Asesinatos para silenciar

Dariush Rezai-Nejad

El pasado 23 de julio se anunció que Dariush Rezai-Nejad fue asesinado a tiros en Teherán por dos hombres en motocicletas. Los asesinos persiguieron a su mujer y también le dispararon. Según Al Jazeera, Rezai-Nejad trabajaba como investigador en el campo de la electrónica y tenía conexiones con el programa nuclear de Irán. No es el primer ataque semejante. En noviembre de 2010 hubo ataques con bombas contra los coches de otros dos científicos iraníes que tenían claros vínculos con el programa nuclear del país. Uno de ellos, Majid Shahriari, murió en el acto y el otro, Fereydoun Abbasi, resultó herido junto a su esposa.

Hay mucha especulación sobre quién fue el responsable de estos ataques. Una teoría favorita en Occidente es que el gobierno iraní está matando a sus propios científicos porque amenazan con desertar. El único científico iraní públicamente identificado que puede o no haber desertado es Shahram Amiri. Afirma que fue secuestrado por agentes saudíes mientras estaba en peregrinación a La Meca en junio de 2009 y luego llevado por la fuerza a EE.UU. Después volvió a Irán. La noción de que el gobierno iraní esté ahora asesinando a algunos de sus propios científicos para asegurar la lealtad de los otros, parece descabellada. Hay maneras mucho menos drásticas de lograr ese objetivo. Casi toda fuente independiente de análisis sobre este tema está de acuerdo en que los verdaderos perpetradores de estos asesinatos en serie e intentos de homicidio son EE.UU. e Israel, tal vez con ayuda del Reino Unido. Estas fuentes incluyen al propio corresponsal militar sénior de Israel, Yossi Melman, quien dijo al periódico británico The Independent que existen “interminables esfuerzos del establishment de la inteligencia israelí junto con sus homólogos occidentales, el MI6 británico y la CIA, de sabotear, retrasar y si es posible impedir que Irán llegue a tener… su primera bomba nuclear”. Este esfuerzo incluye el asesinato de científicos iraníes. Los mismos informes han provenido de Le Figaro francés, de la agencia noticiosa Xinhua de China y del Jerusalem Post.

A la mayoría de los estadounidenses les podrá sonar imposible que Washington, que se les describe desde la cuna hasta la muerte como el don de ''Dios'' para el ''buen gobierno'', pueda estar involucrado en asesinatos “oficiales”. Sin embargo, una breve mirada a la historia reciente sugiere que tal práctica es en realidad la norma. Por ejemplo, durante la Guerra de Vietnam la CIA realizó el Programa Phoenix que logró asesinar 23.369 presuntos miembros del Vietcong. El Programa duró desde 1962 hasta 1972 cuando fue cerrado debido a la publicidad negativa. Fue reemplazado casi de inmediato por otra operación secreta, pero similar, con el nombre de código “F-6”. Durante los años cincuenta, sesenta y setenta la CIA realizó, o ayudó a realizar, asesinatos de miles de personas en América Central y del Sur. Según las informaciones, la Agencia trató de asesinar, entre tantos otros personajes, a Fidel Castro cientos de veces. Bajo el gobierno de Bush Jr., los secuestros, torturas y asesinatos fueron procedimientos operativos normales. Y, finalmente, parece que una forma chapucera de asesinato sigue siendo la actual táctica preferida en la continua “guerra contra el terror”. EE.UU. utiliza ahora dones que no solo “eliminan” al objetivo sino también a cualquier otra persona que por casualidad se encuentre en la cercanía en el momento del ataque. Esta breve historia debería dejar claro que los repetidos informes sobre participación de EE.UU. en los ataques contra científicos iraníes son bastante coherentes con la práctica del pasado. Hablando más en general, no se encontrará ningún “escrúpulo moral” cuando se trata de que Washington utilice asesinatos como elemento de política exterior.

Contradicción

Ahora llegamos a la parte realmente sorprendente de la historia. El programa nuclear de Irán, como lo hemos demostrado en más de una publicación, no apunta al desarrollo de armas nucleares. Se recordará que fue y todavía es la conclusión de no menos de 16 agencias de inteligencia de EE.UU. (incluida la CIA), como se señaló en dos Estudios Nacionales de Inteligencia. En otras palabras, una parte del gobierno de EE.UU. parece involucrada en un esfuerzo por asesinar a científicos iraníes por su supuesto trabajo en un programa que otra parte del gobierno de EE.UU. ha confirmado que no existe. Podemos reducir esto aún más. Parece que una parte de la CIA está involucrada en los ataques contra estos científicos por la investigación de armas nucleares que otra parte de la CIA nos dice que no tiene lugar. ¿De qué especie de juego esquizofrénico se trata?

1. La complicidad en el programa de asesinatos forma parte de una política que parte de una cierta visión del mundo. Esa visión del mundo es anti-iraní (tiene su origen en la revolución iraní de 1978-1979 y la captura de los rehenes estadounidenses), antimusulmana (suponiendo un “choque de civilizaciones”) y pro Israel (fraguada por el poder del lobby sionista). La decisión de continuar este modo de obrar es política, tomada por hombres y mujeres en posiciones clave de política exterior dentro del Congreso de Estados Unidos y en la rama ejecutiva del gobierno que comparte o por lo menos aprueba esta visión del mundo. Además, todos estos personajes apoyan o aprueban suposiciones sobre Irán que son compatibles con esa visión del mundo. Por lo tanto, se supone que el Irán actual es agresivo, ambicioso e instintivamente hostil a los intereses estadounidenses e israelíes. Por lo tanto, no importa cuán benigna sea en realidad la búsqueda de energía nuclear por parte de Irán, es transformada en algo maligno por las exigencias de la visión del mundo prevaleciente y sus permanentes presunciones. Esto, por su parte, justifica los ataques contra los que están involucrados en la investigación de energía nuclear de Irán.

