La minera suiza Holcim fue acusada este viernes en el Tribunal Permanente de los Pueblos que inició en Madrid por sus perjuicios ambientales y sociales en México, Guatemala y Colombia. Se trata de un caso regional en el que la transnacional enfrenta varios cargos.
Durante la presentación del caso, Holcim fue acusada del asesinato indirecto de 11 campesinos por contaminación de aguas en el municipio mexicano de Atotonilco de Tula, violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en la localidad guatemalteca de San Juan de Sacatepéquez, y de provocar el agotamiento de una subcuenca en la capital colombiana, Bogotá.
Holcim es líder mundial de la minería de arrastre, lo que incluye la extracción de minerales para la producción de cementos y agregados, así como de arena, calizas, gravilla y otros materiales. La transnacional de origen suizo está presente en varias decenas de países y produce más de 40 millones de toneladas de cemento, la cuarta parte en México.
Pablo Bertinat, experto argentino del Programa Cono Sur Sustentable, dijo que "hay una gran ofensiva, ya sea de algunos gobiernos como también de sectores empresariales que intentan hacer grandes negocios, para avanzar en el tema nuclear".
Recientemente, Cono Sur Sustentable, una iniciativa integrada por organizaciones ciudadanas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, lanzó "Pensar la Energía", una colección de publicaciones cuya primera entrega se denomina "La energía nuclear en la sociedad del riesgo". Este primer fascículo, explicó Bertinat, quien además es coordinador del Área Energía de la ONG Taller Ecologista, analiza "los riesgos intrínsecos" de una tecnología determinada vinculados a los residuos de la industria, la proliferación nuclear y la minería. "Una óptica no siempre abordada", según aseguró el referente de la organización con sede en la provincia de Santa Fé. Bertinat agregó que el objetivo del documento es "alertar sobre cuáles son las falsas opciones" que visualizan en las alternativas energéticas vigentes.
Además, manifestó que la sociedad del riesgo es una situación de "mucha vulnerabilidad" en la que los avances científicos no son acompañados de un debate y una comprensión profunda, por parte de la sociedad, de los riesgos que implican. "Es imposible seguir avanzando pensando en la preservación del planeta con el estilo de desarrollo actual", señaló Bertinat.
Semanas atrás, el especialista participó en Bolivia de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático donde, según expresó, "no hubo un espacio específico para discutir la temática energética". En tanto, consideró que durante el encuentro "lo más fuerte" que se mencionó fue la posibilidad de abandonar la producción de combustibles fósiles represando el petróleo bajo tierra, iniciativa liderada por el gobierno de Ecuador. "Los gobiernos progresistas están impulsando los mismos programas de desarrollo que los gobiernos anteriores", indicó Bertinat. Y afirmó: "No aparece una alternativa a este modelo desarrollista que va a hacer tanto desastre como el modelo liberal". "La única diferencia ―aclaró finalmente―, que no es menor pero tampoco determinante, es que ahora están en manos de los estados y permiten recuperar algo de la renta".
El día 5 de mayo se publicó una columna acerca de las protestas acaecidas en Estados Unidos a causa de la Ley de Migración promulgada en el estado de Arizona. Aprovechando estas movilizaciones y que en estos momentos está circulando un correo electrónico a favor de Joe Arpaio, hijo de inmigrantes italianos, vamos a conocer un poco más acerca de la figura de este Sheriff.
Aquí va el correo (sin las fotos):
''A aquellos entre ustedes que no saben quién es Joe Arpaio, les indico que es el sheriff del Condado de Maricopa, en Arizona, y sigue siendo reelecto período tras período.
El sheriff Arpaio creó el campamento de carpas carcelario para evitar que Arizona gastara decenas de millones de dólares en la construcción de otro complejo carcelario. Ha bajado el costo de la vianda a 30 centavos y les cobra a los presos por su comida.
Ha prohibido fumar y mirar revistas pornográficas en las cárceles y ha retirado los aparatos de entrenamiento y levantamiento de pesas, y ha cortado todo espectáculo cinematográfico, exceptuando películas clase 'G'. Dice:
"Están en la cárcel para pagar una deuda con la sociedad, no para criar músculos y asaltar a gente inocente cuando dejen la prisión".
