de estos problemas fundamentales.

Una "Luna Nueva" asoma en Paraguay

Todos en el barrio lo comentaban, pero nadie estaba seguro. Un día, como una lluvia blanca, comenzaron a caer papelitos de la planta alta de lo que presumían era un prostíbulo, en la ciudad de Ñemby, distante a unos 10 kilómetros de Asunción, la capital. No se trataba de basura, porque en ellos se leían desesperados pedidos de auxilio de menores que eran explotadas sexualmente en el lugar. Era víspera de la Navidad de 2009 y esos papelitos trajeron el "regalo" de la libertad a cinco niñas, rescatadas luego de que los vecinos dieran aviso a la Policía Nacional.

En un operativo sorpresivo, los agentes irrumpieron en el prostíbulo, salvaron a las niñas, arrestaron a Omar Platini (dueño del establecimiento) y rescataron a otras mujeres mayores de edad, obligadas a prostituirse. Una de ellas era extorsionada por Platini, quien mantenía en cautiverio a su pequeña hija con amenaza de asesinarla si no cumplía con sus exigencias.

Este es uno de los tantos casos de los que se hace eco la prensa paraguaya de vez en cuando. Pero, ¿qué pasa luego de los aparatosos operativos?, ¿alguien da refugio o asistencia sicológica a estas víctimas?. Según explica Norma Duarte, directora de Protección Integral y Promoción de Derechos de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, son escasos los centros de asistencia a menores víctimas de prostitución y trata interna y externa.

Entre esos centros se encuentra el Grupo Luna Nueva, una organización no gubernamental que trabaja desde 1995 con un programa diseñado para el acompañamiento a este tipo de víctimas. "Luna Nueva tiene un enfoque de género bien claro, trabaja muy bien esa mirada, especialmente teniendo en cuenta los derechos humanos", agregó Duarte.

Generalmente, las menores víctimas de prostitución provienen de las zonas del interior del país y viajan a la capital muchas veces engañadas con la promesa de tener la oportunidad de estudiar o vivir como criadas en casas de familia, cosa que en la realidad no ocurre.

"Una vez se fue una señora a mi casa y le dijo a mi mamá que me iba a llevar para trabajar en una casa y todo eso. Pero no le dijo a mi mamá que yo iba a trabajar en un prostíbulo, ni a mí, no me dijo. Me dio nada más 100.000 guaraníes (unos 21 dólares estadounidenses) por adelantado, de mi sueldo supuestamente, llegué a su casa y me puso a trabajar en un prostíbulo", dice una niña que fue víctima de trata interna en Asunción. Su testimonio fue recogido en un informe elaborado por Luna Nueva en 2005, denominado "La trata de personas en Paraguay".

Luna Nueva, según se explica en su página web http://www.grupolunanueva.com.py, cuenta con un programa de atención integral y "apunta a proponer alternativas de vida a niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual que deciden tocar la puerta del Centro de Atención Integral (CAI). Se les propone un proceso, como si fuera un viaje, con etapas y objetivos por etapas".

Raquel Fernández, coordinadora de Luna Nueva, manifiesta que la propuesta del CAI es educativo-terapéutica. Un "viaje hacia la vida, conceptualización teórico práctica del proceso terapéutico de las niñas adolescentes y el equipo educativo de Luna Nueva. Viajamos en esa lucha por seguir siendo personas, por participar de este tránsito hacia la apertura de nuevas posibilidades y significados para la vida. A viajar se aprende viajando", dice.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, Fernández reconoce que "la trata y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes tiene poca visibilidad y los datos cuantitativos en relación con casos identificados es aún restringido. Esta situación adquiere otros matices si el abordaje propuesto es la trata interna con fines de explotación sexual".

En cuanto al albergue en sí, del cual no dan dirección ni se toman fotografías para proteger a las víctimas, Fernández habla en los siguientes términos: "nosotras no hablamos de niñas albergadas, hablamos de niñas y adolescentes con sus hijos e hijas realizando el Viaje, o su viaje". "Tanto el CAI como La Casa (el albergue) se conciben como espacios físicos y, también, como espacios de vida y aprendizaje que se van construyendo y van sufriendo cambios en la medida real de los días y los momentos. Actualmente tenemos 23 niñas, de las cuales 13 están realizando su viaje y 10 son de la población transitoria".

Fernández también analiza el fenómeno de la trata interna: "Si bien el fenómeno de la explotación sexual no es exclusivo de una edad ni de una clase social, desde Luna Nueva hablamos en general de niñas adolescentes de sectores empobrecidos y marginados", explica. "Estamos hablando de mujeres, adolescentes, niñas, muchas de ellas madres, pobres, en su mayoría emigrantes provenientes del campo, que han tenido acceso a muy pocas posibilidades de desarrollo personal y laboral", comenta Fernández.