2. Mientras tanto, los que realizan los análisis profesionales de inteligencia, como los realizados por los Estudios Nacionales de Inteligencia, no están motivados por esta visión del mundo y no se basan en presunciones. La capacidad de considerar los datos de inteligencia con amplitud de ideas forma parte de lo que convierte a esta gente en profesionales. Por lo tanto consideran la inteligencia de manera inteligente, determinan lo que significa de manera objetiva, e informan en consecuencia. Obviamente, este tipo de procedimiento producirá una evaluación más honesta y exacta que la que está predeterminada en gran parte por una miríada de suposiciones.

Conclusión

Por desgracia, la honradez y la exactitud no son las prioridades de responsables políticos atrapados por visiones del mundo motivadas ideológicamente y las suposiciones resultantes. Sea la Guerra Fría o la ''Guerra contra el Terror'', la realidad es definida por la ideología. Los estudios de inteligencia que presentan un cuadro diferente casi siempre se consideran políticamente inaceptables. Por ello, dejar clara la contradicción entre una política impulsada por suposiciones tendenciosas y las que se basan en una investigación objetiva es como señalar todo lo que es erróneo en la política exterior estadounidense. Sin embargo es un mensaje que nuestros responsables políticos no pueden escuchar. Esa visión del mundo también bloquea sus oídos.

A diez años de Carlo Giuliani

El 20 de julio 2001, durante una manifestación del movimiento altermundialista contra la Cumbre del G8 en Génova, Italia, la Policía de aquel país asesinó al activista Carlo Giuliani, quien se volvió símbolo de la lucha antiglobalización luego de este hecho. A diez años de su muerte les entregamos estos dos videos homenaje realizados especialmente para la fecha.

Algo sobre Carlo

Carlo Giuliani nace el 14 de marzo de 1978, hijo de Giuliano Giuliani, el conocido sindicalista de la confederación general italiana de trabajadores y de Haidi que luego de la muerte de su hijo seria senadora de refundación comunista. El 20 de julio de 2001 sale de su casa situada en el barrio de Righi al medio día sin estar seguro de dirigirse hacia el mar con su amigo, en el camino quedan preocupados al ver lo que pasaba con el black block y los carabinieri, ahí es cuando decide cambiar su rumbo.

Por esos días se desarrollaba en Génova, Italia la Cumbre del G8 que reunió a los 8 países más ''poderosos'' del mundo quienes suelen decidir el destino del planeta tierra y de millones de personas. El movimiento antiglobalización, al cual Carlo fue fuertemente vinculado, organizó del 19 al 22 de julio varias y multitudinarias protestas en rechazo a esta cumbre. Por varios días cientos de miles de personas salieron a las calles en las cuales los Carabinieri y militares fueron soltados para repartir entre los participantes su frustración e incapacidad personal en forma de golpes, palos y balas con todo su equipamiento militar y tecnológico contra las piedras y furia de los protestantes. Por varios días los anarquistas e integrantes de los diferentes black block plantaron cara a estos mercenarios que por unas monedas acatan las órdenes de los más poderosos y responsables de esta realidad de descontento y de privación de la libertad. El 20 de julio el día más dramático y violento de las protestas, el día en que la ciudad e Génova recibiera mayores destrozos y en que las fuerzas del “orden” realizaran contra los manifestantes 18 disparos de armas de fuego, fue el día en que murió asesinado Carlo Giuliani.

El bloque negro, por esos días fue acusado de haber sido la causante de la represión, utilizándolo de chivo expiatorio por los altos rangos militares para ordenar una feroz represión. Algunas de las acciones más recordadas del bloque negro fueron el asalto a la estación de servicio para abastecerse de combustible para la creación de cócteles molotov y un ataque a la cárcel de Marassi en la que los Carabinieri que se encontraban resguardándola con seis blindados y 2 Land Rover Defender, escapan lanzando gases lacrimógenos.

A las 17:00 llega a la plaza la compañía de Carabinieri comandada por el capitán Claudio Cappello, acusado de torturas durante la misión italiana en Somalia. Los enfrentamientos en Piazza Alimonda, son el escenario final para Carlo que en aquel momento tenía 23 años. Es aquí, durante un duro enfrentamiento entre Carabinieri que conducían varias Land Rover Defender y manifestantes que atacaron a un vehículo que había quedado rezagado por una desenfrenada retirada, que se encontraba Carlo con un extintor con el que rompe el vidrio trasero del vehículo policial, desde el cual Mario Placanica (nombre del Carabinieri) dispara contra la cabeza de Carlo tumbando su cuerpo al piso, que luego fue arrollado en dos oportunidades por el vehículo policial todoterreno. Algunos manifestantes intentan ayudarlo pero escapan cuando nuevamente se produce una durísima represión para alejarlos y evitar posibles testigos. El cuerpo de Carlo yace en el suelo por casi media hora sin recibir ayuda de parte de los mercenarios. Al transcurrir el tiempo Carlo recibe los primeros auxilios; su corazón aun latía pero la sangre que estaba perdiendo y la herida en la cabeza, producto de la bala, eran irremediables y a los pocos minutos muere. 

Los mandatarios que se encontraban reunidos en la cumbre continúan con total normalidad, en el Palacio Ducal de Génova. Silvio Berlusconi se congratula de los objetivos del cónclave por su “alma humanitaria” y “corazón generoso” mientras Carlo Giuliani, activista antiglobalización, descansaba muerto en una calle cercana.