Inició cuadrillas encadenadas para que los internos realicen trabajos en proyectos del condado y la ciudad, ahorrándole dinero al contribuyente. Entonces instauró las cuadrillas encadenadas de mujeres, para que no lo acusaran de discriminación.
Cortó la televisión por cable hasta que se enteró que una orden de la Corte Federal exigía proveer con televisión por cable a las cárceles. Volvió a conectar la televisión por cable, pero sólo permite el canal Disney y el canal meteorológico. Cuando le preguntaron por qué conectaba el canal meteorológico, dijo: 'Así estos turros sabrán como será el tiempo cuando trabajen en mis cuadrillas encadenadas'.
Cortó el café porque tiene cero valor nutritivo y es por eso un derroche del dinero de los contribuyentes. Cuando los internos protestaron, les dijo: 'Esto no es el Ritz Carlton. Si no les gusta, no vuelvan'.
También adquirió la serie de clases de historia de Newt Gingrich, que transmite en las cárceles. Cuando se le preguntó si también transmitiría las clases de historia de un autor demócrata, contestó: 'Si la serie dice la verdad, sería bienvenida, y hasta podría explicar por qué el 95 % de los presos que llenan mis cárceles están allí en primer lugar'..
Las temperaturas en Phoenix fueron más altas que de costumbre (43ºC, un nuevo récord alcanzado el 2 de junio de 2007). Associated Press escribió que aproximadamente 2.000 internos alojados en un campamento de carpas rodeado por alambrados de púa fueron autorizados a despojarse de sus ropas y quedar vestidos únicamente con sus calzoncillos color de rosa provistos por el gobierno..
El día miércoles se escuchó comentar a los internos vestidos con calzoncillos rosados en las carpas, donde las temperaturas llegaron a 53 ºC: 'Esto es el infierno, estamos adentro de un horno', se quejó Ernesto Gonzales, con dos años de condena cumplida y diez más para cumplir, 'es inhumano'.
Joe Arpaio, que obliga a sus presos a vestir de rosado y comer sándwiches de mortadela, no es condescendiente en absoluto: 'Los criminales deberían ser castigados por sus crímenes ? no vivir a todo lujo hasta que les llegue la libertad condicional, sólo para que salgan a cometer más crímenes y volver para vivir a costas del contribuyente y disfrutar de cosas que los mismos contribuyentes no pueden afrontar para sí'.
El mismo día les dijo a los internos que se quejaban por las temperaturas en las carpas: 'Tenemos entre 48 ºC y 54 ºC en Irak, nuestros soldados allí también viven en carpas, caminan todo el día bajo el sol cargados con sus pertrechos de guerra, encima les disparan y ellos no han cometido ningún crimen (?), de modo que cállense la boca'.
¡Adelante, sheriff! Si todas las prisiones fuesen como las suyas habría muchos menos crímenes y no estaríamos en la situación actual de emergencia carcelaria por falta de espacio.
FIN''
Para él es un honor que lo llamen Neonazi KKK...
En Estados Unidos se realizó un evento nacional contra Arpaio y en favor de una reforma migratoria integral. Esto fue antes de que, emulando al sheriff Arpaio, Arizona promulgara una ley antiinmigrante, xenófoba y racista. Y antes de que Arpaio hiciese saber su ambición de ''coronarse'' y ser electo gobernador de Arizona.
Según los organizadores, participaron 20,000 personas en aquella marcha de enero en Phoenix, Arizona, cabecera del condado Maricopa del que Arpaio es ''dueño y señor'' (y que es el quinto más grande del país). La marcha terminó en una cárcel del condado. Según la policía, el número fue la mitad. Siempre buscando la iniciativa, Arpaio hizo que desde la cárcel se activaron altavoces de alta potencia para que no se escuchara a los manifestantes. En varias ciudades del país, entre ellas Los Angeles, se llevaron a cabo reducidas protestas simultáneas. Un grupo de activistas viajó de LA a Phoenix (vía San Bernardino, en donde también hubo un acto) para participar.
