Ahora ya no presta plata, compra directamente para apoyar a la grandes corporaciones

Una serie de siete principios voluntarios para la adquisición de predios rurales anunciada por el Banco Mundial y respaldada por Naciones Unidas legitima y promueve el acaparamiento de tierras en Asia, África y América Latina, advierte Amigos de la Tierra Internacional.

El Banco Mundial afirma que las adquisiciones de tierras promoverán la inversión agrícola. En realidad lo que harán es asegurar la agricultura corporativa que sólo busca el lucro, aclara la federación ambientalista en un comunicado circulado el martes. Agrega que se ha probado que el acaparamiento de tierras marginaliza a los pequeños productores de alimentos y a las comunidades locales, que conforman la mayoría de los 1000 millones de personas que sufren hambre y pobreza en el mundo.

Ese fenómeno de adquisición de tierras a gran escala para la producción de alimentos y agrocombustibles para la exportación está destruyendo los medios de subsistencia de millones de personas, especialmente de campesinos, pueblos indígenas y pescadores.

El lunes y martes el Banco Mundial hizo públicos sus principios voluntarios para la protección de derechos, medios de subsistencia y recursos naturales en las adquisiciones de grandes extensiones de tierras por parte de inversores extranjeros. Estos principios son apoyados por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Fondo Internacional de Desarrollo de la Agricultura (IFAD).

Algunos de esos principios son: los derechos a la tierra y los recursos naturales asociados son reconocidos y respetados; las inversiones no ponen en peligro la seguridad alimentaria sino que la refuerzan; los inversores aseguran que los proyectos respetan el Estado de Derecho, reflejan las mejores prácticas industriales, son viables económicamente y generan un valor compartido duradero.

El presidente de Amigos de la Tierra Internacional, el nigeriano Nnimmo Bassey, manifestó que estos principios aseguran “una nueva forma de colonialismo con graves peligros para millones de personas y el medio ambiente”. “Si Naciones Unidas se plantea realmente terminar con el hambre, entonces debe seguir su propio consejo, parar el avance de los agronegocios en África e implementar la soberanía alimentaria inmediatamente”, agregó.

En tanto, la coordinadora de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, Karin Nansen, señaló que “la producción industrial de soja, carne y agrocombustibles en América del Sur significa que el acaparamiento de tierras es una realidad”. Luego agregó: “Las comunidades locales son expulsadas violentamente de sus predios mientras el agronegocio reporta ganancias récord gracias al control de los recursos locales. Un mayor acaparamiento de tierras de cultivo intensificará esta violencia contra la soberanía de los pueblos”.

Amigos de la Tierra Internacional subraya que la agricultura industrial en manos de grandes corporaciones es una de las principales causas de deforestación a nivel mundial y de las mayores fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. La federación ambientalista promueve un acceso equitativo a la tierra y los bienes naturales, apoya la agricultura campesina y familiar sustentable, especialmente la agroecología, demanda que se detenga la agricultura industrial y que se asegure la soberanía alimentaria.

Con hambre no se puede pensar!!!

Es habitual que cuando se habla del hambre se tienda a ver como una especie de desgracia, como un desastre colosal, una fatalidad terrible del destino. Quizá sea lo normal cuando está alcanzando una magnitud tan colosal en nuestros días.

Sin embargo, Jean Ziegler, el anterior relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que sabía bien de lo que hablaba, expresó muy rotundamente lo que es el hambre: “un crimen organizado contra la humanidad”.

Al parecer no es posible llegar a otra conclusión si se conoce lo que hay a su alrededor, cómo funcionan de verdad los mecanismos comerciales y las instituciones y políticas de las que depende que los seres humanos más vulnerables del planeta puedan acceder o no a los recursos con los que pueden alimentarse.

Los factores que están haciendo que solo en 2009 el número de hambrientos haya aumentado en 100 millones de personas, no son difíciles de descubrir y entender.

En primer lugar, influye de modo muy determinante la dificultad que tienen millones de personas para acceder a recursos que están a su lado, que deberían ser suyos pero cuyo uso les está vedado. De hecho, no puede pensarse que el hambre sea algo que se padece exclusivamente en países radicalmente pobres sino en los que a pesar de disponer en algún momento o ahora mismo de recursos suficientes no pueden ponerlos al servicio de sus ciudadanos. Unas veces es la tierra, otras el agua y últimamente las semillas, es decir, los recursos más básicos que poco a poco van acumulándose por los grandes propietarios o empresas multinacionales.

Los informes de las Naciones Unidas vienen poniendo claramente de manifiesto que el reforzamiento de los derechos de propiedad que reclaman, con éxito, los grandes propietarios y empresas, solo sirven para que éstos aumenten su poder de mercado y para que aumenten los precios de los insumos, lo que aleja a los pequeños campesinos de la posibilidad de garantizar la mínima seguridad alimentaria a sus poblaciones. Y que la extensión continua de los derechos de propiedad a nuevas variedades de semillas está verticalizando la cadena alimentaria, de modo que los pequeños productores cada vez tienen menos autonomía y posibilidades de orientar la producción hacia la satisfacción de las necesidades de su entorno. Además de fomentar el monocultivo que proporciona altos réditos comerciales pero pocos recursos alimentarios a las poblaciones.