Algunas han llegado a la ciudad en busca de nuevas oportunidades de vida ante situaciones de pobreza extrema, escapando muchas veces de la violencia intrafamiliar. Otras ya han nacido en la ciudad, en barrios marginales, son relativamente jóvenes, fruto de la migración del campo a la ciudad. "La búsqueda de alternativas de vida y dinero es uno de los motivos por los que se ven envueltas en situaciones de explotación sexual. Otras, al decir de ellas, ’se pierden’ después de huir del seno familiar del que esperaban protección, o del lugar de trabajo, donde fueron nuevamente violentadas y maltratadas", reflexiona Fernández.

Finalmente, la Coordinadora de Luna Nueva se remonta al informe elaborado por la organización para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay en 2009, al decir: "La trata de personas es un crimen transnacional de estructura compleja, tanto como el tráfico de drogas o armas (peor que estos por tratarse de humanos y no de objetos). Sin embargo, la estructura organizativa del estado paraguayo es insuficiente en recursos humanos, técnicos e incluso legales para investigar y sancionar a los perpetradores, así como para proteger a las víctimas".

Mientras tanto, las menores juegan ahora con papeles, en los cuales ya no lanzan gritos desesperados de auxilio, sino que dibujan sus sueños, esperanzas o expían los malos recuerdos de una época que, al menos para ellas, ha quedado atrás.

El caso de Silvino Talavera

Este caso se remonta al 6 de enero de 2003, día en que Silvino fue rociado con glifosato al pasar por debajo de uno de los brazos de la pulverizadora con la que los productores alemanes estaban realizando tareas de fumigación en un cultivo de soja, a escasos 15 metros de la casa de la familia Talavera.

Silvino volvía de hacer los mandados y en un bolso de mano traía un trozo de carne que también fue alcanzado por el químico, pero como la madre del pequeño ignoraba la gravedad del hecho, utilizó la carne para la preparación del almuerzo familiar.

También resultaron víctimas de las fumigaciones los padres del niño y sus hermanos Ramón, Sofía (quien sufre secuelas hasta hoy), Justiniano y Patricio.

Los Talavera tocaron luego a innumerables puertas, atravesaron numerosos obstáculos, intimidaciones y hasta amenazas de muerte de parte de gente vinculada a los poderosos sojeros imputados por “fumigar” a Silvino.

Tras una larga batalla judicial, los productores sojeros alemanes Alfredo Lauro Laustenlager y Hernán Schlender Thiebaud, que causaran la mencionada muerte, fueron sentenciados esta semana a dos años de prisión sin pena sustitutiva.

Uno de los jueces que intervino en la causa, Luis Alberto García, manifestó que Silvino murió a consecuencia de una intoxicación por agroquímicos. “Nosotros (los miembros del jurado) llegamos a la conclusión de que ese lanzamiento de tóxico realizado por Schlender, y que afectó al niño en medio de un camino angosto, le ha causado finalmente la muerte. Obviamente, el pequeño absorbió el agroquímico por las vías respiratorias, vía oral y también lo absorbió por la piel”.

A Laustenlager se lo condenó a su vez por homicidio culposo, porque en el momento del lanzamiento del tóxico existía la posibilidad de afectar a la familia Talavera, que reside a escasos metros de las plantaciones de soja que ambos alemanes tienen en el distrito de Edelira, a unos 100 kilómetros de la capital del departamento de Itapúa.

La sentencia fue alegría por representantes de diversas organizaciones ambientalistas, sociales y comunitarias que siguieron de cerca el caso y que iniciaron una campaña a favor de que se haga justicia para la familia de Silvino Talavera. Entre ellas figuran la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, organizaciones campesinas de Itapúa, BASE-IS, Capacitación y Tecnología Campesina CECTEC, Centro de Estudios e Investigación de Derecho Rural y Reforma Agraria, Alter Vida, Kuña Róga, Sobrevivencia. También realizaron seguimiento al caso la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), la Red Internacional para la Democracia y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL).

Ulises Lovera, técnico de Alter Vida, manifestó que el dictamen sienta un importante precedente judicial en la problemática planteada a partir de la utilización de agroquímicos en los cultivos de soja transgénica. De ahora en más, subrayó, habrá de parte de los agricultores una mayor responsabilidad en el uso de los tóxicos y un mayor respeto y acatamiento a las normativas.

Este fue el segundo juicio realizado por el mismo caso, ya que en abril de 2004 ambos productores habían sido condenados a dos años de cárcel por el mismo hecho, con medida sustitutiva de prisión a cambio del pago de una indemnización de 50 millones de guaraníes a la familia Talavera. Sin embargo, Laustenlager y Schlender lograron el apoyo económico de otros importantes sojeros, distribuidores de agroquímicos y dirigentes políticos locales del gobernante Partido Colorado. La Corte Suprema anuló luego el fallo en primera instancia y ordenó la reposición del juicio.

Para el abogado de la defensa, Daniel Báez, este segundo fallo es “muy categórico y peor que el anterior”. Báez indicó que esperará a leer la sentencia para analizar con sus clientes una eventual apelación.