Amigos de la Tierra España propone ley nacional contra cambio climático

Alejandro González

El informe “Oportunidades para una Ley de Cambio Climático en España basada en presupuestos de carbono” fue presentado en ese país por la organización ambientalista Amigos de la Tierra. Busca exponer las ventajas y necesidades de una normativa que lleve a la reducción segura y planificada de las emisiones contaminantes nacionales.

El documento divulgado la semana pasada se enmarca dentro de la campaña de Amigos de la Tierra España SOS Clima, llamada The Big Ask en el resto de Europa, que demanda en 18 países leyes que permitan reducir anualmente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para Alejandro González (responsable del área de Cambio Climático y Energía de Amigos de la Tierra España) es “absolutamente necesario” tener una ley de este tipo en su país, que ha superado largamente los límites de emisiones contaminantes estipulados en el Protocolo de Kioto. Según cifras del activista, España ha aumentado un 52 por ciento sus emisiones con respecto al año 1990, aunque el acuerdo internacional le permitía un incremento de no más de 15 por ciento.

González destaca además algunas experiencias positivas de leyes de cambio climático en el Reino Unido de la Gran Bretaña, que permitirán reducir de un 34 a un 42 por ciento como mínimo las emisiones contaminantes por ejemplo en Escocia. Estos buenos antecedentes sumados al aumento de las emisiones de España configuran dos razones fundamentales para implementar una ley de cambio climático nacional, considera González.

El integrante de Amigos de la Tierra explica que el nuevo informe pretende zanjar una de las mayores barreras que tiene la implementación de una normativa nacional de cambio climático, que es el absoluto desconocimiento social y político de sus ventajas. “Hay que empezar de cero”, reconoce González. La idea parte de la base de que “por ley, tienes un objetivo vinculante de reducción de emisiones y todos los sectores económicos van a tener que responsabilizarse de su propia contaminación”, dice el activista.

El nuevo informe presenta dos mecanismos para la reducción de emisiones. Uno es el de presupuestos de carbono y otro es el de reducciones domésticas. El primero implica el establecimiento de un tope a los gases de efecto invernadero de cada uno de los sectores emisores (servicios, agricultura, transportes) en un período de tiempo determinado. Bajo esta idea, se estipulan previamente los presupuestos de carbono de los diversos sectores, con obligaciones legales de reducción de emisiones y con la posibilidad de que cada uno se organice previamente para cumplir con ese compromiso.

Por su parte, las reducciones domésticas se lograrían a través de proyectos técnicos, industriales, agrícolas encaminados a ese objetivo, con la intención además de evitar las compras de certificados de reducción de emisiones en países no industrializados.

La responsabilidad histórica de España por las emisiones de gases de efecto invernadero está sobre la mesa. Una ley de cambio climático nacional para reducir su contaminación debería ser una obligación gubernamental a cumplir, y no solo un requerimiento de los movimientos y organizaciones sociales que luchan por la justicia climática.

Como quien no quiere la cosa se empezó a aplicar la ley racista

La polémica por la ley SB1070, que ha hecho internacionalmente conocida a Arizona debido a las controvertidas medidas con las que se busca combatir la inmigración ilegal en esa zona de Estados Unidos, tuvo un nuevo capítulo la semana pasada, cuando se realizaron importantes protestas para criticar la inminente implantación de la ley.

En las protestas (que tuvieron lugar en la capital del estado, Phoenix), fueron detenidas 45 personas. Las principales marchas ocurrieron frente al tribunal federal de la ciudad, como forma de apoyo a la decisión de la jueza Susan Bolton, quien días atrás suspendió algunos de los artículos de la ley, que comenzó a regir parcialmente a partir del pasado jueves.

La jueza había restringido el poder que la ley le da a la policía para detener a cualquier inmigrante indocumentado y determinar su expulsión, no obstante lo cual declaró que la normativa era constitucional, no haciendo lugar al reclamo de las comunidades hispanas y grupos de derechos civiles, que sostienen que la ley marca un retorno a los perfiles raciales dado que permite la detención en base al aspecto físico.