Al día siguiente el movimiento antiglobalización convoca a una gran manifestación unitaria y pacífica para el medio día. Miles de personas llevaban cintas negras hechas espontáneamente con bolsas y coreaban assasini contra los policías. El 21 de julio el black block decidió comenzar temprano la jornada en la Piazza Raffaele Rossetti con disturbios que se extendieron hasta las 15 horas. La manifestación pacífica evitó pasar por el lugar donde se estaban realizando los enfrentamientos y tampoco permitieron que miembros del black block se mezclaran en su manifestación para así evitar conflictos. Sus esfuerzos fueron en vano para eludir posibles cargas policiales, ya que estos de igual forma, cargaron contra la multitud donde se registraron cientos de detenciones y heridos.

  

Conferencia: Mitos sobre la inmigración

Relacionado a la publicación anterior les dejamos la siguiente conferencia que trata sobre los mitos de la inmigración, en este caso en España, con lo que podemos observar que es una situación que se repite en casi cualquier país que tiene flujos considerables de inmigrantes. Todo es cuestión de racismo...

Mitos fundamentales sobre la inmigración

Por Jorge Majfud

En casi todos los países y a lo largo de diferentes épocas, las clases más conservadoras han estado siempre en los extremos de la pirámide social. En Estados Unidos la retórica conservadora ha logrado captar parte de los sectores de los extractos más bajos de la sociedad, no recurriendo a liberar a los ricos de impuestos (para esto está la ideología del “trickle down”) sino creando el demonio del inmigrante ilegal. No hay nada mejor para canalizar las frustraciones de las clases más bajas que crear enemigos tribales dentro de la misma clase.

Así se han aprobando leyes como en Arizona y en Georgia, que criminalizan a “los sin papeles”, lo que ha provocado la fuga de muchos trabajadores indocumentados de un estado a otro. Como resultado, los pequeños y medianos empresarios del área de la construcción y sobre todo de la actividad agrícola se quejan que no hay brazos para levantar las cosechas. Solo en la costa oeste los puestos de recolectores sin ocupar superan los cientos de miles. Claro, hay que trabajar sin aire acondicionado.

Innumerables estudios (ej. Damian Stanley y Peter Sokol-Hessner, NYU; Mahzarin Banaji, Harvard Univ., etc.) han demostrado que el miedo al otro es prehistórico y provoca reacciones negativas hasta en la persona más pacífica cuando se le presentan diferentes imágenes de diferentes rostros. No obstante, aquellos que entendemos que existe cierto grado de evolución humana, no defendemos un rasgo milenario por el sólo hecho de ser milenario. Podemos asumir que el amor y el odio, el temor y la solidaridad, como lo sugieren las mayores obras de arte, son emociones irreductibles, no cuantificables por principio y definición, y seguramente inmanentes a todos los seres humanos a lo largo de la historia. Pero no las formas en que los individuos y las sociedades se relacionan para desarrollarse y evolucionar. Si no hay progreso histórico en cada individuo (cualquier tibetano del siglo V puede ser social y moralmente superior a un habitante contemporáneo de Rio o Filadelfia), en cambio podemos esperar que sí lo haya en una sociedad dada que es capaz de aprovechar la experiencia histórica, propia y ajena. Si en los primates existe la mentira, la explotación y las jerarquías sociales y políticas (Frans de Waal, etc.), ello no es un indicio de que estas estructuras (culturales) sean insuperables sino, a juzgar por las diferencias entre algunos hombres y un orangután, todo lo contrario. Al menos que los conservadores propongan a los monos como pruebas, no de una posible evolución sino de la imposibilidad de evolucionar.

En la problemática de la inmigración inevitablemente juegan estos elementos primitivos, aunque maquillados con retóricas cargadas de preceptos ideológicos sin una racionalidad mínima. Por lo tanto son mitos, creencias indiscutibles (es decir, realidades) para determinados grupos, producto de repeticiones, sobre todo mediáticas.

Mito I: Con los inmigrantes aumenta la criminalidad

Falso. Diferentes estudios de diferentes universidades (Robert Sampson, Harvard University; Daniel Mears, Florida State University; Public Policy Institute of California, PPIC, etc.) han demostrado claramente que a un incremento de la inmigración sigue un descenso de la criminalidad. También se ha observado que sobre todo la primera generación de inmigrantes es menos propensa a la violencia que la tercera, muy a pesar de las mayores necesidades económica que suele sufrir la primera generación. La relación inversa entre violencia e inmigración latina, puede resultar paradójica, considerando la violencia brutal que existe en las sociedades de las que proceden estos inmigrantes. Paradoja que, como toda paradoja, es apenas una contradicción aparente con una lógica interna; obviamente, muy fácil de explicar.

Mito II: Los inmigrantes le quitan los trabajos a los nacionales

Falso. En todos los países del mundo siempre se ha buscado a alguna minoría débil para descargar todas las frustraciones de cada crisis. En Estados Unidos algunos desempleados se quejan de que los inmigrantes ilegales les quitan los trabajos, lo cual resulta una muestra de poca inteligencia y probablemente de mala fe: es mejor quedare en casa o salir a comer a un restaurante con el dinero del Estado que ir a hacer trabajos duros que sólo aquellos inmigrantes pobres (los ricos no emigran) son capaces de hacer.

Los inmigrantes más pobres no hablan inglés (en ocasiones, los mexicanos y centroamericanos ni siquiera hablan español), no conocen las leyes, no tienen papeles para trabajar, son perseguidos o viven escondiéndose y aún así consiguen trabajos que los “pobres americanos” no pueden conseguir. ¿Cómo hacen?

Por el contrario, estudios serios demuestran que la inmigración ayuda a crear nuevos puestos de trabajo (Gianmarco Ottaviano, Università Bocconi, Italia; Giovanni Peri, University of California). Según un estudio de Pew Research Center, en los tres últimos años la inmigración ilegal latinoamericana a Estados Unidos ha caído 22 por ciento, sin que esto haya significado un descenso de la tasa de desempleo. De hecho, sólo los inmigrantes indocumentados aportan más de medio millón de consumidores al año.

