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sábado, 9 de julio de 2011

''Nos dejó muchas frases maravillosas''

Facundo Cabral

El cantautor argentino Facundo Cabral fue asesinado hoy por un grupo de sicarios en la capital guatemalteca, cuando se dirigía con su representante al aeropuerto internacional La Aurora desde el hotel donde se hospedaba.

El portavoz de la Presidencia guatemalteca, Ronaldo Robles, dijo a Efe que Cabral, de 74 años y quien se encontraba en Guatemala desde hace una semana, murió como consecuencia de múltiples disparos y que los miembros de su seguridad no pudieron repeler el ataque. ''Fue un atentado directo en su contra perpetrado por sicarios que utilizaron fusiles de asalto'', dijo la policía.

El funcionario aseguró que el presidente guatemalteco, Álvaro Colom, quien lidera uno de los gobiernos más violentos y porqué no, asesinos de toda Latinoamérica"esta consternado por este hecho cobarde", y aseguró que tres equipos especializados de investigadores han sido asignados para trabajar en el esclarecimiento del asesinato del cantautor y poeta.

En el ataque también fue herido de gravedad el representante del cantante, Henry Fariña, quien se debate entre la vida y la muerte ingresado en un centro asistencial de la capital guatemalteca.

Medios locales que citan a testigos presenciales del ataque aseguran que los sicarios iban en dos vehículos de modelo reciente, y que los integrantes del equipo de seguridad del cantante se enfrentaron a tiros con estos cuando intentaban detenerlos.

El vehículo en el que viajaba el trovador argentino quedó estacionado en la entrada de una estación de bomberos, a donde el conductor acudió en busca de ayuda.


Las palabras de Rigoberta

Rigoberta Menchú Tume, lider indígena Maya de Guatemala y Premio Nobel de la Paz (quizá uno de los pocos justos y merecidos que ha tenido la historia), repudió hoy el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral perpetrado en Guatemala, donde realizó dos recitales la última semana.

“Lamentablemente estamos repudiando un crimen más que está causando terror, miedo y no dejo de pensar que él fue asesinado por sus ideales”, dijo Menchú a periodistas en el lugar del crimen.

“Lamento lo sucedido porque yo a Facundo le tengo mucho, pero mucho respeto, pero sobre todo para mi Facundo es un maestro, siempre me gustó su canción, desde los años 70, él cantaba ‘No soy de aquí ni de allá’ y creo que estamos cantando esa canción para él”, agregó Menchú.

“Él amó mucho a Guatemala y estuvo muchas veces en Guatemala, él siempre tenía una consideración y nos dejó muchas frases maravillosas”, añadió la ganadora del Nobel de la Paz en 1992.

Facundo Cabral, el Indio Gasparino

Facundo Cabral nació el 22 de mayo de 1937 en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Vivió una dura y desprotegida infancia marcada por el abandono de su padre cuando apenas tenía ocho años, e incluso estuvo encerrado en un reformatorio.

Su carrera artística inició en 1959 en un hotel de la ciudad de La Plata, donde lo contrataron al verlo con su guitarra al hombro y donde adoptó su primer nombre artístico, El Indio Gasparino. Desde esa época sobresalía por ser uno de los más destacados intérpretes de las cuerdas en América Latina.

En 1970 grabó una de sus canciones más representativas, No soy de aquí, ni soy de allá. A lo largo de su carrera grabó en nueve idiomas y lo hizo a dúo con cantantes como Alberto Cortés, Julio Iglesias, Pedro Vargas o Neil Diamond. También recorrió más de 150 países.

Jesucristo, Gandhi y la madre Teresa de Calculta marcaron su influencia espiritual, mientras que los escritores Jorge Luis Borges y Walt Withman lo hicieron en el campo literario. Con esos acentos tomó el rumbo de la canción social.

La dictadura que vivió su país desde el 24 de marzo de 1976 motivó su autoexilio desde ese mismo año, cuando se radicó en MéxicoEn 1984 regresó a la Argentina, al año siguiente del fin de la dictadura. Cantó en escenarios como el Teatro Luna Park de Buenos Aires. En 1987 ofreció un concierto en el estadio de Ferrocarril Oeste, donde 35 mil seguidores ocuparon las graderías. En 1994 emprendió una gira internacional. Se presentó en conciertos por varios países con Alberto Cortez, en una gira llamada ‘Lo Cortez no quita lo Cabral’.