Los informes internacionales también denuncian sin mucho éxito cómo el acceso al crédito, especialmente de las mujeres (que producen más de la mitad de la producción alimentaria mundial, y entre el 80 y el 90% de la de los países más pobres, pero que solo reciben el 10% de a financiación dirigida a la agricultura) se restringe cada vez más, cuando eso se podría resolver con una milésima parte de lo que se ha dedicado a salvar a los bancos que han provocado la crisis financiera.

Las relatorías vienen denunciando desde hace años que la regulación en la que se mueven las grandes compañías multinacionales, por llamarla de algún modo, es extraordinariamente lesiva para el derecho a la alimentación de los seres humanos precisamente porque en ningún caso hacen valer este derecho ante cualquier otro privilegio comercial.

De un modo particularmente expreso se ha demostrado que las condiciones en que se desenvuelve el comercio internacional impiden que se pueda satisfacer ese derecho porque está pensado, en el mejor de los casos, para que genere rendimientos a nivel agregado, como ganancias del sistema de comercio en su conjunto, y a largo plazo, pero no en términos de proporcionar ganancias a las personas concretas y en relación con su capacidad efectiva para poder alimentarse. Y también han puesto de relieve que las políticas liberalizadoras están produciendo una mayor concentración de la producción, más monocultivo y expulsión de los pequeños productores porque para que puedan redundar en un más efectivo derecho a la alimentación sería necesario que se pudiera proteger la producción dedicada a la provisión autóctona y que se garantizara la diversidad. Lo que no se permite a los más pobres y débiles de la cadena de la producción alimentaria, aunque sí a los más ricos.

También es cada vez más evidente que, si bien es verdad que la producción agroalimentaria necesita formas de financiación específica a nivel nacional e internacional, la vinculación hoy día existente entre los canales de financiación y los mercados financieros especulativos solo está sirviendo para alimentar la ingeniería financiera, las burbujas y la inseguridad alimentaria. Solo basta entrar en las páginas web de cualquier entidad bancaria o de inversión financiera para comprobar lo habitual que es la oferta de productos de ahorro destinados a rentabilizar la subida de precios de los productos alimenticios que así quedan cada vez más lejos del poder adquisitivo de millones de seres humanos.

El nuevo relator de las Naciones Unidas, el belga Olivier de Schutter (quien según sus propias palabras solo dispone de un presupuesto para dos a tres misiones internacionales por año, de un asistente en Ginebra que lo apoya administrativa y logísticamente y que no recibe ninguna remuneración añadida a la de su sueldo como profesor en Bélgica), también ha sido bastante claro al poner de relieve el daño que la producción de biocombustibles está produciendo a la hora de disfrutar del derecho básico a alimentarse. En su opinión, la política de Estados Unidos y de la Unión Europea en este campo es “irresponsable” y el despliegue de los biocombustibles “un escándalo que sólo sirve a los intereses de un pequeño grupo de poder”.

En sus informes al Secretario General la relatoría viene también manifestando que el problema de fondo que está provocando el hambre en el mundo es que los Estados “no respetan” el derecho a la alimentación, no solo porque sus políticas no se encauzan por vías que pudieran hacer efectivo su disfrute sino que, para colmo, ni siquiera respetan sus compromisos de ayuda.

En junio de 2007 se celebró una Cumbre mundial sobre la crisis alimenticia en la que los países poderosos se comprometieron (como en tantas otras oportunidades) a destinar recursos para combatir el hambre. Cuando a finales de 2008 presentaba el Informe Anual de la FAO, su director Jacques Diouf, declaraba que su organismo no “ha visto un dólar de los 11 mil millones que fueron prometidos por algunos países al final de dicha cumbre”. Y eso en un periodo en el que, como ya se ha señalado, esos mismos gobiernos dedicaron cientos de miles de millones de euros a salvar a bancos y banqueros irresponsables.

Por eso resulta cada vez más evidente que combatir el hambre es evidentemente un asunto económico, en el sentido de que es preciso que funcionen mecanismos de asignación y provisión que garanticen producción suficiente y una distribución efectiva. Pero también, y sobre todo, que la principal dificultad para ponerlos en marcha es política.

Lo necesario a nivel global para combatir el hambre es invertir el equilibrio de poder, reconocer el derecho a la alimentación como plenamente exigible y anteponerlo a cualquier otro y evitar que su disfrute esté constantemente amenazado por una lógica comercial y financiera que, además de injusta, es completamente insostenible.