Mito III. Los inmigrantes ilegales son una carga porque usan servicios públicos que no pagan

Falso. Cualquier ciudadano desocupado o que gane menos de 18.000 dólares anuales hace uso gratuito de cualquier servicio médico y de muchos otros servicios públicos y privados, como vivienda y pensiones. Los trabajadores sin papeles acuden a un servicio sanitario en última instancia (The American Journal of Public Health) y en muchos casos pagan por consultas y tratamientos. Muchos ni siquiera denuncian robos y abusos. Ningún camionero pretendería lucrar con su máquina sin llevarla alguna vez al mecánico, pero muchos ciudadanos que se benefician de los trabajadores indocumentados esperan que éstos nunca acudan a un hospital, a pesar de que los trabajos que hacen suelen ser los más peligrosos e insalubres.

Según la National Academy of the Sciences de Estados Unidos, los números muestran que estos inmigrantes aportan más de lo que toman de la economía nacional. Según el economista Benjamin Powell, estos trabajadores aportan 22 billones de dólares anuales y su legalización fácilmente aumentaría esa cifra.

En términos globales, el principal factor que pone en ventaja a Estados Unidos con respecto a las demás economías desarrolladas (incluida la emergente China) radica en su todavía alta tasa de trabajadores jóvenes, en gran medida debido a la alta tasa de natalidad entre la población hispana y a la inmigración misma, sin la cual programas como el Social Security serían insostenibles en un futuro cercano.

Mito IV. Los indocumentados no pagan impuestos

Falso. Los indocumentados pagan impuestos de muchas formas, directas o indirectas. Según cálculos de los últimos años, cada inmigrante ilegal paga miles de dólares en impuestos, mucho más que muchos ciudadanos inactivos. En total, el Social Security recibe más de 9 billones de dólares anuales de estos contribuyentes que probablemente nunca reclamarán ninguna devolución en forma de pensiones o beneficios. Actualmente hay cientos de billones de dólares aportados por trabajadores fantasmas (Eduardo Porter, New York Times; William Ford, Middle Tennessee State University; Marcelo Suárez-Orozco, New York University).

Mito V: Los inmigrantes ilegales tienen poder corporativo

Falso. Los inmigrantes no nacionalizados, sobre todo los ilegales, no votan en ninguna elección. En muchos casos ni siquiera pueden votar en las elecciones de sus países de origen, aunque sus millonarias remesas nunca han sido rechazadas ni despreciadas.

El slogan de “latinos unidos” es un buen negocio para las grandes cadenas de medios hispanos en Estados Unidos, pero esta unión es muy relativa. Aunque hay un sentimiento de “hispanidad” dentro de cualquier mundo “no hispano”, lo cierto es que las rivalidades, rencores y chauvinismos solapados surgen apenas “el otro no hispano” desaparece del horizonte tribal. También los estatus legales e ideológicos son, en casos, radicalmente inconciliables. Basta con considerar un trabajador mexicano ilegal y un balsero cubano, protegido por ley.

Fuente original: http://www.rebelion.org/. Autor: Jorge Majfud. Las partes del texto en negrita y/o rojo son nuestras. 

Ni nuevo ni revolucionario

Alejandro Almaraz

Como viceministro de Tierras en los primeros años del Gobierno de Evo Morales, Alejandro Almaraz fue uno de los principales impulsores de la distribución de tierras a campesinos e indígenas. Para este abogado, 25 millones de hectáreas repartidas y el fin del trabajo esclavo en el Alto Parapetí son dos de los principales logros de un proceso de transformación ahora en peligro de perderse. A continuación les dejamos una entrevista realizada a Almaraz por Emma Gascó y Martín Cúneo.

''PREGUNTA: ¿Hacia qué modelo económico se dirige Bolivia?  

ALEJANDRO ALMARAZ: Se ha hecho ya célebre la contradicción del vicepresidente Álvaro García Linera, que primero defendió un 'capitalismo andino' y luego un 'socialismo comunitario'. Se habla bastante de socialismo, incluso se habla de este acercamiento doctrinario hacia Cuba y Venezuela. Pero lo que hay en realidad son serios indicios de restitución del capitalismo de Estado, que en este país no tiene nada ni de nuevo ni de revolucionario. Y lo que parece predominar como orientación doctrinal, sin poner las cartas sobre la mesa, es el nacionalismo revolucionario. Esta matriz ideológica inspiró el modelo de Estado y sociedad constituido con la revolución de 1952.

En esa época el 70% de la población del país estaba en el campo, donde predominaba la hacienda, que era una unidad productiva y social de tipo feudal, con una fuerte carga de colonialismo interno donde los comuneros indígenas trabajaban la tierra a cambio de una retribución en especie. Era un país sin industrialización. Además de este mundo feudal dominado por los hacendados, existían como núcleo de poder económico y político los famosos barones del estaño, que eran los dueños de todas las minas y constituían el eslabón por el que el país se encadenaba al capital trasnacional. Esta Bolivia fue reemplazada en la revolución del 52 por este modelo de sociedad llamado Estado Nacional. En ese momento la tierra se redistribuye en el occidente del país, con un criterio capitalista, pese al discurso de corte socialista. Y en el oriente se forma un nuevo proceso de concentración latifundista. También se habló de restituir las tierras usurpadas a las comunidades indígenas por las haciendas, pero todo eso quedó en discurso y se impuso una distribución individual de la tierra.

