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sábado, 9 de julio de 2011

Una muestra más de la política de ''derechos humanos'' existente en Honduras

Carlos Danilo Amador

La Dirección General de Investigación Criminal hondureña detuvo el martes pasado al profesor Carlos Danilo Amador, secretario del Comité Ambientalista del Valle de Siria, departamento de Francisco Morazán. El dirigente es un público opositor a la actividad en la zona de la minera Entremares, filial de la transnacional de origen canadiense Goldcorp.

La detención de Amador “es una muestra más del supuesto ’Estado de Ley’ que tiene secuestrado a Honduras”, advierte en un comunicado de prensa la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que representa al pueblo garífuna. Este arresto “pone una vez más en tela de juicio el aparato judicial en Honduras, donde la mayoría de los operadores de justicia están al servicio de los intereses de la elite feudal que controla el país”, agrega.

Amador, también comunicador social, quedó detenido el martes en el municipio de Talanga, en Franciso Morazán. La orden judicial de captura contra él y el dirigente comunitario Marlon Róbelo Hernández fue emitida por el Tribunal de Letras de Talanga, por denuncia de la familia Raudales Urrutia, que los acusa de obstaculizar la implementación de un plan de manejo forestal, autorizado por el Instituto de ''Conservación'' Forestal, para un área de 600 hectáreas en el cerro La Terracita, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán. El Comité Ambientalista del Valle de Siria vincula la detención de Amador también a su oposición al accionar de Entremares.

Según el Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos en Honduras, Amador acompaña solidariamente desde 2010 la lucha de más de 1000 familias de comunidades de esa zona que se oponen a la explotación de la reserva forestal, con el fin de proteger sus fuentes de agua. Amador encabezó la movilización de la comunidad del Valle de Siria para defender el bosque en el cerro La Terracita cuando en abril hombres armados con motosierras intentaron talarlo. De 600 a 700 personas se hicieron presentes en el lugar para evitar la destrucción. En ese entonces el dirigente denunció la irresponsabilidad tanto de la Fiscalía del Ambiente como del Instituto de ''Conservación'' Forestal, que ya sabían de las intentonas de deforestación y no habían tomado medidas para frenarlas.

En tanto, la minera Entremares lleva varios años en el Valle de Siria y es acusada allí de contaminación con cianuro y otros metales pesados, lo que ha afectado a la salud de la población local, según denuncia la OFRANEH.

La transnacional Goldcorp tiene antecedentes de destrucción ambiental y violación de derechos humanos. Por ejemplo, en Guatemala su filial Montana Exploradora es propietaria de la mina Marlin, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos. Allí la minera violó el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a su autodeterminación. El emprendimiento también viola el derecho a la salud, a la protección del medio ambiente y de acceso al agua, entre otros.

De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoció en mayo de 2010 que la concesión minera a Montana Exploradora y el inicio de la explotación (2005) se concretaron sin consulta previa plena, libre e informada a las comunidades afectadas del pueblo maya. Por eso la Comisión ordenó al Estado guatemalteco una suspensión de las actividades.

“El valle de Siria se convirtió en una clara señal de las graves consecuencias que representa la minería a cielo abierto, las graves consecuencias ambientales y la miserable ganancia que aporta al erario nacional”, se lamenta la OFRANEH.

“Es inaudito que la Dirección General de Investigación Criminal haya procedido a detener al ambientalista Amador, que tiene como vocación defender la Madre Tierra”, dice la organización garífuna. “Sin embargo, esta es una muestra de la política de derechos humanos que existe en el país”, sentencia.

viernes, 8 de julio de 2011

Caravana Comunitaria en Defensa de las Fuentes de agua y el Modelo Agroexportador



