viernes, 9 de julio de 2010
Economía Ecológica
miércoles, 7 de julio de 2010
Justicia con los activistas
Parcial pero triunfo al fin. Nueve de los doce campesinos mexicanos que desde hacía cuatro años purgaban penas por el delito de “secuestro equiparado”, una figura legal creada a imagen y semejanza de la represión de Estado, fueron liberados este 1º de julio.
La decisión fue tomada por unanimidad en la Sala I de la Suprema Corte de Justicia federal mexicana y fue recibida como un verdadero triunfo de la verdad por parte de la madeja de organizaciones y redes sociales y jurídicas mexicanas que trabajaron incansablemente por la liberación de los activistas.
No obstante, los tres principales referentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) detenidos en 2006 seguirán en prisión. Ellos son Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, quienes cargan con otros cargos además del “secuestro equiparado”.
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, cuatro mil efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal tomaron Atenco, estado de México, donde miembros del FPDT protestaban por el intento de construir allí un aeropuerto internacional. En aquellos incidentes dos jóvenes murieron y las fuerzas del gobierno arrestaron a 207. Además, un centenar de mujeres fueron víctimas de abusos sexuales y torturas cometidos por los represores. Todavía está pendiente una investigación seria encaminada a castigar a los autores de esas violaciones, sostiene el FPDT.
A la sesión de la Corte que resolvió la excarcelación asistió la activista y Premio Nobel de la Paz 1997, Jody Williams, quien calificó la resolución como “histórica”. Por su parte la Licenciada Jacqueline Sáez, Coordinadora del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos (CENTROPRODH) de México, señaló que el proceso estuvo viciado desde su inicio cuando se acusó a quienes resistían el despojo de conformar un “grupo subversivo”.
''No podemos sentirnos culpables''

El cambio climático ha transformado radicalmente la forma de producción de los campesinos y campesinas ecuatorianos. Sin embargo, “no podemos sentirnos culpables” porque son las grandes economías industriales las principales responsables del daño climático global, dice Loyda Olivo, responsable de mujer y familia en Fenocin. “Nos quieren hacer culpables a los campesinos y campesinas de este cambio, pero eso no tiene razón de ser”, insiste Loyda. “Nos obligan a usar químicos y prácticas impuestas por las mismas empresas poseedoras de grandes extensiones de tierra y grandes cultivos”, insiste.
Loyda habló de este tema en el marco de la Consulta de Naciones Unidas a través de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) sobre las directrices para el uso y tenencia de la tierra realizada en Brasilia.
“Desde siempre los campesinos y las campesinas hemos tenido claro que nuestra labor es cuidar la tierra porque nuestros ancestros han tenido esa visión clara y precisa… y así nos lo transmitieron”. Cuenta de sus abuelos, de la insistencia en diversificar y escalonar la producción en la finca predial, con el objetivo de minimizar lo que era necesario adquirir de fuera, eludiendo el manejo del dinero.
Quito: Congreso
FENOCIN es integrante de La Vía Campesina y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), que precisamente realizará su quinto congreso en la capital ecuatoriana en octubre próximo. “Este V Congreso es el resultado de un proceso de lucha, evaluación y formación continental de un año de preparación que iniciamos en abril de 2009 en La Habana, Cuba, y que fue fortaleciéndose aun más en la reunión a nivel continental e internacional con La Vía Campesina mantenida en el mes de octubre de 2009 en Quito”, dice Loyda.
La activista ecuatoriana también remarca el aporte fundamental de las mujeres campesinas y negras en el cambio de paradigma hacia el “buen vivir”. “Primero la mesa y después lo demás”, dice Loyda para insistir en que las directrices que emerjan sobre la tenencia y uso de la tierra deberán tener carácter vinculante para los Estados.
Manipuladores!!!