En enero de 1996, actuaban en Mar del Plata, cuando Alberto Cortez debió ser llevado a una intervención quirúrgica debido a una obstrucción en la carótida, por lo que Cabral continuó solo la gira.

Ese mismo año, la Unesco lo declaró Mensajero Mundial de la Paz, en reconocimiento a su constante llamada a la paz y al amor. También fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Con o sin Zelaya todo sigue igual


El periodista y productor televisivo hondureño Adán Benítez fue asesinado el lunes en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. Van 13 asesinatos de trabajadores de los medios de comunicación desde 2010, en un país gobernado por un régimen sucesor de la Dictadura nacida en junio de 2009.

Benítez tenía más de 15 años de experiencia en medios de comunicación. Según las fuentes policiales que actuaron en el caso, el periodista fue atacado por dos individuos, que lo robaron y luego lo mataron.

Para la Policía el móvil del crimen fue el robo. No obstante, el Comité por la Libre Expresión de Honduras (C-Libre, coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en el país) tiene datos que vincularían el asesinato del periodista a su trabajo.

C-Libre expresa en una alerta pública que, según sus fuentes en La Ceiba, Benítez había denunciado la semana pasada en el Canal 45 local a una banda de delincuentes dedicada al robo de vehículos, e inclusive había afirmado que conocía a los ladrones.

Benítez es el cuarto periodista asesinado en Atlántida y el décimo tercero reportado a nivel nacional desde 2010. A estas cifras hay que sumarle las numerosas amenazas de muerte a trabajadores de los medios de comunicación, diversas agresiones, secuestros y detenciones judiciales, entre otros hostigamientos.

“Hasta el momento, el Estado ha mostrado incapacidad institucional para prevenir las violaciones y los asesinatos e investigar y sancionar a los perpetradores, por lo que la mayoría de las muertes permanece en una situación de preocupante impunidad”, denuncia C-Libre. En mayo el Comité había advertido que la Secretaría de Seguridad Nacional no estaba cumpliendo con su deber de resguardar la integridad física de los periodistas amenazados de muerte y por lo visto, sigue sin hacerlo.

El pasado domingo 3 de julio se llevó a cabo la Consulta de Vecinos en el municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa (Guatemala), donde los vecinos empadronados decidieron sobre el desarrollo, instalación y operación de proyectos de minería química de metales con un rotundo “No”.

La consulta convocada por el concejo municipal a solicitud de los vecinos, dio un resultado que refleja claramente el No a la minería y Sí a la Vida, con 98,87% votos a favor del “No”. En total participaron 7602 vecinas y vecinos inscritos en el padrón electoral.

La clara y libre manifestación de voluntad de los vecinos exige pues que no se desarrolle, instale ni opere ningún proyecto de minería química de metales en el municipio de Nueva Santa Rosa.

La jornada electoral transcurrió con total normalidad, salvo en el momento en que personas ajenas a este proceso quisieron de algún modo boicotearlo. Estas personas en diferentes centros de votación se quisieron presentar con una identidad falsa, aduciendo que, o bien eran periodistas acreditados, o se trataba de universitarios realizando encuestas sobre la consulta. En ninguno de estos casos fueron capaces de demostrar su acreditación, puesto que su identidad era falsa.

Santa Rosa forma parte del área alta de la cuenca del Río Los Esclavos, uno de los más importantes en Guatemala.

Cualquier actividad que implique el manejo de ese cuerpo de agua tendrá un impacto directo en la disponibilidad para el consumo, señaló Juan Carlos Estrada, representante de la organización Madre Selva, que realizó el acompañamiento de la consulta.

La transnacional canadiense Tahoe Resources, a través de la empresa San Rafael S.A. pretende desarrollar el proyecto El Oasis para la extracción de oro, plata y otros minerales en Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima.

Según un comunicado de los pobladores, se trata del primer paso de todo un proceso de consultas en la región: en efecto, en el día de mañana, domingo 10 de julio, los vecinos del municipio de Santa Rosa de Lima decidirán sobre la instalación, desarrollo y operación de proyectos de minería en su territorio y serán presentadas las solicitudes de consulta de vecinos, en los municipios de Casillas, San Rafael las Flores, del departamento de Santa Rosa, y en los municipios de Mataquescuintla y San Carlos Alzatate, del departamento de Jalapa.

