A la ''revolución ciudadana'' se la llevó el viento...

Del año 1 al año 4 

En los primeros días de 2011 se cumplieron ya cuatro años de la “revolución ciudadana” en Ecuador, el período de mayor estabilidad política desde 1996. Cada uno de ellos ha ido marcando el recorrido del proceso iniciado en enero de 2007 con la posesión presidencial de Rafael Correa (o incluso antes: en noviembre de 2006, cuando Correa ganó la segunda vuelta presidencial).

2007 fue el año de la Constituyente, año de expectativas y de conflictos con las derechas; detrás de unas y de otros se obscurecieron para muchos las contradicciones que comenzaban a manifestarse con los movimientos sociales (por ejemplo, alrededor de la minería y de la respuesta represiva del gobierno a las movilizaciones). 2008 fue el año de la aprobación de la nueva Constitución, cuando las expectativas comenzaron a mezclarse con las realizaciones y parecía lícito dejar en segundo plano aspiraciones de reformas más profundas para cuidar “lo que se había alcanzado” y tolerar el sacrificio de algunos en aras del interés general (por ejemplo, la proscripción de la organización y de la lucha de los trabajadores públicos). 2009 fue el año de la ratificación, la segunda elección de Correa y la promesa de “radicalización de la revolución ciudadana”; pero fue también el año en que la crisis del capitalismo mundial inspiró al gobierno políticas que fueron el inicio de los rumbos por donde iba a caminar la radicalización: por la vera de los intereses generales del capital. 2010 fue el año en que quedaron evidenciados los distintos componentes de su propuesta y su verdadero sentido: un proyecto de modernización capitalista enfrentado a los movimientos sociales; pero también fue el año en que quedaron evidenciadas sus debilidades: los límites políticos de la vía conservadora de modernización, y las debilidades sociales, pues, a pesar de todo, no ha logrado movilizar más que un consenso pasivo en respaldo a su gestión.

2010: el balance del gobierno y algo más

En reunión con su gabinete ampliado, el presidente hizo un balance de los cuatro años de su gestión. Lo considera positivo básicamente por tres razones: a) por haber logrado estabilidad política (vinculada a los altos índices de popularidad del gobierno y a una mayor participación del pueblo en continuadas elecciones), b) por haber “recuperado el Estado” (en concreto: sus capacidades de “rectoría”, planificación y control, y la coordinación y coherencia de la acción del Ejecutivo), y c) por haber multiplicado la inversión social.

 

Pero hay un elemento adicional, que no es visible en la autoimagen del gobierno ni en su discurso: durante el año 2010 ha reordenado su campo de alianzas, sobre todo las alianzas sociales. Lo más significativo es el acercamiento con los gremios empresariales, lo que ha podido hacer con ocasión del Código de la Producción, a través del cual el gobierno ecuatoriano quiere presentarse como el representante de los intereses generales del capital, ofreciéndole unas adecuadas condiciones para la acumulación. Del otro lado, los gremios empresariales también han comenzado a cambiar su discurso frente al gobierno: de la confrontación inicial, han pasado a señalar que existen diferencias, pero que hay una importante apertura a raíz de la discusión del mencionado Código (vale la pena recordar que el gobierno tuvo siempre cerca a grupos empresariales, incluso de los más grandes del país, pero las Cámaras empresariales, hasta mediados del año 2010, se habían ubicado en la oposición, incluso beligerante). Aunque la coyuntura de la consulta popular genere un distanciamiento ahora, el trayecto de las aproximaciones ya ha sido marcado. 

En cambio, respecto a los movimientos sociales, la confrontación se mantiene, si bien, después del 30 de setiembre, el gobierno ha “bajado el tono” en los discursos; al mismo tiempo, ha comenzado a tratar de organizar su propia base social, pero siempre tratando de atraerse organizaciones con poca capacidad política, incluso creando algunas desde el propio Estado. 

El modelo económico sigue en la misma línea: utilizar al Estado y a la inversión pública como motor de la economía; pero esto se combina ahora con la mano extendida al gran capital, lo que finalmente es lógico dentro de la perspectiva de ''modernización'' capitalista que propone. La transformación de la base productiva sigue esperando: queda claro que, para el gobierno, la vía para salir de la economía extractiva (petrolera) es la misma economía extractiva (petróleo + minería). Hay quienes sostienen que la economía podría traerle sobresaltos este año, pues todo sigue dependiendo aún del precio del petróleo, lo que es un imponderable de siempre para economías dependientes. El gobierno ecuatoriano intenta enfrentar esa dificultad por la vía del endeudamiento (sobre todo con China), de la inversión pública (con herramientas que no se habían utilizado hasta ahora: el ingreso del IESS al financiamiento de las inversiones públicas ha sumado ya cerca de 6.000 millones de dólares, que, comparativamente, significa algo así como un 25% del presupuesto general del Estado) y de la imposición de mayores cargas impositivas. Pero, además, comienza a mostrar algunos retrocesos, como el empeño puesto a la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea (poco importa que ahora se los bautice como “acuerdos comerciales”).

 

Al mismo tiempo, continúa avanzando la reforma jurídica, aprobándose una serie de leyes que, en principio, se desprenderían de la nueva Constitución. Sólo que la tendencia en todas las leyes sigue siendo fortalecer el control por parte del Estado; dentro del Estado, por parte del Ejecutivo; y dentro del Ejecutivo, todo termina recayendo en las manos del presidente. El gobierno de Alianza País refuerza y extrema la tendencia presidencialista que ha marcado tradicionalmente la política ecuatoriana. Al mismo tiempo y en consecuencia, la participación se ve desvalorizada. Mencionada tantas veces en la constitución, ahora es apenas un apéndice de la política pública, buena para la consulta y para la “socialización”, pero ni un gramo de capacidad de decisión. El gobierno se justifica diciendo que la democracia participativa no reemplaza a la democracia representativa, sino que la complementa. Y el complemento, como se ve, es desde un rol por entero subordinado.

 

Hay otros “agujeros negros” en la puesta en práctica de la constitución: los derechos de la naturaleza (subordinados a la visión desarrollista que predomina en el gobierno) y la plurinacionalidad, que se reconoce sólo en tanto se subordinen a la visión cultural occidental (o mestiza).

 

En fin: año de conflictos y de sobresaltos, 2010 ha sido igualmente un año de definiciones o, por lo menos, de clarificaciones. A lo largo de estos 12 meses hemos visto cómo se desplegaban, afinaban y afirmaban las líneas de alianzas establecidas por el gobierno y, con ellas, el propio proyecto de la así llamada “revolución ciudadana”. Pero también han quedado de manifiesto las debilidades y limitaciones que lo acompañan.

Los conflictos y las alianzas

 

Aun cuando el período de Correa no ha sido precisamente calmo, el 2010 puede considerarse como uno de los años más conflictivos. Dos conflictos, sobre todo, fueron reveladores, a su turno, de la línea de despliegue de las tensiones desatadas. El primero, en abril, el conflicto de la ley de aguas; el segundo, en setiembre, la sublevación policial que fue interpretada por el gobierno como un proceso de golpe de Estado. El conflicto de la ley de aguas (o ley de Recursos Hídricos, su nombre oficial) mostró límites políticos de la propuesta gubernamental en tanto propuesta de reforma, y reveló, igualmente, que el límite está situado en su relación con los movimientos sociales, en la medida en que estos tengan capacidad de avanzar así sea lineamientos de un proyecto propio para el conjunto de la sociedad. Por su parte, el 30 de setiembre mostró límites internos del proyecto: por un lado, límites de la reforma estatal; por otro lado, límites en la construcción de su base social. Pero fue también la ocasión para transparentar las modificaciones en la política de alianzas del régimen, un proceso que había venido produciéndose de modo más callado desde noviembre del año anterior, y que ahora pudo salir a la luz. 

Los conflictos que se han desplegado en el 2010 han continuado por los andariveles en que habían transcurrido durante los años anteriores. Por lo demás, el campo continúa marcado por la relación entre tres actores centrales: por un lado, el gobierno (que ocupa el centro y, por lo general, impone las iniciativas); por otro lado, la ''derecha'' (en sus dos caras: la ''derecha'' política: los partidos y movimientos políticos, y la ''derecha'' económica; los gremios empresariales); y, en tercer lugar, los movimientos sociales.

a) Los conflictos con la ''derecha''

 

Dividimos en dos segmentos los conflictos del gobierno con la ''derecha'': los conflictos con la derecha política, los partidos y movimientos de derechas, igual los antiguos que los nuevos, igual los “orgánicos” que aquellos que, sin serlo, se postulan como sus mejores defensores.

¿Con la derecha ''política'' o con la “oposición partidista”? 

Al centrarse este conflicto en la Asamblea, el motivo visible está en las leyes y códigos: de Comunicación, de Aguas, de Educación Superior, Cootad (Código de Ordenamiento Territorial). Pero esto, que no es sino una de las manifestaciones de la conflictividad, parece en ocasiones ocupar el lugar central dada la importancia que el proyecto de Alianza País le ha dado a las reformas legales. 

