Empresa fantasma perjudica a población Quechua y al medio ambiente

Entre los casi 30 casos que tendrá a consideración el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que sesionará en Madrid, se encuentra el conflicto generado por la empresa Pluspetrol Resource Corporation NV en la amazonia peruana. Esta petrolera de origen argentino pero con sede en Holanda es acusada de vulnerar los derechos del pueblo quechua habitante de la cuenca del río Pastaza, que ha sido desplazado por las extracciones hidrocarburíferas. Asimismo, el estado peruano ha establecido un sistema de control policial sobre las comunidades indígenas vecinas al área de operaciones de Pluspetrol, vulnerando las libertades fundamentales de la población indígena de esta zona. Así se puntualiza en el resumen ejecutivo del caso presentado ante el TPP.

Según los registros públicos en los Países Bajos, la Pluspetrol representa un valor de 3.6 mil millones de euros. Por ser una Sociedad Anónima se sabe muy poco acerca de los accionistas de esta “casa matriz”. Según la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores de Perú (CONASEV) sería una corporación financiera denominada Centennial Partners S.A.R.L quien controlaría a la matriz con el 85% del total de acciones.

La acusación se hace extensiva al propio estado holandés “por permitir que una empresa que desarrolla este tipo de actividades contaminantes inaceptables en su país se beneficie de su legislación tributaria. Con esto se configura además una transferencia ilegítima de recursos del sur hacia el norte, en desmedro de las poblaciones menos favorecidas”.

Debido a las violaciones a los derechos de la población amazónica que habita la región donde Pluspetrol realiza sus extracciones, en marzo de 2008 las comunidades indígenas organizaron una protesta que implicó la toma de las instalaciones petroleras, en particular de su aeropuerto. Se buscaba generar un escenario que forzara el diálogo con la empresa. Sin embargo, la respuesta del Estado peruano y la empresa fue la represión y la persecución judicial de los dirigentes implicados.

Se mantuvo presos a 22 dirigentes indígenas, por semanas y meses. Alguno de ellos estuvo hasta 18 meses privado de su libertad. Por el momento, se ha logrado que todos sean liberados y absueltos de los cargos en primera instancia. La sentencia del Poder Judicial alude a una política de criminalización de la protesta social y deja claro que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo debe considerarse como elemento para juzgar este conflicto.

El objetivo de la acusación ante el TPP, que sesionará en la capital española en paralelo con la Cumbre de Jefes de Estado y de gobierno de América Latina y la Unión Europea, es lograr dar visibilidad al conflicto y exigir al Grupo y al Estado peruano que remedie íntegramente los impactos ambientales en la cuenca del Pastaza y que respete todos los derechos individuales y colectivos del pueblo quechua.

La FAO no alcanza a mostrar cabalmente el hambre en el mundo

Las estadísticas nunca mostrarán un panorama completo sobre las víctimas que este flagelo se cobra entre quienes no tienen suficiente comida. También obedece al simple hecho de que la cantidad de personas que padecen inseguridad alimentaria es en realidad mucho mayor que esos números, de por sí escandalosos. Cuánto mayor, nadie lo sabe.

Cada octubre, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) elabora las estadísticas sobre el hambre que luego citan líderes internacionales, políticos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación cuando debaten sobre el tema. Dada la complejidad de la tarea y los recursos que conlleva, no tiene rivales en este cometido. La FAO adopta un enfoque conservador, presumiblemente para evitar que la acusen de exagerar el problema.

Primero analiza datos sobre comercio y producción alimentaria de estados individuales, a fin de evaluar cuál es la cantidad disponible de alimentos. Luego se sirve de patrones de consumo interno para calcular el acceso a ellos y qué proporción de una población dada está desnutrida.

El principal problema es que las estimaciones sobre los alimentos que se necesitan para satisfacer las necesidades mínimas de energía se basan en los requisitos para un estilo de vida sedentario. Esto sugiere que muchas personas no se cuentan como desnutridas aunque no estén consumiendo suficientes calorías para llevar una vida saludable y activa.