Tiremos un poco más de la piola: Los transgénicos vs la agricultura ancestral

Libro Agricultura Ancestral Camellones y Albarradas

'El caso sería la contaminación transgénica en México (explicó Ramón Vera Herrera, de GRAIN México), pero también tendríamos que citar el caso de la FAO, que está evidentemente haciendo promoción de las empresas biotecnológicas como solución, [...] que nos está queriendo decir que puede haber una convivencia entre lo biotecnológico, y lo nativo, lo natural''.

La audiencia, realizada este martes y miércoles pasados, en la ciudad mexicana de Guadalajara, marcó un punto de gran atención en el encuentro de organizaciones de la sociedad civil Los transgénicos nos roban el futuro. Con las contribuciones recogidas, las organizaciones también llevaron a cabo un juicio campesino y popular a los transgénicos.

''Por lo menos hay 1400 millones de personas que se dedican a la agricultura sembrando sus propios alimentos y además dan de comer al resto de la humanidad'', señaló el activista. ''A fin de cuentas lo que están diciendo es que la convivencia no importa tanto, cuando sabemos que es gravísima, que la contaminación va a ser un hecho y que todas las leyes colaterales están empujando a que haya una normatividad super estricta, muy totalitaria contra esta visión campesina de cuidado del mundo'', afirmó Herrera.

Todo tipo de intercambio libre, el guardar semillas para luego obtener nuestros propios alimentos, ''base de la autonomía, del autogobierno'', podría ser penado en un futuro de semillas certificadas y homologadas por las grandes compañías agrocomerciales. Como en la peor ciencia ficción, la base alimentaria resguardada por miles de años sería criminalizada.

''En el caso de las comunidades campesinas indígenas, sobre todo las que están cercanas a la Red en Defensa del Maíz, ha habido un proceso de conciencia''', dijo Herrera, y señaló: ''La visión indígena, es diferente de la del agricultor comercial, porque para el campesino, el indígena, sembrar es un asunto de vida''.

No es solamente ''etnográfica o folclórica'' la diferencia de la que habla Herrera. El referente de GRAIN dio un ejemplo de la percepción que las comunidades campesino-indígenas tienen sobre su vida y entorno: ''Les importa mucho los detalles de lo cotidiano, del trabajo entre toda la comunidad para poder defender su maíz y en general sus semillas, su forma de ver el mundo, de cuidar el todo''.

La Red en Defensa del Maíz surge a finales de 2001 y aglutina a comunidades que abarcan desde el centro al sur de México. ''Hay algunas que son de campesinos mestizos y algunas redes de agricultores incluso orgánicos o sustentables'', apuntó Herrera, y destacó que ''el núcleo fuerte son las comunidades indígenas''.

En cambio, hacia el norte del territorio mexicano las diferencias saltan a la vista, porque ''ahí hay otra historia de colonización y, como tal, otra historia de trabajo en el campo'', precisó. Son grandes extensiones de terreno donde la gente antes de la conquista era nómada y no poseía su siembra, ''y se pudo implantar una agricultura del tipo comercial o del tipo industrial en los peores casos''.

Es en esta última región donde el gobierno federal está ''experimentando'' con semillas genéticamente modificadas. La Red en Defensa del Maíz ha abierto un canal de encuentro entre campesinos e indígenas ''donde pueden compartir sus saberes ancestrales de una u otra región y (...) defenderse de la invasión de los transgénicos'', comentó Herrera.

Paralelo al camino que iniciara la red para fortalecer el intercambio ancestral de semillas nativas y defender la cosmovisión campesina, se aprobó una ley que, con el visto bueno de las grandes empresas, promueve la tecnología transgénica y su liberación al mercado.

''Implica leyes de semillas que promueven la privatización a través de patentes muy fuertes y la certificación de semillas, y por otro lado, tarde o temprano, (...) lo que quisieran es criminalizar el intercambio o incluso promover monitoreos'', afirmó Herrera, quien prevé un escenario donde las semillas que no estén ''normadas'' o certificadas, como las semillas nativas, serán ''erradicadas''.

Para el activista es claro que ''los transgénicos no son solamente una innovación tecnológica que falló o que no entienden que está mal''. Al involucrar el hecho de homologar, patentar y registrar las semillas, criminalizan ''las semillas libres que han sido la base de la agricultura campesina durante 10 mil años''.

''Si nosotros como mundo, como pueblos, nos quedamos sin esas semillas libres, sin esos canales de confianza que significan saberes ancestrales, podemos estar en un grave problema, porque de ahí se vienen controles más tremendos (...), se avisora un campo controlado por militares'', agregó.

Conozcámolos un poco más: Los transgénicos y su entorno

''Si tenemos una planta, un grupo de plantas, y la comparamos con otro grupo a las cuales se les ha convertido en plantas transgénicas, las transgénicas van a producir siempre menos'', dijo Camila Montecinos, de GRAIN Chile (miembro del grupo editor de la revista Biodiversidad, sustento y culturas). ''Ha sido comprobado a nivel de campo como por algunas investigaciones que dicen que esa disminución (del rendimiento) es de al menos un 10%''. Con esta afirmación, la activista reveló una de las verdades ''que no puedes dejar de saber'' sobre la liberación a escala global de los cultivos transgénicos.

