Cuando alguien cantó y alguien lo acompañó en Malvinas contra Monsanto

Victoria!!! Pero... ''la pelea no ha terminado''

Celebrando y alertas. Así se definen las organizaciones sociales chilenas vinculadas a la Soberanía Alimentaria y a su principio básico: las semillas criollas y nativas en poder de las comunidades, tras el retiro de la agenda legislativa de su país de la conocida como “Ley Monsanto” que criminalizaba prácticas ancestrales en favor de las empresas semilleras. Así lo dijo, en un análisis de la noticia conocida la pasada semana la integrante de la organización Grain, Camila Montecinos.

El clima es de una celebración cauta, según Camila, ya que se espera una reacción de las empresas del agronegocio que controlan la semilla ejerciendo más presión sobre la administración de Michele Bachelet y la coalición que sustenta su gobierno. 

La normativa integraba a la legislación chilena las directrices de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) sobre propiedad intelectual en materia de semillas. Para las organizaciones, la normativa prácticamente privatizaba las variedades vegetales e incluso penalizaba la tenencia, conservación, intercambio, uso propio y reproducción de semillas que no tuvieran origen en la industria, criminalizando así a la mayoría de campesinos y campesinas del país.

Montecinos indicó que la táctica para enfrentar al proyecto de ley pasó por demostrar que los argumentos de la industria semillera para impulsarlo eran básicamente “mitos sin fundamento real ni científico”. Tal es el caso del concepto de “descubrimiento” de una variedad vegetal. Montesinos indica que es imposible pensar en la idea de “descubrir una variedad” porque la misma es producto de un largo proceso de domesticación, adaptación y mejoramiento en el que participan cientos de individuos y colectivos.

La práctica ancestral de conservar semillas de un año o una estación para otra se convertía de acuerdo con esta norma en un delito que se procesaba de forma sumaria. Asimismo, el proyecto hoy retirado implicaba que una vez que una empresa registrara como de su propiedad una variedad, también se adueñaba a todas aquellas semillas que se le parecieran, aunque las mismas existieran previamente.

De acuerdo con las organizaciones chilenas que integran la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (mujeres rurales, asalariados y pueblos indígenas) la decisión representa “un gran triunfo” obtenido a través de las muchas acciones, reuniones, foros, entrevistas e iniciativas amplias y movilizadoras de diversas organizaciones “que permitieron una amplia comprensión de parte de la ciudadanía, mediante el desarrollo de argumentos sólidos y un trabajo de difusión masivo que incluyó a cientos de comunidades campesinas e indígenas, así como una discusión seria y metódica con una importante cantidad de Senadores”. Montecinos también señaló que el retiro del proyecto sólo fue posible debido a la fuerte presión social alcanzada en los últimos tres o cuatro años.

La lucha sigue

La CLOC también llama a mantenerse alertas ante el devenir futuro de este debate. “Tenemos que mantenernos alertas y mantener con aún más fuerza nuestra campaña de información, continuar con las conversaciones serias y fundamentadas con las organizaciones, los parlamentarios y la ciudadanía, desarrollando nuestros argumentos de manera aun más clara. Sabemos que la verdad y la justicia están de nuestra parte. Asimismo, esperamos y lucharemos porque la participación de las organizaciones campesinas y de pueblos indígenas en la discusión de una nueva ley sea efectiva y suficientemente amplia y representativa, y que cuente con las necesarias garantías de que seremos escuchados”, indican las organizaciones en su declaración.

La integrante de GRAIN señaló que, de aprobarse, esta normativa significaba el “preludio” del ingreso masivo de transgénicos a Chile, asegurando así el control del mercado de semillas y agrotóxicos, cosa que no ocurrió por ejemplo en Argentina, Uruguay o Paraguay, donde la tecnología transgénica fue introducida “a través del contrabando”.

“Aquí la pelea no ha terminado, seguramente el agronegocio va a establecer un lobbyferoz. Estamos preparándonos para eso. Chile a veces aparece como uno de los países más sumisos, pero si lo hicimos aquí es posible que se triunfe también en otros lugares donde esta ley está planteada” terminó diciendo Camila Montecinos. 

Bicicleteada en defensa de la playa Punta Yeguas

El sábado 21 de diciembre se realizará una bicicleteada hasta Punta Yeguas, defendiendo las playas del Oeste de Montevideo, los pescadores artesanales, los productores rurales y los vecinos que nos vemos amenazados por la regasificadora. Nos juntamos en la Terminal del Cerro a las 16:00.

Evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/1387383194842921/?fref=ts.

Tacuarembó libre de megaminería y Fracking

''Declaración de la Asamblea Nacional Permanente

En la madrugada de hoy (29 de Noviembre), la Junta Departamental de Tacuarembó resolvió por 23 votos contra 6 declarar a dicho departamento libre de megamineria metalifera y diamantífera a cielo abierto. A su vez -con idéntica votación- aprobó un segundo proyecto que prohibe el fracking (método de fracturación hidráulica) para la obtención de hidrocarburos o gas.

Sin duda se trata de un triunfo del pueblo tacuaremboense que se suma a lo resuelto por los departamentos de Lavalleja y Paysandú. Son  históricos pasos en la lucha de un pueblo que no quiere dejarse arrebatar su destino.

La delegación de la ANP (compuesta por distintos regionales) estuvo presente en la sesión y pudo comprobar la decisiva influencia que en la decisión de la Junta  tuvieron las más de 13.000 voluntades que reclamaban el derecho a un pronunciamiento plebiscitario  de carácter soberano sobre el manejo del territorio departamental.

Saludamos al colectivo 'Tacuarembó por la Vida y el Agua' en momentos en que  ve  coronar un gran esfuerzo que logró canalizar  la participación de la ciudadanía en la defensa del ambiente, la tierra y los bienes naturales. En este saludo incluimos a todos aquellos colectivos que transitan por el mismo camino.

Comunidad somos nosotros

No venderemos el rico patrimonio de los orientales

La tierra no se vende, se defiende

ASAMBLEA NACIONAL PERMANENTE

En defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales''.

Las más violentadas en Nicaragua siguen siendo ellas

Las mujeres rurales de la costa Caribe nicaragüense, en su mayoría campesinas, indígenas y afro descendientes, ocuparon el primer lugar de casos de feminicidio en todo el país, de enero a noviembre de este año, según el monitoreo de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

El monitoreo señala que 63 mujeres han sido asesinadas en estos 11 meses en Nicaragua y 6 en el exterior, para un total de 69 mujeres nicaragüenses, de las cuales 26 corresponden a las regiones autónomas del Caribe norte y sur del país, una zona rural muy densa y en donde el acceso a los puestos policiales y centros de salud es bastante difícil por las distancias y la geografía del territorio atravesado por ríos y montañas.

Este año, la zona más violenta de Nicaragua para las mujeres han sido estas regiones, en donde predomina el machismo y la falta de una verdadera atención integral ante los casos de violencia, opina Darling Omier, comunicadora de la ciudad de Bluefields, capital de la Región Autónoma del Caribe Sur (RAAS). La RAAS ocupa el primer lugar de casos de feminicidio este año, con 16 casos, superando por primera vez a Managua que tiene 11 asesinatos de mujeres, según el monitoreo de Católicas.

Para Omier, otra de las causas es la desconfianza ante las autoridades, pues muchas de las mujeres rurales tienen miedo de denunciar a su pareja, ya que escuchan que las cárceles están sobrepobladas y temen que los dejen libres y luego las asesinen.

La comunicadora ha recibido testimonios, en sus espacios informativos, de mujeres que llegan de comunidades lejanas y que desisten de los procesos judiciales por falta de recursos, debido a que tienen que costear transporte de largas distancias y estadías en las principales ciudades de la RAAS.

Una de las continuas demandas de la Red de Mujeres Contra la Violencia, en estas regiones del Caribe nicaragüense, tiene que ver con el acceso a la justicia para las mujeres que viven en comunidades lejanas, muchas de las cuales tienen que viajar por más de ocho horas en medios acuáticos para llegar a un puesto de salud o una estación de policía.

La Corte Suprema de Justicia ha tratado de resolver a través de los Facilitadores Judiciales (quienes están capacitados sobre la Ley 779 que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y la cual establece que la mediación es voluntaria y solo se puede hacer frente a un juez) pero en muchos casos, por la idiosincrasia de los comunitarios y la poca vigilancia de las autoridades, se violenta este derecho.

Las integrantes de la RMCV participaron este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en una marcha en Managua para demandar la aplicación de la Ley 779 y las medidas de prevención para evitar que sigan asesinando y violentando los derechos de las mujeres nicaragüenses.