Una muestra más de la política de ''derechos humanos'' existente en Honduras

Carlos Danilo Amador

La Dirección General de Investigación Criminal hondureña detuvo el martes pasado al profesor Carlos Danilo Amador, secretario del Comité Ambientalista del Valle de Siria, departamento de Francisco Morazán. El dirigente es un público opositor a la actividad en la zona de la minera Entremares, filial de la transnacional de origen canadiense Goldcorp.

La detención de Amador “es una muestra más del supuesto ’Estado de Ley’ que tiene secuestrado a Honduras”, advierte en un comunicado de prensa la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que representa al pueblo garífuna. Este arresto “pone una vez más en tela de juicio el aparato judicial en Honduras, donde la mayoría de los operadores de justicia están al servicio de los intereses de la elite feudal que controla el país”, agrega.

Amador, también comunicador social, quedó detenido el martes en el municipio de Talanga, en Franciso Morazán. La orden judicial de captura contra él y el dirigente comunitario Marlon Róbelo Hernández fue emitida por el Tribunal de Letras de Talanga, por denuncia de la familia Raudales Urrutia, que los acusa de obstaculizar la implementación de un plan de manejo forestal, autorizado por el Instituto de ''Conservación'' Forestal, para un área de 600 hectáreas en el cerro La Terracita, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán. El Comité Ambientalista del Valle de Siria vincula la detención de Amador también a su oposición al accionar de Entremares.

Según el Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos en Honduras, Amador acompaña solidariamente desde 2010 la lucha de más de 1000 familias de comunidades de esa zona que se oponen a la explotación de la reserva forestal, con el fin de proteger sus fuentes de agua. Amador encabezó la movilización de la comunidad del Valle de Siria para defender el bosque en el cerro La Terracita cuando en abril hombres armados con motosierras intentaron talarlo. De 600 a 700 personas se hicieron presentes en el lugar para evitar la destrucción. En ese entonces el dirigente denunció la irresponsabilidad tanto de la Fiscalía del Ambiente como del Instituto de ''Conservación'' Forestal, que ya sabían de las intentonas de deforestación y no habían tomado medidas para frenarlas.

En tanto, la minera Entremares lleva varios años en el Valle de Siria y es acusada allí de contaminación con cianuro y otros metales pesados, lo que ha afectado a la salud de la población local, según denuncia la OFRANEH.

La transnacional Goldcorp tiene antecedentes de destrucción ambiental y violación de derechos humanos. Por ejemplo, en Guatemala su filial Montana Exploradora es propietaria de la mina Marlin, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos. Allí la minera violó el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a su autodeterminación. El emprendimiento también viola el derecho a la salud, a la protección del medio ambiente y de acceso al agua, entre otros.

De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoció en mayo de 2010 que la concesión minera a Montana Exploradora y el inicio de la explotación (2005) se concretaron sin consulta previa plena, libre e informada a las comunidades afectadas del pueblo maya. Por eso la Comisión ordenó al Estado guatemalteco una suspensión de las actividades.

“El valle de Siria se convirtió en una clara señal de las graves consecuencias que representa la minería a cielo abierto, las graves consecuencias ambientales y la miserable ganancia que aporta al erario nacional”, se lamenta la OFRANEH.

“Es inaudito que la Dirección General de Investigación Criminal haya procedido a detener al ambientalista Amador, que tiene como vocación defender la Madre Tierra”, dice la organización garífuna. “Sin embargo, esta es una muestra de la política de derechos humanos que existe en el país”, sentencia.

viernes, 8 de julio de 2011

Caravana Comunitaria en Defensa de las Fuentes de agua y el Modelo Agroexportador