Con la minería, la nacionalización dio lugar a la empresa estatal COMIBOL. Y en un primer momento de ese proceso revolucionario se fortaleció la empresa estatal de los hidrocarburos. Es un esquema típico del capitalismo de Estado. Son empresas que pertenecen al Estado, pero están articuladas a los circuitos del capital internacional. A juzgar por los hechos de nuestro Gobierno volvemos a esto, por lo menos en las orientaciones. En Bolivia la distancia entre las esferas del discurso político y la realidad son siempre grandes.

P.: ¿Se puede hablar de un cambio con respecto a los gobiernos de los 90?  

A.A.: Existen ciertas conquistas evidentes. Aunque sea formalmente hemos recuperado una empresa estatal de nuestro principal recurso estratégico, que son los hidrocarburos. La ley de hidrocarburos de Sánchez de Lozada establecía que [la petrolera estatal] YPFB no podría producir, entonces uno se preguntaba: ¿para qué sirve entonces? Ahora no produce en los hechos, pero formalmente tiene la misión de hacerlo. Ahora por lo menos podemos exigir al Gobierno que YPFB cumpla su misión.

P.: ¿Y con respecto al reparto de la tierra? 

A.A.: Ésa es la otra conquista tangible, y a diferencia de los hidrocarburos, irreversible. Cotejando las experiencias mexicana y boliviana, que son historias que tienen mucho que ver, resulta que es más fácil quitar a todo un país sus hidrocarburos que quitarle a un campesino su tierra. Lo que ha hecho este proceso es redistribuir la tierra que el anterior proceso revolucionario, de medio siglo atrás, había más bien concentrado en las tierras bajas y en el norte del Bolivia. Mientras que aquí en los 50 y los 60 se distribuía la tierra, allá se concentraba despojando de sus territorios tradicionales a muchos pueblos indígenas que hasta entonces los habían conservado gracias a la debilidad y la lejanía del Estado.

Lo que ha hecho este Gobierno es redistribuir esa tierra. Hasta diciembre del año pasado se han titulado en favor de indígenas y campesinos alrededor de 25 millones de hectáreas en todo el país. Como Tierras Comunitarias de Origen, que son propiedad comunitaria, inalienable, indivisible, de pueblos y comunidades indígenas, tenemos 16 millones de hectáreas. Cerca de cuatro millones como propiedad comunitaria, igualmente colectiva e indivisible, de comunidades campesinas que no se reconocen explícitamente como indígenas. De dos a tres millones como pequeña propiedad, individual del sector campesino. De todo eso, lo que efectivamente es redistribución es poco más de cuatro millones, entendiendo por redistribución que la propiedad o el dominio de la tierra pasa de unas manos a otras.

Son unos cuatro millones los que se han desapropiado. En primer lugar a empresas madereras, que tenían esas tierras en régimen de concesión, que a efectos jurídicos es lo mismo que propiedad. Luego se expropió a terratenientes como los del Alto Parapetí cerca de dos millones de hectáreas. No hicimos una nueva ley agraria íntegra porque nos habría llevado más tiempo y habríamos corrido el riesgo de perder el momento político. Así que hicimos solamente una reforma parcial de la ley vigente, en 2006. Yo calcularía que con llegar a los 15 millones de hectáreas redistribuidas se habrá conseguido un resultado total.

P.: Una de las victorias recientes fue el caso de la distribución de tierras en el chaco  

A.A.: Ése es otro logro histórico. El llamado proceso de reconstitución territorial de la nación guaraní supone dotarle de la tierra suficiente para el reconocimiento territorial que le corresponde. Ya se ha abolido en los hechos el régimen de servidumbre que ha venido existiendo sobre muchas comunidades llamadas cautivas en el chaco cruceño y en el chaco chuquisaqueño. En el caso del chaco cruceño, en el Alto Parapetí, se ha aplicado el proceso de saneamiento. Esas 40.000 hectáreas han sido inmediatamente dotadas a esas mismas comunidades que de ser cautivos, serviles a la hacienda, han pasado a ser propietarios comunitarios de la tierra. Los beneficiarios son alrededor de unas dos mil personas en el Alto Parapetí.

P.: ¿Qué ha significado la inclusión en la Constitución del límite a la tenencia de tierras en 5.000 hectáreas?  

A.A.: No necesitamos esa ley para redistribuir la tierra. Ya teníamos la disposición que dice que toda tierra en propiedad mediana o de empresa que no cumpla una función económica social debe revertirse a dominio del Estado sin indemnización alguna. No importa si tienes cien o seis hectáreas, estás en la obligación de cumplir la función económica social, que es trabajo y producción en condiciones de sostenibilidad ambiental y compatibilidad con el interés público. Ya se han producido las primeras reversiones por insostenibilidad de la actividad agrícola. Puede haber propiedades que estén dentro de los límites de hectáreas que les pongas pero ser dañinas desde el punto de vista ecológico. O pueden ser, como es el caso del Alto Parapetí, muy productivas pero tener un costo social y humano muy alto, por la servidumbre de los guaranís. En el chaco hemos revertido predio con miles de cabezas de ganado por el hecho de que había peones en condiciones de servidumbre.

Ahora bien, ese límite es necesario por otras dos razones. Una es la democratización económica porque funciona como dispositivo antimonopolista; la segunda razón son los motivos sociales, psicológicos y políticos. La virtud que ha tenido esta disposición fue hacerle decir al ciudadano boliviano en el referendum cuál es su posición frente al latifundio. Y el resultado fue que el 80% del electorado estaba en contra.