Desde el pasado sábado y hasta hoy viernes 8 de Julio, se estuvo desarrollando en Perú una movilización denominada “Caravana Comunitaria en Defensa de las Fuentes de agua y el Modelo Agroexportador”, de la que participaron varias organizaciones, actores sociales y políticos de ese país.
La caravana, que partió desde la norteña ciudad de Piura, se dirigió a la capital de la provincia de Huancabamba, pasando luego por el distrito de Carmen de la Frontera, el complejo de las Lagunas de las Huaringas, el distrito de Pacaipampa, la Comunidad Campesina de Yanta, la ciudad de Ayabaca, el distrito de Montero, para emprender posteriormente el retorno a la ciudad de Piura.
Fue organizada por la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca (Feprocca) y por el Comité de Rondas de Hualcy. Forma parte de la "Campaña de Zonas Libres de Minería”, que promueven desde el año pasado el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte de Perú (FDSFNP), Muqui – Rede Propuesta y Acción (CooperAcción) y el Comité Académico Técnico de Asesoría a Problemas Ambientales (Catapa).
Según difundió la Agencia de Noticias Biodiversidad, con la caravana se buscó "promover la preservación de áreas naturales y evitar la generación de conflictos socio-ambientales provocados por la imposición de actividades mineras dentro de territorios comunitarios”. Por ello, los participantes de la movilización entraron en contacto con las comunidades campesinas que visitaron en el trayecto, conociendo de primera mano las estrategias de resistencia que desarrollan frente al modelo que se les intenta imponer.
Con la campaña en la que se inscribe la caravana se busca dirigir la atención tanto de la sociedad peruana como de las autoridades del país sobre los impactos que genera la minería en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, ya que el 25% de los territorios de dichas provincias del Norte peruano están adjudicados a empresas de explotación minera.
Asimismo en Perú 20 millones de hectáreas, alrededor de un 16% del territorio, está ocupado por concesiones mineras, señaló el economista José de Echave, de la Red Muqui, según consignó la agencia Púlsar. “Este crecimiento se ha dado con un marco legal muy favorable para las inversiones y cada vez ha ido creando situaciones mucho más favorables para las empresas y mucho más desfavorables para las comunidades”, agregó.
En la zona en la que se realizó la caravana, la mayor de las luchas se está dando contra el proyecto “Río Blanco” (Minera Majaz), una iniciativa que ha sido asociada con graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen muertes y denuncias por secuestro y tortura de opositores al proyecto. A su vez, según recoge Biodiversidad, en una consulta comunitaria llevada a cabo en 2007, el 97% de las poblaciones locales expresaron estar en contra de la actividad minera en la región. Qué más se puede decir entonces?
Los organizadores de las movilizaciones comprendidas en la "Campaña de Zonas Libres de Minería” llaman la atención a su vez sobre los riesgos que la actividad minera representa para el suministro de agua de las comunidades, ya que contamina sus principales fuentes de abastecimiento del recurso.

Vía libre a los transgénicos en Uruguay


Cinco nuevos eventos de maíz genéticamente modificado acaban de ser aprobados para cultivo y producción comercial en Uruguay, donde se detectó hace ya dos años la contaminación transgénica en variedades de maíz convencional. Algunas organizaciones sociales nacionales alertan sobre los inefectivos procesos de consulta pública aplicados para las nuevas autorizaciones y denuncian la falta de información.

En Uruguay ya estaban liberados los maíces transgénicos MON 810 (2003) y BT11 (2004), de la empresa estadounidense Monsanto y la suiza Syngenta respectivamente, resistentes a ataques de insectos ''plaga''. También ya estaba aprobada la Soja RR (1999), también de Monsanto y resistente al herbicida glifosato.

Las variedades aprobadas ahora son: el GA21 y el NK603 (las dos de Monsanto y resistentes al glifosato), el híbrido surgido del BT11 y el GA21 y el creado a partir de la cruza entre el MON810 y el NK603 (los dos resistentes a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al glifosato), y el TC1507 (conocido comercialmente como Herculex, de las empresas estadounidenses Dow AgroSciences y Pioneer, resistente a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al herbicida glufosinato de amonio).

Los nuevos eventos son los primeros aprobados en Uruguay luego de siete años y de que rigiera en el país una moratoria de 18 meses a la aprobación de nuevos transgénicos, que se levantó a mediados de 2008. “Lo nuevo es que ahora vamos a tener maíces tolerantes a herbicidas”, dijo el investigador Pablo Galeano, que trabaja en la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay y en REDES – Amigos de la Tierra de ese país. Galeano es licenciado en Bioquímica y fue uno de los responsables del estudio científico que hace dos años detectó contaminación transgénica en predios de maíz no modificado genéticamente.

Uno de los puntos más preocupantes para REDES – AT Uruguay es lo que tiene que ver con los procesos de consulta pública realizados para aprobar los nuevos transgénicos. Galeano explicó que antes esos procesos eran abiertos y en reuniones cara a cara. “En este caso todo fue hecho por internet, con poca difusión de las instancias de consulta, y lo más grave es que fue con mucha restricción con respecto a la información que se brinda en la página web del Ministerio de Ganadería”, se lamentó el científico.

De hecho, varios técnicos encargados de evaluar el comportamiento de los cinco nuevos organismos genéticamente modificados alertaron en una primera instancia que se les dio muy poco tiempo para hacer su trabajo.