Los científicos británicos acusados de manipular datos y eliminar información para respaldar su teoría de que el cambio climático se debe a la acción humana han realizado un trabajo “riguroso y honesto”, difunde este miércoles una comisión investigadora que analizó el caso durante seis meses.
El panel, que lideró Muir Russell, del “establishment” universitario escocés, ratificó la integridad profesional de los científicos de la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra. No obstante, consideró que los profesionales no fueron lo suficientemente abiertos, y que tuvieron una actitud “poco útil” y a la “defensiva” a la hora de hacer frente a requerimientos legítimos de datos hechos bajo las leyes de libertad de información.
El escándalo se desató en noviembre del año pasado cuando un hacker ingresó al sistema informático de la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia y accedió a 13 años de correos electrónicos, que luego fueron publicados en la web.
Los escépticos del cambio climático, que rechazan que esa crisis sea causada por el hombre, argumentaron que los correos revelaban que los científicos británicos tergiversaban datos y escondían información para sostener que la acción del hombre es la que provoca el calentamiento global. Algunos alegaron que los correos ponían en duda las advertencias sobre la crisis del clima del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas.
La investigación del equipo que dirigió Muir Russell fue la tercera en definir que no hay pruebas de mala praxis científica o de un intento de distorsionar los hechos para apoyar el punto de vista de que las emisiones de dióxido de carbono generadas por el hombre han provocado el cambio climático.
En abril un informe realizado por otro destacado representante del mundo académico británico, Ronald Oxburgh, encomendado por la propia Universidad de East Anglia, aprobó los métodos de la Unidad de Investigación Climática. “No vimos pruebas de que hubiera una mala praxis científica deliberada. En su lugar, encontramos un pequeño grupo de investigadores entregados, aunque ligeramente desorganizados”, concluyó Oxburgh, citado por la agencia Reuters. Asimismo, en mayo un comité parlamentario británico exculpó a los científicos, aunque criticó su manejo de las peticiones de datos hechas bajo las leyes de libertad de información.
El director ejecutivo de Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, Andy Atkins, manifestó hoy que “la nueva investigación muestra que no podemos ignorar las advertencias de los expertos sobre los riesgos del cambio climático”. “La amplísima mayoría de los científicos del clima están de acuerdo en que vivimos un cambio climático provocado por el hombre”, agregó, citado en un comunicado de prensa de la organización.
Atkins consideró que la reducción de la creciente dependencia de los combustibles fósiles mediante la inversión en energías renovables también impulsaría la economía, con nuevas oportunidades laborales. “Es hora de mirar a través de la peligrosa cortina de humo del escepticismo climático y seguir con la urgente tarea de construir un futuro limpio, seguro y con bajo consumo de carbón”, sentenció.
Poblaciones indígenas en el Foro Social de los Estados Unidos

En el marco del Foro Social Estados Unidos (USSF, sigla en inglés) realizado en la ciudad de Detroit, varios fueron los encuentros en los que representantes de pueblos originarios narraron las dificultades que enfrentan dada la disputa del capital trasnacional por sus territorios.
Tal fue el caso de Magdiel Carrión, Vicepresidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), quien en entrevista con medios alternativos en Detroit se refirió a la violación de los derechos humanos a las comunidades indígenas y el desconocimiento de la normativa internacional respecto a los megaproyectos que afectan sus territorios.
“El gobierno de Alan García no quiere reconocer el convenio 169” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la obligatoriedad de consulta previa a las comunidades, señala Carrión, cuya organización cuenta con 35 compañeros enjuiciados bajo cargos de “terrorismo” al reclamar esa consulta frente a emprendimientos mineros.
Por su parte, el guatemalteco Juan Tiney, que preside la Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CONIC) en su país, explicó que las empresas utilizan sistemáticamente el engaño a las comunidades para hacerse con las tierras. “Detrás de los proyectos quedan los despojos. La guerra desplazó pueblos y hoy, veinte o treinta años después vemos ahí a las empresas, con sus grandes cultivos de palma africana por ejemplo”, dice Tiney.
El Foro Social estadounidense también emitió una declaración a favor de la soberanía alimentaria y del respeto a la producción de alimentos saludables y en forma sustentable en ese país: “nuestro trabajo para construir un mejor sistema alimentario en EUA está profundamente ligado a la lucha por los derechos de las y los trabajadores, inmigrantes, de las mujeres; a la lucha contra el racismo y por la soberanía de los pueblos indígenas”, señala la declaración, que puede leerse íntegramente en archivo adjunto (pulsando aquí).
Entre las acciones a las que se comprometieron los participantes del encuentro de Detroit figura “promover la agenda popular que salió de la Cumbre sobre Cambio Climático en Cochabamba—incluyendo educación popular sobre justicia alimentaria y climática-, y promoviendo la agricultura sustentable como la solución al cambio climático”.
La UE reproduciendo el sistema mediante sus TLC

