Si el préstamo llega, será sucio igual que el proyecto

El Panel de Inspección del Banco Mundial realizará una investigación de un préstamo que la institución aprobó a la estatal energética sudafricana, Eskom, para la construcción de una central eléctrica a carbón en la localidad de Lephalale, provincia de Limpopo. La suma asciende a 3.750 millones de dólares. Los investigadores llegaron a esta decisión en base a un trabajo preliminar hecho en mayo, después de que residentes locales les hicieran llegar sus preocupaciones sanitarias, ambientales, culturales y de derechos humanos relacionadas a la instalación de la nueva planta, llamada Medupi.

El Panel de Inspección es un organismo independiente del Banco Mundial que revisa e investiga los reclamos de personas que consideran que ellas mismas o sus intereses se vieron o pueden verse perjudicados por un proyecto financiado por la entidad.

El presidente del organismo actuante, Roberto Lenton, explicó que los pobladores locales “colocan importantes cuestiones” relacionadas a diversos “daños que pueden ser abordadas solo en el contexto de una investigación”, según cita un comunicado de las organizaciones ambientalistas Earthlife África Johannesburgo y GroundWork Amigos de la Tierra Sudáfrica.

Las dos entidades habían pedido conjuntamente la investigación en representación de las comunidades locales. En abril habían advertido que todos los sudafricanos sufrirían el impacto ambiental y social de la instalación de la nueva central. Explicaron en ese momento que tres importantes fuentes de agua, los ríos Limpopo, Vaal y Senque, serían desviados para hacer posible esa planta y otras centrales futuras.

El proyecto de Medupi consta de seis unidades con una capacidad instalada de 4.788 megavatios. Las organizaciones ambientalistas sudafricanas cuestionaron la decisión del Banco Mundial de efectivizar el préstamo para la producción de energía sucia, en un contexto de crisis climática internacional.

El director de GroundWork Amigos de la Tierra Sudáfrica, Bobby Peek, enfatizó la “ansiedad” del gobierno sudafricano (que presiona para recibir el préstamo), por el hecho de que el Panel de Inspección haya atendido las preocupaciones bien fundamentadas de las comunidades locales y organizaciones no gubernamentales.

Por su parte, el coordinador de Proyectos de Earthlife África Johannesburgo, Tristen Taylor, manifestó que “cuando el Panel vino a Sudáfrica, entrevistó gente, fue al área y vio realmente lo que pasará y lo que ya está ocurriendo, obtuvo una ’llamada de atención’”.

No hay desastre natural que los frene!!!

Protesta de campesinos haitianos por semillas de Monsanto

Los movimientos campesinos de Haití están en la calle para denunciar que la supuesta filantropía de la corporación Monsanto no es más que una fachada para hacer negocios en el futuro. Militantes del Movimiento Campesino Papaye (MPP por sus siglas en francés), que forma parte de La Vía Campesina, contarán la historia de esta resistencia contra la semillera estadounidense en el Foro Social de las Américas, que se desarrollará entre el 11 y el 15 de agosto en Asunción, la capital de Paraguay.

Uno de los principales referentes del MPP, Chavannes Jean-Baptiste, estuvo hace algunas semanas en Washington y cuestionó la donación de Monsanto al gobierno de Haití de 475 toneladas de semillas transgénicas, después del terremoto del 12 de enero. Lo hizo frente a representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que financia el proyecto Winner, mediante el cual se pretende efectivizar la entrega de semillas a unos diez mil campesinos.

“Las donaciones de Monsanto son un ataque contra la agricultura campesina y nuestra biodiversidad (…) Monsanto se aprovecha del terremoto para entrar al mercado de semillas de Haití”, reiteró Jean-Baptiste. Y luego se preguntó: “¿Por qué los productos biológicos son buenos en California y no en Haití? Las semillas híbridas deben comprarse todos los años, y van a eliminar a las semillas locales, que existen desde hace más de dos siglos, y harán dependientes a los campesinos de la agroindustria”.

Esas declaraciones se hacían mientras unos veinte mil campesinos marchaban por las calles de Haití para expresar su descontento con el “regalo envenenado” (ya hablamos de él meses anteriores) de la Monsanto, que se encargó de informar a la prensa que los productos donados cuestan cuatro millones de dólares. Durante esa movilización, referentes del MPP alertaron que existe una escasez de semillas entre los productores familiares, ya que la mayoría de ellas fue utilizada para alimentar a los refugiados.

Los ejecutivos de Monsanto explicaron que la decisión de regalar las semillas se tomó pocos días después del sismo y en el marco del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, que anualmente convoca a los políticos y empresarios más ''poderosos'' del planeta.