Autorizaciones con información parcial y escasa

La aprobación de transgénicos en Uruguay pasa por una instancia política que es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, en el que están representados los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Ganadería, Economía e Industria. Los que firman las autorizaciones finalmente son los ministros correspondientes.

Ese Gabinete se guía por el trabajo de la Comisión para la Gestión de Riesgo, dirigida por el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Enzo Benech. A su vez, esta instancia delega el trabajo de evaluación a la Evaluación de Riesgo en Bioseguridad, que a su vez consulta a un comité de articulación institucional, en el que están: el INIA, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Facultad de Agronomía, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Ministerio de Ganadería, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Los representantes de estas instituciones se unen en grupos de trabajo. “Lo que hacen es leer los dossiers que mandan las empresas y en base a eso, si tienen dudas, piden una ampliación de información a esas empresas y consultan alguna bibliografía más”, explicó Galeano. “No es que esa instancia haga ningún estudio. Lo que hacen es leer los resultados de los estudios que básicamente presentan las empresas”, agregó. Y qué van a decir esas empresas del producto que venden? Obviamente en Uruguay no hay interés por parte de los sucesivos gobiernos ni de ninguna de las instituciones anteriormente mencionadas, de frenar el ingreso de transgénicos al país.

El investigador de la Universidad de la República y de REDES - AT denunció que en el proceso de aprobación de los cinco nuevos maíces transgénicos los representantes del MSP que leyeron los dossiers de evaluaciones toxicológicas presentados por las empresas, consideraron que la información era insuficiente. Pero la Comisión para la Gestión de Riesgo evaluó el informe del MSP como preliminar y decidió basarse en autorizaciones hechas en otros países para decir que no había un riesgo toxicológico. “REDES hizo varios señalamientos”, e inclusive argumentó que algunos países evaluaron que sí había riesgos toxicológicos con los mismos transgénicos, “pero eso no fue tenido en cuenta”, se lamentó Galeano. “Esto es bastante grave o por lo menos de cuidado, porque refleja que hay una política de que se quiere ir para adelante con la aprobación de nuevos eventos más allá de que hayan ciertas incertidumbres con respecto a los posibles efectos en la salud de la población en el largo plazo, enfatizó.

El investigador contó que la semana pasada hubo una reunión entre representantes de la Comisión para la Gestión de Riesgo y de las organizaciones que mandaron comentarios en las consultas públicas, que solo fueron la oficina uruguaya de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) y REDES – AT. Esa escasa participación “habla bastante mal de la consulta pública”, consideró Galeano. Relató que los integrantes de la Comisión plantearon que es muy costoso económicamente a nivel local hacer los estudios de evaluación de nuevos eventos transgénicos, razón por la que no se hacen nuevas investigaciones y sólo se guían por la información de las empresas. Ante ese panorama “planteamos que esta tecnología no es apropiada, no se puede liberar”, señaló Galeano. “Lamentablemente no logramos que para las consultas públicas se cambie de mecanismo ni que se brinde más información que la que se da actualmente, que es muy poca”, agregó.

Contaminación creciente

Una investigación realizada por las facultades de Agronomía, Química y Ciencias de la Universidad de la República, solicitada por REDES – AT, certificó en octubre de 2009 la contaminación transgénica en el país en cultivos de maíz no modificado genéticamente. El estudio de las facultades se llamó “Interpolinización entre cultivos de maíz transgénico y no transgénico comerciales en Uruguay”. Galeano fue uno de los investigadores que condujo el trabajo, que encontró contaminación transgénica en tres de los cinco casos estudiados, con muestras de maizales de varios campos del país. Ahora se está ampliando ese estudio en un proceso que inició este año y llevará dos en total.

“En el mediano plazo esta contaminación transgénica va a llegar a los maíces criollos o a los maíces mantenidos por los productores”, declaró Galeano. “Como estos productores no venden todo lo que cosechan, porque una parte la guardan como semilla, van a empezar a reproducir esa semilla (contaminada) y vamos a empezar a tener de a poco una acumulación de presencia de transgenes en esos maíces”, agregó.