Tal vez un problema aún mayor sea que, aunque se acepten a las cifras de la FAO como representativas de la población desnutrida, de todos modos no hablan (las estadísticas) de cuántos pobres están mal alimentados por no poder pagar una dieta adecuada. Una persona puede satisfacer sus necesidades de energía llenándose con arroz o papas, pero si no puede realizar variaciones en su dieta no obtendrá micronutrientes clave como hierro, iodo, vitamina A y zinc, con efectos dramáticos para su salud y su capacidad de funcionar. Ese caso se refiere específicamente a la malnutrición inducida por la pobreza. Pero también se considera malnutrida a la población de ''países en desarrollo'' que es obesa por ingerir una cantidad excesiva de calorías.

Lo mismo ocurre, además, con las personas que padecen enfermedades que impiden que sus organismos se nutran adecuadamente a partir de los alimentos, aunque los consuman de modo satisfactorio. Pero estos grupos no son parte de este análisis.

Cifras difundidas el año pasado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sugieren que la malnutrición causada por la pobreza es un enorme problema. A veces se la llama "hambre oculto" y puede tener consecuencias irreversibles, especialmente para los niños menores de dos años y para los fetos de madres malnutridas.

Según Unicef, 129 millones de niños menores de cinco años en los ''países en desarrollo'' tienen un peso inferior al que deberían, y por lo tanto están malnutridos. Pero la cantidad de esos pequeños que padecen raquitismo a raíz de dietas inadecuadas es muy superior, situándose en 195 millones. "La cantidad estimada de personas con deficiencias de hierro o iodo es en realidad mucho mayor que la de ‘desnutridas’, en el sentido de deficiencia energética dietaria", dijo la especialista en seguridad alimentaria Doris Wiesmann.

También hay otros elementos que la FAO no llega a cubrir: "Las personas que están adecuadamente nutridas hoy, pero corren el riesgo de estar desnutridas en el futuro" debido la posibilidad de un desastre natural o una crisis económica que derive en la pérdida del empleo, también padecen inseguridad alimentaria, dijo David Dawe, economista de la FAO. "Pero no hay estimaciones confiables de cuántas personas están en esa situación", agregó.

Wiesmann ayudó al Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, con sede en Washington, a desarrollar el Índice Global del Hambre, que combina las cifras de la FAO sobre proporción de desnutridos con indicadores sobre malnutrición y mortalidad infantiles. Pero aunque este sistema llega a un resultado que brinda un panorama más amplio sobre la situación del hambre en un país dado y es útil para efectuar comparaciones nacionales, regionales y mundiales, no sirve para obtener números absolutos sobre individuos que padecen inseguridad alimentaria; y aunque supiéramos exactamente cuántas son esas personas, o incluso que duplican la cifra actual, hay motivos para dudar de que eso implique alguna diferencia para las víctimas.

En la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria que la FAO llevó a cabo en noviembre del año pasado en Roma, la comunidad internacional no acordó compromisos vinculantes en materia de asistencia, ni establecer un plazo para erradicar el hambre y esto, pese a que pocos días antes la FAO había dicho que la cantidad de desnutridos había superado por primera vez el umbral de 1.000 millones.

El pueblo hondureño sigue reclamando justicia, esta vez ante la UNASUR

Importantes organizaciones y personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos en América Latina se dirigen a los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para “recordar” la situación por la que vive Honduras bajo el ilegítimo gobierno de Porfirio Lobo que siguió al golpe de Estado. El reclamo tuvo lugar con motivo de la cumbre de presidentes de UNASUR que se realizó en el día de ayer en Buenos Aires, la capital argentina.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva manifestó reparos a la readmisión de Honduras en la comunidad internacional dado que ello supondría un antecedente negativo en la región, según se informó desde Brasilia por parte de las agencias internacionales, citando un comunicado del portavoz de la presidencia brasileña. En opinión de Brasil, “un paso importante sería el retorno (al país) del ex presidente Manuel Zelaya en unas perfectas condiciones de seguridad y con garantías de que sus derechos ciudadanos serán respetados”, señaló la agencia EFE.