Por otro lado, al tocar temas que interesan a diversos grupos sociales, el conflicto legislativo suele combinarse con la oposición fuera de la Asamblea, mezclándose o superponiéndose, sea con la acción de los medios de comunicación (empresarios, gremios periodísticos en cuanto a la ley de Comunicación), sea con las movilizaciones indígenas y campesinas (en cuanto a ley de Aguas), sea con las manifestaciones universitarias (respecto a la ley de Educación Superior), etc. La oposición de ''derecha'' ha tratado de aprovechar estas superposiciones para fingir una oposición unificada de todos los sectores políticos y sociales que no concuerdan con el proyecto oficialista. 

Aunque en cada ley hay aspectos particulares que se disputan, en general el contenido del conflicto se desdobla en dos direcciones: por una parte, en torno al papel del Estado (del Ejecutivo en particular). Por otra parte, una disputa ideológica que, en la Asamblea, se ha batido entre el neoliberalismo que sostienen las oposiciones de ''derecha'' y las diversas ideologías que alimentan la propuesta modernizadora que adelanta el gobierno. Las posiciones de ''izquierda'' muchas veces no han logrado mostrarse con claridad y autonomía.

Con los gremios empresariales

Las oposiciones con la ''derecha'' partidista reflejan, en cierto sentido, las oposiciones con un sector de las clases dominantes que hasta ahora se había representado más o menos homogéneamente en ellas. Como se sabe, una vez que se afirmó el modelo neoliberal, la ''derecha'' partidista y la ''derecha'' económica coincidían en el sentido general de sus propuestas. No obstante, se perciben ahora ciertos cambios, de modo que conviene analizarlas por separado, sin descuidar los vínculos que las unen. En estos meses, la burguesía como clase (o como fracciones de clase) tuvo dos momentos de conflictividad con el gobierno: la ley de Aguas y el Código de la Producción. Durante la discusión de la ley de Aguas el conflicto se presentó con sectores específicos de la burguesía: embotelladores de agua y camaroneros; se pronunciaron también empresarios florícolas y bananeros. El contenido de la disputa se centraba en los artículos del proyecto de ley que podrían limitar el campo de acción de empresas privadas de embotellamiento de agua y ponían un impuesto al uso del agua de mar. El proyecto era defendido en la Asamblea Nacional y ante el público por la Senagua (Secretaría Nacional del Agua). Pero todo fue hasta que Rafael Correa, primero en una entrevista radial en Guayaquil y, a renglón seguido en uno de sus acostumbrados “enlaces ciudadanos” de los sábados, puso las cosas en su sitio: desautorizó públicamente al secretario del Agua y respaldó el punto de vista de los empresarios. En consecuencia, se retiraron los artículos polémicos del proyecto de ley y se retiró también el secretario del Agua. De todas formas, el proyecto fue congelado al calor de la movilización indígena.

 

Y si las vicisitudes de la ley de Aguas mostraron y reafirmaron el rumbo de los desplazamientos de la “revolución ciudadana”, el tratamiento del Código de la producción muestra que los desplazamientos son simétricos. El proyecto fue negociado durante tres meses por el ministerio coordinador de la Producción con los gremios empresariales. Tras el envío del proyecto del Código a la Asamblea, los dirigentes empresariales lo criticaron, afirmando que el gobierno les daba incentivos con una mano y condicionamientos con la otra, y lo achacaron a la existencia de dos tendencias existentes dentro del gobierno. Pero, sobre todo, resaltan la apertura del régimen a sus planteamientos y la actitud de la ministra Nathalie Cely. Aunque encuentran que el texto enviado no responde plenamente a sus expectativas, delinean una posición menos confrontativa, y se decantan por el lobby parlamentario, sobre todo ante Alianza País. Estos indicios de una nueva conducta política de los gremios empresariales resultan importantes para este análisis porque se hicieron públicos durante e inmediatamente después de los acontecimientos del 30 de setiembre y muy probablemente guiaron su posición en la coyuntura. 

Si miramos estos conflictos en la perspectiva del acercamiento iniciado por el gobierno desde noviembre de 2008 con las políticas anticrisis, se verá que se afirman las aproximaciones entre el régimen y los empresarios hacia un terreno de negociación que vele por las condiciones generales que asegure la buena salud de los negocios: seguridad jurídica, es decir, reglas claras y condiciones estables, y ventajas tributarias son las demandas explícitas de los empresarios. 

Así que estamos ante dos caras de las ''derechas'' y, por primera vez durante el gobierno de Correa, no coinciden las expresiones de sus representantes políticos y de sus representantes económicos, oscilando entre la ideología y el pragmatismo. 

b) Los conflictos con los movimientos sociales 

Podemos distinguir las confrontaciones del gobierno con los movimientos sociales según su intensidad en el período. Desde esta perspectiva, los conflictos de mayor intensidad opusieron al gobierno con el movimiento indígena y con los trabajadores públicos; mientras que conflictos secundarios mantuvo con maestros, trabajadores de la salud, jubilados y pescadores. En este análisis nos centraremos en los primeros.

Con el movimiento indígena se han producido dos momentos de alta conflictividad, seguido uno del otro y relacionados por los motivos políticos esgrimidos por el gobierno: la ley de aguas y la justicia indígena. 

El conflicto en torno a la ley de aguas opuso al gobierno con el conjunto del movimiento indígena y campesino. Se desarrolló en abril y mayo, como una secuencia de los enfrentamientos que se habían dado en setiembre de 2009 y que terminó en violentos enfrentamientos en los cuales murió un profesor indígena a causa de disparos de perdigón. En esta ocasión se produjo, por primera vez desde el inicio del gobierno de Correa la unidad de la Conaie, la Feine, la Fenocin y las Juntas de Aguas. El contenido del conflicto se centró en el control, el uso y la distribución del agua. El gobierno y las organizaciones indígenas concordaban en la necesidad de establecer una “autoridad única del agua” (establecida en la Constitución), pero divergían en cuanto a la instancia estatal que debía tener primacía: para el gobierno, debía ser el Ejecutivo y, en última instancia, el propio presidente. Los indígenas planteaban que ese rol debía jugarlo el Consejo Plurinacional de Agua (previsto también en el proyecto de ley). Una discusión conexa se refirió, entonces, a la participación, que debía ser decisoria para el movimiento indígena, y apenas consultiva para el gobierno. Entre otras cosas, el conflicto reafirmó la tendencia del gobierno a la concentración de las decisiones en el Estado, en el Ejecutivo, en el presidente.

 

La resolución misma fue conflictiva: por una parte, el movimiento indígena quedó relativamente fortalecido, pues logró la unidad de sus principales organizaciones y detuvo el trámite de la ley (Rafael Correa mismo declaró entonces que la ley “no era prioritaria” para el proyecto de la “revolución ciudadana”). Pero, por otra parte, se ensancharon las brechas que lo separaban de los sectores sociales urbanos debido, sobre todo, a la intensa campaña de deslegitimación y desprestigio emprendida por el gobierno (y, en primer lugar, por Correa); esto se tradujo en un rebrote de sentimientos racistas entre la población. Al mismo tiempo, el gobierno enviaba a la policía y al ejército a reprimir fuertemente las movilizaciones. Acusaciones de terrorismo y sabotaje, indagaciones fiscales e inicios de juicios penales fueron armas utilizadas por Correa contra el movimiento indígena.

 

El conflicto alrededor de la justicia indígena siguió cronológica y políticamente al conflicto sobre la ley de aguas. Cronológicamente, porque se desarrolló prácticamente a continuación, en junio y julio. Políticamente, porque fue desatado por el gobierno buscando revertir la posición ventajosa en que había quedado el movimiento indígena tras el enfrentamiento del agua. Para el efecto utilizó un caso de enjuiciamiento indígena del asesinato de un joven comunero en La Cocha (provincia de Cotopaxi); en un determinado momento, la asamblea de la comunidad dijo que podría ajusticiar a los asesinos, y esa fue la ocasión aprovechada por Correa, que acusó a los comuneros de delincuentes y torturadores, y pidió su enjuiciamiento.

 

El contenido del conflicto, por lo menos el contenido aparente, fue la legitimidad de la justicia indígena. La Constitución del 2008, al declarar al Ecuador una nación intercultural y plurinacional, reconoció la legitimidad de formas de gobierno y de justicia ancestrales. No obstante, en medio de su conflicto con el movimiento indígena, el gobierno demuestra las limitaciones de su comprensión de la plurinacionalidad: un reconocimiento monocultural. Las otras culturas, sus formas de autoorganización, su justicia, sus saberes en educación y salud, todo puede ser reconocido, siempre y cuando se sometan a los criterios y parámetros de la cultura dominante. De este modo, el gobierno presiona para que la justicia indígena se subordine a la “justicia ordinaria”, mientras que el movimiento indígena lucha para que sean reconocidas de igual jerarquía. El gobierno, iniciador de la confrontación, lanzó una nueva campaña de desprestigio contra el movimiento indígena, rayando en expresiones racistas, presentando a los indígenas como salvajes e incivilizados. Nuevas indagaciones fiscales y juicios cayeron sobre dirigentes comuneros. 

