English plantillas curriculums vitae French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian templates google Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

sábado, 30 de julio de 2011

Debería aplicarse sin ningún tipo de problemas



Un proyecto de ley que regula el derecho de Consulta Previa elaborado por el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq) fue entregado a varios diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en medio de una concurrida marcha por la calles de La Paz (Bolivia).

Los parlamentarios que recibieron el documento, Edwin Tupa, jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), el senador Eugenio Rojas, el diputado suplente y ex autoridad del Conamaq Vicente Flores, y Wilson Changaray, diputado guaraní expresaron su compromiso de colocar el proyecto en la agenda de la Asamblea y revisar la propuesta del Conamaq.

La iniciativa quiere alertar a los diputados y senadores del país de la urgencia de la ley. Si el derecho a la consulta no se cumple queda en peligro nuestro territorio, dijo Rafael Quispe, dirigente del Conamaq al momento de la entrega.

Sergio Hinojosa, Jiliri Malku (máxima autoridad) del Conamaq advirtió que estarán atentos a lo que pase con su propuesta y buscarán el apoyo de los pueblos indígenas de tierras bajas para unir fuerza y lograr que el derecho a la consulta tenga una leyLos asambleístas indicaron que también esperan la propuesta de los otros pueblos indígenas para consensuar una ley que beneficie a todos.

Por su parte, Waldo Albarracín, ex defensor del Pueblo y ex presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, quien participó de la Cumbre sobre derecho a la consulta del Conamaq, señaló que la Constitución Política garantiza la consulta previa con carácter vinculante para los pueblos indígenas que se sientan afectados por cualquier proyecto, obra, actividad, iniciativa legislativa o administrativa que los afecte.

Bolivia es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo desde 1991 y por tanto, debería aplicarse sin ningún tipo de problemas, dijo Albarracín.

Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales



Desde el día de hoy, sábado 30 de Julio y hasta mañana, domingo 31, se viene llevando a cabo la Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en la comunidad de Salsipuedes, en el Estado mexicano de Guerrero.

“La Asamblea es un esfuerzo de diversas comunidades que están en peligro por la construcción de megaproyectos tales como minas, carreteras, fábricas, presas, granjas de ganado intensivas”, señalan desde la convocatoria.

En una entrevista para la red Boca de Polen, que difunde la agencia de ALER, el investigador Andrés Barreda, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que la proliferación de este tipo de proyectos nocivos para el medio ambiente y para los pueblos, es porque el gobierno mexicano ofrece la nula protección ambiental como imán para las inversiones extranjeras.

''Esto significa que en México las transnacionales pueden contaminar sin que sean sancionadas y sin tener que encargarse de los deshechos que producen, maximizando sus ganancias'', afirmó Barreda.

II Encuentro Continental de Formadores y Formadoras en Agroecología



Productores agroecológicos campesinos, se dan cita desde el pasado 27 de julio en Chimaltenango, Guatemala, en su II Encuentro Continental de Formadores y Formadoras en Agroecología de La Vía Campesina.

Rafael González, Carmen Cumes y Luisa Xinico, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc), dieron a conocer la actividad y explicaron que analizarán y reflexionarán sobre "los otros caminos que existen frente a la producción de monocultivos que impulsan los agronegocios, que intoxican el ambiente y por ende destruyen nuestro planeta".

En este encuentro, en el que participan campesinos que practican la agroecología de Centro, Norte y Sur América, buscan reflexionar en qué consiste esta actividad y los beneficios de esta forma ancestral de producción. "Se practica pero no se conoce, hay muchas comunidades que lo llevan a cabo, pero no le dan la importancia que se merece", expresó Xinico.

González indicó que los participantes explicarán su experiencia y harán análisis sobre cómo hacer para producir y contribuir al enfriamiento del planeta como respuesta verdadera a la crisis climática.

González explicó que la agroecología es una práctica y concepción ancestral, "culturalmente generada, socialmente justa, ecológicamente sana y una alternativa ante la agricultura industrializada que concentra y despoja tierras, expulsa comunidades campesinas e indígenas de sus territorios, enriquece a las empresas de agroquímicos y genera dependencia de los países hacia las transnacionales de la alimentación y mercado, mientras el hambre y la desnutrición crecen en todo el mundo".

Según González la tierra dedicada a monocultivos como el de piña, caña de azúcar, soja o palma aceitera, requiere 50 años, con tratamiento, para que se recupere y vuelva a producir maíz y frijol, base de la dieta popular en la mayoría de los países centro y sudamericanos.