Durante la primera jornada de actividades paralelas a la Conferencia sobre Biotecnologías Agrícolas en los países en Desarrollo (ABCD-10), que comenzó el 29 de febrero en Guadalajara, se presentaron algunas de las estrategias comerciales que están afectando la producción independiente de alimentos. Hasta el día de hoy, la realización en la ciudad mexicana de la conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha sido repudiada por promover la aplicación de soluciones biotecnológicas al hambre global.

La Red en Defensa del Maíz, la Vía Campesina Región América del Norte y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México salieron al cruce del encuentro técnico que tiene lugar en el centro de origen del maíz. ''Los transgénicos son un vehículo para obligar a utilizar ciertos agroquímicos'', señaló Montecinos. ''Han sido utilizados para aumentar el uso de ciertos agroquímicos; el glifosato (una de las obras ''maestras'' de Monsanto) es el caso más expandido'', añadió.

En los países donde los organismos modificados genéticamente (OGM) están más presentes, como EE.UU., Argentina y Brasil, el uso de agroquímicos asociados a transgénicos ha aumentado en forma dramática. ''Están asociados a patentes y a otras formas de propiedad intelectual que le dan el poder a las empresas (explicó la activista); venden las semillas para controlar absolutamente el proceso productivo y, crecientemente, el uso que se le va a dar a esa cosecha''.

A pesar de la resistencia a los transgénicos por el temor a la contaminación, éstos se impusieron de hecho amparados por un discurso de las trasnacionales que la militante de GRAIN reprodujo: ''Mira, ya contaminamos, ya no hay nada que hacer, la contaminación es irreversible y por lo tanto tienen que resignarse y aceptarla''.

Luego de la primera de las estrategias desplegadas ''la política que han seguido las empresas es que una vez que una planta ha sido contaminada (...) pasa a ser de su propiedad, porque los genes que contaminaron son de propiedad de ellos''. En ''términos prácticos'' las compañías terminan ordenando la destrucción de esos cultivos. La lógica, dijo Montecinos, es que el que contamine sea el culpable. Y agregó: ''Lo que se ha visto en México son situaciones de deformaciones de los cultivos que convierten a esas plantas en absolutamente improductivas''.

Activistas, campesinos y especialistas responsabilizan a los gigantes de la biotecnología de impedir mayores investigaciones sobre los organismos modificados, pero incluso, con lo poco que se sabe, denuncian que las consecuencias ya son terribles: el metabolismo de las personas y seres vivos que consuman estos alimentos modificados resulta alterado. ''Los estudios que han sido fuertemente reprimidos [...] muestran alteraciones en lo procesos de crecimiento de quienes consumen los transgénicos'', precisó Montecinos.

Asimismo, ''se está promoviendo la plantación de farmocultivos que no van a ser alimenticios, sino que van a producir un conjunto de sustancias tóxicas para el consumo y el medioambiente'', alertó. Toxinas, drogas y plásticos prometen, ''desde el punto de vista de las empresas'', tener un valor muy alto. ''La FAO los está promoviendo como la gran oportunidad'', acusó la activista. ''El único escenario que uno se puede imaginar es que van a intentar designar áreas exclusivas para ese tipo de cultivos, expulsando los cultivos alimenticios''.

Como la gente todavía tiene que seguir alimentándose, crece el temor a los llamados cultivos clandestinos, ''lo cual es un absurdo'', dijo Montecinos. ''El servicio nacional de semillas de México pone como meta para el año 2015 que no solamente todas las semillas que se siembren sean certificadas, sino que estén bajo algún sistema de propiedad intelectual; eso significa prohibir las semillas campesinas''.

México es otro laboratorio de la región donde las leyes de sanidad ''imponen un conjunto de exigencias que no tienen ningún valor en seguridad de alimentos''. Detrás se busca dejar a los procesos de producción y comercialización más pequeños y no industriales. Por ejemplo, refirió la activista, está la prohibición de vender leche cruda. ''Los únicos que pueden vender leche no cruda son las grandes empresas; haces que los chicos dependan de los grandes o sencillamente que no puedan vender''.

Mientras tanto, Montecinos concluyó que lo importante es conservar las semillas propias: ''Este tipo de resistencias no es de una familia aquí y otra allá, sino que tienen que ser resistencias organizadas a nivel de comunidad y a nivel de organizaciones sociales''.