Además, se acaba de levantar en Uruguay la reglamentación que obligaba a que los predios con transgénicos estuvieran a por lo menos 250 metros de los predios con cultivos convencionales, con lo cual queda expuesto (no públicamente) nuevamente que el país apuesta a los trangénicos. En vez de alejarlos de las semillas criollas, se los acerca para que las contaminen. La Comisión para la Gestión de Riesgo, con una ridícula justificación, argumentó que la reglamentación anterior era muy difícil de aplicar (?), al igual que el control de su cumplimiento. Aquellos productores que quieran resguardar su producción convencional deberán avisarle a la Comisión, que visitará a los agricultores pero aún no definió un mecanismo para contemplar su preocupación. “Es como asumir que van a fluir los transgenes y aquel que no quiera que avise”, resumió Galeano. O dicho de otra manera: en vez de controlar el ingreso de trangénicos al país, se les de vía libre y a todos aquellos productores que decidan proteger la vida y la naturaleza, se los controlará, es decir, perseguirá

''Queremos un Delta que mantenga la identidad isleña''


La megalópolis Buenos Aires, capital de Argentina, sigue dando lugar en su extensión, a fastuosos emprendimientos inmobiliarios que arrasan con las escasas reservas verdes que aún subsisten en los entornos de la ciudad, como es el caso del Delta del Tigre.

El pasado 1º de julio, isleños, destacados científicos, organizaciones sociales y funcionarios de los municipios de Tigre, San Fernando y San Isidro manifestaron en forma unánime su rechazo y repudio al megaemprendimiento inmobiliario Colony Park, que causó desde 2008 la destrucción del Arroyo Anguilas y arrasó con las casas y plantaciones de esa comunidad isleñaLa nulidad de la audiencia se basa en que la misma fue realizada luego de consumadas las obras.

Más de 60 oradores de organizaciones sociales denunciaron la nulidad de esta audiencia convocada por el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, en tanto que la representante de la empresa Colony Park denigró el modo de vida isleño.

En agosto de 2008 la empresa Colony Park había invadido la propiedad de aproximadamente 20 familias isleñas del Arroyo Anguilas arrasando con topadoras sus casas y plantaciones forestales. Recién tres años después la comunidad y las autoridades locales fueron convocadas a una audiencia pública.

En representación de la empresa expuso la Lic. Laura Janeiro, quien no tuvo vergüenza en mostrar fotos de casas isleñas humildes y decir que no se puede defender la vida en esas condiciones precarias. Argumentó que el Delta ya está degradado y alterado ambientalmente, aludiendo a la caza y la pesca de los isleños (que no es lo que lo ha degradado) y que ya hay desigualdades sociales, por lo cual Colony Park no sería algo distinto a lo que ya hay.

Reconoció que la empresa destruyó las casas de familias y el medio ambiente pero lo justificó (?) diciendo que después de todo las plantaciones que destruyeron eran de especies exóticas, y ellos tienen un proyecto de vivero de plantas nativas.

No menos sorprendentes fueron las declaraciones de los voceros de los municipios de Tigre y San Fernando. Por primera vez luego de más de dos años de iniciadas las obras, Julio Zamora (presidente del Consejo Deliberante de Tigre y referente del intendente Massa), Esteban (Concejal de San Fernando del Frente Para la Victoria), y Castellano se manifestaron en contra del megaemprendimiento inmobiliario.

Zamora llegó incluso a decir que se va a buscar a los responsables del gobierno municipal que dejaron que estas obras se ejecuten y que es “inviable e imposible que el Colony pase. Queremos un Delta que mantenga la identidad isleña”. Otros actores políticos como la diputada provincial Liliana Piani y concejales de Tigre y San Fernando de la Coalición Cívica, y Marcelo Díaz, diputado provincial socialista también repudiaron el emprendimiento.

Reconocidos científicos del humedal como Patricia Kandus (UNSAM) y Fabio Kalesnik (UBA) expusieron las razones técnicas de por qué este emprendimiento, y otros similares que se proyectan, destruyen el ecosistema del Delta.

Entre las organizaciones e instituciones que manifestaron su rechazo y denunciaron la nulidad de la audiencia se encontraban: Cooperativa Isla Esperanza, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Asamblea Delta y Río de la Plata, Ala Plástica de la Red Delta del Paraná, Asamblea de Béccar, Amigos de la Tierra Argentina, Fundación ECOSUR, Equipo Ambiente Sano del Obispado de San Isidro, Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, Movimiento en Defensa de la Pacha, Espacio Intercuencas RRR, Fundación Metropolitana, Colegio de Arquitectos de la pcia. de Bs. As., ADECAVI, Club San Fernando, Foro de RR.NN. de la FCEN, entre otros.

jueves, 30 de junio de 2011

China tampoco es un buen ejemplo



Una economía vanagloriada, un ''desarrollo'' entregado al mundo como vertiginoso y ejemplar, un país ''emergente'' que alcanza a los más ''ricos''. Todo esto y mucho más es el disfraz que se le entrega a la sociedad mundial por parte de políticos y medios masivos de comunicación, acerca de China. Pero no se nos dice que este ''desarrollo'' económico no tiene nada de sustentable y que por el contrario existen infinidad de desastres, especialmente socioambientales, que ponen de manifiesto que el crecimiento chino es, como en la mayoría de los países en el mundo, sumamente destructivo


Un ejemplo entre tantos que podríamos tomar, son los cursos de agua de aquel país. La mitad de las áreas marinas de China están contaminadas a raíz del rápido crecimiento económico de las regiones costeras del país, dañando la vida oceánica y amenazando a los seres humanos.