En ambos casos, el gobierno emprendió una campaña que pretendía separar a las organizaciones y sus dirigentes de las bases: Correa llamaba en sus enlaces radiales a que los indígenas desconozcan a su dirigencia. Y, por otro lado, pretendía separar a la población urbana y mestiza del conjunto del movimiento indígena, con sus reiterados llamados a “defender la revolución ciudadana” contra el movimiento indígena (?).

Con los trabajadores públicos hubieron dos conflictos fundamentales, que se combinaron: la aprobación de la LOSP (Ley Orgánica de Servicio Público), que generó malestar en amplios sectores de trabajadores del Estado, y el despido de varios centenares de trabajadores petroleros, ambos muy cerca del 30 de setiembre, casi superponiéndose.

 

Respecto a la LOSP (debe recordarse que el veto de Correa a los acuerdos a que se habían llegado en la Asamblea Nacional sobre esta ley fue el detonante visible de la crisis se setiembre), los puntos de debate centrales se situaron en torno a las “renuncias forzosas” de los trabajadores que hubieran sobrepasado los 70 años de edad, renuncias que serían pagadas hasta en un 50% con bonos del Estado; pero, detrás de esto, los trabajadores miraban con temor anunciados despidos masivos para “racionalizar” el aparato estatal.

 

En cuanto al despido de más de 600 trabajadores petroleros, se trata del más reciente episodio de una relación tensa que ha incluido posturas muy críticas de la dirigencia sindical frente al manejo de la empresa petrolera estatal y de varios contratos que ella ha firmado. En este caso, el origen fue una denuncia presentada por el entonces secretario de Transparencia de la Gestión, Juan Sebastián Roldán, que los acusó de “falta de probidad moral” por ser accionistas de Gaspetsa, una empresa constituida en 1999 por los socios de la Corporación de Ayuda Mutua de los Trabajadores de Petroecuador, y que, desde 2002 mantiene contratos por servicios con Petroecuador para producir combustible destinado a los pescadores artesanales de Esmeraldas. No obstante, al momento de constituirse la empresa y firmarse el contrato estaba vigente la ley de modernización y la constitución de 1998 que expresamente animaban este tipo de contrataciones como el componente “participativo” de las privatizaciones: “Los trabajadores o servidores públicos que presten sus servicios en las correspondientes entidades u organismos tendrán derecho a participar en las distintas modalidades de desmonopolización y privatización”, decía el artículo 50 de la ley de ''modernización''. Dicho de otro modo, se trataba de convertir a los trabajadores en propietarios accionistas de “sus” empresas…, más o menos lo mismo que ahora propone la “revolución ciudadana”, dicho sea de paso. Los trabajadores, además, reclamaban por el distinto trato que se les da: a los banqueros se les dio un plazo de dos años para que se deshagan de sus acciones en los medios de comunicación; a ellos, “ni un solo día”. Los despidos se tramitaron casi sumariamente en medio de un discurso más o menos escandaloso que achacaba a los trabajadores de corruptos y que se sumó a la campaña de deslegitimación social de organizaciones y dirigentes sindicales, que no han sido pocas durante este gobierno. 

¿Lograron expresión política todas esas luchas? Si por política entendemos la presencia parlamentaria, los resultados son modestos y más bien ambiguos. Fue evidente la incapacidad de la ''izquierda'' parlamentaria de presentar una posición definida y diferenciada, que la ha dejado muchas veces a la sombra de la hegemonía de la oposición de ''derechas'' (donde confluyen desde socialcristianos hasta socialdemócratas). El intento de constituir una suerte de bloque de ''izquierdas'' entre Pachakutik y el MPD, diferenciado de la posición de ''derechas'', logró cierta presencia al momento del conflicto en torno a la ley de Aguas, pero fue desdibujándose posteriormente, a medida que la conflictividad se agudizaba. Su posición frente a los hechos del 30 de setiembre fue también bastante triste, hablando de demandas sociales, dejando de lado efectos políticos y juntándose a parlamentarios de la oposición de ''derecha'' en declaraciones desafortunadas.

 

Pero si por política entendemos la construcción de un campo de lucha que tiene la capacidad de disputar sentidos de un proyecto de sociedad a nivel (más o menos) general, el balance es diferente. La lucha de los trabajadores públicos no ha rebasado el horizonte de los conflictos particulares; si bien, tanto en el caso de los maestros como en el de los funcionarios, se presentaban aristas del conflicto que podrían poner en cuestión al menos algunos elementos de la propuesta gubernamental (por ejemplo: en el ámbito educativo, una visión tecnicista de la educación y una comprensión administrativa de la relación entre los actores –la lectura burocrática de la evaluación–; o, en el caso de los funcionarios, el sentido del derecho al trabajo y a la organización, la discriminación jurídica de los trabajadores públicos, etc.), lo cierto es que las respuestas de unos y otros se movieron únicamente en el marco del propio discurso gubernamental. 

En cambio, en el caso de las luchas indígenas el panorama fue diferente. Tanto en el tema del agua cuanto en el de la justicia indígena se encuentra en cuestión el sentido de la posible realización de algunos preceptos constitucionales: la plurinacionalidad, la defensa de la pachamama, los derechos de la naturaleza, el Sumak Kawsay; pero también está en juego el sentido de la participación y de la democracia. Sin embargo, el movimiento indígena ha mostrado debilidades: los modos del debate muchas veces se han quedado en un duelo verbal con Correa y eso no permite visualizar adecuadamente los contenidos más profundos del conflicto. 

En síntesis, los movimientos sociales, sobre todo el movimiento indígena, no han visto su lucha social acompañada por una nítida representación política formal, marcándose una distancia que, en cualquier caso, no es de ahora.

c) Los conflictos pluriclasistas 

Entre los conflictos del período se encuentran también algunos que podríamos calificar de pluriclasistas. En ellos, el gobierno aparece opuesto a una concurrencia de actores de diverso origen y situación.

 

Con las Universidades el conflicto se relacionó con la ley de Educación Superior (agosto y setiembre) y produjo un acercamiento de las universidades públicas con las universidades privadas (que, por lo demás, expresan por lo general posiciones divergentes). El punto nodal del conflicto se situó en la concepción de autonomía, visiblemente recortada en la versión gubernamental, que somete el quehacer universitario del país al plan nacional de desarrollo y al control directo del Ejecutivo, que domina las instancias que regirán a las universidades. No obstante, en el trayecto el bloque de Alianza País llegó a acuerdos con los bloques de oposición y con las autoridades universitarias para flexibilizar la posición inicial del gobierno, y el proyecto fue aprobado con algunos cambios en la composición de los organismos rectores. Sin embargo, Correa responde vetando parcialmente la ley y dando reversa a los acuerdos. La mayoría de AP no se sostiene en su posición inicial y se allana al veto sin presentarse a discutirlo, de manera que la ley de Educación Superior entró en vigencia “por el ministerio de la ley”. Después, continuaron las movilizaciones de protesta de los universitarios hasta las inmediaciones del 30 de setiembre.

d) Los conflictos de la minería 

Los conflictos de la minería deben tomarse muy en cuenta. Si bien su presencia fue de algún modo secundaria durante 2010, han sido recurrentes durante el gobierno de Correa, sobre todo con comunidades indígenas y campesinas opuestas a la actividad minera en sus territorios, y son una suerte de conflictos “endémicos”: es que, para el régimen, el desarrollo de la gran minería es estratégico, pues supone que de ella pueden provenir los recursos para financiar la transformación productiva que se plantea. En esta ocasión, el enfrentamiento fue con empresarios mineros ''ilegales'', pequeños mineros y trabajadores de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (15 y16 de setiembre). En el discurso, el gobierno se presenta como defensor de la naturaleza contra los destrozos ambientales causados por la minería ''ilegal'' (Correa ha sostenido siempre que la pequeña minería es más contaminante que la gran minería). El conflicto se resuelve de modo violento: el gobierno envía miles de efectivos militares y policiales que ocupan la zona de explotación, desalojan a los trabajadores y confiscan maquinarias y herramientas. Además, se inician juicios contra los mineros que resistieron la ocupación militar y policial. La violencia y la excesiva demostración de fuerza represiva han sido una constante en el modo en que el gobierno ha enfrentado estos conflictos. Así que, tomando en cuenta la línea central de la conflictividad minera, podría decirse que el contenido latente es el control de los territorios con potencial minero. 

e) Los conflictos al interior de AP

 

Alianza País no se ha caracterizado precisamente por su fuerza organizativa y por su claridad política; y ha sido evidente, desde aquellos tiempos de la Asamblea Constituyente, que las decisiones son tomadas en el círculo inmediato de la presidencia de la república, restándole poder a todos los demás espacios, tanto de Alianza País como del Estado. En este marco, las discrepancias internas han sido deslegitimadas por Correa desde el inicio de su gestión, calificándolas como “agendas ocultas”. Aparte de la disputa con Alberto Acosta al final de la Asamblea Constituyente, no parecen haber jugado un papel importante en la correlación de fuerzas general; sin embargo, han tenido un rol significativo en la correlación de fuerzas al interior de Alianza País: se han saldado con la derrota de las corrientes más progresistas y democráticas, que han terminado por quedar excluidas, primero de las instancias de dirección real, y finalmente del propio movimiento y del gobierno.