Las mil y una maneras de discriminar a las mujeres rurales en Latinoamérica

Introducción En América Latina existen alrededor de 60 millones de mujeres rurales que diariamente trabajan más de 12 horas para asegurar la subsistencia de sus familias. Algunas estadísticas indican que ellas contribuyen a generar alrededor del 48 por ciento del ingreso familiar en la región. A lo largo de una jornada, son numerosas y variadas las actividades que las mujeres de las economías campesinas llevan a cabo. Aunque socialmente tan sólo se reconoce su función en la esfera reproductiva, es decisivo el papel que desempeñan en la producción agropecuaria y en la seguridad alimentaria. Las mujeres se ocupan, entre otras cosas, del cuidado de la huerta y de los animales, siembran, recolectan la cosecha, procesan alimentos, comercializan la producción, cocinan, cuidan y educan a los hijos. Por otro lado, muchas entran a formar parte de la fuerza de trabajo asalariada temporal o permanente en la agricultura comercial o bien, participan como comerciantes o artesanas dentro del sector informal. No obstante la importancia del rol que desempeñan las mujeres, los cambios concretos que han mejorado el acceso de la mujer a los recursos y servicios productivos en los países latinoamericanos y en el mundo en general son limitados. Es ampliamente reconocido que, aunque el problema de la tierra afecta prácticamente a toda la población campesina, las mujeres enfrentan dificultades adicionales. A pesar de que no existen estadísticas confiables desglosadas por sexo con relación al acceso y a la tenencia de la tierra, existen encuestas y estudios realizados en diferentes períodos los cuales estiman que en ningún país de la región, los hombres y las mujeres tienen un acceso igualitario a este recurso.

La mujer y la reforma agraria En América Latina el acceso de los campesinos a la tierra está estrechamente vinculado con el tema de la reforma agraria. Aunque en la mayor parte de los países de la región se efectuó algún tipo de reforma de este tipo, tan sólo en Bolivia, Cuba, Chile, México, Nicaragua y el Perú se produjeron cambios profundos en la estructura de la propiedad de la tierra. Por lo general, se ha tomado a la familia como referencia de la unidad productiva y al jefe del hogar como beneficiario directo de las medidas y estrategias. En los países latinoamericanos, los estereotipos y prejuicios en materia de género le han asignado a la mujer el rol de la reproducción y por lo tanto su papel como productora ha sido sistemáticamente desconocido y subvalorado. Además, existe la creencia que es el hombre quien ejerce la función de cabeza de familia en el hogar. Tan sólo en los casos de Cuba y Nicaragua se presentó un modelo alternativo en el que la mujer rural fue reconocida como un objetivo prioritario de los programas de la reforma. A raíz de esta división del trabajo socialmente reconocida y aceptada, las mujeres rurales se enfrentan cotidianamente a un sinnúmero de obstáculos para llevar a cabo las actividades productivas, con miras a asegurar la subsistencia de sus familias. De hecho, barreras de orden jurídico, sociocultural e institucional limitan el acceso de las agricultoras a la tierra, así como su control sobre ella.

Limitaciones jurídicas En la mayoría de los casos, las leyes o los programas asociados directa o indirectamente con la redistribución o titulación de tierras en la región, han excluido explícita o implícitamente a la mujer, o al menos no se han preocupado por garantizar su acceso a los recursos. Si bien las constituciones de todos los países proclaman la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, las leyes agrarias y/o las legislaciones civiles de la mayoría de ellos contienen algunas disposiciones que las discriminan. El derecho a la propiedad está vinculado con las normas relativas a la capacidad civil del individuo. En lo que concierne específicamente el acceso a la tierra, si la mujer rural carece de las capacidades civiles necesarias, ella no tendrá la posibilidad de efectuar acciones de compraventa ni tampoco de solicitar créditos. Por ejemplo, en países como Chile, Guatemala, algunos estados de México, Nicaragua y la República Dominicana el marido es el administrador y el representante de la sociedad conyugal (existen diferencias dependiendo del régimen matrimonial escogido). Las normas con relación a las sucesiones y a la posibilidad de heredar tierras difieren en los distintos países. En la mayor parte de ellos, la ley agraria y/o el código civil no reconocen plenamente y sin condiciones el derecho de la mujer casada o que convive en unión de hecho a heredar la tierra, en caso de muerte o de abandono del marido o compañero. Si bien las reformas jurídicas son indispensables para garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no necesariamente son suficientes para facilitar el acceso de la mujer a la tierra. En efecto, existen otras barreras que pueden condicionar dicho acceso. Ejemplos: Aspectos jurídicos que limitan el acceso de la mujer a la tierra en Cuba, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana. Mujer y leyes agrarias Las leyes agrarias de Nicaragua y Honduras reconocen el derecho de la mujer a ser beneficiaria directa de la reforma agraria. Sin embargo, persisten normas discriminatorias en los códigos civiles o de familia que condicionan su acceso a la tierra. Aún cuando ambos países permiten la titulación individual o mancomunada de los predios, en la práctica no son muchas las mujeres que disponen de títulos de propiedad. La titulación se hace a nombre de quien efectúa la demanda (o a nombre de la pareja, si ésta lo solicita explícitamente) y, por lo general, quien se presenta a los institutos pertinentes es el hombre, por motivos culturales y porque según el código civil éste es el representante del hogar. En Cuba las leyes agrarias y las normativas presentes en los códigos declaran la igualdad absoluta de derechos para ambos sexos. A pesar de que la población femenina cubana ha sido la que más se ha beneficiado de la reforma agraria de los países de toda la región, son muchos más los hombres que poseen tierras (se estima que sólo 26 por ciento de los beneficiarios de la reforma agraria son mujeres), que participan en las cooperativas y que ocupan cargos directivos en éstas. En el extremo opuesto se encuentra la República Dominicana, cuya Ley de Reforma Agraria determina que el hombre es el beneficiario y el Código Civil limita las capacidades de las mujeres al determinar que el hombre es el jefe del hogar y el administrador de todos los bienes. Mujer, tierra y estado civil En los países de la región, la mayor parte de las parejas en el sector rural convive en uniones de hecho. Aunque en Cuba, Honduras y Nicaragua la mujer que vive con su «compañero» puede ser beneficiaria de la reforma, su relación debe haber sido reconocida por una autoridad competente. Desafortunadamente, pocas son las parejas que formalizan sus relaciones. Por su parte, el Código Civil de la República Dominicana no reconoce la unión consensual. Mujer, tierra y sucesiones La forma más usual mediante la cual las campesinas de la región pueden acceder a la tierra, aparte de las adjudicaciones otorgadas en virtud de los programas de redistribución o titulación de tierras, es mediante las sucesiones por causa de muerte. Las legislaciones de Cuba y Honduras reglamentan la sucesión de las parcelas adjudicadas por la reforma agraria en caso de muerte del beneficiario y le aseguran al cónyuge el derecho a heredar el predio. En cambio, en Nicaragua y la República Dominicana las leyes agrarias carecen de normativas precisas y por lo tanto se aplican las disposiciones del Código Civil que no reconocen al cónyuge como heredero forzoso. En el caso de la República Dominicana las únicas alusiones al respecto que contiene la Ley de Reforma Agraria, se refieren a cuando el beneficiario muere antes de poseer el título de dominio o abandona el hogar. Aún si se prevé la posibilidad que la esposa acceda a la parcela y ejerza un control sobre ella, en ambas circunstancias, el Instituto Agrario Dominicano tiene discrecionalidad para decidir sobre la adjudicación. De hecho, si se presentasen conflictos entre los herederos o si se considerase que el hijo dispone de una mayor habilidad para cumplir con el contrato, la mujer podría verse privada de la tierra.