Desde el pasado sábado y hasta hoy viernes 8 de Julio, se estuvo desarrollando en Perú una movilización denominada “Caravana Comunitaria en Defensa de las Fuentes de agua y el Modelo Agroexportador”, de la que participaron varias organizaciones, actores sociales y políticos de ese país.
La caravana, que partió desde la norteña ciudad de Piura, se dirigió a la capital de la provincia de Huancabamba, pasando luego por el distrito de Carmen de la Frontera, el complejo de las Lagunas de las Huaringas, el distrito de Pacaipampa, la Comunidad Campesina de Yanta, la ciudad de Ayabaca, el distrito de Montero, para emprender posteriormente el retorno a la ciudad de Piura.
Fue organizada por la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca (Feprocca) y por el Comité de Rondas de Hualcy. Forma parte de la "Campaña de Zonas Libres de Minería”, que promueven desde el año pasado el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte de Perú (FDSFNP), Muqui – Rede Propuesta y Acción (CooperAcción) y el Comité Académico Técnico de Asesoría a Problemas Ambientales (Catapa).
Según difundió la Agencia de Noticias Biodiversidad, con la caravana se buscó "promover la preservación de áreas naturales y evitar la generación de conflictos socio-ambientales provocados por la imposición de actividades mineras dentro de territorios comunitarios”. Por ello, los participantes de la movilización entraron en contacto con las comunidades campesinas que visitaron en el trayecto, conociendo de primera mano las estrategias de resistencia que desarrollan frente al modelo que se les intenta imponer.
Con la campaña en la que se inscribe la caravana se busca dirigir la atención tanto de la sociedad peruana como de las autoridades del país sobre los impactos que genera la minería en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, ya que el 25% de los territorios de dichas provincias del Norte peruano están adjudicados a empresas de explotación minera.
Asimismo en Perú 20 millones de hectáreas, alrededor de un 16% del territorio, está ocupado por concesiones mineras, señaló el economista José de Echave, de la Red Muqui, según consignó la agencia Púlsar. “Este crecimiento se ha dado con un marco legal muy favorable para las inversiones y cada vez ha ido creando situaciones mucho más favorables para las empresas y mucho más desfavorables para las comunidades”, agregó.
En la zona en la que se realizó la caravana, la mayor de las luchas se está dando contra el proyecto “Río Blanco” (Minera Majaz), una iniciativa que ha sido asociada con graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen muertes y denuncias por secuestro y tortura de opositores al proyecto. A su vez, según recoge Biodiversidad, en una consulta comunitaria llevada a cabo en 2007, el 97% de las poblaciones locales expresaron estar en contra de la actividad minera en la región. Qué más se puede decir entonces?
Los organizadores de las movilizaciones comprendidas en la "Campaña de Zonas Libres de Minería” llaman la atención a su vez sobre los riesgos que la actividad minera representa para el suministro de agua de las comunidades, ya que contamina sus principales fuentes de abastecimiento del recurso.

Vía libre a los transgénicos en Uruguay


Cinco nuevos eventos de maíz genéticamente modificado acaban de ser aprobados para cultivo y producción comercial en Uruguay, donde se detectó hace ya dos años la contaminación transgénica en variedades de maíz convencional. Algunas organizaciones sociales nacionales alertan sobre los inefectivos procesos de consulta pública aplicados para las nuevas autorizaciones y denuncian la falta de información.

En Uruguay ya estaban liberados los maíces transgénicos MON 810 (2003) y BT11 (2004), de la empresa estadounidense Monsanto y la suiza Syngenta respectivamente, resistentes a ataques de insectos ''plaga''. También ya estaba aprobada la Soja RR (1999), también de Monsanto y resistente al herbicida glifosato.

Las variedades aprobadas ahora son: el GA21 y el NK603 (las dos de Monsanto y resistentes al glifosato), el híbrido surgido del BT11 y el GA21 y el creado a partir de la cruza entre el MON810 y el NK603 (los dos resistentes a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al glifosato), y el TC1507 (conocido comercialmente como Herculex, de las empresas estadounidenses Dow AgroSciences y Pioneer, resistente a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al herbicida glufosinato de amonio).

Los nuevos eventos son los primeros aprobados en Uruguay luego de siete años y de que rigiera en el país una moratoria de 18 meses a la aprobación de nuevos transgénicos, que se levantó a mediados de 2008. “Lo nuevo es que ahora vamos a tener maíces tolerantes a herbicidas”, dijo el investigador Pablo Galeano, que trabaja en la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay y en REDES – Amigos de la Tierra de ese país. Galeano es licenciado en Bioquímica y fue uno de los responsables del estudio científico que hace dos años detectó contaminación transgénica en predios de maíz no modificado genéticamente.

Uno de los puntos más preocupantes para REDES – AT Uruguay es lo que tiene que ver con los procesos de consulta pública realizados para aprobar los nuevos transgénicos. Galeano explicó que antes esos procesos eran abiertos y en reuniones cara a cara. “En este caso todo fue hecho por internet, con poca difusión de las instancias de consulta, y lo más grave es que fue con mucha restricción con respecto a la información que se brinda en la página web del Ministerio de Ganadería”, se lamentó el científico.

De hecho, varios técnicos encargados de evaluar el comportamiento de los cinco nuevos organismos genéticamente modificados alertaron en una primera instancia que se les dio muy poco tiempo para hacer su trabajo.