 

Durante el 2010 y lo que va de 2011 se hicieron más visibles los conflictos internos, las vías antidemocráticas de resolución y sus efectos políticos. Han salido a la luz conflictos en torno al accionar de la Asamblea Nacional y de las dos funciones que, se supone, le competen: la legislación y la fiscalización. En abril de 2010, un grupo de cuatro asambleístas de AP planteó un juicio político al fiscal general. En un principio, Correa pareció dejar el asunto en manos del bloque parlamentario, aún expresando que se trataba de algo inconveniente. Pero pronto, cuando los interpelantes no desistieron de su empeño, Correa se pronunció abiertamente a favor del fiscal y utilizó contra los interpelantes el mismo tono que acostumbra usar contra los opositores. Desautorizados y deslegitimados por el presidente los contradictores del fiscal, el juicio político naufragó sin llegar a comenzar.

 

En los meses siguientes, las tensiones entre la presidencia y la bancada oficialista tuvieron ocasión de mostrarse con motivo de la discusión de las leyes de Educación Superior y de Servicio Público. Encabezado por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el bloque de Alianza País logró llegar a acuerdos con otras fuerzas parlamentarias en algunos puntos polémicos de ambas leyes. No obstante, mientras todavía se realizaban las negociaciones en busca de acuerdos, Rafael Correa las desautorizó públicamente y anunció que vetaría lo que no se ajustara a sus propuestas, como en efecto hizo. El fracaso de la capacidad negociadora de AP se revela finalmente en el hecho de que los asambleístas que aprobaron las leyes se doblegaron ante el veto de Correa.

 

A inicios de 2011 se vuelven nuevamente visibles los conflictos al interior de Alianza País. El motivo fue ahora la consulta popular con la que Correa y su círculo íntimo pretenden relegitimar al régimen tras las fisuras y debilidades evidenciadas el 30 de setiembre. Las preguntas no fueron consultadas en ninguna instancia orgánica del movimiento de gobierno, ni siquiera en su dirección recién electa el 15 de noviembre pasado, menos aún con el bloque de asambleístas, lo que ponía al descubierto, ¡otra vez!, su funcionamiento casi nada democrático. Por lo demás, las preguntas sobre violencia e inseguridad recurrían a los tópicos de la ''derecha'' y aquellas otras referidas a la reorganización de la justicia mostraban claramente los apetitos de concentración del poder en el Ejecutivo. En uno y otro caso, ciertos aspectos de la constitución eran pasados alegremente por alto. La falta de espacios para la discusión interna de temas de esta trascendencia llevó al alejamiento, primero de un par de asambleístas y, luego, a la salida en bloque de Ruptura de los 25. 

¿Cuáles han sido las vías de resolución de estos conflictos? Los díscolos son llamados al orden, son deslegitimados por “la voz del amo”, que los tacha de traidores, desleales y oportunistas y amenaza por igual a todo su bloque con la pérdida de la representación (la amenaza, en su momento, de la “muerte cruzada”); pierden presencia en la Asamblea, en el gobierno y en AP. En consecuencia, se refuerza el dominio de Correa y del círculo de gobierno. A partir del 30 de setiembre todos cierran filas alrededor del régimen, es decir, alrededor de la hegemonía de Correa; las discrepancias desaparecen de la escena, y los críticos se autolimitan. El nuevo viraje ''derechista'' de la consulta muestra los límites y la debilidad de acuerdos basados en la sumisión: a los críticos no les queda más opción de marginarse. Se consolida la vía conservadora de la modernización dejando de lado toda veleidad reformista.

 

Así se presenta, hoy, la línea de conflictividad; y ella atraviesa cada vez con más nitidez: y lo que está en juego son proyectos políticos. Por un lado, dos proyectos de gestión del capital: la neoliberal y la modernizadora. Por otro lado, el proyecto de modernización capitalista enfrentándose a la posibilidad de un proyecto popular.

Como dice Luis Macas: “La resistencia y la vigencia del Sumak Kawsay, al no ser adaptable al sistema actual, es una propuesta para superar este modelo nefasto, y posibilitarnos construir el sistema comunitario. Creemos que no puede incrustarse o incorporarse al modelo de desarrollo actual, ni puede ser un apéndice de este sistema ni de este modelo en crisis. Es la posibilidad de transformar este modelo agresivo, las viejas estructuras del Estado vigente y de construir uno nuevo, desde nuestras manos, del pueblo. Por lo que no se trata de una propuesta para indígenas; es más, consideramos que es una construcción de una opción de vida para todas y para todos, no es una propuesta indígena para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad”.

Conclusiones a la luz opaca del 30 de setiembre

 

Aún se discute si fue un intento de golpe o un movimiento reivindicativo. Como ocurre siempre, es más fácil descubrir los indicios después de que los hechos han ocurrido: existía un descontento entre los policías y los militares por algunas medidas tomadas por el gobierno (como la presencia de ministros de defensa civiles, incluso, al principio, ministras; la unificación de los servicios de inteligencia bajo comando del gobierno; las demoras en la “homologación salarial”, que significa incrementos de salarios, sobre todo para los segmentos de menores ingresos; el “destape” de las violaciones a los derechos humanos en acciones policiales, etc.). De todos modos, el gobierno había tratado de acercarse a los militares y policías, incluso desde el inicio del gobierno: aumentos salariales, mejora de equipos y armamento, entrega del manejo de la compañía petrolera estatal a la marina, entrega de la reconstrucción de vialidad al cuerpo de ingenieros del Ejército, etc. Por otra parte, también es cierto que, según se sabía, gente cercana a Sociedad Patriótica andaba cerca de la policía y de los militares haciendo circular rumores, entre otros, sobre una posible desaparición del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).

 

¿Fue un intento de golpe, un proceso de golpe, un “golpe premoderno, posmoderno y transgénico”? Aunque a algunos les hubiera gustado que lo sea, lo cierto es que no obtuvo el respaldo del alto mando de la policía ni obtuvo el respaldo prácticamente de ninguna unidad importante de las Fuerzas Armadas, más allá de un pequeño grupo en la base aérea de Quito y, finalmente, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, aun con cierto retraso, expresó su respaldo “incondicional” a Correa; es decir, en términos militares no tenía posibilidades de provocar un cambio de gobierno. Tampoco obtuvo el respaldo conjunto de la ''derecha'' (aunque la mayor parte de su expresión parlamentaria respaldó a la policía, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la figura más importante de esa tendencia, tomó pronto distancias con la medida de los policías). No obtuvo tampoco el respaldo de los grandes grupos de poder económico, que se manifestaron contra cualquier intento de “desestabilizar” la democracia. Y tampoco hubo respaldo en las calles. 

Pero, por otro lado, el gobierno tampoco logró atraer un respaldo ciudadano masivo, a pesar de las movilizaciones que se reunieron frente a la casa de gobierno y en las cercanías del hospital de la policía, donde estaba Correa “retenido” por los policías. Por eso la crisis se resolvió, de nuevo, por la decisión de las Fuerzas Armadas, que volvieron a ser el actor finalmente dirimente, como en las crisis políticas anteriores (1997, 2000, 2005).

 

El 30 de setiembre reveló, sobre todo, más limitaciones y debilidades de las que se reconocían hasta entonces. La ''derecha'' se mostró dividida, desconcertada, escindida entre los aguijonazos de Sociedad Patriótica para forzarla a caminar detrás de sus iniciativas, por un lado, y, por otro lado, las dificultades para dotarse de una representación política orgánica que, al mismo tiempo, sea capaz de desarrollar capacidad hegemónica hacia el conjunto de la sociedad. 

Por su lado, los movimientos sociales mostraron la profundidad de su crisis política y lo que viene siendo su gran debilidad frente al proyecto modernizador de la “revolución ciudadana”: sometidos a constantes ataques desestructuradores por parte del gobierno, no logran enfrentarlo políticamente, es decir, mostrando a la sociedad el conflicto entre proyectos distintos. De modo que, a veces, algunas organizaciones han cedido a la tentación de aliarse con todos los opositores perdiendo de vista la necesidad de independencia de la propuesta popular. Otras organizaciones, en cambio, se han subsumido en el proyecto del gobierno y han perdido toda capacidad de adelantar una posición aunque sea mínimamente independiente. Pero, detrás de esta manifestación de crisis política, lo que se ventila es la readecuación de los movimientos frente a las transformaciones socioeconómicas de su base y una nueva disputa política a su interior entre una tendencia de ''derechas'', procapitalistas y una tendencia de ''izquierdas'' que busca mantener un horizonte autónomo y de transformación social profunda. 

Las debilidades de los movimientos sociales se han visto amplificadas por la pérdida de rumbo de sus presuntas representaciones políticas en la izquierda, incapaces de articular, ni siquiera a nivel parlamentario, al menos la sombra de una posición que se diferencie al mismo tiempo del gobierno y de la ''derecha''.