Limitaciones culturales No obstante las diferencias y especificidades históricas, culturales, socioeconómicas, jurídicas e institucionales existentes entre los diferentes países de la región, en todos subsiste una cultura patriarcal que discrimina a las mujeres. Con frecuencia costumbres, tradiciones y actitudes profundamente arraigadas en las sociedades influencian las leyes y las instituciones, determinando que no se reconozca el rol de las mujeres como productoras e impidiendo, de esta forma que ellas accedan, en condiciones paritarias al hombre, a la tierra y a todos los servicios asociados con la producción como el crédito, la asistencia técnica y la capacitación.

Limitaciones institucionales La carencia de herramientas con perspectiva de género miradas a fortalecer el papel de la mujer como productora, la falta de información catastral actualizada y desagregada por sexo, la relativa ausencia de funcionarios del sector agropecuario sensibles a una perspectiva de género y la no disponibilidad de estadísticas precisas que reflejen la verdadera contribución de las mujeres a la producción agropecuaria son algunas de las barreras institucionales que obstaculizan el acceso de la mujer a la tierra. La existencia de estas limitaciones, entre otras, hace que los encargados de formular y poner en práctica las estrategias de desarrollo, no diseñen programas que aseguren una participación equitativa entre hombres y mujeres en el proceso de producción y en el acceso a los recursos productivos. El Plan de Acción para la Mujer en el Desarrollo (1996-2001) y la Plataforma de Acción de Beijing reflejan claramente el interés de la FAO por esa problemática relacionada con el acceso de las mujeres a los recursos productivos, entre ellos la tierra. Por ejemplo, en los últimos años el Servicio de la Mujer en el Desarrollo (SDWW) ha dado asistencia técnica para mejorar los procesos de titulación de tierras (Honduras y Nicaragua); ha realizado estudios sobre la situación jurídica de la mujer rural con relación a la tierra (Cuba, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana); ha organizado eventos para sensibilizar tanto al personal de las instituciones, como a los miembros de las comunidades para fortalecer el papel productivo de la mujer (Brasil y Panamá). La Oficina Jurídica, por su parte, asesora a los Estados Miembros para actualizar los conocimientos jurídicos sobre la condición de la mujer rural, así como para modificar leyes sobre su acceso a la tierra.

