En Ecuador la ''Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones'' ya cuenta con un decreto ministerial que le da existencia. Se definió además, como estará conformada esa auditoría. En tanto, a nivel de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) también se ha empiezado a ver a los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) como una amenaza de las corporaciones transnacionales contra los Estados.
Esas son dos de las principales novedades que surgieron del taller internacional “Alternativas al Régimen Internacional de Protección de Inversiones y al Sistema de Resolución de Controversias entre las Empresas Transnacionales y los Estados”, que se llevó a cabo el jueves y viernes en Guayaquil, Ecuador.
La cita tuvo la convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del gobierno ecuatoriano. Los otros convocantes fueron la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), la fundación alemana Friedrich Ebert, el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales (ILDIS), Jubileo 2000 Red Ecuador y la Alianza Social Continental. Asimismo, hubo participantes y especialistas oradores de organizaciones y movimientos sociales, y de gobiernos, de varios países de América Latina.
El ecologista Alberto Villarreal, de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, participó del encuentro. El equipo de la Auditoría Integral Ciudadana “va a constar de cuatro integrantes de reparticiones del Estado, cuatro especialistas internacionales en la materia y cuatro integrantes de los movimientos y organizaciones sociales de Ecuador”, más los respectivos 12 suplentes, contó Villarreal. “Está definiéndose en este momento la integración y hubo una postura en general del encuentro a instar a que la selección de las organizaciones en Ecuador se haga obviamente por parte de las propias organizaciones, y con miras a replicar este mismo proceso en otros países”, agregó. El objetivo es que esa selección de los representantes de la sociedad civil ecuatoriana no quede en manos del Ejecutivo nacional.
Una de las conclusiones que salieron del encuentro es llevar esta propuesta de Auditoría a la cumbre oficial de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que se llevó a cabo este martes también en Guayaquil, para que ser replicada en los estados de esa alianza y más allá de ellos también.
En abril el gobierno de Ecuador convocó a diversos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil a discutir, en Guayaquil también, acciones contra el actual régimen de protección de inversiones. La Auditoría Integral Ciudadana y el Observatorio Internacional de monitoreo de casos inversionista–Estado fueron dos grandes resultados surgidos de ese encuentro. Allí más de 10 países (el bloque del ALBA más algunos estados aliados) conformaron la Conferencia de los Países del Sur para la asistencia recíproca en temas de conflictos con corporaciones transnacionales.
“Lo que más adelantado está es el tema de la Auditoría en Ecuador”, que tuvo la iniciativa del gobierno de ese país, advirtió Villarreal, pero “en muchos de nuestros países van a tener que ser los movimientos y organizaciones sociales quienes la empujen”. Llevar esa propuesta a los diversos países e impulsarla es uno de los grandes objetivos surgidos del taller internacional del jueves y viernes.
Según informó Villareal, a nivel oficial en unas primeras reuniones que se han adelantado en la esfera de UNASUR se ha identificado a los TBI como amenazas potenciales y ya con efectos negativos sobre los Estados en los arbitrajes internacionales, y la necesidad de revisar toda esa política.
Si bien Ecuador y los países del ALBA jalonan este proceso de cuestionamiento de los TBI y de los arbitrajes internacionales extra territoriales, la idea de las organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos es que a nivel de la UNASUR se siga trabajando el tema, a pesar de las diferencias políticas entre los países que integran ese bloque.
En tanto, el Observatorio Internacional de monitoreo de casos inversionista – Estado, no ha tenido tantos avances. “Teníamos la expectativa de que en estas reuniones pudiéramos escuchar del gobierno ecuatoriano un poco más cómo lo están pensando. Todavía no hay una estructura o actividades concretas. Nosotros hicimos propuestas pero teníamos expectativas de que hubiera mayor intercambio en ese sentido. No pudo ser en esta oportunidad”, se lamentó Villarreal.
Del taller de jueves y viernes surgieron como recomendación que el Observatorio tiene que ser gubernamental pero con participación directa y activa de movimientos y organizaciones de la sociedad civil. Debe ser una instancia que le de mucha mayor visibilidad a la problemática de los TBI y los arbitrajes. La propuesta es que ese Observatorio “sea una defensa conjunta de los gobiernos, movimientos y comunidades afectadas en contra de las demandas, para exponer lo viciado de esos procesos de demandas de transnacionales contra Estados, y finalmente desligitimarlos y echarlos por tierra”, subrayó Villarreal. El integrante de REDES – AT llamó a que otros países sigan el ejemplo de Ecuador, Bolivia y Venezuela, “que han emprendido un camino de denuncia y anulación de sus TBI, la revisión de sus políticas de inversiones, y de denuncia también del tratado del CIADI y de esas instancias arbitrales que le dan derechos tan extraordinarios y exhorbitantes a las transnacionales”.
.png "English"){kind=small}
