La megaminería en Uruguay; Ignacio Stolkin

10 respuestas a 10 mentiras

Coincidiendo con la aprobación parlamentaria de la Ley de Minería de Gran Porte, el gobierno uruguayo lanzó una campaña de falsedades y agravios contra los opositores a esa iniciativa para justificar los supuestos ''beneficios'' de dicha ley. A continuación, reproducimos un documento elaborado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) dando respuesta a esa campaña.

''Introducción

La reforma del Código de Minería de 2011, la Ley del Puerto de Aguas Profundas de 2012 y la Ley de Minería de Gran Porte recién votada integran un conjunto orquestado de decisiones políticas y normas legales con la finalidad de abrirle las puertas a una actividad económica -la minería metalífera a cielo abierto- cuya escala y magnitud de los impactos sociales y ambientales no tiene precedentes en el país.

Cuando la sociedad precisaría disponer de la información y el tiempo adecuados para definir cambios de tal importancia, la presencia simultánea de empresas interesadas en esa actividad hace que los debates se realicen en medio de disputas y conflictos concretos. En este proceso se ponen en evidencia no solo simples carencias en el suministro sino también la deformación de la información a la población.

Este material pretende ser un aporte al esclarecimiento de una serie de argumentos falsos relacionados con este tema que han sido usados de manera sistemática para confundir a la población sobre la naturaleza de las decisiones en juego.

1. El Uruguay se quedará con el 50% de las ganancias de las grandes mineras.

Existen dos opciones para calcular el impuesto a la renta: 1) sobre la “renta efectiva”, que es la ganancia declarada por la empresa; y 2) sobre la “renta presunta”, que se deduce de las ventas. La primera opción fue probada en Chile y se vio que las mineras se las arreglan para declarar que tienen pérdidas y no pagar el impuesto. La segunda opción, en cambio, hace muy difícil la evasión. El IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) de la ley uruguaya sigue la primera opción y no incluye medidas para impedir que las empresas inflen costos y escondan las ganancias. Por esta razón, la recaudación por el IRAE será muy pequeña o reducida a cero.

Al impuesto “adicional del IRAE” se lo presenta como dirigido a recaudar más cuando las mineras ganen mucho por los precios muy altos. Pero si el IRAE es ínfimo, el adicional del IRAE, al ser un porcentaje del primero, será ínfimo también.

Como si esto fuera poco, la ley aprobada permite descontar, para el cálculo del IRAE, todas las inversiones hechas por la minera antes de obtener la concesión (estudios de prospección, exploración y el informe de impacto ambiental presentado a la DINAMA). Esta ley permite también descontar el canon del adicional del IRAE. El canon no es un impuesto, es el 5% del valor del mineral que cobra Uruguay por llevarse esa riqueza. Al permitir a la minera que descuente el canon de un impuesto, está reduciendo el canon a cero. Es decir, le están regalando el 100% del valor del mineral.

Por estas razones, la recaudación por IRAE y adicional del IRAE, supuestamente el 50% de las ganancias o el mentado “fifty-fifty”, será insignificante.

2. La ley de MGP impone a las grandes explotaciones mineras mayores impuestos.

Además de ser irrisorios los ingresos por IRAE y adicional del IRAE, esta ley habilita otros beneficios fiscales para las mineras. Cuando el Poder Ejecutivo concurrió a la discusión en el Senado, el ministro Kreimerman explicó que la minera será eximida del pago del Impuesto al Patrimonio, del Impuesto al Valor Agregado y de los aranceles de importación y exportación. Solo por la exención del IVA se calculó que Aratirí será beneficiada con el no pago de 700 a 1.000 millones de dólares.

Este fue uno de los motivos por los cuales los partidos Nacional y Colorado no votaron esta ley. Con tales exenciones se violó un acuerdo de la Comisión Multipartidaria sobre Minería de Gran Porte que decía: 'No serán aplicables beneficios tributarios de la Ley de Promoción de inversiones a las actividades extractivas y conexas (…). No serán aplicables subsidios a exportación…' (Capítulo V. Eje económico, 5.d.)

La empresa minera será subsidiada además por el consumo de agua gratis y energía eléctrica a un tercio de la tarifa residencial, por obras de infraestructura y portuarias a cargo del gobierno por lo que, si se recauda algo, no se recaudará gran cosa.

3. Los asalariados rurales tienen poco trabajo y mal pagado, la minería creará nuevas fuentes de trabajo y con sueldos superiores.