Entre otras características de la normativa se encuentra el detener a los inmigrantes indocumentados por un período de hasta seis meses y la posibilidad de aplicarles multas antes de proceder a su expulsión de Estados Unidos. De todas formas, la ultraconservadora gobernadora de Arizona, Jan Brewer, indicó que está dispuesta a apelar el fallo de la magistrada. Su decisión fue respaldada por el también ultraconservador movimiento “Tea Party”, que se hizo presente con una guardia armada conformada por ex combatientes de Vietnam en el despacho de la gobernadora, para reafirmarle su apoyo.

Este lunes y en medio de la polémica, comenzaron a llegar los primeros militares de la Guardia Nacional que el Ejecutivo estadounidense prometió, con el fin de limitar el flujo de inmigrantes indocumentados por la frontera con México. Por el momento han llegado los primeros 140 militares, cuyo contingente se irá incrementando hasta alcanzar la cifra de 1.200 soldados prometida por el presidente Barack Obama.

Demagógicamente el presidente, se ha manifestado públicamente en contra de la aplicación de esta ley (?), que alcanza a un número considerable de la población del Estado. Se estima que un 12 por ciento de los habitantes de Arizona podrían ser inmigrantes indocumentados.

A empezar de cero

El presidente boliviano Evo Morales agradeció a los países que apoyaron la iniciativa boliviana para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declarara el 28 de julio al agua y al saneamiento como un derecho humano. Fueron 122 los países que votaron a favor, 41 se abstuvieron y ninguno rechazó la resolución.

Anil Naidoo, integrante de la Organización de los Candienses (organización que ha trabajado muy duro como parte del movimiento internacional por el derecho al agua) formó parte de un equipo de la agrupación que estuvo trabajando en Nueva York, Estados Unidos, antes y durante la votación de la ONU.

El presidente boliviano expresó su complacencia porque ahora la comunidad internacional considera plenamente que “el agua es un derecho humano y no un negocio privado”, según cita la estatal Agencia Boliviana de Información. “Una vez que la comunidad internacional reconoce que el servicio del agua es un derecho humano, debe ser administrado por las Alcaldías, Gobernaciones, el Gobierno nacional y no por empresas privadas”, dijo Morales. La propia Constitución política boliviana consagra al agua como un derecho humano. Uruguay fue el primer país del mundo en hacer lo propio, en octubre de 2004.

Anil Naidoo destacó el trabajo del Consejo de los Canadienses antes de la votación, con reuniones de lobby continuas en Nueva York con representantes de gobiernos y organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. El activista del agua resaltó que la decisión de la Asamblea General “fue un gran resultado porque ni un país votó en contra, aunque sabemos que hay grandes oponentes al reconocimiento del agua y el saneamiento como un derecho humano”. “Estamos preocupados porque algunos países poderosos se abstuvieron y nosotros sabemos que continuarán en contra de la resolución”, agregó.

Sin embargo, Naidoo enfatizó que los 122 votos a favor y la inexistencia de votos en contra “muestran el deseo de la Asamblea General” por encima de la postura de algunos Estados industrializados. “Es una gran victoria porque ahora podemos seguir hacia adelante y no seremos frenados por estos gobiernos”, dijo.

Es que Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre otros, presionaron hasta último momento para que no se aprobara la nueva resolución y luego se abstuvieron en la votación. Inclusive hubo que lidiar con la Junta Asesora del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Agua y Saneamiento, que presionó para que no se reconociera al agua y al saneamiento como un derecho humano.

Naidoo contó sobre una reunión mantenida por los países de la Unión Europea la noche anterior a la votación en la Asamblea General de la ONU, para tratar de llegar con una posición única. En esa instancia 17 de los 27 países del bloque votaron contra la resolución, pero no hubo acuerdo porque varios Estados europeos mantuvieron su apoyo a la iniciativa.