''Calamitosa'' la situación educativa en Ecuador

Una jornada de movilización desarrolló el martes 10 de diciembre la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) en contundente rechazo al anuncio de cierre de escuelas y colegios intercultural bilingües. La movilización salió desde el Parque El Arbolito hacia la Corte Constitucional, en Quito, donde se planteó una acción legal en contra de la decisión del régimen. Luego la marcha se trasladaría hasta el Ministerio de Educación y más tarde al Consejo de Educación.

Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, denunció que más de un centenar de escuelas y colegios que funcionan en las comunidades indígenas están en riesgo de cerrar, debido al reordenamiento educativo que lleva adelante el Ministerio de Educación (MEC). Asimismo, los dirigentes indígenas denunciaron el cierre inminente de cinco institutos pedagógicos superiores y planteles públicos comunitarios hasta el 2017.

Carlos Pérez indicó que el gobierno pretende reducir las 19.023 escuelas comunitarias que existen en el país a solo 5,189 en los próximos cuatro años. Según cifras de la Ecuarunari, hasta el año pasado hubo 29.050 centros comunitarios, pero el resto ha sido cerrado con el argumento de que se construirán las escuelas del milenio.

“Cientos de escuelas públicas se están cerrando con el nombre eufemístico de fusión” explicó Guartambel, quién aseguró que la “situación educativa” en las comunidades indígenas es “calamitosa”. Citó, por ejemplo, el caso de Imbabura, donde según el censo de 2010 existe una población de más de 400 mil habitantes. De ellos, el 25 % es población indígena, es decir, unas 110 mil personas. Sin embargo, afirmó, “unas 70 mil personas no saben leer ni escribir”. En Imbabura se han creado dos escuelas del milenio, pero se han cerrado más de 200 escuelas, según Ecuarunari.

Pérez explicó que es deber del Estado respetar la identidad de las unidades educativas indígenas y no cerrarlas por los pocos estudiantes. “Estas se consiguieron con la lucha de las organizaciones indígenas. Así sea para un estudiante, debe existir un docente que enseñe”, afirmó.

Manuel Lita, un padre de familia de cuatro estudiantes de la escuela Provincia de El Oro, de la comunidad indígena de Morlán, en Cotacachi, fue uno de los participantes en la marcha. Él manifiestó que están preocupados porque el plantel educativo local redujo la plantilla de profesores de 10 a 3 este año. Comenta que las autoridades les sugirieron inscribir a sus hijos en la Unidad del Milenio Sumak Yachana Wasi (Casa del Buen Conocimiento, en Quechua) pero la nueva institución está ubicada a 7 km. de su residencia.

Respuesta oficialista

Por su parte el Ministerio de Educación oficializó el lunes 9 de diciembre el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y que, según el titular del sector, resulta de un trabajo que “entiende a la educación bilingüe como parte inherente a todo el sistema y no como algo aparte”. El nuevo modelo, según datos ''oficiales'', beneficiará a 18 pueblos y 14 nacionalidades a nivel nacional.

“El Estado garantiza las formas de aprendizaje de acuerdo con la cosmovisión de las nacionalidades y pueblos” y “la inclusión de contenidos con pertinencia cultural y lingüística”, aseguró el ministro, Augusto Espinosa.

Han implementado 190 distritos, con sus respectivos directores, quienes pertenecen a las nacionalidades de mayor prevalencia en cada territorio. “Buscamos que los directores no sean hispanohablantes, sino bilingües”, dijo.

Las autoridades informaron que la demanda se ha incrementado, ya que en el periodo 2009-2010 había 148 mil estudiantes y en 2012-2013 hay 161 mil. Sin embargo, hay un déficit de docentes. “Para la educación intercultural bilingüe tenemos más de 10 mil docentes, pero un gran número son bachilleres”, mencionó Espinosa. Para suplir esta necesidad impulsarán la profesionalización en Ciencias de la Educación con mención en Educación Intercultural Bilingüe y en Lenguas Ancestrales, así como postgrados en estas especializaciones. También habrá material en idiomas nativos.

El ministro Augusto Espinosa, explicó que la fusión de las instituciones se efectuará considerando la realidad del territorio. “No en todos los territorios vamos a poder tener unidades educativas grandes. Se va a respetar la realidad territorial”. Además, agregó que se conversará con las nacionalidades y comunidades donde ocurran estas situaciones. “Sabemos que hay resistencias, producto de la desinformación de determinada gente con intereses personales, grupales y electorales”, refirió.