Una misiva dirigida a los mandatarios que firman entre otros Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Nora Cortiñas, de la organización argentina Madres de Plaza de Mayo; el brasileño Frei Betto; el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil; y la Red birregional Europa, América Latina y el Caribe “Enlazando Alternativas”; subraya que “el gobierno encabezado por Porfirio Lobo es ilegítimo”, dado que surge “de un golpe de Estado, que destituyó al presidente constitucional”.

Señala asimismo que “los crímenes cometidos por el fascista Roberto Micheletti (líder del golpe que destituyó a Zelaya entre junio y diciembre últimos) y su gobierno, sus jueces, sus diputados, sus medios de comunicación, la jerarquía de la Iglesia Católica, pretenden ser dejados en la impunidad por la política continuista de Porfirio Lobo”. “Este gobierno es responsable también del retroceso en conquistas sociales fundamentales. Constituye una amenaza para toda América Latina, porque favorece la rearticulación de la derecha conservadora y del militarismo en el continente, fortaleciendo las políticas de invasiones, la guerra, el injerencismo, la criminalización y la judicialización de las luchas sociales, promovidas por el gobierno y los sectores del poder estadounidense y mundial”, añade la carta.

En el mensaje se saluda a la resistencia “conmovedora” de los hondureños y se reclama “que América Latina y sus gobiernos cierren filas frente al continuismo dictatorial encaramado hoy en el gobierno de Porfirio Lobo”, por lo que se pide a los mandatarios mediar ante la Unión Europea y el gobierno español para que Lobo no sea invitado a la cumbre que se celebrará en Madrid entre el bloque y los países de América Latina y el Caribe, el próximo 18 de mayo. Entre las 12 naciones de la unión, sólo han reconocido a Lobo los gobiernos de Perú y Colombia.

Por su parte, el canciller venezolano Nicolás Maduro, presente en Buenos Aires para la reunión preparatoria de la Cumbre, justificó la negativa de reconocimiento a Lobo señalando que en Honduras “se continúa asesinando (a) periodistas y líderes sociales”, según reportó la AFP.

Los trabajadores en su día en Honduras

A todo esto, el pasado Día Internacional de los Trabajadores (que se celebró el sábado 1º de mayo) se transformó al territorio hondureño en un gran escenario para reclamar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte del Frente Nacional de Resistencia Popular. Según reporta el sitio Honduras en Lucha las manifestaciones del sábado 1º de mayo alcanzaron el millón de hondureños.

Juan Barahona, coordinador general del frente de resistencia contra el golpe de Estado y presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, dijo en el acto realizado en Tegucigalpa que el golpe, que cumple ya diez meses, “ha generado una crisis social, económica y política que exige cambios profundos”.

El frente de resistencia denunció que en Honduras existe “un sistema herido que atraviesa una crisis sólo comparable a la de 1930, que es alimentaria, social, energética, ambiental y jurídica" y que "repercute, fundamentalmente, sobre las mujeres y los más jóvenes”. Afirmó por tanto que se debe “enterrar el modelo neoliberal y construir un modelo para una política que asegure la justicia y la inclusión de jóvenes y de mujeres”.

Y reclama, entre otros puntos, reinsertar a Honduras en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), derogar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y suspender la negociación del acuerdo comercial con Europa.

Monterrico Metals no se queda atrás y también acecina

Protestas frente a la embajada inglesa en Perú en 2009

Los campesinos peruanos que se oponen al proyecto cuprífero Río Blanco, en la norteña región de Piura. Han sufrido persecuciones judiciales, difamaciones, hostigamientos, torturas y asesinatos. Por esa larga historia de abusos los afectados por las operaciones de Minera Majaz, que fue durante varios años subsidiaria de la inglesa Monterrico Metals, presentarán una demanda ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que sesionará en Madrid entre el 14 y el 18 de mayo próximos. La denuncia la presentan la organización Entrepueblos y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI), que aportarán pruebas y testigos de los impactos negativos de esta actividad.