Joe Arpaio se considera “el sheriff más duro del Oeste”. Ha sido desde 1996 el enemigo número uno de los ''indocumentados'', con el apoyo de la mayoría de sus votantes que lo reeligieron en 2000, 2004 y 2008. El año pasado la administración Obama lo despojó de su autoridad de arrestar a indocumentados por violación de leyes federales. Pero él lo ignoró y siguió haciendo redadas migratorias o mejor dicho, razzias, en barrios latinos y centros de trabajo en nombre de leyes estatales que hacen a los indocumentados cómplices, porque le pagaron, de su “coyote”.
Desde hace diez meses (!) el Departamento de Justicia (DOJ) está investigando las acciones de Arpaio para decidir si son o no legales y si entabla contra él una demanda judicial. El condado Maricopa ha tenido que pagar más de 30 millones de dólares por veredictos judiciales que encontraron a Arpaio culpable de violar derechos civiles de detenidos. Además, paga cinco millones de dólares anuales en seguro contra demandas judiciales, cinco veces más que hace diez años. Están en distinta etapa de litigación más de mil quejas contra él interpuestas por detenidos, 50 veces más que en Los Angeles, Chicago y Nueva York juntos.
¿Qué se necesita para detener a Arpaio?
Puede ser destituido si los ciudadanos del condado inician una recolección de firmas para así imponer un voto especial de destitución. Hace un par de años trataron de hacer eso, pero la iniciativa no prosperó; no se lograron suficientes firmas. Y aunque se hubieran logrado, encuestas de opinión decían que el 65% de los votantes se hubiesen opuesto a la medida, por lo tanto esta opción quedó descartada.
Otra vía es la denuncia por la prensa, pero desde hace una década que medios como el New York Times o el Wall Street Journal, han informado sobre Arpaio, sin que se genere una protesta popular o institucional. En Arizona, Arpaio ha hostilizado a los periodistas que se atrevieron a criticarlo, llegando a arrestar a dos editores del diario Phoenix New Times. Aunque sus acciones fueron luego anuladas, logró el efecto de la intimidación.
No en mejor situación está el poder judicial del estado de Arizona. Arpaio ha presentado querellas criminales contra jueces, siendo el más conocido el caso de Gary Donahoe, quien encabeza el tribunal criminal del condado. La hostilidad de Arpaio contra el juez estalló después de que éste hiciera arrestar a un agente del sheriff que en plena sesión de la corte arrancó páginas del cuaderno de un abogado defensor, para fotocopiarlas. Con su aliado, el procurador del condado Andrew Thomas, el mes pasado presentó demandas criminales federales contra administradores de condado, abogados y más jueces.
Otra vía ya abierta es el avance de la investigación federal que inició en marzo por supuesta discriminación y arrestos y pesquisas ilegales. Los casos no se limitan a indocumentados sino a que llegan a funcionarios del condado en cuyas casas aparecieron tropas del sheriff a medianoche para investigarlos sobre cuestiones sobre las que se hallaban en desacuerdo con Arpaio. El 8 de enero, una semana antes de la marcha, el condado de Maricopa anunció que su gerente general David Smith y su lugarteniente Sandi Wilson recibieron citaciones para comparecer ante un gran jurado federal que investiga a Arpaio. Este organismo puede tomar medidas legales contra Arpaio.
En suma, Arpaio ha formado una fuerza de choque de corte político amparada por el uniforme que no responde a la autoridad establecida ni al poder judicial, ni, ahora, al gobierno federal. Arpaio insiste en intimidar a sus críticos, incluso cuando formen parte del gobierno; apela e incita una opinión pública anti inmigrante.
Para un estado de derecho, hay un inherente peligro en permitirle continuar en el poder. Su contradicción con el gobierno federal ya no puede ser ignorada. Pero una confrontación frontal con Arpaio, mediante la presentación de cargos criminales, llevará mucho tiempo y más polarización, politización y quizás al surgimiento de más ''Arpaios'' en todo el país.