Aproximadamente 48.000 kilómetros cuadrados del área oceánica china están particularmente afectados, lo que supone un aumento de 18.300 kilómetros cuadrados en relación al año pasado, según un informe de la Administración Estatal Oceánica de China (SOA). De las 18 zonas ecológicas controladas por esa entidad, 14 están seriamente contaminadas

Después de 30 años de explosivo crecimiento económico, el año pasado China superó a Japón como segunda mayor economía mundial. Aunque ese crecimiento ha mejorado las vidas de decenas de millones de personas, también ha convertido a China en uno de los países más contaminados del mundo, desde el cielo hasta el mar.

Centros costeros en auge vierten una cantidad cada vez mayor de desechos industriales y domésticos en el mar. Alrededor de 147.000 kilómetros cuadrados de las aguas costeras de China no cumplieron los estándares de "agua clara" en 2009, lo que implica un aumento de 7,3 por ciento en relación al año anterior, informó la SOA el año pasado. 

El nuevo informe (Boletín Ambiental Marino de China 2010) concluyó que 86 % de los estuarios, bahías, pantanos, arrecifes y lechos de algas marinas del país estaban por debajo de lo que la SOA considera "saludable"

China tiene hasta cinco millones de hectáreas de estuarios y pantanos costeros; ambos son ecosistemas importantes. Desde los años 90, la construcción de represas y los intentos por ganarle tierra al mar amenazan estas áreas. Los pantanos costeros desaparecen en una proporción de 20.000 hectáreas al año, y 337 de 457 desembocaduras en los estuarios chinos están excesivamente contaminadas, según un informe de la SOA de 2009. 

En 2008, China tenía 13.380 kilómetros cuadrados de tierra ganada al mar, que en los años 90 representaban 8.241 kilómetros cuadrados, señaló el mes pasado un artículo publicado en el Legal Daily

El rápido incremento de los niveles de petróleo, pesticidas y otros contaminantes peligrosos está dañando la vida marina del país. Esto incluye el suministro de mariscos, según informes de medios estatales divulgados el año pasado. 

Se descubrió que los mariscos de áreas cercanas a la costa contenían "excesivos productos químicos dañinos", como plomo, cadmio y el insecticida DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano). Los niveles de plomo detectados eran 50 % superiores a lo normal, mientras que los de cadmio y DDT eran 40 % superiores

El plomo puede dañar el sistema nervioso y causar desórdenes en la sangre y el cerebro si se lo consume en cantidades excesivas. La Organización Mundial de la Salud considera que el DDT es un pesticida "moderadamente peligroso". 

El año pasado, las aguas costeras de China sufrieron 68 "mareas rojas" o florecimientos de algas, causados por excesivos líquidos residuales en las aguas, lo que afectó a 14.700 kilómetros cuadrados, 3,4 veces la cantidad perjudicada en los años 90, según el informe "Algae bloom seriously threatens fishing resources" (El florecimiento de algas amenaza seriamente a los recursos pesqueros), dijo a IPS el investigador Yu Rencheng, del Instituto de Oceanología de la Academia China de Ciencias Sociales

Entre las áreas severamente contaminadas figura el Mar Amarillo, las bahías de Liaodong, Bohai y Laizhou, el estuario del Río Yangtze, la bahía de Hangzhou y el estuario del Río Perla. Los contaminantes que exceden los valores normales incluyen al nitrógeno inorgánico, al fosfato reactivo y al petróleo. Según el informe de la SOA, 50 % de las aguas chinas enfrentan problemas de contaminación

''Los niveles peligrosos de contaminación por lo general se encuentran cerca de áreas que experimentan un rápido desarrollo económico'', explicó Yu. Las principales causas de la contaminación costera incluyen la descarga de aguas servidas sin tratar, el vertido de aguas residuales de industrias y residencias, y los derrames resultantes de la navegación y los accidentes marítimos. 