Por su parte, Nelson Calapucha, dirigente del Parlamento Amazónico, hizo un llamado para que “los coordinadores de los distritos recorran las comunidades y conozcan las necesidades”. 

Controversia educativa

Milton Luna, coordinador nacional del Contrato Social por la Educación, consideró “imprescindible” que el Ministerio de Educación “explique”, no sólo en teoría, sino en la práctica, al movimiento indígena y otros actores de la sociedad en qué consiste el proyecto de reducción de escuelas comunitarias. Caso contrario, aseguró, se corre el riesgo de que los niños pierdan su derecho a la educación por no existir la suficiente oferta académica, informó el diario La Hora.

Agregó que, frente a un eventual cierre de escuelas ubicadas en las zonas rurales y alejadas de los centros urbanos, “lo obvio” es que se haya previsto la instalación de la oferta educativa que supla esa necesidad.

Una buena y otra mala

Las últimas recomendaciones realizadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las inversiones en agricultura de pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria, representan avances muy significativos en la esfera multilateral en la concientización del rol de esa agricultura para la alimentación del planeta. También implican un reconocimiento de numerosos actores centrales, como los campesinos, indígenas y pastores, entre otros varios aunados en diversos movimientos sociales.

Sin embargo, las recomendaciones del mismo CSA sobre biocombustibles recorren justamente el camino inverso. Este informe especial que busca profundizar en estos avances y retrocesos del CSA, que se ha transformado en cualquier caso en un espacio con participación activa de la sociedad civil y que ha facilitado el intercambio con los gobiernos, lo cual destacan los propios movimientos sociales.

Un debido reconocimiento: recomendaciones sobre inversiones en agricultura de pequeña escala

El CSA es un espacio multilateral, que fue reformado en 2009 para dar lugar a la participación de los diversos actores interesados en la seguridad alimentaria y la nutrición. Integran el CSA, por ejemplo, los estados que son parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). También pueden ser parte del CSA los estados que no integran FAO pero están en ONU, y además hay una importante participación de empresas. Lo más novedoso es la fuerte presencia en el Comité de diversos movimientos y organizaciones sociales, que se agrupan en lo que se llama el “Mecanismo de la Sociedad Civil”: campesinos, pequeños agricultores, pueblos indígenas, pastores, pescadores artesanales, mujeres, jóvenes, consumidores, ecologistas, defensores de derechos humanos, entre muchos otros.

“El objetivo último del CSA reformado es constituir la principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para que todas las partes interesadas trabajen de forma coordinada con miras a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos”, expresa la web de FAO dedicada al CSA. “El Comité proporciona informes anuales al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas”, agrega.

Las recomendaciones del CSA en su última sesión (la Nº 40, que tuvo lugar en Roma, la capital de Italia, del 7 al 11 de octubre) sobre las inversiones en la agricultura de pequeña escala para la seguridad alimentaria y la nutrición, se basaron en un informe preparado por el Grupo de Expertos de Alto Nivel del CSA. El estudio había sido encargado por el Comité en 2011.

El activista Martín Drago, coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) y presente en Roma, calificó de “muy bueno” el informe y contó que en la elaboración de ese reporte participó gente de la academia allegada a los movimientos sociales. Las recomendaciones del Grupo de Expertos fueron negociadas toda la semana y allí las organizaciones y movimientos sociales jugaron un rol activo y determinante.

“Este grupo de recomendaciones del CSA marca un estándar de qué representan las inversiones en la agricultura de pequeña escala o el rol de los agricultores a pequeña escala y por qué es importante la inversión en ella”, dijo Drago. “Es una base tanto para las negociaciones en el CSA como para las que se pueden dar a nivel nacional con cada gobierno, e inclusive con las articulaciones regionales, para exigir esa base”, estipuló.

El primer punto destacado por Drago de los acordados en octubre es que el CSA reconoce que los productores de pequeña escala desempeñan un papel central para la seguridad alimentaria y que son los principales inversores en su propia agricultura. “Quien más invierte en agricultura a nivel global es el propio productor. No es un banco, ni otra entidad financiera, ni siquiera los gobiernos, son los propios productores, a veces con mucho sacrificio y con trabajo propio, ni siquiera con dinero”, explicó. Además, “no es una inversión que sólo les sirve a ellos, sino que derrama beneficios al resto de la sociedad”.