P.: Pero en el Congreso se aprobó la no retroactividad de la ley

A.A.: Eso tiene una razón económica. Habríamos tenido que revertir alrededor de 5.000 predios productivos en Santa Cruz y sobre todo en el Beni, predios que cumplían esa función económica social. Íbamos a tener que revertir a un montón de gente que tenía un poco más de 5.000 hectáreas, pero que efectivamente estaban respetando la vocación de la tierra y estaban pagando salarios a sus trabajadores. Eso habría ampliado la situación de guerra civil hacia ese sector y por supuesto habría generado un serio problema de abastecimiento y especulación. Por eso lo hemos convertido en válido sólo para lo venidero y nadie va a ser tan estúpido de comprarse tierra superando el límite establecido por la ley. Es decir, va a cumplir una función disuasoria.

P.: Y se pusieron limitaciones a la propiedad estatal de la tierra

A.A.: Eso es algo que me da una enorme satisfacción porque lo que vimos en la práctica es que las instituciones públicas tienen una gran cantidad de tierra. Y lo único que hacen con ella es corrupción. Miles y miles de hectáreas en manos de las fuerzas armadas o de las universidades públicas, que no producen nada, que no sirven para nada. Ya no puede ser que cada nuevo rector de la universidad vaya a La Paz a pedir tierras, cada nuevo comandante de una de las fuerzas vaya a pedir tierras. Lo que se ha establecido es el usufructo. Por razones muy bien fundadas, como proyectos productivos de especial importancia, el Estado puede dar tierra a una entidad pública por un tiempo limitado al desarrollo de ese proyecto. Cuando ese proyecto deja de funcionar esa tierra sin más trámite ni costo alguno vuelve a manos del Estado para su redistribución. El Estado plurinacional debería mantener al Estado como empresario solamente en aquellos puntos estratégicos donde se pueden acumular los excedentes que puedan luego reinvertirse en esta ancha economía que tiene que ser la social comunitaria, sin exclusión tampoco del empresariado capitalista convencional, que puede tener lugar en esta economía plural… Eso sí, con condiciones, como no apropiarse de lo que le serviría al Estado o a la empresa comunitaria para prosperar.

P.: ¿Existe algún tipo de acompañamiento financiero a la reforma agraria?

A.A.: No existe. El gobierno no lo da, y mucho menos fortaleciendo al sujeto comunitario del proceso agrario, sólo reparte tractores. Es la misma omisión en que incurrió la reforma agraria del 53, que daba la tierra pero no daba ni créditos ni asistencia. Por eso me irrita que se hagan los antioligárquicos criticando las subvenciones, que siguen siendo necesarias. ¿Acaso no competimos con productores de todo el mundo que también tienen subvenciones? Nosotros que somos los campesinos más pobres, ¿no vamos a tener? Existe una enorme dificultad de aterrizar en procesos productivos concretos. Hay un fondo donde se ha venido acumulando el porcentaje del impuesto a los hidrocarburos que corresponde al sector indígena. La plata acumulada ya ha superado los 150 millones de dólares y no la pueden gastar. Primero era porque no se ponían de acuerdo entre las diferentes confederaciones. Logramos ese acuerdo, hicimos el reglamento, el directorio… Pero después hicieron una norma tan complicada para asignar dinero a los proyectos que no han podido dar plata a ningún proyecto hasta ahora.

P.: ¿Cuál es la relación actual entre el MAS y las organizaciones sociales?

A.A.: Estamos repitiendo el círculo de la revolución que ya tuvimos en el 52. Ahí también hubo un primer momento revolucionario: toda la tierra hacendada se redistribuyó, se nacionalizaron las minas y se dio el voto a los indios y a las mujeres. Después la revolución fue derrotada por dentro y ya las conquistas pasaron a ser, por ejemplo, dar motos a los policías, uniformes… Está pasando lo mismo ahora. Ahora los logros son kilómetros de carreteras, empresas estatales, conexiones telefónicas… 

P.: Tras las movilizaciones de los últimos meses, ¿cuál es la situación del proceso?

A.A.: Está corriendo el grave riesgo de agotarse no en un horizonte verdaderamente transformador, sino como decía, en una restitución del capitalismo del Estado. No es para eso por lo que hemos luchado a lo largo de las últimas dos décadas contra el Estado, que siguió siendo oligárquico y neocolonial pese a la revolución del 52. No es para tener ingenios azucareros de propiedad estatal. No es para que el Estado se vuelva un nuevo terrateniente en el agro. No es para que tengamos un YPFB subordinado a las trasnacionales. No es para que la gente tenga que seguir subvencionando a las trasnacionales para que produzcan gasolina y diesel. Pero, ¿cuál es la alternativa? Es el modelo social comunitario que está establecido en la constitución política del Estado, como base estructural de la sociedad del vivir bien. Y no queremos socialismo, ni soviético, ni de Chávez ni de Fidel, queremos la sociedad del Vivir Bien. Ahora, que eso se parezca tanto o cuanto al socialismo es un tema propio de quien tenga interés en estudiarlo, de los teóricos y los politólogos. Nosotros sabemos en términos básicos que iremos desarrollando a través de nuestras vivencias en qué consiste esa sociedad, ese modelo social comunitario. Consiste en una empresa comunitaria de amplia base social, efectivamente incluyente donde la gente a través de su organización social tradicional, ancestral o innovada finalmente sea dueña de los medios de producción, decida sobre el proceso productivo y también sobre el proceso redistributivo. Y que se reproduzcan las formas solidarias que ya existen y permitan una apropiación democrática del excedente, de la riqueza''.

Extraído textualmente de: http://losmovimientoscontraatacan.wordpress.com/2011/07/23/alejandro-almaraz-%E2%80%9Cel-proceso-de-cambio-en-bolivia-esta-corriendo-el-grave-riesgo-de-agotarse%E2%80%9D/#more-457. Las partes del texto en negrita y/o rojo son nuestras. 

''Medidas de protección urgentes y eficaces''

José Santos Caicedo, uno de los líderes amenazados

Instituciones sociales pidieron a las autoridades de Colombia proteger de manera urgente y eficaz la vida e integridad física de los líderes afrodescendientes José Santos Caicedo, Armando Caracas Carabali, Aníbal Vega y demás miembros del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y líderes del Consejo Comunitario de La Toma.