Entre 1998 y 2008 hubo 733 accidentes de embarcaciones en jurisdicción oceánica de China, lo que causó enormes pérdidas económicas y ambientales, según cifras del gobierno. En los años 90, el gobierno intentó reducir la contaminación en los principales ríos del país, que desembocan en el océano. 

''Junto con las leyes nacionales, los gobiernos locales y provinciales fueron alentados a implementar sus propias normas y regulaciones, a fin de prevenir y controlar la contaminación de pequeños y medianos cuerpos de agua'', dijo Yu

En 2009, el Consejo de Estado de China emitió regulaciones para reducir la contaminación marina causada por la navegación. La medida incluyó 78 nuevas normas que entraron en vigor en 2010 y exigió a los departamentos de transporte que funcionan bajo la órbita del Consejo de Estado desarrollar planes de emergencia que hagan frente a esa vertiente de contaminación. 

Funcionarios del gobierno admitieron que todavía queda un largo trecho por recorrer en el abordaje de la contaminación marina. "Nuestra calidad ambiental solamente mejora en ciertas áreas, pero en general el ambiente se está deteriorando", dijo el viceministro de Protección Ambiental, Zhang Lijun, a los medios estatales. 

Lan Hongyan, experto en ambiente marino de la Universidad Normal de Hebei, dijo que gran parte del problema radica en la falta de coordinación del abordaje de la contaminación oceánica. Varios organismos gubernamentales, entre ellos la Administración Oceánica, la Administración de Seguridad Marina y otros departamentos nacionales y provinciales, dicen vigilar diferentes aspectos de la regulación en este sentido. "No tenemos un sistema poderoso y coordinado, lo que impacta en la aplicación de la ley", dijo Lan a IPS



¿Qué es lo que se ha aprobado en Grecia? Conozca "el paquetazo" impuesto por FMI y UE



En 2011 el Gobierno griego pretende recaudar unos 5.000 millones de Euros con la venta del monopolio de apuestas y loterías OPAP, el Postbank, la empresa de gestión de aguas de Salónica, la segunda ciudad del país y las empresas de gestión portuarias del Pireo y Salónica.

Entre 2012 y 2015 se pretenden recaudar otros 45.000 millones con la privatización completa o parcial de la empresa de gestión del agua de Atenas, refinerías, empresas eléctricas, el ATEbank, especializado en el sector agrícola, así como la gestión de puertos, aeropuertos, autopistas, derechos de explotación de minas, y propiedad inmobiliaria y terrenos estatales.

El paquetazo

1.- Paquete de consolidación fiscal

Las nuevas medidas pretenden recortar los gastos del Estado en unos 14.300 millones y recaudar otros 14.100 millones hasta 2015, con el objetivo de situar el déficit por debajo del 3% del PIB ese año.

2.- Subidas de impuestos

El Estado impondrá un "impuesto solidario" de entre el 1 y el 4% a las rentas más altas. Para ministros, parlamentarios y otros cargos públicos con ingresos importantes el impuesto es del 5%.

Suben en 300 euros anuales los impuestos a profesionales que trabajan por cuenta propia, como abogados, fontaneros o taxistas.

Reducen el mínimo exento de tasación de los 12.000 a los 8.000 euros, aunque quedan excluidos los trabajadores de menos de 30 años y los pensionistas, y se crea un impuesto inmobiliario especial para los propietarios de bienes de más de 200.000 euros.

Aumentan los impuestos sobre bienes de lujo como yates, piscinas y coches de alta cilindrada, se abre la posibilidad de legalizar inmuebles construidos fuera de la ley tras el pago de tasas penalizadoras y se eliminan un gran número de excepciones fiscales.

Subida del IVA para bares y restaurantes del 13 al 23% y se refuerza la ''lucha'' contra la evasión fiscal y el trabajo informal.

3.- Recortes en el gasto público

El Estado pretende suprimir 150.000 empleos públicos, el 25% del total. Para conseguirlo, no se prolongarán los contratos temporales de trabajadores en las instituciones públicas y sólo se sustituirá una de cada diez plazas de funcionarios que se retiren. Los salarios, que se recortaron una media del 12% el año pasado, volverán a ser reducidos, aunque aún no se sabe en qué cuantía.

Se suprimen diversas prestaciones sociales para ahorrar 4.000 millones hasta 2015. Se recortarán también 500 millones de euros este año en concepto de subvenciones a los organismos del Estado y otros 855 millones de euros hasta 2015 con la fusión de escuelas, hospitales, escuelas técnicas, cuarteles de la policía y otras instituciones.