Conclusiones No es suficiente que las constituciones y ciertas normas introduzcan principios de igualdad, sino que es imprescindible establecer un marco jurídico coherente y crear las bases y las condiciones para instaurar una cultura jurídica de género, tanto entre los destinatarios de las leyes como entre las instituciones. Asimismo, es fundamental generar cambios en los patrones culturales y mecanismos institucionales que prevean y aseguren el acceso de la mujer rural a la tierra, con miras a lograr un desarrollo sostenible que incremente la productividad agrícola, asegure un uso más eficiente de los recursos y contribuya a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria. Modificar las creencias y las costumbres es una tarea larga y complicada. En consecuencia, es necesario invertir recursos y esfuerzos para diseñar programas continuos, integrales y a largo plazo que permitan sensibilizar a los miembros de las comunidades, al personal de las ONGs y a los funcionarios institucionales, sobre el papel productivo de la mujer y la importancia de su participación en el desarrollo rural. Asimismo, es esencial dedicar recursos humanos y financieros para desarrollar, promover y utilizar las herramientas pertinentes que permitan poner en práctica los programas y las estrategias de desarrollo con perspectiva de género.

Los fríos números nos hacen entrar en calor

El hambre es hoy el principal problema del mundo. La Cumbre de Roma convocada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), trató de hacer frente a este problema, pero según los resultados, fue un fracaso. No abordó en profundidad el sistema alimentario mundial que favorece la especulación y beneficia sólo a las grandes corporaciones. Los intereses de los países ricos no permitieron dar pasos hacia soluciones reales para acabar con el hambre en el mundo.

La declaración final quedó sólo en buenas intenciones con compromisos mínimos: “luchar por todos los medios para erradicar el hambre”, “invertir en el sector agrícola”, “buscar un comercio más justo”, pero sin ofrecer los medios para lograrlo.

El hambre en números

La realidad es cruda e hiriente. Es necesario conocerla para cambiarla. Los datos son cada vez más desafiantes. Cada día mueren 70.000 personas por hambre en el mundo. Cada cinco segundos muere de hambre o por sus secuelas inmediatas un niño menor de diez años. Más de 6 millones de niños murieron en 2007. Hay 854 millones de seres humanos viviendo en situación de hambruna. En el tiempo que se tarda en leer esta declaración habrán muerto alrededor de 300 personas de hambre, la mayoría niños.

A todo esto hay que añadir los millones de personas que se encuentran en una situación de desnutrición crónica. La ONU señala que 2.200 millones de seres humanos, es decir uno de cada tres habitantes del planeta viven en estado de desnutrición crónica. Según Ziegler, el número de víctimas de la desnutrición crónica aumentó en la última década en 28 millones, mientras que, paradójicamente, al mismo tiempo aumentó la renta mundial en un 2,5% anual.

El mayor número de personas hambrientas, 515 millones, viven en Asia, donde representan el 24% de la población total. Pero si hablamos de la proporción de las víctimas, el precio más alto lo paga el África negra, donde hay 186 millones de seres humanos en situación de hambruna permanente y severa, es decir, el 34% de la población total de la región. La mayoría de estas personas son niños.

Un niño privado de la alimentación adecuada desde que nace hasta los 5 años, padecerá las secuelas durante toda su vida. Privados de alimento, sus células cerebrales habrán sufrido daños irreparables. El hambre y la desnutrición crónicas constituyen una maldición hereditaria. Todos los años, cientos de miles de mujeres africanas severamente infraalimentadas ponen en el mundo a cientos de miles de niños afectados por la desnutrición y el hambre.

La situación de hambruna permanente explica el fenómeno migratorio del sur hacia el norte. Los latinoamericanos, magrebíes y subsaharianos no emigran hacia Estados Unidos, Canadá o Unión Europea por gusto. El hambre los empuja a abandonar su tierra en busca de mejores oportunidades de vida. Sólo en Estados Unidos hay un promedio de 36 millones de emigrantes. A nivel mundial sobrepasan los 100 millones.

Las estadísticas son frías. Pero el drama humano está ahí. Es el sufrimiento y la angustia lacerante que tortura a cualquier ser humano ver morir de hambre a un miembro de la familia. Hombres, mujeres, niños y ancianos que al despertar por la mañana no encuentran qué comer. Vivir en esa angustia es, seguramente, todavía más terrible que soportar cualquier otro dolor.

La muerte por hambre ocurre en una especie de normalidad estática, todos los días, en un planeta desbordante de riquezas. Jacques Diouf, dirigente de la FAO, constata que en el estado actual de desarrollo de las fuerzas agrícolas de producción, el planeta podría alimentar sin problemas a 12.000 millones de seres humanos, es decir, el doble de la población mundial actual.

Esta masacre cotidiana por el hambre no obedece a ninguna fatalidad. Detrás de cada víctima hay un asesino

Algunas causas del hambre en el mundo

El orden mundial actual, (que más que orden podríamos llamar “desorden”), expresado en el capitalismo neoliberal, es injusto, inhumano y salvajemente criminal. La ecuación es simple: quien tiene dinero come y vive, quién no lo tiene sufre, pasa hambre y muere. Cualquier muerte por hambre es un asesinato, del cual el primer mundo y los poderosos de los países del sur son responsables.