Ellos recibieron amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas de sujetos que actuarían por órdenes de mafias de minería ilegal que operan en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma. A pesar de las denuncias públicas sobre esta presencia ilegal ocho retroexcavadoras continúan operando a vista y paciencia de las autoridades.

Las nuevas amenazas se suman a una larga lista de acciones de amedrentamiento ocurridas en los últimos meses, no obstante que el PCN tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los esfuerzos del PCN por proteger a sus líderes, organizaciones y comunidades se ha visto frustrado. La Mesa de Garantías con Grupos Étnicos no ha revisado los casos urgentes ni adoptado medidas a pesar del compromiso del gobierno mediante el Viceministro de Gobierno.

Las amenazas y violaciones a los derechos humanos de las poblaciones afrocolombianas y sus organizaciones se incrementan. Un ejemplo de esto es el robo y amenaza de cuatro sujetos que ingresaron a las oficinas del Consejo Comunitario de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca ocurrido el 16 de julio de 2011.

Mientras, el PCN y otras organizaciones afrocolombianas continúan enfrentando los proyectos que violan sus derechos territoriales y al desarrollo “en el marco de sus propias aspiraciones, identidad y participación”.

Comunicado

Afrokolombia, julio 18 de 2011. El Equipo de Derechos Humanos del Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) y las demás organizaciones sociales y de derechos humanos firmantes denuncian ante la  comunidad nacional e internacional los siguientes hechos que ponen en grave riesgo la  vida e integridad física de los miembros del PCN y los derechos las comunidades:

En la madrugada del viernes 15 de julio de 2011, a las 00:48:29 se recibió en el celular de José Santos Caicedo, miembro del Equipo de Coordinación Nacional del PCN un mensaje de texto que “ya sabes q todo tiene precio pero tu pago es con sangre”.

Un mensaje idéntico fue recibido por Armando Caracas Carabalí, otro activista del PCN que desarrolla su trabajo en el Norte del Cauca. Desde el 7 de julio este activista ha recibido además llamadas telefónicas en tono amenazante en las que le dicen que “tiene 24 horas para salir del municipio de Buenos Aires o sino le llenan el buche de plomo”. Estos nuevos mensajes se suman a la lista de amenazas que en los últimos meses han recibido miembros del PCN en distintas regiones del país.

El viernes 15 de Julio a las antes de las 9 de la noche Aníbal Vega, actual Representante Legal del Consejo Comunitario del Corregimiento de La Toma recibió una llamada telefónica en la que le dijeron “…ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las maquinas trabajen en el rio Ovejas. Las piedras en el camino hay que quitarlas para  que no estorben”.

Estos nuevos mensajes se suman a la lista de amenazas que en los últimos meses han recibido los miembros de la Junta del Consejo Comunitario de La Toma y los miembros del PCN en distintas regiones del país. A pesar del riesgo evidente y a que el PCN tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta hoy los esfuerzos de PCN, por lograr la protección efectiva de sus líderes, organizaciones y comunidades desde una perspectiva diferencial, integral y colectiva acorde con los mandatos constitucionales, han sido infructuosos. Uno de los últimos intentos en esta dirección tuvo lugar en la Mesa de Garantías con Grupos Étnicos en el marco del G-24, el pasado 21 de junio del 2011 en la que el gobierno nacional se comprometió, en cabeza del Viceministro de Gobierno, con las organizaciones afrodescendientes e indígenas a revisar todos los casos urgentes y tomar medidas sin que ello haya tenido lugar hasta ahora.

Las amenazas a miembros del PCN y de otras organizaciones afrocolombianas, se incrementan en momentos en los cuales, las comunidades afrodescendientes enfrentan y denuncias proyectos y políticas que violan sus derechos territoriales y los derechos al derecho al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones, identidad y participación. Un ejemplo de ello, es lo ocurrido el 16 de julio con el Consejo Comunitario de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca, cuando hombres armados entraron a su oficina, amenazaron a varios de sus miembros y robaron todos los archivos de este Consejo Comunitario.

El PCN como organización afrodescendiente, ha venido denunciando al gobierno Nacional, por la violación del derecho a la consulta previa, que ha sido recurrente en varias zonas del país y  en la aprobación de un  número importante de leyes,  como lo es el mismo Plan Nacional de Desarrollo denominado “Prosperidad para Todos”. Así mismo PCN, ha venido visibilizando los impactos negativos que el TLC con los Estados Unidos trae contra las comunidades afrodescendientes, ante su posible aprobación.

De la misma manera desde PCN, se ha venido denunciando insistentemente sobre las amenazas que constituyen para muchas comunidades la expansión de la palma aceitera que van en contravía de los derechos territoriales y de la diversidad cultural y ambiental del Territorio Región del Pacifico, así mismo ha venido denunciando la gran minería y minería ilegal en los territorios colectivos y ancestrales. Es de tener en cuenta que algunas de estas comunidades afectadas, hacen parte de los casos emblemáticos a los que la Corte Constitucional mediante el auto 005 ordenó al gobierno adoptar planes específicos de protección, sin embargo estas órdenes después de dos años no han sido cumplidas.

La comunidad afrodescendiente de La Toma, tiene presencia en su  territorio desde 1636, siendo la lucha  por sus derechos visible a nivel nacional e internacional. Desde mediados de mayo del 2011 hay una alerta sobre la presencia de retroexcavadoras en el territorio ancestral del Consejo Comunitario de La Toma. No obstante esto y ser de conocimiento público y de las entidades gubernamentales del orden local, regional y nacional 8 retroexcavadoras continúan haciendo minería ilegal en el territorio de este Consejo Comunitario.