Se reduce el gasto sanitario hasta 2015 en 2.100 millones de euros por medio de la racionalización de las prescripciones y recurriendo a fármacos más baratos.

Por primera vez en tres décadas se reduce el gasto militar, que hasta ahora es el más alto porcentualmente de los países europeos de la OTAN, con alrededor del 4% del PIB, aunque numerosos analistas consideran que es mayor por el uso de partidas ocultas. En total, se reducen 1.200 millones de euros hasta 2015 y se cancelan pedidos de armamento por valor de 830 millones euros.

Se reduce el gasto en inversiones públicas en 850 millones para este año.


La nefasta Estrategia de Materias Primas de los países ''ricos''



Ante el aumento de los precios de las materias primas y el acaparamiento de algunos minerales por ciertas ''economías emergentes'', Europa afila las uñas. Los países del Sur que albergan gran cantidad de bienes son, como siempre, los que salen perdiendo, en especial, sus poblaciones.

Los pasados días, los gigantes de la industria minera a nivel mundial, los temidos “majors”, estuvieron reunidos en un lujoso hotel de Barcelona, evento que pasó totalmente desapercibido, al igual que las misteriosas conclusiones a las que allí hayan llegado la Barrick Gold, la Rio Tinto, la Goldcorp, la BHP Billington, entre otras de las 150 gigantes mineras transnacionales que acaparan el total del valor de la producción mineral a nivel mundialNo obstante, las informaciones disponibles sobre el comercio de materias primas en los últimos tiempos permiten sacar algunas conclusiones.

El 70% de las manufacturas industriales o bienes de consumo de la Unión Europea (UE) dependen de sustancias minerales metálicas y no metálicas que Europa se ve obligada a importar. Para fabricar un teléfono móvil, una computadora o una pantalla de televisión, hacen falta entre 40 y 60 materias primas diferentes como el litio, el tantalio, el cobalto y el antimonio, cada vez más difíciles de obtener. La demanda y los precios están y seguirán en aumento y están definidos por ''países emergentes'' como China e India, que consumen entre el 40% y el 50% de las principales materias primas metálicas. El consumo de cobre en China ha aumentado del 12% al 40% en sólo una década. Además, el país asiático es el mayor consumidor de metales del mundo y restringe las exportaciones de sus materias primas como el aluminio, cobre, níquel o tierras raras (nombre común para dos series de elementos químicos: los actínidos y los lantánidos), antimonio y wolframio, siendo el principal país productor de estos tres últimos elementos.

A diferencia de lo que sucede en los otros ''países industrializados'' como Estados Unidos y Japón, que reconocieron más temprano su dependencia crítica de materias primas comenzando por definirlas y después acumularlas, la UE no había dado anteriormente una respuesta política integrada para asegurarse un acceso a las materias primas que considera imprescindibles para su ''desarrollo económico''. Pero ahora se reconoce como altamente dependiente, amenazada por las ''economías emergentes'', y vulnerable en este campo.

Para proteger sus intereses, la industria europea elabora desde 2008 una Estrategia de Materias Primas no Energéticas que deberá orientar sus políticas. Salpicada con términos como “minería sustentable” y “ayuda para el desarrollo”, se trata en la práctica de una agresiva estrategia comercial en términos de competencia con ''economías emergentes''. La exposición pública de esta estrategia ha sido más bien discreta y entre bambalinas, de espaldas al gran público, pero su calendario se ha ido cumpliendo a rajatabla.

“Dialoguemos, pero el oro es nuestro”

La “diplomacia de materias primas” forma parte de la Estrategia de Materias Primas. Consiste en exigir a los países con bienes minerales que eliminen las restricciones al comercio de materias primas, instrumentando acuerdos comerciales y políticas de cooperación al desarrollo que contengan cláusulas que garanticen el acceso a las materias primas. La UE ofrece ayuda para construir el know how en los ''países en desarrollo''. Esto facilita la extracción de las materias primas, así como las negociaciones con empresas mineras.

''Diplomacia'' por delante, ya está activa la Estrategia de Materias Primas en Rusia, África y Sudamérica. De este saqueo planificado se hacen cómplices todos los ''países industrializados'' en su afán de crecimiento ilimitado.

A pesar de que la crisis generalizada no hace más que profundizarse, la UE promueve políticas de ''crecimiento'' y consumo desmedidas que hacen aumentar la demanda de materias primas. Su estrategia para salir de la crisis apunta a la innovación tecnológica y de procesos y modelos empresariales y sociales. La Estrategia de Materias Primas se enmarca en la Estrategia Europa 2020, más general, bajo el lema “competir en el mundo”.