Una recomendación importante es que se invita a los gobiernos y a las partes interesadas a nivel nacional, en especial a las organizaciones de productores de pequeña escala, a desarrollar una visión nacional de esa pequeña agricultura y acompañarla de un marco amplio de políticas públicas y presupuestos relevantes que le den apoyo.

En tercer lugar Drago subrayó que se enfatizó la importancia del reconocimiento jurídico y el respeto a los derechos de los agricultores de pequeña escala, así como la necesidad del fortalecimiento de sus organizaciones.

El CSA recomendó también promover la capacidad de los productores de pequeña escala para acceder, mejorar, producir, conservar, intercambiar y usar las semillas que necesitan. “Necesitamos que los productores puedan reproducir sus semillas, cultivarlas, mejorarlas. Ellos juegan un rol relevante en esa mejora de las variedades animales y vegetales”, dijo Drago. “No se requieren actores externos y no queremos a las multinacionales” jugando ese rol, añadió. Según el CSA, se debe apoyar la conservación y el desarrollo de la biodiversidad agrícola e inclusive se agregaron enfoques agroecológicos. “Tuvimos una gran disputa para que se incluyeran”. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil y Argentina fueron los más duros al rechazar esa iniciativa de los movimientos sociales.

El Comité también retomó decisiones anteriores e instó a los gobiernos a promover una gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales, e hizo hincapié en garantizar el acceso y la tenencia de tierra y recursos a los productores de pequeña escala. “También habla, y esto es bien importante para nosotros, de priorizar las inversiones públicas en apoyo a las inversiones propias de los pequeños productores. Es decir, hay que apoyar la producción a pequeña escala, pero ese apoyo no lo dejemos librado al mercado”. Otro aspecto relevante refiere al rol de la investigación. La sugerencia del CSA es en pro de fortalecer los sistemas participativos de investigación, a través de la combinación de “los conocimientos tradicionales y los resultados de las investigaciones científicas” (aunque para nosotros las mejoras que implementa el productor en su tierra también son ciencia).

El Comité de ONU marcó asimismo la necesidad de apoyar el desarrollo de los mercados locales y el acceso de los productores de pequeña escala a esos mercados. Se habla de un “acceso remunerativo”, que permita a los productores “vivir de su producción y mantenerla”. También se reconoce la importancia de los intercambios no monetarios y de los sistemas alimentarios locales. En los territorios no siempre los productores intercambian entre ellos por dinero, también intercambian sus productos. “Esto también juega un rol en inversión, es importante el reconocimiento y no penalizarlo”, enfatizó Drago.

Agrocombustibles: varios pasos atrás

En tanto, la otra coordinadora del Programa de Soberanía Alimentaria de ATI, Kirtana Chandrasekaran, que también estuvo en Roma, se refirió a las recomendaciones del CSA sobre biocombustibles, o “agrocombustibles”, como prefieren llamarles. El CSA también le había pedido al Grupo de Expertos de Alto Nivel en 2011 recomendaciones en ese sentido.

Según relató Chandrasekaran, ese panel llegó a importantes conclusiones. Por ejemplo, los expertos descubrieron que las importaciones de agrocombustibles y también los objetivos y mandatos de los gobiernos para producirlos generan impactos en la volatilidad de los precios de los alimentos. “Porque cuando la demanda de biocombustibles crece, los precios de los cultivos también tienden a subir”. Entonces, en términos generales, el Grupo de Expertos encontró una fuerte correlación entre la volatilidad de los precios y la disponibilidad de alimentos, y la seguridad alimentaria y los biocombustibles. Por eso el Grupo de Alto Nivel recomendó a los gobiernos actuar en consecuencia. “Pero muy desafortunadamente los gobiernos presentes en el CSA no tuvieron en cuenta estos hallazgos e hicieron un grupo de recomendaciones muy muy débiles sobre cómo tratar el tema agrocombustibles”, manifestó la ecologista.

Explicó que muchas negociaciones en el CSA ocurrieron en paralelo y hubo unos pocos países pro-agrocombustibles, como Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá, que presionaron muy fuerte para que las recomendaciones del Grupo de Expertos no se tuvieran en cuenta. “Hubo una muy fuerte presencia de la industria de los agrocombustibles, probablemente por primera vez en el CSA, los que obviamente hicieron mucho lobby con sus gobiernos para que se hicieran cambios” a los textos recomendados, dijo Chandrasekaran.