En consideración de lo anterior, se demanda de las autoridades:

Al gobierno Nacional, adoptar medidas de protección, urgentes y eficaces, para proteger la vida e integridad física de los líderes afrodescendientes, JOSÉ SANTOS CAICEDO, ARMANDO CARACAS CARABALI, ANIBAL VEGA y demás miembros del PCN y líderes del Consejo Comunitario de La Toma, las cuales deben ser concertadas y responder al enfoque diferencial, integral y colectivo, acordes con los derechos de las comunidades y el trabajo que desarrolla el PCN y el Consejo Comunitario de La Toma.

A los organismos de control y judiciales, realizar una investigación exhaustiva que permita develar y sancionar los responsables de los hechos aquí denunciados y de los demás hechos que han puesto en riesgo la integridad y libertad de los miembros de PCN.

Que el Gobierno Nacional de cumplimiento inmediato a las órdenes establecidas en el auto 05 del 2009, en especial las relativas a los planes específicos de protección, la ruta étnica y  la caracterización.

Que en cumplimiento de las órdenes del auto 005, el gobierno nacional, concerte directamente con el Consejo Comunitario de La Toma el proceso para la formulación del Plan de protección, la implementación de la Ruta Étnica de protección y la caracterización territorial.

Que en cumplimiento del auto 005 y de la sentencia, las autoridades saquen las retroexcavadoras que hacen presencia ilegal en el Consejo Comunitario de La Toma y adopten medidas preventivas para impedir la llegada de nuevas.

Juntos podemos lograr que la historia de Zaragoza en la via Cali – Buenaventura y la de Timbiqui no se repitan.

- Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN)

- Corporación Sembrar

- Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia

- Federación Afriominera del Sur de Bolívar

- Coordinador Nacional Agrario

- Asociación Nomadesc

Floribet, ejemplo de lucha ''contra viento y marea''

Floribert Chebeya

Son muchos los motivos que podrían ser la base del asesinato de Floribert Chebeya, defensor  de los derechos humanos, Presidente de la Organización La Voz de los Sin Voz (VSV), desaparecido en la noche del 1 de junio  de 2010 junto a su chófer en Kinshasa, capital de Congo (RDC), después de abandonar la sede de la Inspección General de la Policía Nacional congoleña donde tenía que encontrarse con el Inspector Jefe el general John Numbi, según lo indicado por la VSV.

“Chebeya tenía intención de solicitar la apertura de una investigación en la que presentarse como testigo de la represión de la Policía Nacional en el 2007, contra el Movimiento Bundu dia Kongo, en el Bajo Congo” afirma una nota enviada a la Agencia Fides de la Red Paz por el Congo, promovida por los misioneros que trabajan en el país. “En relación con el este del país –continúa la nota- Chebeya había criticado vivamente las operaciones militares conducidas conjuntamente por el ejército ruandés contra los rebeldes hutu ruandeses de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) en 2009, operaciones acordadas directamente por John Numbi y por el actual ministro de Defensa ruandés, James Kabarebe. En ocasión de los 50 años de independencia de la RDC, que se celebraron en junio de 2010''.

Chebeya estaba preparando una iniciativa para reclamar la amnistía de 51 detenidos, condenados a muerte por haber sido declarados culpables del asesinato de Laurent Désiré Kabila, el padre del actual Presidente Joseph Kabila. La VSV, la asociación Di Floribert Chebeya, había pedido también al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una investigación internacional semejante a la que se realizó después del asesinato del Primer ministro libanés Rafic Hariri y sobre el asesinato del Jefe de Estado Congoleño.

Floribert Chebeya Bahizire era el director ejecutivo de una de las mayores organizaciones de derechos humanos del Congo, Voz de los Sin Voz, así como de la red nacional de grupos de derechos humanos.  Su trabajo le llevó a recibir amenazas repetitivas de la policía. A lo largo de su vida, Chebeya había denunciado a varios gobiernos y gobernantes, entre ellos al dictador Mobutu Sese Seko, a su sucesor, el presidente Laurent-Désiré Kabila y al gobierno actual en el momento de su muerte.

Las causas de su muerte todavía no se conocen oficialmente en el día de hoy, un año después. Un equipo de médicos holandeses realizó la autopsia, pero sus conclusiones sólo se publicaron parcialmente y no convencieron a nadie. Se procedieron a varias detenciones temporales que se suspendieron a los pocos días. Los compañeros de VSV llevan un año reivindicando una investigación seria y un juicio justo para los culpables del asesinato de Floribert.

“Estamos anonadados y horrorizados por la muerte en circunstancias sospechosas de un defensor de derechos humanos tan destacado y respetado -dijo Veronique Aubert, directora adjunta del Programa Regional para África de Amnistía Internacional- Floribert había sido detenido y hostigado por las autoridades en otras ocasiones. Parece que podría haber pagado el precio último por su valiosa labor''. Chebeya había declarado a Amnistía Internacional en varias ocasiones que creía que lo estaban siguiendo y que estaba sometido a vigilancia por las fuerzas de seguridad. 

Amnistía Internacional ha observado durante el pasado año un  aumento de la represión a que son sometidos los defensores de derechos humanos en la Congo (RD), que se manifiesta en detenciones ilegales, enjuiciamientos, amenazas telefónicas y citaciones reiteradas para que se presenten en las dependencias de los  servicios de información.

“La muerte de Floribert es una gran pérdida para la comunidad de derechos humanos”, concluye Veronique Aubert.

Chebeya Bahizire había sobrevivido durante más de 20 años a muchas amenazas de muerte, detenciones y malos tratos debido a su trabajo. "Él creía en la causa de los derechos humanos y no tenía miedo de seguir contra viento y marea".