La federación internacional La Vía Campesina ha realizado en Sudamérica, Asia y África, encuentros de similares proporciones, discutiendo sobre las políticas neoliberales y su impacto en la agricultura indígena y campesina y concluyendo en la necesidad de posicionar la agroecología en el escenario político, social y económico, pero también difundir la practica existente en las comunidades rurales del mundo.

En Chimaltenango, Guatemala, surge la metodología de “campesino a campesino”, que permite que las experiencias y conocimientos puedan compartirse entre campesinos y campesinas.

Con este encuentro se espera construir articulaciones a partir del intercambio de experiencias de las organizaciones de la CLOC - Vía Campesina con el fin de fortalecer el impulso de la agroecología como alternativa ante la agricultura excluyente que promueve el capitalismo.

En entrevista en el programa Voces de Mujeres de Radio Universidad, Marta Julia Gabriel del equipo de trabajo del Encuentro dio detalles del mismo. Entre otros aspectos, refirió que el hablar de agroecología es un tema amplio que requiere de un cambio social para que las generaciones actuales y futuras consuman productos saludables libres de químicos que son dañinos para la salud humana y la sustentabilidad de la tierra y el agua.

''Esta lucha es para vencer ahora''



El Movimiento de los Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra Bolivia (MST-B) está denunciando los atropellos del alcalde del municipio de San Juan de Yapacaní (departamento de Santa Cruz), Katsumi Bani, contra la comunidad Divino Niño.

Más de 350 familias de esa comunidad están asentadas en un área fiscal del municipio de San Juan de Yapacaní, pero han sido violentamente desalojadas de sus casas por orden de Bani, según denuncia el MST-B en su página web. Unos 200 efectivos policiales, con el apoyo de unos 100 “palomillos” (maleantes), desalojaron a los campesinos a la fuerza y tiraron abajo las viviendas que ellos se habían construido.

La Comisión de Comunicación del MST-B produjo un breve documental de dos partes, en el que las familias afectadas denuncian que las tierras en las que han estado viviendo no cumplían antes de su llegada ninguna función económico-social.

Bani, boliviano y de familiares japoneses, que según el MST-B responde a la línea separatista del gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, dice ser el dueño de los predios en los que se asentó la comunidad Divino Niño, por eso el desalojo, lo cual obviamente no lo justifica. Además el alcalde “jamás presentó ninguna documentación que lo respalde”, asegura el MST-B en su portal de internet.

En el documental elaborado por la Comisión de Comunicación del movimiento, numerosos integrantes de la comunidad desalojada cuentan su versión sobre el violento atropello que sufrieron y la realidad que les toca vivir todos los días. “Esta lucha es para vencer ahora” terminan gritando y con los puños en alto los integrantes del MST-B.

A continuación les dejamos el pequeño documental:



Proclama de Marabá



Las organizaciones sociales más importantes de Brasil apuntan a la responsabilidad del gobierno y por eso piden la intervención de la presidenta Dilma Rousseff, para que finalmente puedan hallarse los responsables de los crímenes de José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espírito Santo, asesinados en mayo en norteño Estado de Pará.

A través de una declaración divulgada el pasado 25 de julio, grupos vinculados a la lucha por la tierra y los familiares de las víctimas piden que el juez actuante en esta causa, Murilo Lemos Leao, sea inmediatamente separado del proceso, en el que han detectado graves irregularidades.

Argumentan, al momento de pedir la remoción, que el magistrado se negó en dos oportunidades a decretar la prisión de los principales sospechosos del crimen, y temen que de esa manera éstos hayan huido de la región, una de las más conflictivas del país.

Puntualmente, las organizaciones piden la intervención urgente de la Procuraduría de la República, que tiene alcance nacional. Recordaron además que durante las investigaciones la policía civil solicitó la prisión temporaria de los acusados, pero el juez rechazó el pedido “para sorpresa de todos”“Ahora la detención del grupo (se habían identificado tres presuntos responsables) se torna todavía más difícil”, advierten en el comunicado divulgado esta semana.

En el Estado de Pará, según un informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT, una de las organizaciones firmantes de la declaración) se registró el 41,6% del total de los crímenes del campo ocurridos en Brasil entre 1996 y 2010, incluyendo algunos de los casos más paradigmáticos, como la masacre de El Dorado dos Carajás, y el asesinato de la monja estadounidense Dorothy Stang.