Uruguay tiene hoy unos 70.000 asalariados rurales. En 2006 se aprobaron las leyes de libertad sindical y de regularización laboral en el BPS y, en 2008, la ley de ocho horas en el campo. El trabajador debe cobrar su salario en dinero, junto con la prestación de alimentación y vivienda (o un monto equivalente) fijado en el Consejo de Salarios. El trabajador rural está hoy legalmente protegido. Si se intenta eludirlo, el gobierno tiene la responsabilidad de inspeccionar, sancionar y hacer que se cumpla la ley.

Aratirí (el único proyecto posible en el país de minería de gran porte), promete 1.300 empleos directos para una explotación de 12 años. No es una cifra significativa frente al total de asalariados rurales pero, además, la zona de Valentines está habitada por productores familiares y por asalariados que trabajan en una actividad permanente. ¿A dónde irán ahora los actuales pobladores y adónde irán los trabajadores de Aratirí después de esos 12 años, cuando esa zona rural haya quedado destruida?

El obrero minero, una ínfima minoría incluso en los países ricos en minerales, cobra altos sueldos por la altísima rentabilidad de la minería y porque están pagando los riesgos de salud y de corta vida a los que se ve expuesto ese obrero.

4. El desarrollo de nuevas tecnologías alivia los impactos al medio ambiente.

En realidad, los nuevos equipamientos destruyen mucho más porque la minería a cielo abierto en gran escala está dirigida a explotar yacimientos pobres en metales, de bajo porcentaje de hierro y oro como los existentes justamente en Uruguay.

Para que la actividad minera sea rentable en estos lugares, las máquinas excavadoras y de transporte deben remover volúmenes mucho mayores de roca del subsuelo, usan más explosivos y productos químicos que producen más polvo, ruido y contaminación, y consumen más combustible y energía. Por lo tanto, si se lo compara con otras tecnologías conocidas, el ataque al ambiente es mucho mayor.

La megaminería metalífera a cielo abierto es intrínsecamente destructiva. No es algo excepcional, sus impactos son reconocidos y abundan en el mundo entero.

5. La extracción del hierro contribuye a crear una industria siderúrgica nacional.

Ni Aratirí ni el gobierno están promoviendo con este proyecto una industria siderúrgica nacional. El ritmo de extracción del hierro -18 millones de toneladas por año-, es para exportarlo aprovechando los precios altos del mercado. Por esta razón el proyecto Aratirí tiene tres partes indisociables: mina, mineroducto y puerto oceánico.

Para crear una industria siderúrgica con nuestro hierro, el mineral debe quedar en el país y, en vez de entregarlo a una empresa extranjera, el estado debe organizar la explotación llamando a una licitación. A su vez, el ritmo de extracción debe ser menor, para reducir el impacto ambiental y que la producción se mantenga varias décadas. Solo el montaje de la industria siderúrgica lleva unos cinco años.

La última reforma del Código de Minería definió que el 15% del mineral que extraiga una empresa debe ofrecerlo en el país. Si la oferta dura solo 12 años, como quiere Aratirí, no alcanza para armar una industria siderúrgica.

Durante la discusión parlamentaria, se propuso que la ley de MGP fijara una tasa de extracción anual del hierro para que la explotación durara unos 60 años, pero la mayoría oficialista se opuso a fijar un límite de extracción.

6. Los daños de la minería no son significativos porque el área afectada es pequeña.

En las presentaciones de su proyecto, Aratirí fue aumentando la superficie de impacto de las minas, aceptando que la propuesta había sido insuficiente. En el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el distrito minero ocupaba 4.300 hectáreas. En el segundo EIA subió a 6.210 hectáreas la zona de impacto directo y la franja de amortiguación pasó de 11.500 a 14.505 hectáreas. Aún así, esta franja toma la mitad de la mínima distancia de impacto que, según informes del propio EIA, sería de 3 kilómetros. Si se toma esta distancia, el área afectada llega a unas 30.000 hectáreas.

El daño es mayor aún porque Aratirí posee títulos de prospección en esa zona sobre 120.000 hectáreas y, por la reforma del Código de Minería de 2011, que extendió los plazos, esto significa que los productores rurales son rehenes de las decisiones de la minera por 12 años. ¿Por qué el estado otorgó a esta empresa títulos de tal magnitud? Y, si Aratirí no piensa explotarlos, ¿por qué no devuelve esos títulos?

Se pretende minimizar el daño alegando que es un área pequeña, pero se reconoce la importancia del daño. Además de los impactos durante la explotación, se destruirá un suelo que posibilita la vida y una actividad productiva permanente.