El activista destacó el voto positivo en la Asamblea de Alemania, España, Francia, Italia y también de países como China, India, Brasil y Sudáfrica. Está claro para Naidoo que lejos de terminar, el trabajo está empezando, para asegurar que el nuevo derecho sea respetado y que los organismos internacionales trabajen para implementarlo debidamente. Los movimientos y organizaciones sociales alrededor del mundo tienen un rol fundamental que jugar, aseguró nuestro entrevistado.

Es un derecho pero se puede privatizar?

Mientras el mundo celebra la inclusión por parte de la Organización de Naciones Unidas del acceso al agua potable dentro de los Derechos Humanos inalienables, en Cali, Colombia, un nuevo proceso privatizador amenaza a la población en su disponibilidad del recurso vital.

En el departamento colombiano de Valle del Cauca, la Empresa Pública de suministro de los servicios de acueducto y alcantarillado ACUAVALLE, se encuentra amenazada por un proceso privatizador en ciernes, a través de una proyección contractual. Tal proceso amenaza directamente la calidad de vida y derechos de los vallecaucanos ya que ACUAVALLE suministra los servicios de acueducto y alcantarillado a 36 de los 42 municipios allí existentes, siendo más del 90% de sus usuarios población subsidiada.

ACUAVALLE, como otras entidades públicas del Valle del Cauca se han convertido en un botín político y financiero del siniestro grupo político PIN, célebre por tener en sus huestes a varios de los congresistas y excongresistas vinculados con la parapolítica. De hecho, el gerente de ACUAVALLE, Pascual Loango, valiéndose de estos contratos, prepara su campaña a la gobernación del Valle como ficha política del ex senador Juan Carlos Martínez hoy preso por parapolítica y vinculado con el narcotráfico.

Margarita López, Presidenta del Sindicato de Trabajadores de la empresa, explicó el trasfondo en esta arremetida privatizadora, además denuncia un proceso sistemático de persecución contra la organización sindical y sus dirigentes y llama a la comunidad regional, nacional e internacional a defender el patrimonio público y a proteger a los luchadores del pueblo colombiano.

Asimismo, la sindicalista detalla por qué la empresa estatal es la adecuada para administrar el suministro de agua a la población. “Son los usuarios, las organizaciones sociales a las que les duele más esta privatización. Nuestro plan de lucha está en la movilización social pacífica. ACUAVALLE privatizado sería un sacrificio a la comunidad vallecaucana”, dice Margarita.

Esas tierras son propiedad de diez familias!!!

Una decena de familias que tienen la posesión comunitaria de las tierras desde el año 1935 mantiene un conflicto con una sociedad anónima de origen coreano que, a partir del mes de junio, comenzó a alambrar los campos e introducir topadoras para dar inicio a los desmontes.

El terreno donde se originó la pugna se ubica en el departamento San Martín, en la localidad mendocina de Nueva California. "Los coreanos habrían comprado el título", señala Diego Montón, integrante del Equipo de Territorio de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza.

Según precisa, en 500 hectáreas del terreno los empresarios realizarán el cultivo del almendro y recuperarán los sistemas de riego. Aunque en el resto del campo, "lo que han deslizado, es esto de llevar a gente a que haga caza furtiva".

El referente de la UST afirma que hubo irregularidades en la transferencia del dominio de las tierras, "porque alguien que no tiene la posesión de un campo no puede vender". Y agrega: "Los títulos se van vendiendo de un lugar a otro, utilizándolos para conseguir financiamiento, créditos e hipotecas, mientras que 10 familias son realmente las poseedoras".

Las denuncias realizadas por los campesinos (3 consecutivas), nunca fueron tomadas por la policía, la que, sin embargo, sí aumentó "notablemente" los retenes de control y las postas camineras en "el pueblito", cuenta Montón, miembro también de la Secretaría Operativa del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). A caballo, las familias detuvieron en dos oportunidades las máquinas que intentaban desmontar. Y sacaron fotos: "Incluso de todos los animales que habían matado (explica), porque los coreanos quieren armar un coto de caza".