El ''clima'' está tenso

HONDURAS: La Resistencia tomó hoy la Universidad Autónoma junto con los trabajadores y estudiantes from Dick & Mirian Emanuelsson on Vimeo.

Mientras prosigue una huelga de hambre que ya superó los cien días, estudiantes, funcionarios y miembros de la resistencia tomaron la casa universitaria donde días antes se produjo una violenta represión ordenada por su Rectora. El integrante del Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP) Juan Barahona relata en el video, los episodios de intervención policial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señalando que en todo el país se vive un clima de persecución y criminalización como continuidad del golpe de junio de 2009.

Como reacción ante dichos atropellos, el FNRP decidió tomar esa casa de estudios reclamando una plena autonomía y el cese de las medidas represivas, lo que se cumplió este jueves 5. "Aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la rectora (Julieta Castellanos) ha estado reprimiendo a estudiantes y trabajan dores incluso ha procesado a la Junta central del sindicato", señala Juan desde Tegucigalpa. Ello ha generado una huelga de hambre de funcionarios dentro de la Universidad, 120 de los cuales han sido desafectados de sus trabajos en forma injustificada.

También el magisterio hondureño se encuentra movilizado y en paro: 60 mil maestros se agolparán en estos días en la capital para realizar una movilización con asamblea reclamando el respeto del estatuto docente, dado que se vienen llenando cargos sin la mediación del concurso. "En Honduras compañeros, todas las muestras de resistencia se reprimen", agrega Juan.

La resistencia se encuentra abocada a la recolección de un millón 250 mil rúbricas entre la población para activar la convocatoria a la Constituyente.

Para Barahona, existe una clara continuidad represiva desde el golpe de junio del pasado año hasta la actualidad, comandada y permitida por el actual presidente Porfirio Lobo, quien en los últimos días ha tenido contactos fluidos con representantes del gobierno de Estados Unidos preocupados por el creciente clima de lucha que vive Honduras.

Entrevista Ángel Strapazzón del MOCASE argentino

Equlibrio perdido, sociedad movilizada from RMR on Vimeo.

Angel Strapazzón es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), núcleo duro del Movimiento Nacional Campesino e Indígena Argentino (MNCI). En momentos en que el MOCASE celebra sus veinte años de lucha por los derechos de las campesinas y campesinos en esa provincia y el MNCI alista su congreso, en esta entrevista audiovisual, Angel habla de cómo afecta el cambio climático la sustentabilidad de las familias rurales en su país, así como las estrategias organizadas ensayadas para enfrentar ese cambio. ''El cambio climático en nuestra región tiene que ver con los desmontes, con la tala de millones de árboles que ha quebrado el equilibrio en cuanto a los depredadores e insectos benéficos'', dice Ángel.

Su participación en la Consulta Regional de FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre uso y tenencia de la tierra realizada en Brasilia fue crucial en cuanto a la elaboración de las directrices que las organizaciones sociales proponen a los gobiernos en un tema clave hoy en América latina.

Sobre cuál es el destino del producto de su país a escala agro-industrial, comenta: "No hablamos de ’nuestra soja’ porque no nos sentimos parte de ese proyecto. Una argentina con 40 millones de habitantes tiene un problema de hambruna en el 20 por ciento de su población. Como la revolución verde no fue una solución al hambre... la ’revolución transgénica’ tampoco lo es", señala.

Angel rescata como un logro de las organizaciones sociales de América latina la "desprivatización de la FAO" que dieron lugar a consultas en distintos puntos del planeta de cara a una nueva regulación internacional sobre el uso y tenencia de la tierra y demás recursos naturales.

Finalmente reflexiona sobre la posibilidad de que los movimientos campesinos, entre ellos el MNCI, se conviertan con el tiempo en opción política y de poder real.

Más que violencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación este martes por los graves hechos de violencia ocurridos en una manifestación en protesta por la Ley 30 (de la que ya habláramos el mes pasado), que tuvo lugar el pasado 8 de junio en Changuinola en la provincia panameña de Bocas del Toro. Ese día, una protesta organizada por trabajadores de fincas bananeras de Bocas del Toro fue reprimida por las fuerzas de seguridad, causando la muerte de tres personas y heridas a más de un centenar de manifestantes. Además, fueron detenidas otras cien personas por la policía.

“La Comisión Interamericana recuerda al Estado panameño su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. Como lo ha manifestado anteriormente: 'La Comisión considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas. No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes’”, señala el comunicado difundido por la CIDH.