Otra vía posible es entonces la popular, la multiplicación de marchas como la de enero y su extensión a todo el país. Esto lo demostraron las manifestaciones de marzo de 2006 por una reforma migratoria, motivadas por un proyecto de ley anti inmigrante al que así ''derrotaron''. Con 750.000 personas en Los Angeles el 25 de marzo de aquel año, fueron las más nutridas protestas en la historia de los Estados Unidos.
La Pastoral de la Tierra y la Red Social de Justicia y Derechos Humanos acusarán a la multinacional de origen francés Louis Dreyfus en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Estas organizaciones acusan a la empresa de generar, mediante su impulso a la expansión del monocultivo de caña de azúcar, impactos tan variados y profundos como la explotación del trabajo precario, la destrucción de ecosistemas y el hostigamiento de comunidades indígenas.
Todo esto se da en Brasil, en donde la multinacional empezó adquiriendo ingenios en los estados de San Pablo y Minas Gerais en el año 2005. Su expansión la llevó a la región centro-oeste del país, instalándose en territorios indígenas y en la región de ''Cerrado'', un ecosistema que abastece las principales cuencas hidrográficas del país, y que contiene una fauna y flora altamente diversas.
En total Dreyfus posee cincuenta mil hectáreas de caña de azúcar. En octubre de 2009, la empresa se fusionó con otras empresas creando el grupo LDC-SEV Bioenergía, que se convirtió en el segundo mayor productor mundial de azúcar y etanol. Su objetivo es producir cuarenta millones de toneladas de caña anuales y participan de sus acciones las familias Biaggi y Junqueira, el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) y el banco Goldman Sachs.
Esta gran disponibilidad de tierras para el monocultivo de caña va de la mano con el aumento de la violencia contra el pueblo originario guaraní Kaiowá, una de las poblaciones indígenas más numerosas de Brasil, compuesta por 47 mil personas que viven, sin los derechos territoriales correspondientes, en un área de aproximadamente veinte mil hectáreas.
Según el Consejo Indigenista Misionero, a causa de la expansión del monocultivo de caña, los pobladores originarios viven en una situación extremadamente precaria, en la cual la falta de tierra genera serios problemas sociales como muerte de niños por desnutrición, suicidios (principalmente de jóvenes) y alcoholismo. Además, se han registrado por lo menos cuatro casos de asesinatos de indígenas en los ingenios, así como trabajo esclavo en las tareas de corte de la caña.
Como ejemplo de los impactos socioambientales que ha generado esta multinacional, las organizaciones señalan la hacienda de Antonio Luciano, en donde el monocultivo de caña tiene como destino la producción de etanol. Allí se llegó a desviar el curso del río San Francisco para facilitar el transporte de la producción, sin licencia ambiental o estudios técnicos. En todas sus etapas, el monocultivo de caña sustituye áreas de agricultura y ganadería, además de destruir las reservas florestales y el denominado bosque de galería. Para hacer las plantaciones, las empresas queman los bosques nativos, talando y enterrando árboles, y todo esto es realizado de forma clandestina.
Desde FM Gente de Radio (radio comunitaria argentina de Rio Negro) se realizó un programa dedicado específicamente al 17 de abril. El programa se enmarca en la situación actual de las resistencias que se llevan adelante en los campos, ante los desalojos, los agronegocios, la contaminación, los envenenamientos y ante el ocultamiento sistemático de los monopolios de comunicación.
Comienza con una conversación con Chacho Liempe, integrante del Consejo Asesor Indígena, una organización del pueblo mapuche. Chacho cuenta el por qué se indica el 17 de abril como el día de la lucha campesina, luego hace un recuento de su experiencia en la lucha con las comunidades originarias. Se enfoca en el robo de las tierras, en el trabajo y en la intensa búsqueda de conciencia como organización, entendiéndose como parte de un pueblo originario.
Luego, el programa se traslada a las tierras donde se encuentra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Allí Adolfo Farías comparte el proyecto que llevan adelante, particularmente sobre la educación. También hace hincapié en la necesaria unificación de los campesinos y las comunidades originarias, destacando esto como uno de los logros mas importantes del MOCASE. No deja de lado el rol que cumple la juventud dentro del movimiento y de las diferentes instancias que utilizan para la preparación ante una inminente y necesaria vuelta al campo.