Autorizaciones con información parcial y escasa

La aprobación de transgénicos en Uruguay pasa por una instancia política que es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, en el que están representados los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Ganadería, Economía e Industria. Los que firman las autorizaciones finalmente son los ministros correspondientes.

Ese Gabinete se guía por el trabajo de la Comisión para la Gestión de Riesgo, dirigida por el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Enzo Benech. A su vez, esta instancia delega el trabajo de evaluación a la Evaluación de Riesgo en Bioseguridad, que a su vez consulta a un comité de articulación institucional, en el que están: el INIA, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Facultad de Agronomía, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Ministerio de Ganadería, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Los representantes de estas instituciones se unen en grupos de trabajo. “Lo que hacen es leer los dossiers que mandan las empresas y en base a eso, si tienen dudas, piden una ampliación de información a esas empresas y consultan alguna bibliografía más”, explicó Galeano. “No es que esa instancia haga ningún estudio. Lo que hacen es leer los resultados de los estudios que básicamente presentan las empresas”, agregó. Y qué van a decir esas empresas del producto que venden? Obviamente en Uruguay no hay interés por parte de los sucesivos gobiernos ni de ninguna de las instituciones anteriormente mencionadas, de frenar el ingreso de transgénicos al país.

El investigador de la Universidad de la República y de REDES - AT denunció que en el proceso de aprobación de los cinco nuevos maíces transgénicos los representantes del MSP que leyeron los dossiers de evaluaciones toxicológicas presentados por las empresas, consideraron que la información era insuficiente. Pero la Comisión para la Gestión de Riesgo evaluó el informe del MSP como preliminar y decidió basarse en autorizaciones hechas en otros países para decir que no había un riesgo toxicológico. “REDES hizo varios señalamientos”, e inclusive argumentó que algunos países evaluaron que sí había riesgos toxicológicos con los mismos transgénicos, “pero eso no fue tenido en cuenta”, se lamentó Galeano. “Esto es bastante grave o por lo menos de cuidado, porque refleja que hay una política de que se quiere ir para adelante con la aprobación de nuevos eventos más allá de que hayan ciertas incertidumbres con respecto a los posibles efectos en la salud de la población en el largo plazo, enfatizó.

El investigador contó que la semana pasada hubo una reunión entre representantes de la Comisión para la Gestión de Riesgo y de las organizaciones que mandaron comentarios en las consultas públicas, que solo fueron la oficina uruguaya de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) y REDES – AT. Esa escasa participación “habla bastante mal de la consulta pública”, consideró Galeano. Relató que los integrantes de la Comisión plantearon que es muy costoso económicamente a nivel local hacer los estudios de evaluación de nuevos eventos transgénicos, razón por la que no se hacen nuevas investigaciones y sólo se guían por la información de las empresas. Ante ese panorama “planteamos que esta tecnología no es apropiada, no se puede liberar”, señaló Galeano. “Lamentablemente no logramos que para las consultas públicas se cambie de mecanismo ni que se brinde más información que la que se da actualmente, que es muy poca”, agregó.

Contaminación creciente

Una investigación realizada por las facultades de Agronomía, Química y Ciencias de la Universidad de la República, solicitada por REDES – AT, certificó en octubre de 2009 la contaminación transgénica en el país en cultivos de maíz no modificado genéticamente. El estudio de las facultades se llamó “Interpolinización entre cultivos de maíz transgénico y no transgénico comerciales en Uruguay”. Galeano fue uno de los investigadores que condujo el trabajo, que encontró contaminación transgénica en tres de los cinco casos estudiados, con muestras de maizales de varios campos del país. Ahora se está ampliando ese estudio en un proceso que inició este año y llevará dos en total.

“En el mediano plazo esta contaminación transgénica va a llegar a los maíces criollos o a los maíces mantenidos por los productores”, declaró Galeano. “Como estos productores no venden todo lo que cosechan, porque una parte la guardan como semilla, van a empezar a reproducir esa semilla (contaminada) y vamos a empezar a tener de a poco una acumulación de presencia de transgenes en esos maíces”, agregó.