Pocas dudas quedan respecto a los vínculos estrechos de la cuestionada corporación minera en las altas esferas políticas de Perú y el Reino Unido. Las organizaciones que han monitoreado su actividad, por ejemplo, tomaron conocimiento del nombramiento como presidente ejecutivo de Monterrico Metals de Richard Ralph, que había sido el embajador británico en Perú entre 2003 y 2006.

Fue en ese período que se efectuó la etapa de exploración del proyecto minero, y fue cuando comenzó el conflicto con las comunidades indígenas y campesinas de Yanta y Segunda y Cajas. El documento que se presentará ante el TPP recuerda que, además de realizar acciones pacíficas como marchas y asambleas comunales, en septiembre de 2007 la población local votó masivamente en contra del proyecto en una consulta comunal, aunque nunca se tomó como vinculante. Por esos días las acciones de Monterrico Metals pasaban al consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development, un conglomerado de tres empresas chinas con fundiciones, operaciones mineras, logísticas y portuarias en China, Birmania, Mongolia, Sudáfrica, Vietnam, Afganistán y Filipinas.

Los críticos al proyecto sostienen que este consorcio asiático “prácticamente no difunde ningún detalle específico acerca de su conducta ambiental, social y tributaria”, y por lo tanto es muy difícil conocer sus planes para el proyecto minero Río Blanco.

Uno de los episodios paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos se registró en agosto de 2005, cuando 29 campesinos y un periodista fueron secuestrados y luego torturados en un predio de Minera Majaz. Los responsables de ese atropello fueron efectivos policiales contratados por la empresa.

Además del juicio por daños y perjuicios (que está pendiente de resolución en la Alta Corte de Londres) a mediados de abril una congresista peruana presentó el caso de las torturas contra los comuneros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A las calles en contra de la Ley de Inmigración en Estados Unidos

Movilizaciones en Chicago

Tradicionalmente, el Primero de Mayo es la fecha en que se celebra en todo el mundo el Día de los Trabajadores, con diversas manifestaciones. En Estados Unidos, desde hace un par de años esta fecha se ha centrado en los derechos de los trabajadores migrantes, lo cual cobró un nuevo matiz en la celebración del pasado sábado, cuando cientos de miles de personas protestaron por la nueva ley anti inmigrantes que se aprobó en Arizona.

En más de ochenta ciudades de Estados Unidos, se realizaron diversas manifestaciones en apoyo a los derechos de los inmigrantes, dado que como se ha denunciado por parte de las organizaciones que defienden los derechos civiles, la ley aprobada en Arizona habilita el que se detenga a personas únicamente debido a su perfil racial, ya que la policía puede interrogar a cualquier sospechoso de ser inmigrante indocumentado.

De acuerdo con la normativa, conocida como ley SB 1070, si luego de la detención se establece que la persona carece de documentación que compruebe que se trata de un ciudadano o no tiene permiso de residencia, se procede a entregarla a las autoridades de inmigración.

Según informó el medio estadounidense Democracy Now, algunas de las mayores manifestaciones tuvieron lugar en Los Ángeles, Dallas, Milwaukee, Nueva York y Washington. En una de esas manifestaciones, que se realizó en las afueras de la Casa Blanca, participó el congresista demócrata Luis Gutiérrez, vistiendo una camiseta en la que se leía la frase "arréstenme a mí, no a mis amigos".

Gutiérrez fue arrestado tras la protesta, junto con más de treinta personas. Al otro día, el congresista estuvo presente en el programa “Face the nation” de la cadena CBS, en donde indicó a qué se debía su postura. “Estábamos protestando por el hecho de que cientos de miles de familias inmigrantes han sido destruidas, esposos han perdido a sus esposas... hay cuatro millones de niños que son ciudadanos estadounidenses cuyos padres han sido deportados o están bajo amenaza de deportación”, indicó.