Pero si las debilidades de las ''derechas'' y de los movimientos sociales eran hasta cierto punto visibles, lo novedoso fue la evidencia de las flaquezas del gobierno. El gobierno se mostró sin capacidad política de reacción y de iniciativas para enfrentar la crisis y quedaron en evidencia las debilidades del equipo gubernativo. Pero, sobre todo, se mostró que el respaldo de que goza el presidente es, sobre todo, un respaldo pasivo, no movilizable fácilmente. En estas circunstancias, se comprende que el gobierno haga esfuerzos por acercarse cada vez más a los grupos empresariales, reformule explícitamente su marco de alianzas, y procure reafirmar su legitimidad social con lo que ha sido su mejor arma desde un inicio: una nueva elección, es decir, la consulta popular. Y, con todo eso, afirmar el desplazamiento del proyecto político hacia su ''derecha''.

* Fuente original: http://www.rebelion.org/.

Uruguay en extinción: A reaccionar!!!

No hace falta recurrir a opiniones de la ''izquierda revolucionaria'' o del ''sindicalismo clasista''. Alcanza con remitirse a dos estudios recientes, surgidos desde el propio campo ''progresista'', para confirmar la ininterrumpida continuidad del modelo económico. 

Uno proviene de la ''elite universitaria'', o sea, de aquellos que dan sustento académico al ''progresismo'' gobernante. Así resumen el balance de la presidencia de Tabaré Vázquez (presidente anterior):

“En la política económica del gobierno del FA no hubo cambios mayores respecto a la política económica de los gobiernos precedentes (…) Pero este continuismo y la ortodoxia macroeconómica estaban previstos, por ende fueron coherentes con el programa del FA (…) En términos generales, se puede concluir que el Gobierno del FA fue moderadamente innovador en políticas sociales con respecto a la línea dominante y fundamentalmente continuista en política económica”. (Reforma del Estado y políticas públicas de la Administración Vázquez: acumulaciones, conflictos y desafíos. Instituto de Ciencia Política (Udelar). Edición Fin de Siglo/Clacso, Montevideo 2010).

El otro viene de aquellos economistas que dicen ubicarse en el “programa histórico” del Frente Amplio y que han venido alimentado (junto a otros sectores frenteamplistas), la falsa tesis de un “gobierno en disputa”. Concluyen en lo siguiente respecto al primer año del presidente José Mujica:

“Las principales propuestas de la gestión presidencial desde marzo de José Mujica implican una profundización del modelo del capital a través de un proyecto político de ‘unidad nacional’ y ‘capitalismo en serio’ (…) En el interior del nuevo gobierno la disputa entre los intereses del trabajo y el capital no es relevante en la medida que se asume un modelo de crecimiento basado en la inversión extranjera que profundiza el capitalismo, la dependencia y la vulnerabilidad del país”. (La Torta y las Migajas. El gobierno progresista 2005-2010. Red de Economistas de Izquierda del Uruguay. Ediciones Trilce, Montevideo 2010).

Este diagnóstico categórico viene a reafirmar lo ya sabido: el gobierno del Frente Amplio no ha traído una “ruptura antineoliberal”, ni representa (como pretendieron muchos de sus incondicionales) una alternativa “posneoliberal”. No hay un “modelo económico” distinto al aplicado por los sucesivos gobiernos de colorados y blancos. Ni siquiera hay indicios de un nuevo modelo basado en la re-industrialización y la diversidad productiva. Por el contrario, se mantienen los ejes centrales del régimen de acumulación de capital que predominaron a lo largo de las tres últimas décadas: centralización y concentración del capital, valorización financiera, endeudamiento externo, liberalización comercial, ventajas fiscales a los empresarios locales y extranjeros, zonas francas, privatizaciones, extranjerización de la tierra.

En resumen: como proyecto del ''orden burgués'', el programa económico del ''progresismo'' no está vinculado a una perspectiva de desarrollo que beneficie a los trabajadores, ni a pequeños productores ni a pequeños comerciantes, etc. Es decir, que es completamente perjudicial a la ''franja'' de la sociedad que realmente produce la riqueza para el país. Esta política económica que reproduce la matriz regresiva y expropiatoria impuesta por las clases dominantes locales y las instituciones financieras internacionales, se asienta en otro pilar básico del capital: la desvalorización de la fuerza de trabajo y de su reproducción. Las consecuencias socio-económicas están a la vista.

Empleo precario

El gobierno hace propaganda con el “desempleo record” (5,4% previsto en 2011). No obstante, esta cifra disfraza la realidad. Se mantiene un núcleo de desempleo estructural de alrededor de 120.000 personas, en su mayoría con “escasa formación educativa”, por esa razón, más de un 60% de ellas no pone ninguna condición (salarial o laboral) a la hora de obtener un trabajo. Según todas las estimaciones (incluyendo algunas oficiales), el 80% de los nuevos empleos creados en estos seis años son de “baja calidad”. Las principales víctimas de esta fábrica de “empleo chatarra” son los jóvenes y las mujeres. 

Miles de trabajadores acceden al “mercado de trabajo” en condiciones de precariedad e “informalidad”: sucesivas estimaciones del INE (Instituto Nacional de Estadística) indican que un 32,3% de los trabajadores ocupados está en ''negro'', es decir, sin aportes para su jubilación ni ''seguridades'' laborales, como por ejemplo la salud. Medio millón carece de cobertura a la seguridad social, y 140.000 (cifras oficiales) se encuentran en la categoría de “subempleados”. Otros tantos miles integran las filas de los tercerizados, es decir, aquellos que trabajan para “subcontratistas” de grandes capitales privados y para empresas públicas que han privatizado (bajo la modalidad de “concesión”) una parte de sus servicios. 

A esto debe sumarse la precariedad del empleo en ramas que se caracterizan por una producción zafral. Es el caso de los frigoríficos y curtiembres que envían por año a miles de trabajadores al Seguro de Paro. Es el caso, entre otros, de la esquila, del trigo, la caña y la granja, donde debido al “fin de zafras” se perdieron decenas de miles de puestos de trabajo, elevando la tasa de desempleo nacional (febrero 2011) a 6,1%.

Mientras tanto, las condiciones de sobre-explotación se agravan para los trabajadores rurales, de la forestación, del comercio minorista, de los supermercados, de las grandes cadenas de tiendas, de las empresas de limpieza y seguridad, de las empleadas “domésticas”, de los clasificadores, de los niños-trabajadores, etc. 

Trabajadores empobrecidos 

Según el gobierno, el salario medio creció en términos reales un 10,2% durante el 2010. Lo que significaría una “recuperación real” del poder adquisitivo. Otra vez, las cifras oficiales no coinciden con la realidad. Si se descuenta el efecto de la inflación, ese 10,2% se reduce a un 3,3% como promedio, el menor en seis años. En efecto, los datos publicados por el INE marcan que el “aumento del poder adquisitivo de los salarios ha sido el menor desde 2004”. 

Lo cierto, es que una masa importantísima de trabajadores no llega ni siquiera a la cuarta parte de la canasta familiar (ubicada en $42.300 a diciembre 2010). Porque como indica el INE, el salario medio nacional, al día de hoy, es $11.724, valor obviamente inflado por la minoría enriquecida a costillas de la mayoría de la población.

El propio sindicalismo gubernamental tiene que reconocer este empobrecimiento generalizado. El Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT concluye que más de 650.000 trabajadores (del millón y medio ocupado) tienen un ingreso menor a $10.000. De ellos, un 13% se encuentra por debajo de la “línea de pobreza”. Mientras que este nivel de pobreza alcanza al 67% de los trabajadores “informales”.

Más de 400.000 trabajadores reciben el salario mínimo, o sea, están en el límite de un salario considerado “sumergido”: $6.300. Esto significa que una tercera parte de la fuerza de trabajo con empleo, no puede satisfacer sus necesidades sociales más elementales. Mucho menos en pensar “ahorrar”. El 67% de las personas consultadas, declaran que “llegan con lo justo” a fin de mes. Realmente hay que hacer magia para lograr llegar a fin de mes con ese salario, considerando el elevadísimo costo de vida que existe actualmente en Uruguay, también una situación que se ha agravado en estos últimos años. 

Fuerza de trabajo descalificada

El país vive una gravísima “crisis educativa”. Unos y otros coinciden, unos y otros se echan las culpas. Pero ¿se trata solamente de una crisis del “sistema de enseñanza”? La educación, tanto como la formación profesional, atañe a la valorización de la fuerza social del trabajo.

Cuando el 75% de las personas mayores de 15 años no terminó la enseñanza secundaria, cuando el 45% no terminó tampoco los tres primeros años de liceo ni enseñanza técnica, cuando alrededor de 100.000 jóvenes (23,6% del total) “no dedican su tiempo a nada productivo”, es decir, ni trabajan ni estudian, o cuando cerca del 25% de los trabajadores no tienen ninguna formación profesional, se está desvalorizando el proceso de reproducción social de la fuerza de trabajo.