“Las decisiones del juez Murilo Lemos es un paso más en favor de la impunidad”, reiteran las organizaciones, que reclaman el involucramiento de la presidenta Dilma Rousseff, y los ministerios de Justicia, Derechos Humanos, Desarrollo Agrario, y las comisiones parlamentarias de esas áreas.

La “Proclama de Marabá” es firmada por grupos como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués), el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), y la ya mencionada CPT.

II Conferencia Internacional contra la Impunidad



El pasado jueves 21 de julio, se inició en Guatemala la II Conferencia Internacional contra la Impunidad y por el Respeto a los Derechos Humanos, Laborales y Sindicales, en la que trabajadoras y trabajadores de distintos países se dieron cita para verificar los avances en materia de seguridad y justicia en el país centroamericano.

Organizado por las centrales obreras Confederación Sindical Internacional (CSI) y Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), contando con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Solidarité Mondiale, el evento puso el acento en los altos niveles de violencia e impunidad asociada a ella. Fue la continuación de la Primera Conferencia Sindical sobre la Impunidad, que se había llevado a cabo en Guatemala en enero de 2008.

Guatemala es uno de los países más peligrosos para que los trabajadores y trabajadoras pongan en práctica sus derechos. En los últimos tres años, 57 sindicalistas fueron asesinados en territorio guatemalteco; de estos casos, solamente uno fue aclarado en la Justicia. A este terrible antecedente, se agregó que el día en que se inauguraba la segunda Conferencia Internacional contra la Impunidad fue asesinada otra sindicalista en el país.

"Sabemos que hasta que no se implementen y respeten plenamente las normas fundamentales del trabajo y el Convenio 169, se persiga a quienes los violan y se ponga fin a las matanzas, no tendremos la vida que deseamos: trabajo decente, poder contar con un sustento para vivir y un trabajo que garantice la seguridad, al que la gente pueda ir todos los días sabiendo que regresará con vida a sus familias", declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, en su discurso de apertura de la Conferencia, según figura en un comunicado de la organización sindical.

Por su parte, la referente guatemalteca Rigoberta Menchú señaló que la impunidad tenía su origen en que el gran capital no permitía las libertades sindicales en el país, lo que estuvo en sintonía con los motivos que esgrimieron los organizadores a la hora de realizar la conferencia.

“Cuando verificamos y analizamos la situación que enfrenta la mayoría de sindicatos en Guatemala, nos percatamos que continúa una política de intolerancia del sector empresarial para no permitir que la clase trabajadora haga uso del derecho de libre sindicalización y por ende a la negociación colectiva. Asesinatos, amenazas de muerte y detenciones se han convertido en algo habitual. Las organizaciones sindicales son sistemáticamente objeto de campañas de desprestigio y de exclusión de todos los espacios de diálogo social”, se indicaba en el documento difundido por los sindicatos.

''Para beneficio de unos pocos, a expensas de muchos''



"Cada guerra que los estadounidenses libraron o podrían librar en el futuro fuera de sus límites continentales, fue o será un latrocinio. Un mezquino, cruel y asqueroso latrocinio''. Así decía en 1935 el Mayor Smedley Butler. Esta afirmación, "la guerra es un latrocinio", que es además el título de su breve libro sobre el negocio de la guerra, suena igual de cierta hoy en día. Recientemente, una valiente empleada civil del ejército ganó una batalla para hacer que los que lucran con la guerra sean responsabilizados por sus actos. Su nombre es Bunnatine "Bunny" Greenhouse. Cuando su patrón, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, concedió, sin licitación, un contrato de siete mil millones de dólares a la filial de Halliburton Kellogg, Brown and Root, más conocida como KBR, poco antes de que Estados Unidos invadiera Irak, Bunny hizo la denuncia. Era parte de su trabajo: intentaba garantizar que los procedimientos de licitación competitivos ahorraran dinero al gobierno de Estados Unidos. Por hacer su trabajo fue obligada a abandonar su cargo, degradada y hostigada.

Esta semana, luego de librar una batalla legal de más de media década, Bunny Greenhouse finalmente ganó. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos llegó a un acuerdo con Greenhouse por novecientos setenta mil dólares, que incluye restitución completa por lucro cesante, compensación por daños y perjuicios y costas legales.