Luego del hecho, el presidente panameño Ricardo Martinelli se reunió con los familiares de las víctimas y de los heridos, y se disculpó por el abuso de violencia. “Pido disculpas si hubo exceso o si hubo atropello, o como quien dice, si se nos fue la mano en pollo”, afirmó Martinelli, según informó la prensa local. Pero sus palabras fueron consideradas insuficientes, y no ahogaron el grito de justicia que se hizo patente en la procesión fúnebre que acompañó los cuerpos de los asesinados.

Alrededor de cinco mil manifestantes (la mayoría indígenas del pueblo originario Ngäbe, acompañados por dirigentes sindicales y campesinos), rechazaron la actitud de Martinelli y de su gobierno. “No queremos a este presidente, queremos un cambio, pero para poner un presidente del pueblo. La conciencia y la memoria de los muertos no se compra con las bicicletas o la comida que andan regalando por ahí”, gritaba uno de los indígenas que estaba en la procesión, según se relata en una nota de prensa de la organización Oilwatch. El poblador originario hacía referencia al hecho de que funcionarios gubernamentales regalaban bicicletas y trataban de convencer a los ciudadanos de que aceptaran bolsas de comida, lo que fue tomado críticamente por la población.

En sintonía con lo reclamado por los manifestantes, en el comunicado de la CIDH se indica que el Estado panameño “tiene el deber de investigar los hechos violatorios de derechos humanos (...) hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones”.

Saqueen!!! Para ustedes está permitido...

La decisión del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, de prorrogarle un contrato de explotación a la petrolera francesa Perenco por otros quince años es una forma de legitimar el “saqueo” de los recursos naturales en el departamento de Petén, uno de los más ricos en biodiversidad del país centroamericano. “Afuera del país, Colom se define como un socialdemócrata, pero nosotros tenemos claro que representa a la derecha y que su política económica se ha dedicado a defender los intereses de las trasnacionales”, cuestionó el dirigente Daniel Pascual, miembro de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej, una de las organizaciones que se opone al acuerdo con Perenco.

Pascual alertó que las actividades de la corporación, presente en Guatemala hace varias décadas, impactarán ahora sobre “uno de los pulmones del mundo” (el Petén es una región selvática), y también sobre templos sagrados de la civilización maya. “El presidente había dicho que no iba a otorgar nuevas licencias de explotación y resolvió no mantener su palabra para ceder ante las trasnacionales”, continuó el dirigente, quien recordó que sólo el 1% de las regalías que obtendrá Perenco se quedarán en el país.

La organización indígena respalda las acciones legales llevadas adelante por grupos ambientalistas para frenar la actividad de Perenco, y confirmó que también recurrirá a la justicia para que el gobierno acate las recomendaciones internacionales de suspender los trabajos de la mina Marlin.

*En el video, Daniel Pascual realiza algunas críticas sobre situaciones generales por las que atraviesa Guatemala.

Uruguay pionero

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida de Uruguay manifestó su satisfacción por la aprobación de la Asamblea General de Naciones Unidas de la resolución que reconoce el derecho humano al agua potable y al saneamiento. “La Comisión se enorgullece de haber sido impulsora del plebiscito que garantizó el acceso al agua como un derecho humano fundamental en Uruguay, mojón para los movimientos sociales que alrededor del mundo han luchado para el logro recién alcanzado en Naciones Unidas”, expresa un comunicado circulado el martes.

El gobierno uruguayo apoyó la nueva resolución en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de julio, en Nueva York, Estados Unidos. La Comisión del Agua uruguaya destaca en su comunicado el cumplimiento del gobierno nacional con el compromiso de apoyar esta iniciativa, asumido el año pasado por el entonces ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Colacce.

Uruguay fue el primer país del mundo en declarar en su Constitución (artículo 47) que el agua es un derecho humano fundamental, luego del plebiscito de octubre de 2004 en el que el 64,7 por ciento de los votantes apoyó una reforma constitucional en ese sentido.

La enmienda dispuso además que los servicios de agua y saneamiento del país deben ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales y que se debe priorizar el uso humano del agua por encima de los intereses de las corporaciones. También se estipuló la participación de la ciudadanía en la gestión y control de las fuentes de agua (?). El 15 de setiembre de 2009 la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó la Ley Reglamentaria del artículo 47 constitucional y convirtió en políticas de Estado los principios contenidos en él.

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida reitera en el comunicado su compromiso de seguir luchando para el total cumplimiento de la reforma constitucional de 2004. “Tal como sucedió ese año, el pueblo movilizado es quien garantizará que el derecho humano al agua y al saneamiento se haga efectivo”, enfatiza.