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) que la Unión Europea (UE) firmó en mayo con América Central, Colombia y Perú son una grave amenaza para la soberanía alimentaria de los pueblos, los bosques y la pesca artesanal, al tiempo que agravarán la crisis climática, concluyeron varias organizaciones sociales reunidas en Montevideo, Uruguay. Alertaron además que los países del MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) corren los mismos riesgos tras la decisión de reiniciar sus negociaciones con la UE por un acuerdo similar.
El Grupo Semillas de Colombia, la Red Manglar de Ecuador, el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas de Perú, CEPEDES de Brasil, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay emitieron la semana pasada (tras reunirse en Montevideo) un comunicado en el que rechazaron los TLC firmados por la UE con los países de la región. Esos acuerdos comerciales, que aún deben ser ratificados por los parlamentos nacionales, se insertan en la estrategia denominada “Europa Global”, implementada por la UE desde 2006 para fortalecer a sus grandes corporaciones transnacionales alrededor del mundo.
Según las organizaciones latinoamericanas, los análisis sectoriales de los posibles impactos de los TLC sobre bosques, soberanía alimentaria, pesca y cambio climático indican que la UE concretó con Colombia, Perú y Centroamérica acuerdos tan o más peligrosos que los firmados por Estados Unidos con esos estados. El objetivo es el mismo: profundizar la liberalización comercial sobre sectores estratégicos de las economías latinoamericanas en beneficio de las empresas europeas.
Algunos de los instrumentos de estos TLC son la liberalización de las inversiones, del sector servicios, la apertura del sector agrícola, la eliminación de las trabas a las exportaciones (tanto arancelarias como no arancelarias), el fortalecimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual (patentes) y la apertura de las compras estatales latinoamericanas a proveedores europeos.
“Estas medidas aumentarán la presencia de las grandes empresas en el sector agrícola. La agricultura industrializada, con gran maquinaria, uso de agrotóxicos, se verá fortalecida, sumando las patentes sobre las semillas, en detrimento de la agricultura familiar y campesina. Las políticas alimentarias controladas por el mercado internacional seguirán beneficiando empresas y perjudicando la soberanía alimentaria de los pueblos, sus posibilidades de determinar sus prácticas alimentarias locales y nacionales”, aseguraron las agrupaciones sociales.
Señalaron, asimismo, que los TLC promovidos por la UE incrementarán el impulso en el Sur global a la actividad extractiva maderera, los agrocombustibles, la ganadería extensiva, los monocultivos de árboles, el agronegocio en general, que ha arrasado con los bosques y desplazado a comunidades locales, especialmente indígenas.
Las organizaciones sociales agregaron que la pequeña pesca artesanal, fundamental para la soberanía alimentaria, también corre riesgos. Las grandes empresas europeas ya ocupan posiciones dominantes en el sector pesquero y acuícola latinoamericano, controlan el negocio de especies como el camarón, el atún y la tilapia. Su pesca de arrastre absolutamente insustentable ya es grave hoy y las medidas comerciales que defiendan a las grandes corporaciones de la pesca perjudican las posibilidades de los pequeños pescadores, que cada vez logran menos capturas.
Finalmente, las agrupaciones latinoamericanas señalaron que las condiciones impuestas por la UE en las negociaciones reforzarán la ya creciente implementación de las falsas soluciones al cambio climático en los estados latinoamericanos: desarrollo de transgénicos, agrocombustibles, la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques en los países en desarrollo (REDD) y mecanismos de desarrollo limpio, como las plantaciones de árboles para captura y almacenamiento de carbono, y las represas. Estas medidas distraen la debida atención a lo verdaderamente necesario para hacer frente a la crisis del clima: que los países industrializados reduzcan radicalmente sus emisiones contaminantes, agregaron las entidades sociales.
Estos TLC chocan también con la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, porque no se realizaron las consultas previas a esas comunidades.
Otro revés para Monsanto

La intención que tenía la semillera estadounidense Monsanto de prohibir la comercialización en Europa de la harina de soja procedente de Argentina quedará sólo en eso. Este martes 6 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) rechazó el pedido de la corporación trasnacional, lo que pone punto final a una larga disputa judicial por un negocio millonario por pago de regalías.
La corte con sede en Luxemburgo, según consignó la agencia de noticias EFE, entendió que la invención de Monsanto, por la cual reclamaba derecho, se encuentra “en estado residual” en la harina de soja, que se obtiene después de varias “operaciones de transformación".
Afortunadamente, la Monsanto no ha tenido resultados positivos en los últimos litigios internacionales que le ha tocado enfrentar. En marzo una jueza paraguaya de la Niñez y la Adolescencia rechazó un pedido de amparo constitucional promovido por la empresa, que pretendía una licencia ambiental para la experimentación con maíz modificado genéticamente.
Se ratificó de esa manera la posición que mantenía la estatal Secretaría del Ambiente (Seam), partidaria de realizar una audiencia pública previa a la entrega del permiso para experimentar con productos transgénicos en los departamentos de Itapúa y Guairá, al oriente del país.
Pero sin dudas la incursión más polémica que ha tenido la semillera norteamericana en los últimos tiempos fue en la isla caribeña de Haití. Con la fachada de una supuesta ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto, Monsanto donó 475 toneladas de semillas genéticamente modificadas, con el claro propósito de generar una relación de dependencia con los productores locales*.
*Ya hemos hablado de esto en publicaciones anteriores.