Su "falta" fue objetar un contrato otorgado sin previa licitación a KBR por siete mil millones de dólares. La invasión de Irak de 2003 estaba prevista para algunas semanas después y los asesores militares de Bush habían pronosticado que Saddam Hussein haría explotar los yacimientos petrolíferos como sucedió con ocasión de la invasión estadounidense de 1991. El proyecto se denominó "Restablecer el Petróleo Iraquí"RIO, por sus siglas en inglés, y se creó para extinguir el fuego en los yacimientos petrolíferos. KBR pertenecía en ese momento a Halliburton, cuyo presidente hasta el año 2000 había sido nada menos que el entonces Vicepresidente Dick Cheney. KBR fue la única compañía a la que se invitó a ofertar.

Bunny Greenhouse dijo a sus superiores que el procedimiento era ilegal. La ignoraron. Greenhouse dice que la decisión de otorgar el contrato a KBR provino de la Oficina del Secretario de Defensa, dirigida por el buen amigo del Vicepresidente Cheney Donald Rumsfeld.

Como dijo Bunny Greenhouse a un comité del Congreso: "Podría afirmar sin equivocación que la corrupción vinculada a los contratos otorgados a KBR representa el más descarado y deshonesto uso indebido de contratos que he visto durante el transcurso de mi carrera profesional''.

Los yacimientos petrolíferos no ardieron en llamas. No obstante se autorizó a KBR a rediseñar su contrato no licitado de siete mil millones de dólares a fin de proveer combustible y otro tipo de apoyo logístico a las fuerzas de ocupación. El contrato se calificó como un "contrato de costos reembolsables", lo que significa que KBR no estaba en condiciones de proveer los servicios a un precio fijo y establecido. En su lugar, cobraría los costos más un porcentaje fijo como ganancia. Cuantos más costos incluyera KBR, más ganancias obtendría.

Como jefa de la oficina de compras, la firma de Greenhouse debía figurar en todos los contratos de montos superiores a diez millones de dólares. Poco después de denunciar el atroz contrato RIO, Greenhouse fue rebajada de rango, le quitaron el acceso a información clasificada de máximo secreto y comenzó a obtener las calificaciones de desempeño más bajas. Antes de hacer la denuncia había recibido siempre las calificaciones más altas. Finalmente renunció a su puesto al verse enfrentada a un insoportablemente hostil ambiente de trabajo.

Luego de años de litigio, su abogado Michael Kohn, presidente del Centro Nacional de Informantes, logró que el caso llegara a un acuerdo. Kohn declaró: "Bunny Greenhouse arriesgó su puesto de trabajo y su carrera cuando objetó el enorme desperdicio de dólares de los contribuyentes federales y las prácticas de contratación ilícitas que tenían lugar en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Tuvo la valentía de ponerse de pie y desafiar a poderosos intereses especiales. Dejó al descubierto un ambiente de contrataciones corrupto en el que las prácticas informales y entre amigos eran la norma en lo que se refiere a la aprobación de contratos. Su valentía llevó a que se hicieran modificaciones legales que detendrán para siempre los groseros abusos de poder que ella tuvo el coraje de exponer''.

Por su parte, el director ejecutivo del Centro Nacional de Informantes, Stephen Kohn (hermano de Michael Kohn), dijo: "Los empleados federales que denuncian prácticas ilegales la pasan muy mal. Por lo que cada vez que el gobierno se ve obligado a pagar daños y perjuicios por remuneraciones adeudadas, compensación por daños y costas legales, es una gran victoria. Espero que esto constituya un punto de inflexión. El caso fue muy peleado y nunca se debería haber tenido que presentar una demanda ya que Bunny hizo lo correcto''.

Según el economista ganador del Premio Nobel, Joe Stiglitz, los costos de las guerras de Irak y Afganistán superarán los cinco mil millones de dólares. Con costos así, ¿por qué la guerra no se encuentra en el centro del debate sobre la deuda nacional en aquel país?

El dos veces ganador de la Medalla de Honor del Congreso Mayor, Smedley Butler, tenía razón hace setenta y cinco años cuando dijo sobre la guerra: "Probablemente es la estafa más vieja, de lejos, la que deja más ganancia y seguramente la más despiadada. Es la única cuyas ganancias se cuentan en dólares y sus pérdidas en vidas y que se lleva a cabo para beneficio de unos pocos, a expensas de muchos''.

Mientras el Presidente Barack Obama y el Congreso argumentan que la Salud Pública y la Seguridad Social son los dos factores que desestabilizan el presupuesto, el pueblo debería exigirles a ellos que dejen de solventar la guerra.

Buscá en Internet

Movimiento Alternativo Enclave Sur