Por tanto, se favorece la descalificación de la fuerza de trabajo, su abaratamiento. Este proceso que se viene agudizando con la continuidad de las políticas neoliberales del ''progresismo'', no hace otra cosa que favorecer a los capitalistas que demandan un “menor costo laboral” y mayores facilidades para la explotación del trabajo asalariado. 

Pobreza de masas

La reducción en casi diez puntos en los ''índices de pobreza'', no alcanzó al “núcleo duro” de ''pobres''. Según el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), 100.000 familias (equivalente a 375.000 personas, es decir el 10% de la población total del país), se encuentran "con graves problemas de alimentación". Es decir, dependen del "asistencialismo focalizado" para comer una ración básica.

Esto implica que cientos de miles de personas se encuentran muy por debajo de lo que se denomina “necesidades básicas insatisfechas”, pisando la frontera de la indigencia, aunque las estadísticas oficiales no los clasifiquen como “indigentes”.

Esta pobreza de masas que se extiende a toda la geografía, tiene su foto más amarga en el crecimiento de los “asentamientos irregulares” donde, según un estudio de la ONG Un Techo Para Mi País de octubre 2010, se alojan más de 250.000 personas. La propia Intendencia Municipal de Montevideo acaba de estimar que solamente en la capital, los “asentamientos irregulares” pasaron de 375 a 412, albergando a un 10% de los habitantes de la capital. 

En estos cinturones de miseria se concentra la mayor parte de los jóvenes empobrecidos y desempleados, y los 20.000 niños (de los más de 35.000 que salen todos los días a trabajar) que sobreviven de la basura, sufriendo “una de las peores formas de trabajo infantil” según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es allí también, donde habitan la mayoría de las 15.000 familias que han encontrado en la clasificación de la basura su único medio laboral de subsistencia.

Lejos del discurso hipócrita y cínico que habla de una “reducción de las vulnerabilidades sociales”, asistimos a una consolidación de la pobreza. Y las consecuencias “colaterales” de este verdadero proceso de “desafiliación social” están a la vista: marginación, mendicidad, insalubridad, desnutrición, analfabetismo funcional, prostitución, drogadicción y un largo etcétera. Las causas de esa “minoridad infractora” que se quiere reprimir todavía más en vez de generarles oportunidades, se encuentran en este paisaje desolador. Por qué hablamos de mayor represión? El senador por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, anunció en estos días que recolectará firmas para un referéndum en el que se vote para bajar la edad de imputabilidad a menores y modificar las leyes de penalización delictiva, haciéndolas más agresivas. Esto ha tenido gran difusión en los medios, pero los mismos medios y Bordaberry, se están ''olvidando'' de la raíz del asunto: ''pobreza'' y falta de oportunidades. No nos engañemos más con la ''delincuencia'' y no seamos parte de la discriminación, exclusión y segregación que nos proponen desde el gobierno.  

Esta dramática realidad social que sufren los de abajo, tiene su impúdica contracara en los de ''arriba'': las clases propietarias se enriquecen cada vez más. Beneficiándose, primero que nadie, de la “bonanza económica”. Es decir, apropiándose de la riqueza que producen trabajadores, pequeños comerciantes, pequeños productores, trabajadores ''irregulares'', etc. Más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) acumulado entre 2004-2010 (período de mayor “crecimiento” de la economía uruguaya en los últimos 40 años), fue a parar a los bolsillos de las “rentas del capital”, ensanchando así la brecha de la desigualdad social, al punto que la participación de la masa salarial en el conjunto del PIB sigue en caída libre y se ubica en apenas un 24%, el porcentaje más bajo de los últimos 20 años. 

No se trata de una realidad inventada por la “ultraizquierda” ni por el “sindicalismo sectario”. Basta con volver a remitirse al campo ''progresista'' para constatarla, está vez a lo que dice el mismísimo PIT-CNT:

“Los trabajadores sindicalizados durante toda nuestra historia hemos bregado por la construcción de un nuevo modelo de sociedad, que supere el actual que es tremendamente injusto porque mantiene una enorme brecha entre los diversos sectores sociales. Hoy el 20% más rico se apropia del 47% de la riqueza nacional mientras que el 20% más pobre se debe conformar con apenas el 5%”. (PIT-CNT, “Propuestas de modificaciones en el sistema tributario”, febrero 2011).

Seis años después del arribo del Frente Amplio al gobierno y pese a “todas las mejoras alcanzadas”, el “modelo de sociedad” se mantiene intacto y, por tanto, “tremendamente injusto”. Todo un balance del ''progresismo''. Todo un balance del sindicalismo de negociación. Cabría preguntarse: ¿este es el “país de primera” que vendía el spot electoral de Mujica-Astori?

¿Cuál “redistribución de la riqueza”?

Luego de siglos de capitalismo, el gobierno de Mujica tuvo alguna especie de ''iluminación'' y descubrió que “el mercado no reparte”. Y que, después de seis años de ''progresismo'', la brecha de la desigualdad social en lugar de reducirse sigue tan campante. Entonces, con el cinismo que lo caracteriza, instaló la discusión sobre la “redistribución de la riqueza”. 

Algunos, desde el Frente Amplio y el PIT-CNT, se prendieron de la operación mediática y lanzaron sus “propuestas” para lograr una “justicia distributiva”. Aunque ninguna de ellas apuntaba a la raíz de la cuestión: confiscar el poder del capital, esto es, la organización jerárquica que estructura el sistema de explotación. Ninguna atacaba el régimen de acumulación de capital ni la carrera desenfrenada por el lucro empresarial. Ninguna rozaba siquiera los mecanismos de centralización y concentración del capital. Ninguna, por ejemplo, ponía en tela de juicio el pago de una deuda externa ilegítima y fraudulenta que transfiere la riqueza producida por la mayoría de la sociedad (la que peor está) hacia los centros del capital imperialista. A lo sumo, proponían que aquellas fracciones ''ricas'' que “han ganado mucho” se ajusten el cinturón. 

No obstante, el supuesto “debate” duró apenas unas semanas. Hasta que el gobierno, por boca del presidente de la República y su ''equipo económico'', pusieron las cosas en su lugar. Pueden darse algunos retoques decorativos para calmar el griterío, pero el patético programa económico, acordado con el Fondo Monetario Internacional en 2005, se ratifica en su totalidad. El ministro de Economía así se lo hizo saber al “mercado”, es decir, a los empresarios locales y extranjeros reunidos en la celebración del Consejo Interamericano de Comercio y la Producción (Cicyps), realizada en el Hotel Sheraton de Colonia del Sacramento el 17 de marzo. Pocos días después, el mismo ministro, Fernando Lorenzo, desactivaba cualquier expectativa sobre cambios en la política económica, aunque fueran prometidos en la oferta electoral (a no olvidar ahora). La miserable rebaja de dos puntos del IVA, por ejemplo, se posterga para el 2012 porque “la política tributaria del país no puede ir a los bandazos”. 


Como si fuera poco con lo antedicho, el ''presidente'' de NUESTRO país dice que hay que seguir adelante con este tipo de políticas: "hay que insistir en los grandes rumbos de esa política, porque es esa política la que da resultado, según lo está demostrando la práctica". No acabamos de entender como el señor Mujica puede hablar con tal ignorancia y cinismo, cuando los resultados saltan groseramente a la vista. Más todavía: a pesar de que el país está siendo vendido a grandes empresas multinacionales (y nos estamos quedando sin nada) insiste en que "hay que salir a buscar (a los inversores)" y peor aún, que la ley de inversiones tiene que dar "muchas ventajas y renuncias fiscales", es decir, muchos menos ingresos para la sociedad uruguaya y por ende, mayor dependencia y empobrecimiento. 

Para nosotros, la cuestión de la “redistribución de la riqueza” no se reduce a una coyuntura, ni a que algunas ramas empresariales se estén enriqueciendo más de la cuenta. Tampoco se trata de teorías occidentales y ya inaplicables como el comunismo y el socialismo. Nuestra lucha por la “redistribución de la riqueza” se ubica en una perspectiva anticapitalista y en favor de la mayoría de la sociedad empobrecida, en la que conozcamos, reconozcamos y respetemos las diferencias entre cada sector social y generemos un crecimiento que no se reduzca a la economía, haciéndose extensivo por el contrario al ''campo'' social, cultural, educativo, de la salud, de la vivienda y de la alimentación. 

Es en tal sentido, debemos enfocarnos hacia una perspectiva de re-apropiación social y no solamente de “recuperación salarial”. Dicho de otra manera: asociar la plataforma de reivindicaciones y demandas inmediatas, que resultan de las necesidades sociales más básicas, a un horizonte de ruptura anticapitalista. Esto es, de expropiación de los ladrones del trabajo ajeno. En una economía capitalista de mercado, donde la producción y los intercambios están dominados por la ley del valor y completamente autonomizados en la relación a los individuos, los “ejes programáticos” y las “plataformas'', deben tener esa perspectiva. 