Montón denuncia también lo "confuso" que resulta el hecho de que, durante una de esas jornadas, la central que la organización tiene en Nueva California fuera asaltada: "Robaron 6 computadoras con las cuales se daban clases gratuitas de computación a los chicos". Antes del hecho, recuerda, un policía les había advertido: "Tengan cuidado, porque ustedes están mucho en el campo y pueden llegar a sufrir algún robo". Además, amplía, que los encargados de la firma, acompañados por tres policías, amenazaron en otra oportunidad a una de las campesinas que estaba representando a la comunidad, "diciéndole que iba a ir presa ella y toda su familia".

En el mes de setiembre, el MNCI celebrará su primer congreso nacional. Allí se espera que los conflictos territoriales que protagonizan las comunidades campesinas estén a la orden del día. "Esos días van a ser la culminación y la fiesta de un congreso que ya venimos realizando, porque a partir de febrero, cuando lo lanzamos internamente, empezamos a debatir sobre documentos síntesis de nuestra historia", dice Montón en la charla.

En esos textos, señala, se encuentran las sistematizaciones de los últimos 10 años de trabajo del movimiento. "En cada uno está toda esta práctica y esta experiencia de la lucha por la tierra que hemos hecho".

Buscan la ''bendición'' de las autoridades nacionales

Las empresas transnacionales estadounidenses Monsanto y Dupont, la suiza Syngenta y la alemana Bayer, pusieron a Honduras en la mira de sus negocios y buscan socios locales para llevarlos adelante. Las organizaciones campesinas alertan que estas corporaciones semilleras pretenden establecerse definitivamente en el país centroamericano y se lamentan por una nueva consecuencia de la fragilidad institucional posterior al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

En paralelo a una conferencia empresarial significativamente bautizada como “Biotecnología y Seguridad Alimentaria”, la Vía Campesina Honduras se movilizó por las calles de Tegucigalpa en defensa de la soberanía alimentaria y las semillas criollas, según informó La Voz de los Movimientos.

Los grupos hondureños aseguran que Croplife (así se llama el espacio que aglutina a las multinacionales) le miente a la población hondureña cuando afirma que los productos transgénicos son la llave para resolver el problema del hambre en el mundo. “Lo que en realidad pretenden es acabar con la economía campesina, al despojar a campesinos y campesinas de las semillas nativas, recurso valioso para su libre producción alimentaria”, aseguran las organizaciones en un documento. Esas semillas, según afirman, son “patrimonio de la humanidad”, porque han sido “domesticadas, conservadas y mejoradas” por los campesinos desde hace más de 10 mil años.

En medio de una cruzada de la derecha latinoamericana por legitimar al régimen de Porfirio Lobo Sosa (que este fin de semana fue reconocido por los gobiernos de Chile y México), la Vía Campesina denunció esta “nueva ofensiva” de las corporaciones semilleras, que deliberadamente buscan la “bendición” de las autoridades nacionales para expandir sus negocios en la agricultura de Honduras.

Responsabilizan por esta situación a las secretarías de Agricultura y Ganadería; Recursos Naturales y Planificación, y saludan a las movilizaciones del pueblo haitiano, que ha rechazado las donaciones de semillas trasngénicas que efectuó la Monsanto después del terremoto del 12 de enero.

Festival Solidario con los Gremios en Lucha

El próximo sábado 7 de agosto en la capital uruguaya (Montevideo) tendrá lugar, en el el gimnasio del complejo cooperativo ''José Pedro Varela'', un festival de gremios entre los que se cuentan los que convocan: Comité de Base de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UMNTRA); Trabajadores de Alto Palermo; Trabajadores de la Policlínica de Peñarol; Comisión de Apoyo a los Conflictos y la gente de Galpón de Corrales, entre otros.

Con el lema ''Festival Solidario con los Gremios en Lucha'', el evento se desarrollará a partir de las 16 hs. en el gimnasio antedicho (Av. Bolivia y Cno. Carrasco) y contará con las actuaciones de Arcavoces, Javiel Zubillaga y Julio Fernández, entre otros.

Lo de ''festival'' será una ''excusa'' para reunirse y conformar un espacio de debate más importante y resonante, en el que puedan darse lugar varios gremios que no tienen ni la fuerza ni la ''publicidad'' que tienen otros.