Irrupción apropiada

El lema que escogieron fue “Minería = Muerte, Panamá libre de Minas Ya”. El lugar de la protesta fue el Centro de Convenciones Vasco Nuñez de Balboa, ubicado en la capital del país. Allí, activistas panameños interrumpieron a finales de la semana pasada la conferencia de prensa que inauguraba la 17º reunión de ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe. Denunciaron que el otorgamiento de licencias para la minería a cielo abierto pone en “peligro de extinción” a Panamá, sobre todo por los impactos que provoca esa actividad en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Hay casi 300 concesiones mineras en trámite ante las autoridades ambientales panameñas, lo que supone, según las organizaciones, un atentado contra el modelo de desarrollo sostenible. “El gobierno de Panamá ha declarado su intención de ampliar la cobertura minera en un país frágil y clave para el equilibrio ambiental de la región”, aseguran desde la plataforma firmante de la declaración.

Aseguran que estas licencias se otorgan a espaldas de las comunidades. Dicen que no hay consultas previas y se oculta la información. Todo esto deriva en un desplazamiento de comunidades y la contaminación de recursos naturales, que hiere de muerte a la economía local.

El texto de las organizaciones se entregó a la prensa y se leyó en plena conferencia del cónclave ministerial. Cuando los ambientalistas irrumpieron en la sala de conferencias estaban sentados Angela Copper y Margarita Astrálaga, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y el funcionario Javier Arias, administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá. Detrás de ellos, que miraban atónitos la situación, colgaron las pancartas, y gritaron consignas como "ANAM, delincuente", "Panamá libre de Minería" o "¿Dónde está la voz de los campesinos?", según señalan en el comunicado.

Algunos de los proyectos mineros que se ejecutan en el país, en su mayoría de oro y cobre, son el de Cerro Colorado, Cerro Petaquilla y Cerro Quema, y los principales damnificados por estas explotaciones son indígenas de las etnias ngobe y buglé.

Los paramilitares Mexicanos

Bety Cariño Trujillo

El integrante de la organización Otros Mundos Gustavo Castro, de Chiapas, México, recuerda a la luchadora Betty Cariño, asesinada por paramilitares en el Estado de Oaxaca. Aunque la misión humanitaria que intentaba acercar alimentos y medicinas a la comunidad de San Juan Copala había sido anunciada a las autoridades del estado mexicano de Oaxaca, esto no impidió la emboscada ni la muerte de dos de sus integrantes, entre ellos la luchadora mixteca Betty Cariño. “Ni el Ejército ni la policía ni el gobierno actuaron, dejaron que esos paramilitares actuaran”, señala Gustavo Castro.

El activista integrante de Amigos de la Tierra contextualizó la situación acaecida el pasado 27 de abril cuando se realizó el ataque en el clima de represión que vive el Estado de Oaxaca por responsabilidad de su gobernador, Ulises Ruiz. “Es un gobernador sumamente represor y reprimió a la movilización de 2006 con mucha sangre. Todo vestigio de resistencia en su Estado, con muchos intereses mineros y turísticos, ha sido sistemáticamente golpeado. Al gobernador al parecer no le hace mella nada de eso”, reflexionó Castro desde San Cristóbal de las Casas horas después de realizarse el funeral de Betty Cariño. “Existe una impunidad impresionante, hoy en día los paramilitares parecen intocables”, se lamentó Castro.

La emboscada a la caravana humanitaria que culminó con la muerte de Betty Cariño y del observador finlandés Juri Jaakkola generó múltiples reacciones a nivel de organizaciones sociales de México y América latina. El pasado lunes 3 de mayo se realizó una manifestación de cese a la violencia de estado en Oaxaca ante la embajada de México en San José de Costa Rica. Asimismo, se han iniciado campañas de correspondencia hacia las delegaciones diplomáticas del gobierno de Felipe Calderón ante otros Estados de la región reclamando el cese de la represión y la garantía a los derechos individuales de los luchadores sociales.

Betty Cariño integró el Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y fue Directora del Colectivo Cactus. La emboscada, tras la cual permanecieron varios días desaparecidos reporteros mexicanos y observadores europeos generó un reclamo formal de la embajada española en México, como titular de la presidencia de la Unión Europea, al gobierno de Calderón para el esclarecimiento de los hechos.

En archivos adjuntos puede verse y escucharse a Betty Cariño en su intervención en la Dublín Platform 2010, así como leerse el poema en prosa del hondureño Juan Almendares en homenaje y memoria a la luchadora asesinada.