Cuándo vamos a reaccionar y darnos cuenta que los sucesivos gobiernos, sea cual sea su bandera o tendencia política, no hacen más que perjudicar a la mayoría de la sociedad? Es hora de ser realistas y ver que el Uruguay, al contrario de lo que nos dicen, está en una desastrosa situación. Actuar, unirnos y movilizarnos, tendrá que ser el objetivo inicial. No permitir que nos sigan empobreciendo social, económica y culturalmente, es el siguiente paso. Apropiarnos de lo que nos corresponde, será el fin último. 

Comencemos hoy! Hagamos circular esta información (una pequeña parte de lo que se podría decir) por todos los medios posibles. Ataquemos en uno de los lugares donde más duele: la información. Lleva menos tiempo enviar esta publicación a sus contactos que ''acomodarse'' para mirar la televisión y seguir desinformándose. Aunque no nos parezca, esta es una manera de comenzar a hacer algo por cambiar la patética situación en la que se encuentra nuestro país, una situación que nos tiene que doler, porque somos todos hermanos de esta esta tierra y en ella queremos vivir dignamente! 

Fukushima marca una ''Edad de Hielo Nuclear''

La era del renacimiento nuclear se acabó. El shock de Fukushima marca el comienzo de la “Edad de Hielo nuclear”.

 

La actual crisis nuclear en la planta Fukushima Daiichi de Japón después de un terremoto y un tsunami está causando revuelo en la política energética de casi todos los países que utilizan energía nuclear. Las repercusiones de Fukushima se sienten con fuerza dentro y fuera del país, tal como las réplicas siguen sintiéndose en el norte de Japón, incluido Tokio.

Hay 432 plantas nucleares que operan en 30 países en todo el globo y 66 reactores en construcción. El primer ministro Naoto Kan dijo el jueves pasado que revisará desde los cimientos el plan del gobierno de construir por lo menos 14 reactores nucleares más hasta 2030, mientras Japón se apresura a superar su peor crisis nuclear.

En EE.UU., la posición pro nuclear del presidente Barack Obama es objeto de escrutinio. Sus planes de seguir adelante con más plantas nucleares en en país se enfrentan a una oposición cada vez mayor. EE.UU. tiene 104 reactores nucleares comerciales, la mayor cantidad del mundo. De estos, 23 se construyeron con un diseño idéntico al de los reactores nucleares estropeados de Fukushima. Todos utilizan el “sistema de contención Mark I”, diseñado por General Electric hace décadas.

ABC News y New York Times, entre otros medios, informaron el mes pasado de que los expertos habían criticado desde hace tiempo la capacidad de ese sistema de contención de resistir a los problemas que resultan de lo que ''expertos'' nucleares llaman un “apagón de estación”, en el que la pérdida total del sistema eléctrico inhabilita el sistema de refrigeración del reactor. Esta perspectiva del “apagón de estación” tuvo lugar por desgracia cuando un gran tsunami destruyó todos los sistemas eléctricos de emergencia en la planta de Fukushima.

En Alemania, el shock de Fukushima obligó a la canciller Angela Merkel a cambiar su posición pro nucleares. Suspendió los planes del gobierno de alargar la vida de las 17 plantas nucleares de la nación hasta que se complete una exhaustiva investigación de tres meses de duración de la seguridad de los reactores. También ordenó el cierre de las siete plantas que iniciaron sus operaciones antes de 1980.

El presidente francés Nicolas Sarkozy también se enfrenta al asunto. Francia tiene 59 reactores nucleares, cinco más que Japón. Debido al apoyo del sector público y privado, la energía nuclear abastece actualmente casi un 80% del suministro de energía eléctrica. Es la mayor dependencia del mundo de la energía nuclear que sobrepasa el 29% de Japón, el 20% de EE.UU. y el 18% del Reino Unido. Para Francia, los reactores nucleares, el combustible y los servicios constituyen una exportación importante.

Por eso Sarkozy y Areva NC, el gigante francés de la energía nuclear, aumentan su ayuda para enfriar los reactores de Fukushima y para encontrar una solución para el agua contaminada que se filtra de la instalación nuclear averiada. Bajo la bandera ''humanitaria'', se trata de controlar los daños para los negocios franceses.

Sarkozy y el primer ministro japonés, Naoto Kan, dijeron el jueves pasado que la próxima reunión del Grupo de Ocho de los países industrializados el 26 y 27 de marzo considerará el tema de la seguridad nuclear global y discutirá la necesidad de un estándar de seguridad global para plantas nucleares.

El shock de Fukushima también causa interferencia extranjera en asuntos internos. El presidente griego, Karolos Papoulias, instó el pasado mes a la vecina Turquía a que reconsidere sus planes de construir sus primeras estaciones de energía nuclear.

En Corea del Sur, el debate se ha concentrado en un “acuerdo de cooperación nuclear” con EE.UU., que debe expirar en 2014, que prohíbe que Corea del Sur posea instalaciones de reprocesamiento de combustible nuclear usado. Corea del Sur tiene actualmente 20 reactores nucleares y la energía nuclear produce cerca de un 40% de la electricidad del país. El mayor problema de Seúl es que a sus plantas de energía nuclear se les acaba el espacio para almacenar combustible nuclear usado. Se dice que Corea del Sur probablemente establecerá instalaciones provisionales de almacenamiento, pero el asunto volverá convertirse en un tema importante a medida que se aproxime el fin del acuerdo. 

Y la lista suma y sigue. Exportadores de plantas de energía nuclear como EE.UU., Francia, Canadá, Rusia, Japón y Corea del Sur se ven ante una contracorriente importante. El “renacimiento nuclear disminuirá”, dijo el viernes a Asia Times Online Tetsuya Endo, ex gobernador del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). “Si ocurre algún accidente nuclear en cualquier parte del mundo, se convierte en un accidente de todo el globo”.

Amplia revisión del ciclo de combustible nuclear de Japón

Japón vive una gran ironía de la historia. El único país del mundo que ha sufrido a causa de bombas atómicas se enfrenta ahora a un desastre nuclear causado por la naturaleza. La situación en la planta nuclear sigue siendo precaria, mientras los ingenieros de la planta, miembros de las Fuerzas de Autodefensa (SDF), los bomberos y la policía continúan sus desesperados esfuerzos por enfriar los reactores sobrecalentados y el combustible usado. Incluso si el país logra controlar la planta, emocionalmente el público recelará para siempre de la energía nuclear.

El pueblo japonés ya se mostraba extremadamente susceptible con respecto a todo lo nuclear por ser el único país en la historia humana que fue atacado con armas nucleares. Las generaciones mayores especialmente tienen una “alergia nuclear” después del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki y no es para menos. Sus recuerdos de las bombas atómicas siguen vivos.

A pesar de este resentimiento hacia la tecnología nuclear, Japón expandió la generación de energía nuclear después de los dos shocks del petróleo de los años setenta, que sacaron a la luz la fuerte dependencia que tenía Japón de Medio Oriente para recursos energéticos. El petróleo suministraba en 1970 cerca de un 60% de toda la electricidad de la nación, pero ahora sólo provee cerca de un 10%. Japón importa casi el 99% de su petróleo. 

La planta de Fukushima se dejará sin servicio activo y es probable que ningún gobierno local o comunidad acepte la construcción de una nueva planta de energía nuclear en su zona. El accidente de Fukushima será un fuerte revés para el ciclo de combustible nuclear de Japón, dijo Endo. El ciclo de energía nuclear comienza con la extracción de uranio y termina con la eliminación de los desechos nucleares. Con el reprocesamiento del combustible usado, las etapas forman un verdadero ciclo. Japón ha implementado este programa desde 1956, según Endo.

Sin embargo, la nación no ha logrado ubicar un lugar para la segunda planta de reprocesamiento nuclear después de la Planta de Reprocesamiento Rokkasho de la prefectura Aomori, que logró escapar indemne del terremoto del 11 de marzo.

Takashi Hirose, un conocido escritor japonés sobre problemas nucleares, ha señalado que hay cerca de 3.000 toneladas de combustible nuclear radioactivo usado almacenados en Rokkasho que podrían sobrecalentarse y comenzar a arder si fallan los sistemas de refrigeración. Esa cantidad podría propagar contaminación nuclear o “cenizas de muerte” a todo el mundo, dijo.

* Fuente Original: http://www.rebelion.org/.

En retirada: se da vuelta la ''tortilla''?

En las dos últimas semanas, como ya es sabido, Libia ha sido sometido a la más brutal agresión imperial (por aire, mar y tierra) de su historia moderna. Miles de bombas y misiles, lanzados desde submarinos, buques de guerra y aviones de combate estadounidenses y europeos, están destruyendo las bases militares, los aeropuertos, las carreteras, los puertos, los depósitos de petróleo, los emplazamientos de artillería, los tanques y vehículos blindados, los aviones y las concentraciones de tropas de ese país y... hospitales, escuelas, casas y un largo etc. Decenas de efectivos de las fuerzas especiales de la CIA estadounidense y el SAS británico han estado entrenando, asesorando y localizando los objetivos para los denominados “rebeldes”, metidos en una guerra civil contra el gobierno de Ghadafi, sus fuerzas armadas, milicias populares y simpatizantes civiles (NY Times, 30/03/11).