¿Ayuda al desarrollo?

Para implementar su Estrategia global a través de la ''cooperación al desarrollo'', la UE hace todo lo posible para implementar el nefasto libre comercio. Con el falso argumento de la ''cooperación al desarrollo'', apunta a formar a los técnicos de los países del Sur global ''emergentes'' y ''en desarrollo'' e intenta influenciar las finanzas públicas facilitando las negociaciones para las empresas mineras, es decir que, ayuda a “despejar el campo” para sus propias actividades y procura beneficios fiscales.

En el contexto de la ''ayuda al desarrollo'', Europa también se beneficia de la transferencia de tecnología, ocupando actualmente la posición de líder mundial en tecnología de extracción. O sea, cuantos más proyectos extractivos, más posibilidades de vender tecnología. La mal llamada ''ayuda al desarrollo'' está cada vez más condicionada por la obligación que adquieren los países que la reciben de adquirir la tecnología en los países que les dan la ''ayuda''. Y de paso, transferirá también el costo en términos de daño ambiental y social.

Europa encauza gran parte de su dinero de ''cooperación al desarrollo'' a través del European Investment Bank (Banco Europeo de Inversiones, EIB, por sus siglas en inglés), parte del cual se destina a proyectos mineros e infraestructura relacionada. Cada año, millones de euros públicos, es decir de los pueblos europeos que también se ven afectados, de la UE fluyen a proyectos mineros bajo el velo del ''desarrollo''.

Sin embargo, la contribución del sector minero al ''desarrollo'' ha sido reiteradamente cuestionada por políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Numerosos casos muestran que las normas y reglamentaciones actuales son insuficientes para garantizar un ''desarrollo'' positivo o lo que sería mejor, sustentable. Las amenazas y los impactos de la actividad minera en los países del Sur son tales que ya se han formado redes de comunidades impactadas por la actividad minera que han optado por la vía de la resistencia como modo de defender su vida y su integridad. Así, por ejemplo en Latinoamérica existe la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en Ecuador la Coordinadora Nacional por la Vida y la Soberanía o muy recientemente se ha formado en Colombia la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional o Reclame. Numerosos grupos trabajan también en la misma línea en otros países como Argentina, Brasil o Guatemala. Existe también un Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL). Y han surgido también Redes de afectados de una única empresa como es el caso de la compañía brasileña Vale.

Ni “verde” ni responsable

La ''alta tecnología'' es una de las áreas para la que Europa demanda tantas materias primas. La tecnología “verde” recurre a baterías: nanotecnología, componentes electrónicos y células fotovoltaicas para generar energía “verde”. ¿Pero qué tan verde puede ser una tecnología que se abastece de actividades de (exploración y) extracción minera crecientemente vinculadas a conflictos por la tierra, destrucción del medio ambiente e incluso graves violaciones de derechos humanos que han llegado en numerosas ocasiones hasta el asesinato, las amenazas o la intimidación de personas que se oponen a la instalación de la actividad minera en sus comunidades?

No se trata de “excepciones”, ya que se multiplican los casos, reportados y documentados exhaustivamente en países como Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y un largo etcétera. Diferentes gobiernos locales y nacionales, así como empresas mineras transnacionales se han visto involucrados en hechos turbios, que son muy difíciles de controlar y posteriormente pedir responsabilidades. La tendencia al abuso es creciente, pues la exploración minera es constante y nuevos proyectos mineros surgen cada día. Hay que sumar los impactos socioambientales y la resistencia frente a megaproyectos de infraestructura como carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, etc., asociados a la industria minera.

Todos estos conflictos se dan en medio de un despliegue publicitario en torno a la “responsabilidad corporativa”, a la minería “responsable”, “sustentable” y hasta “verde”. Las políticas referidas a las materias primas se elaboran entre políticos e industria, sin participación popular de ningún tipo. Al mismo tiempo que se dan estos hechos inaceptables, la Unión Europea justifica sus políticas pro-mineras en la necesidad de velar por la competitividad, el crecimiento y el empleo. El trasfondo es sin embargo el abastecimiento de la industria para el crecimiento, y el lucro de las empresas transnacionales, sin poner atención especial al modo de hacerlo.

La minería a gran escala es una actividad extractiva que no es ni será nunca sustentable. Esto se desprende de la sola definición del término minería y de la descripción de esta actividad industrial. A pesar de lo que asegure la UE en el marco de su acceso a materias primas, “crecimiento ilimitado” y “sustentable” son planes incompatibles.

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