7. La ley exige a las mineras la reconstrucción del ambiente original.

Autoridades del gobierno, incluido el Presidente de la República, José Mujica, afirman que los inmensos cráteres de la mina se vuelven a rellenar y se restaura la actividad productiva anterior. Esto es sencillamente falso, en ninguna parte del mundo esos pozos se rellenan, menos van a hacerlo en Uruguay. No se rellenan porque tiene un alto costo y hacerlo reduce la rentabilidad de las empresas. Incluso se los deja abiertos por si más adelante surge el interés de continuar la extracción.

La ley de minería de gran porte contiene frases genéricas sobre la preservación del medio ambiente y una sección dedicada al plan de cierra de la mina, que incluye la imposición de garantías económicas para el cumplimiento del plan. Pero no define exigencias concretas de restauración del ecosistema precedente y éstas quedan libradas a los resultados de una negociación entre el gobierno y la minera.

Por otra parte, la propuesta de Aratirí ha sido muy clara, tanto en la comunicación a la DINAMA como en la discusión parlamentaria de la ley. Aratirí propone rellenar con agua de lluvia esos pozos, en un proceso que puede demorar hasta 80 años, al final de los cuales no sabe si esa agua estará apta para otros usos en la zona.

8. Se utilizará poca agua porque el proceso trabajará en ciclo cerrado.

Según Aratirí, el agua se gestionará en 'circuito cerrado': uno, formado por la represa de relaves, la represa de agua bruta y la planta de beneficiamiento; y otro, formado por el mineroducto hacia el puerto y un acueducto de retorno. Con este sistema, tendría que reponer por pérdidas 1,1 millón de metros cúbicos anuales (el consumo de 90 hectáreas de arroz). Pero Aratirí prevé un emisario submarino de 2,5 kilómetros de largo, al costado de la terminal portuaria, para descargar en el océano las aguas usadas y contaminadas del distrito minero.

¿Se puede llamar a esto 'circuito cerrado'? Evidentemente, no. Es peor,

Además, para extraer el mineral del subsuelo desviarán varios arroyos y el río Yí, contaminarán aguas superficiales, napas freáticas y aguas subterráneas, tanto por el escurrimiento de los cráteres y de los depósitos de estériles, como por la infiltración hacia el suelo de los depósitos de relaves y de agua bruta. Los impactos de estas contaminaciones y las alteraciones del sistema hídrico de la región se extenderán, según el propio informe de Aratirí, entre 3 y 6 kilómetros desde el borde de las instalaciones mineras.

9. La minería se hará en tierras donde no hay posibilidades de desarrollo.

Se ha presentado a la zona potencialmente afectada por el proyecto Aratirí como un rincón abandonado del país. Al decir que pertenece 'al Uruguay profundo', se alude a una zona de pobreza y carente de desarrollo. Se la asocia entonces con el latifundio tradicional para decir que los que se oponen a la minera son 'terratenientes'. Es un discurso mentiroso dirigido a las personas que desconocen esa realidad.

Según las estadísticas oficiales, en las tres áreas del proyecto minero, hay 3.573 personas dedicadas a la actividad agropecuaria que se verán directamente afectadas y 4.156 trabajadores con un grado de afectación indirecto. El propio EIA de Aratirí expone que los establecimientos del distrito minero son de los que el Ministerio de Ganadería (MGAP) define como 'productores familiares'; en la medida en que 'el promedio de los establecimientos de la zona' es menor de 500 hectáreas.

Un informe reciente del MGAP calcula una rentabilidad bruta de 160 y neta promedio de 49 dólares por hectárea en la zona y estima que son necesarias 361 hectáreas en propiedad o 550 ha, si el 33.4% fuera arrendada, para que un productor tenga el ingreso medio de los hogares de una localidad pequeña del interior. El mismo informe agrega que, para el productor familiar, la tierra tiene otros valores, además del económico, como son la vivienda, la alimentación, la cultura y el estilo de vida, y que habrá dificultades para el realojamiento de esa población.

10. La minería de gran porte permitirá diversificar la matriz productiva del país.

Justificando la nueva ley de minería de gran porte, el senador Daniel Martínez dijo: 'O diversificamos la matriz productiva, avanzamos en sectores de mucha más tecnología y valor agregado o vamos a ser un país pobre toda la vida'. Este argumento va dirigido a sectores preocupados por el desarrollo tecnológico del país, pero es tan vacío de contenido como el que asocia estos proyectos mineros con la industrialización.