En contrapartida, hubo gobiernos muy preocupados por el impacto negativo de los agrocombustibles, algunos africanos y de Medio Oriente. Esos gobiernos trataron de jugar un “rol positivo”, según la representante de ATI, pero les resultó imposible enfrentar las grandes tácticas del grupo de estados a favor de la producción de granos para generar combustibles. “Fue muy decepcionante”, se lamentó la activista.

La ambientalista evaluó que los malos resultados logrados en el tema agrocombustibles tienen que llevar a la sociedad civil a una mayor reflexión sobre cómo afrontar ese asunto. Hay que pensar sobre “cuánta presión pública y política fuimos capaces de generar en el proceso sobre agrocombustibles y seguridad alimentaria en el camino a la sesión del CSA y durante las negociaciones”.

No obstante, Chandrasekaran enfatizó que “por lo menos tenemos un documento que reconoce que los agrocombustibles tienen un impacto en la seguridad alimentaria y el hambre”, aunque “realmente no mandata a los gobiernos a tomar acciones, que es donde perdimos, lo cual es un gran problema”. La activista agregó que el informe del Grupo de Expertos es muy sólido y que se puede usar para trabajar directamente con los gobiernos nacionales para que “tomen apunte”.

El CSA como espacio de participación activa: el Mecanismo de la Sociedad Civil

El activista Otto Bruun, de Amigos de la Tierra Finlandia, que también concurrió a la sesión 40 del CSA, destacó la importancia de las reuniones del Mecanismo de la Sociedad Civil previas a la sesión del Comité en octubre, porque sirvieron para prepararse y aunar posiciones de cara a las negociaciones.

Para el ecologista, el espacio de la sociedad civil ha servido para forzar a muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) en Europa a entender que no son representantes legítimos de pueblos y movimientos sociales que viven muy lejos, pero que pueden trabajar junto a esos movimientos y ayudar a facilitar ese espacio. “Creo que hay mucho por hacer para continuar ese trabajo y seguir recordándonos que no se trata de las ONG y sus círculos, sino de acciones reales y pueblos hablando en su propio nombre. Y esta idea de representación implica un empoderamiento que también nos puede llevar a dar pasos hacia adelante”, manifestó Bruun. El activista dijo que es un trabajo en proceso y que motiva ir en esa dirección, con claridad de que en “cualquier desarrollo en el marco del Mecanismo de la Sociedad Civil son los movimientos sociales los que hablan en representación de las comunidades que en ellos se articulan”. Bruun resaltó que ese Mecanismo tiene además la riqueza de unir a grupos de diversos países que pueden establecer claramente los vínculos entre las realidades que afrontan.

En tanto, Chandrasekaran calificó el actual proceso del CSA como “único” porque hay un espacio “muy bien organizado” en el que varios actores globales de la sociedad civil se unen para discutir algunos de los temas más importantes de la actualidad sobre soberanía alimentaria. Agregó que el Mecanismo de la Sociedad Civil es un espacio de discusión que permite a los movimientos sociales participar de las negociaciones en el CSA con posiciones previamente acordadas.

“Una de las mejores cosas de este espacio es que es realmente dirigido por los movimientos sociales”, aseguró Chandrasekaran. “El Mecanismo es diseñado para ser liderado por las comunidades afectadas por las políticas implementadas por los gobiernos”, y que efectivamente sea así otorga “credibilidad y peso político a lo que la sociedad civil está diciendo”.

A su turno, Drago resaltó que el CSA es un espacio multilateral de gobiernos, “y por ende público”. “Nosotros tenemos que defender el acceso a los espacios públicos de toma de decisiones o de elaboración de recomendaciones. Entendemos que la sociedad civil tiene derecho a participar y que el sector privado no debería tener el mismo derecho”, señaló.

Para el coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de ATI, el CSA es un ejemplo de cómo las organizaciones y movimientos sociales pueden participar en forma organizada, con contribuciones a los debates, con argumentos sobre sus posiciones para influenciar la toma de decisiones de los gobiernos. “Creemos que es un espacio a defender, a fomentar, y para el que es sustancial tener un mecanismo que garantice una participación real de la sociedad civil”, consideró. Drago evaluó además que “participar organizadamente, con posiciones construidas con una diversidad de organizaciones muy importantes, de todos los continentes, necesita organización y ella requiere coordinación y presupuesto”. “Y exigimos que sean los gobiernos los que financien esa participación”, cerró.