Por último se comparten las expresiones de los integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba. Eduardo Beleli relata que los desmontes no cesan y solo queda aproximadamente un cinco por ciento de bosque nativo. Por su parte Daniela Ruiz brinda su visión como joven integrante del movimiento y habla de la ardua tarea que tienen que realizar para romper con los mitos engañosos que difunden los grandes medios de comunicación, provocando que la gente joven decida engrosar las líneas periféricas de pobreza en las grandes urbes. Para rebatir esto, todos los años llevan adelante un encuentro latinoamericano de jóvenes donde intercambian vivencias y buscan las alternativas para no abandonar sus raíces.
Este Primero de Mayo en Colombia se registraron a nivel nacional, con especial relevancia en Bogotá y Cali, las más grandes movilizaciones sociales de los últimos años en conmemoración del día internacional de los trabajadores. Como reacción, el gobierno saliente de Álvaro Uribe desplegó brutales operativos represivos.
La coyuntura política colombiana, precedida de los grandes escándalos por persecución contra opositores, magistrados y periodistas, así como las regresivas políticas agrarias, laborales y de seguridad social, desde el gobierno central llevaron a diversos sectores sociales, no solo sindicales, a manifestarse en contra de la continuidad de estas políticas y a exigir nuevas condiciones de trabajo y de política social.
Para el régimen también fue una fecha importante, ya que el accionar de las fuerzas policiales fue premeditado, sistemático y altamente planificado. Con el objetivo de disolver las marchas e impedir las concentraciones sociales se aplicó la provocación, intimidación, abuso de la fuerza, detenciones ilegales y desapariciones temporales.
El resultado: cientos de personas agredidas, periodistas y defensores de Derechos Humanos detenidos y ultrajados, estudiantes, mujeres y niños golpeados; y un movimiento social notificado de la firme decisión de no permitir el ascenso de la protesta social.
Informalidad y violencia
El sindicalista Tulio Murillo, analizó la grave situación de pobreza y marginación por la que atraviesa el pobladísimo sector de trabajadores informales colombianos. Esta desigualdad de los asalariados se ha agudizado en el último cuarto de siglo de ferviente neoliberalismo en la tierra de las tres cordilleras. “De veintiuno o veintidós millones de pobres que existen en Colombia, podemos hablar de un cuarenta por ciento que está en la informalidad, es decir que no tienen prestaciones sociales, que no perciben salarios, y son trabajadores pero sufren más que nosotros los trabajadores que gozamos de un salario”, señaló Murillo.
Murillo aborda la crítica situación de represión contra aquellos trabajadores que encabezan procesos de sindicalización. Las cifras son escalofriantes: “cada dos días un dirigente sindical es asesinado”, afirma. “En los últimos diez años –precisó Murillo- aparecen más de dos mil quinientos dirigentes sindicales asesinados, de los cuales el noventa y nueve por ciento están en la impunidad”.
El sindicalista también apuntó que “los organismos de seguridad del Estado que son tan eficientes para otros asuntos” como “cuando se trata de perseguir la oposición”, no han sido tan “eficientes” en estos asuntos para investigar de dónde provienen estos asesinatos.
Por su parte, William, sindicalista de base en Cali, explica por qué bajo el actual sistema productivo, económico y laboral en Colombia “las posibilidades de encontrar nuevos espacios laborales, nuevas empresas en formación, la creación de espacios, es imposible”.
En relación al desmantelamiento de las empresas estatales, William señala que “esas grandes empresas tradicionales que generaron una estabilidad laboral para muchas familias durante muchos años, este gobierno las ha vendido al mejor postor, inclusive por debajo del precio comercial muchas de ellas”. A ello se agrega que “con las nuevas tecnologías que llegan, muchos de los nuevos dueños bajan la cantidad de personal laboral en un ochenta o noventa por ciento aproximadamente, entonces todas estas familias que dependían de esta forma de trabajo, hoy día no hay espacios de trabajo que los puedan recoger”. “Es por eso que hoy encontramos que un gran porcentaje de las familias trabajadoras de Colombia están en las calles en el rebusque, están intentando sobrevivir de cualquier manera, inclusive la ‘piratería’ ha sido una de las mejores alternativas para la gente, la verdad es que la piratería hoy día está generando más empleos que la política de gobierno”, señaló William en la movilización en Cali.