Además, se acaba de levantar en Uruguay la reglamentación que obligaba a que los predios con transgénicos estuvieran a por lo menos 250 metros de los predios con cultivos convencionales, con lo cual queda expuesto (no públicamente) nuevamente que el país apuesta a los trangénicos. En vez de alejarlos de las semillas criollas, se los acerca para que las contaminen. La Comisión para la Gestión de Riesgo, con una ridícula justificación, argumentó que la reglamentación anterior era muy difícil de aplicar (?), al igual que el control de su cumplimiento. Aquellos productores que quieran resguardar su producción convencional deberán avisarle a la Comisión, que visitará a los agricultores pero aún no definió un mecanismo para contemplar su preocupación. “Es como asumir que van a fluir los transgenes y aquel que no quiera que avise”, resumió Galeano. O dicho de otra manera: en vez de controlar el ingreso de trangénicos al país, se les de vía libre y a todos aquellos productores que decidan proteger la vida y la naturaleza, se los controlará, es decir, perseguirá

''Queremos un Delta que mantenga la identidad isleña''


La megalópolis Buenos Aires, capital de Argentina, sigue dando lugar en su extensión, a fastuosos emprendimientos inmobiliarios que arrasan con las escasas reservas verdes que aún subsisten en los entornos de la ciudad, como es el caso del Delta del Tigre.

El pasado 1º de julio, isleños, destacados científicos, organizaciones sociales y funcionarios de los municipios de Tigre, San Fernando y San Isidro manifestaron en forma unánime su rechazo y repudio al megaemprendimiento inmobiliario Colony Park, que causó desde 2008 la destrucción del Arroyo Anguilas y arrasó con las casas y plantaciones de esa comunidad isleñaLa nulidad de la audiencia se basa en que la misma fue realizada luego de consumadas las obras.

Más de 60 oradores de organizaciones sociales denunciaron la nulidad de esta audiencia convocada por el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, en tanto que la representante de la empresa Colony Park denigró el modo de vida isleño.

En agosto de 2008 la empresa Colony Park había invadido la propiedad de aproximadamente 20 familias isleñas del Arroyo Anguilas arrasando con topadoras sus casas y plantaciones forestales. Recién tres años después la comunidad y las autoridades locales fueron convocadas a una audiencia pública.

En representación de la empresa expuso la Lic. Laura Janeiro, quien no tuvo vergüenza en mostrar fotos de casas isleñas humildes y decir que no se puede defender la vida en esas condiciones precarias. Argumentó que el Delta ya está degradado y alterado ambientalmente, aludiendo a la caza y la pesca de los isleños (que no es lo que lo ha degradado) y que ya hay desigualdades sociales, por lo cual Colony Park no sería algo distinto a lo que ya hay.

Reconoció que la empresa destruyó las casas de familias y el medio ambiente pero lo justificó (?) diciendo que después de todo las plantaciones que destruyeron eran de especies exóticas, y ellos tienen un proyecto de vivero de plantas nativas.

No menos sorprendentes fueron las declaraciones de los voceros de los municipios de Tigre y San Fernando. Por primera vez luego de más de dos años de iniciadas las obras, Julio Zamora (presidente del Consejo Deliberante de Tigre y referente del intendente Massa), Esteban (Concejal de San Fernando del Frente Para la Victoria), y Castellano se manifestaron en contra del megaemprendimiento inmobiliario.

Zamora llegó incluso a decir que se va a buscar a los responsables del gobierno municipal que dejaron que estas obras se ejecuten y que es “inviable e imposible que el Colony pase. Queremos un Delta que mantenga la identidad isleña”. Otros actores políticos como la diputada provincial Liliana Piani y concejales de Tigre y San Fernando de la Coalición Cívica, y Marcelo Díaz, diputado provincial socialista también repudiaron el emprendimiento.

Reconocidos científicos del humedal como Patricia Kandus (UNSAM) y Fabio Kalesnik (UBA) expusieron las razones técnicas de por qué este emprendimiento, y otros similares que se proyectan, destruyen el ecosistema del Delta.

Entre las organizaciones e instituciones que manifestaron su rechazo y denunciaron la nulidad de la audiencia se encontraban: Cooperativa Isla Esperanza, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Asamblea Delta y Río de la Plata, Ala Plástica de la Red Delta del Paraná, Asamblea de Béccar, Amigos de la Tierra Argentina, Fundación ECOSUR, Equipo Ambiente Sano del Obispado de San Isidro, Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, Movimiento en Defensa de la Pacha, Espacio Intercuencas RRR, Fundación Metropolitana, Colegio de Arquitectos de la pcia. de Bs. As., ADECAVI, Club San Fernando, Foro de RR.NN. de la FCEN, entre otros.

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