No se puede luchar contra el hambre y la pobreza sin cuestionar las causas que los provocan. Partimos con este interrogante: ¿Cómo es posible que con la ayuda extranjera, además de los préstamos internacionales, haya aumentado de forma espectacular la pobreza y el hambre en los países del sur? Las causas son múltiples.

• En primer lugar se puede señalar la injusta distribución de la riqueza debido a las relaciones de explotación Norte-Sur, que con la imposición de la globalización neoliberal, se agudiza aún más la brecha entre el mundo rico y el mundo pobre.
• En este sentido sobresale el papel de las grandes corporaciones o compañías trasnacionales de los países ricos que, como aves de rapiña, caen sobre los países del sur para explotar y saquear su materia prima. Muchos países del Sur son ricos en minerales y productos agrícolas, pero esta riqueza es explotada por las multinacionales del Norte. Por ejemplo, en Guatemala, la multinacional canadiense Montana se lleva el 99% de la producción de oro, dejando para el país el 1%. Las trasnacionales son atraídas por los ricos recursos naturales, el alto rendimiento debido a los bajos salarios y la casi ausencia de impuestos, regulaciones medioambientales, derechos laborales y costos de seguridad laboral. Entre el débil y el fuerte la libertad económica oprime.
• El desplazamiento de las poblaciones locales de sus tierras y el saqueo de sus fuentes de autosuficiencia por las empresas que crean mercados de trabajo saturados de gente desesperada y forzada a vivir en sitios marginales y a trabajar duro por salarios de hambre, violando a menudo las leyes de estos países sobre el salario mínimo.
• El comercio injusto y especulación financiera de los alimentos y de la producción agrícola. Por ejemplo, el 55% de la producción de trigo está controlada por la especulación.
• La deuda externa que actúa como un instrumento de sumisión de los países del norte sobre el sur. Estos países se ven obligados a recortar los servicios públicos para ir pagando la deuda. Por ejemplo, un país pobre solicita un préstamo al Banco Mundial (BM) para el fortalecimiento de algunos aspectos de su economía. Si no puede devolver los altos intereses, se verá forzado a pedir un nuevo préstamo, pero esta vez al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero el FMI impone un programa de “ajuste estructural”, que asigna a los países la concesión de exenciones fiscales a las transnacionales, la reducción de los salarios, la no protección de las empresas locales de las importaciones extranjeras. Se presiona para que privatice su economía y venda a precios escandalosamente bajos sus minas y servicios públicos a las empresas privadas. Estos países son forzados a abrir sus bosques y sus tierras en beneficio de explotaciones mineras a cielo abierto, sin el menor miramiento del daño ecológico que pueda causarse. Las naciones deudoras también deben recortar los subsidios para salud, educación, seguridad alimentaria, protección medioambiental, con el objetivo de gastar menos en su gente y para disponer de más dinero para satisfacer los pagos de la deuda.
• Los monocultivos en los países del sur (por ejemplo café, caña de azúcar, cardamomo…), lo que requiere grandes cantidades de pesticidas, reduciendo cada vez más las áreas cultivadas de cientos de variedades de cosechas que tradicionalmente servían de alimento a la población local.
• La utilización de agrocombustibles para la producción del etanol que son pretexto de contaminar menos el ambiente, reduce la producción agrícola con fines alimentarios. Amplias zonas que antes se dedicaban al cultivo de cereales para el consumo, ahora se destinan para la producción de biocombustibles.
• La carrera armamentista. Los gobiernos del mundo en el año 2007 gastaron 1,3 billones de dólares en armas , un 6% más que el año anterior. El gasto militar a nivel mundial aumentó el 49,2% en la última década.En el mundo se gasta 190 veces más en armas que en combatir el hambre.
• El excesivo gasto consumista del primer mundo (el 20 por ciento la humanidad consume el 73 por ciento de los recursos del planeta, mientras que el 80 por ciento del sur sólo tiene acceso al 17 por ciento). La sociedad de bienestar del primer mundo tiene más de lo que necesita. La socióloga noruega Harlem Bruntland ha investigado y demostrado que si los siete mil millones de habitantes del planeta consumieran lo mismo que los países desarrollados, harían falta diez planeta como el nuestro para satisfacer todas sus necesidades. En realidad lo que a unos les sobra a otros les falta.
• El cambio climático que en algunas regiones del planeta provoca grandes inundaciones y en otras persistentes sequías. El sistema neoliberal se desarrolla destruyendo la naturaleza. Pues su criterio es producir y consumir cada vez más sin medir las consecuencias medioambientales.
• La explosión demográfica es otro de los elementos a tener en cuenta. Sin embargo, dijimos que el planeta, con la producción existente, tiene capacidad para alimentar a 12.000 millones de personas. En la actualidad no llega a los 7.000 millones. La tierra tiene suficiente riqueza para alimentar a todos sus habitantes. “La tierra da lo suficiente para satisfacer las necesidades de los hombres, pero no su ambición”, señalaba Gandhi.