Según varios medios, desde la mañana del sábado Primero de Mayo, cuando la Plaza de Bolívar de Bogotá se colmaba con las manifestaciones, más de 12.400 efectivos de la Policía Nacional desplegados en Bogotá reprimieron la protesta social en varias zonas de la capital. Otro tanto aconteció en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, donde operó el sanguinario Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), con un saldo de ochenta manifestantes heridos, treinta detenidos y media docena de desaparecidos temporales.
William señaló que “para mostrarle a la comunidad internacional lo que pasó ahora el Primero de Mayo, donde las ‘fuerzas del orden’ son las que han generado el caos para que no se generaran las marchas, que en los últimos quince años creo que es la mayor marcha de Primero de Mayo en Colombia, y lo que hicieron fue disolverlas con todas las estrategias posibles”.
El trabajador caleño dijo que en la marcha en esa ciudad participaron “mujeres con sus niños y sus niñas y tuvieron que salir huyendo por los gases y los posibles golpes que venían de las fuerzas policiales. Creo que hoy Colombia más que nunca está viviendo la peor crisis a nivel de sociedad”.
El caso se registró hace algunos años, pero no deja de tener actualidad. Entre otras cosas porque las organizaciones Attac Suiza y Multiwatchdenunciarán al gigante agroalimentario Nestlé por prácticas de espionaje contra militantes sociales europeos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionará en Madrid, la capital española, el 14 y 15 de mayo.
Es que la justicia nunca llegó a expedirse respecto a este escándalo, que algunos bautizaron como el “Nestlegate”, y que tomó estado público en 2008 después de una investigación de la televisión francesa, que recogió testimonios policiales en los que se admiten las infiltraciones.
Allí se supo que poco antes de una cumbre del G8 realizada en 2003, ejecutivos de Nestlé contrataron a agentes de la empresa de seguridad Securitas para que se infiltrara en la organización Attac (sigla que identifica a la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas para Ayuda a los Ciudadanos), que por aquellos días preparaba un libro crítico con Nestlé, una de las multinacionales más cuestionadas del planeta por sus violaciones a los derechos sindicales.
De acuerdo al informe que se presentará ante el TPP, la agente bajo el nombre falso de Sara Meylan espió a Attac desde agosto de 2003 hasta junio de 2004, y se estima que la corporación gastó unos 65 millones de euros en estas tareas encargadas a Securitas, que siempre ha operado en estrecho vínculo con la policía helvética.
Los integrantes del grupo infiltrado recuerdan a la agente como una simpática veinteañera que llegó al local de ATTAC para ofrecerse como colaboradora, pero que poco después elaboraba completos informes sobre los perfiles ideológicos de los demás activistas. “Nunca quería aparecer en las fotos”, recordó uno de sus colegas, en el informe televisivo que comprobó los vínculos entre Nestlé y Securitas.
Las organizaciones denunciantes recuerdan que la infiltración tuvo como telón de fondo una fuerte lucha contra la privatización de los recursos, la sobre-explotación del agua y la violación de derechos sindicales laborales por parte de Nestlé. Por aquellos días, por ejemplo, se criticaba la actividad de la multinacional en el Parque de Aguas de la ciudad brasileña de São Lourenço, en el estado de Minas Gerais, que finalmente fue cerrado en 2006. Uno de los referentes de esa lucha ciudadana, Franklin Frederick, aparece mencionado varias veces en los informes de la agente infiltrada por Securitas.
Otro caso paradigmático de los abusos de Nestlé es la histórica pelea del sindicato colombiano Sinaltrainal, pionero en las denuncias de las violaciones de derechos laborales en Colombia por parte del gigante alimentario europeo.
La multinacional de capitales suizos está presente en los cinco continentes, y sólo en América Latina tiene 76 fábricas. En diferentes informes de la sociedad civil internacional, Nestlé ha encabezado los ''rankings'' de las empresas más irresponsables en materia social y ecológica.
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