A pesar de este apoyo militar masivo y del control total por parte de sus imperiales “aliados” de los cielos y las playas de Libia, los “rebeldes” han sido incapaces de movilizar apoyos en los pueblos o ciudades, y están en retirada después de que les hayan hecho frente las motivadas tropas y milicias populares del Gobierno Libio (Al Jazeera, 30/3/11).

Una de las excusas más endebles para esta poco gloriosa retirada que ha ofrecido la “coalición” Cameron-Obama-Sarkozy, divulgadísima por todos los medios de comunicación, es que sus “clientes” libios están en inferioridad armamentística (Financial Times, 29/3/2011) . Obviamente, Obama y compañía no se detienen a contar las docenas de aviones, buques de guerra y submarinos utilizados, los cientos de ataques diarios y los millares de bombas lanzadas sobre Libia desde el inicio de la intervención imperial de Occidente. La intervención militar directa de 20 potencias militares, mayores y menores, devastando el Estado soberano de Libia, junto a docenas de sus cómplices políticos en las Naciones Unidas no consiguen una ventaja militar para los clientes imperiales, según la propaganda de cada día en favor éstos. El diario Los Angeles Times, en su edición del pasado 31 de marzo escribe, sin embargo, que “... muchos rebeldes con armas montadas en camiones se dieron la vuelta y huyeron... a pesar de que sus ametralladoras pesadas y armas antiaéreas parecían tener capacidad para enfrentarse a cualquier vehículo gubernamental similar''. Es cierto que no ha habido ninguna “fuerza rebelde” en la historia reciente que haya recibido un apoyo militar sostenido tan grande de manos de tantas potencias imperiales en su enfrentamiento a un régimen establecido. Sin embargo, las fuerzas “rebeldes” de primera línea están en plena retirada y huyen en desorden, absolutamente decepcionados por sus generales y ministros “rebeldes” residentes en Bengasi. Mientras tanto, los líderes “rebeldes”, vestidos de elegantes trajes y uniformes a la medida, responden a la llamada a las armas asistiendo a reuniones de alto nivel en Londres, donde su estrategia de liberación consiste en pedir, ante los medios de comunicación, tropas imperiales de tierra (The Independent, 31/3/11).

La moral entre los “rebeldes” de primera línea es baja: según algunos informes fidedignos del frente de Ajdabiya, “los rebeldes... se quejaban de que no sabían por donde andaban sus antiguos comandantes. Se quejaban también de algunos compañeros que han regresado a la relativa seguridad de Bengasi ... (y de que) las fuerzas de Bengasi monopolizan 400 radios de campaña y 400 teléfonos por satélite... donados y destinados al campo de batalla ... (la mayoría) dice que los comandantes rebeldes rara vez visitan el campo de batalla y que tienen escasa autoridad, porque muchos combatientes no confían en ellos” (Los Angeles Times, 31.3.2011). Al parecer, los twitters no funcionan en el campo de batalla.

Los aspectos decisivos en una guerra civil no son las armas, la formación o el liderazgo, aunque sin duda estos factores son importantes: la diferencia básica entre la capacidad militar de las fuerzas favorables al gobierno de Libia y las de los “rebeldes”, respaldadas tanto por los imperialistas como los progresistas occidentales, se encuentra en su motivación, los valores y los avances materiales. La intervención imperialista occidental ha aumentado la conciencia nacional entre el pueblo libio, que ahora ve su confrontación con los “rebeldes” anti-Ghadafi como una lucha para defender a su patria contra la aviación, la marina y las tropas de tierra de las potencias exteriores, lo que constituye un poderoso incentivo para cualquier pueblo o ejército. Lo contrario es cierto para los “rebeldes”, cuyos líderes han entregado su identidad nacional y dependen totalmente de la intervención militar imperialista para instalarse en el poder. ¿Por qué van a arriesgar sus vidas los combatientes “rebeldes” rasos, luchando contra sus propios compatriotas, sólo para poner al país bajo un yugo imperialista neocolonial?

Por último, salen a la luz las crónicas de periodistas occidentales que cuentan cómo las milicias de las aldeas y las ciudades y repelen a estos “rebeldes”, como en el caso de “un autobús lleno de mujeres libias surgió de repente (de un pueblo) ... y empezó a lanzar vítores como si apoyaban a los rebeldes ...” conduciendo a éstos a una mortífera emboscada preparada por sus esposos y vecinos defensores del gobierno libio (Globe and Mail (Canadá) 28/3/11 y McClatchy News Service, 29/3/11).

Los “rebeldes”, que entran en sus pueblos son vistos como invasores que destruyen puertas, vuelan edificios y acusan a los líderes locales de ser “quintacolumnistas” de Ghadafi. La amenaza de la ocupación militar “rebelde”, la detención y el abuso de las autoridades locales y la perturbación de los valores familiares, étnicos y comunitarios han motivado que milicias y combatientes locales ataquen a las fuerzas respaldadas por Occidente. Los “rebeldes” son considerados forasteros, en términos de alianzas regionales y étnicas, por su pisoteo de las costumbres locales, los “rebeldes”, lo que hace que se encuentren ahora en territorio hostil. ¿Qué luchador “rebelde” estaría dispuesto a morir defendiendo un territorio que le es hostil? La única salida de estos “rebeldes” es recurrir a las fuerzas aéreas extranjeras poder para “liberarles” los lugares que apoyan al gobierno.

Los medios de comunicación occidentales, incapaces de comprender estos avances materiales de las fuerzas pro gubernamentales, atribuyen el respaldo popular a Ghadafi a la coacción o la “cooptación”, confiando en las afirmaciones de los “rebeldes” de que “todo el mundo, en secreto, se opone al régimen” (?). Hay otra realidad material convenientemente ignorada: el régimen de Ghadafi ha utilizado con eficacia la riqueza petrolera del país para construir una amplia red de escuelas públicas, hospitales y clínicas. Más allá de lo relativo de este tipo de cifras, los libios tienen el mayor ingreso per cápita de África, con 14.900 dólares por año (Financial Times, 2/4/11). Decenas de miles de estudiantes libios de escasos recursos reciben becas para estudiar en el país y el extranjero. La infraestructura urbana se ha modernizado, la agricultura es subvencionada y los pequeños productores y fabricantes reciben créditos del gobierno. Ghadafi ha supervisado estos eficaces programas, además de enriquecer a su clan familiar. Por otra parte, los “rebeldes” libios y sus mentores imperiales han convertido toda la economía civil en objetivo militar, han bombardeado ciudades libias, han cortado las redes comerciales y comerciales, bloqueado la entrega de alimentos y bienes de consumo subsidiados a los ''pobres'', provocado el cierre de escuelas y forzado a la huida a cientos de miles de profesionales extranjeros, profesores, médicos y trabajadores calificados.

Ante la posible oposición a la larga autocracia de Ghadafi, los libios se hallan ante la opción de dar respaldo a un sistema social de ''bienestar'' avanzado que funciona o bien a una conquista militar extranjera dirigida. Muchos han optado, racionalmente, por apoyar al régimen.

La debacle de las fuerzas “rebeldes” apoyadas por los imperialistas, a pesar de su inmensa ventaja técnico-militar, se debe a la dirección colaboracionista, su papel como “colonialismo interno” que invade las comunidades locales y sobre todo su destrucción sin sentido de un sistema de ''bienestar'' social que ha beneficiado a millones de libios durante dos generaciones. El fracaso de los “rebeldes” para avanzar, a pesar del apoyo masivo aéreo y marítimo, significa que la coalición de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña tendrán que intensificar su intervención más allá del envío de fuerzas especiales, asesores y equipos de matones de la CIA. Teniendo en cuenta el objetivo declarado de Obama-Clinton de conseguir un “cambio de régimen”, no habrá más remedio que introducir en el país tropas imperialistas, desembarcar gran cantidad de vehículos blindados y tanques y aumentar el uso de municiones de uranio empobrecido, altamente destructivas.

No cabe duda de que Obama, la cara más pública de la “intervención humanitaria armada” en África, continuará su recitativo de mentiras, cada vez más grandes y grotescas, a medida que la población de Libia, en pueblos y ciudades, vaya cayendo víctimas de su monstruosa fuerza. El “primer presidente negro” se ganará la infamia histórica de ser el primer presidente de EE.UU. responsable de la masacre de cientos de libios ''negros'' y la expulsión en masa de millones de trabajadores del África subsahariana empleados bajo el régimen actual (Globe and Mail 28/3/11) .

Sin duda, los ''progresistas'' y los ''izquierdistas'' angloamericanos seguirán debatiendo (en tonos ''civilizados'', eso sí) los pros y los contras de esta “intervención”, siguiendo los pasos de sus predecesores, los socialistas franceses y los new dealers estadounidenses de la década de 1930, que en su día se dedicaron a debatir los pros y los contras del apoyo a la España republicana, mientras Hitler y Mussolini bombardeaban la República por encargo de las fuerzas fascistas “rebeldes” del general Franco, que enarbolaban la bandera de Falange (Familia, iglesia y civilización) un prototipo fascista de la “intervención humanitaria” de Obama en defensa de su “rebeldes”.