No se diversifica la matriz productiva porque es una actividad meramente extractiva. Es decir, extrae el mineral y lo exporta en bruto. En segundo lugar, no es duradera porque, a lo sumo dará para 15 a 20 años y luego se acabó el recurso. Si se pretende diversificar la matriz productiva, debería poder realizarse una actividad permanente. En tercer lugar, es incompatible con otras actividades productivas y destruye el ecosistema, con lo cual, al cabo de un corto lapso, simplemente habremos perdido para siempre una zona productiva.

La minería de gran porte que se pretende instalar solo aumenta la condición primario exportadora de la economía. Sin diversificación productiva ni industrialización, el país será más dependiente aún de los vaivenes del mercado internacional, tanto por las materias primas que debemos vender, como por los productos manufacturados que, sin un cambio sustancial del modelo de desarrollo, seguiremos comprando''.

Conferencia de prensa de la Comisión Tacuarembó por la vida y el agua

La Comisión Tacuarembó por la vida y el agua brindó conferencia de prensa, para declarar su discrepancia con La Corte Electoral, respecto a su dictatorial fallo donde niega la posibilidad que los vecinos del departamento se puedan pronunciar si quieren o no minería a cielo abierto, a través de un plebiscito que según la ley y la cantidad de firmantes de la solicitud, tiene que realizarse. A continuación un video con la conferencia de prensa: 

Esquel nos demostró a tod@s los latinoamerican@s que SI SE PUEDE

La leyenda de la Ciudad de los Césares de la Patagonia enloqueció a guerreros y frailes, arrastrándolos, como fascinados, de un extremo a otro en el lugar, cuenta el historiador Enrique de Gandía. Llamada también la Ciudad Errante o Elelín, había sido descrita como una ciudad de planta cuadrada, con templos y calles de oro macizo. Algunas versiones hablaban de dos cerros, uno de diamante y el otro de oro.

A principios de siglo XXI, la búsqueda parecía haber concluido con éxito. Pero los exploradores eran esta vez muy distintos. Trabajaban para la empresa minera canadiense Meridian Gold. La Ciudad de los Césares, en efecto, tenía una planta casi cuadrada. No tenía calles de oro, pero sí varios cerros alrededor. Los 30.000 habitantes de la ciudad ignoraban que uno de los picos que veían todos los días, a seis kilómetros de distancia, estaba lleno de oro. La población de Esquel tampoco sabía que en su tranquilo pueblo se libraría la primera gran batalla contra los nuevos conquistadores.

Cianuro y almendras

El hallazgo pudieron leerlo todos los habitantes de Esquel en el diario. Una mina de oro, inversiones y 400 puestos de trabajo. Un panorama ''prometedor'', sobre todo para los 6.000 desempleados que había en la ciudad en 2002. Para presentar el proyecto, la empresa convocó a una primera reunión. A Marta Sahores, como profesora de Química en la Universidad de la Patagonia, le entró curiosidad. En la entrada a la charla se encontró con otra profesora de la facultad. Se sentaron juntas. La sala estaba llena.

– El cianuro es menos venenoso que la lavandina (lejía) que se vende en los supermercados cerca de las góndolas de la comida – decía un hombre vestido con un traje azul. Sin duda intentaba evitar una “innecesaria” preocupación por el uso de uno de los ingredientes básicos para la extracción de oro en las minas a cielo abierto. Las dos químicas se miraron. Marta Sahores no pudo evitar levantar la mano. Pero el hombre del traje azul continuaba hablando.

– Cianuro hay en las almendras amargas, en el humo de cigarrillo… Si el cianuro fuera veneno, yo estaría envenenado, porque el azul es ferrocianuro férrico –decía mientras mostraba su traje azul y señalaba a otros oyentes con prendas azules– , y vos y vos y vos…

Las dos profesoras de Química interrumpían, cuando les dejaban. A la salida del acto siguieron hablando. “¡Qué responsabilidad la nuestra!”, dijo Marta Sahores. Eran las únicas dos expertas en química de Esquel.

El local de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la Minería está a unos pocos metros de la plaza principal. Mate en mano, Sahores describe cómo se extrae el oro de la montaña en una mina a cielo abierto: explosiones de material contaminante, diques precarios de material tóxico, cianuro, temblores, y el uso de millones y millones de litros de agua por día.

Marta Sahores se acerca a una maqueta de Esquel y de las montañas de los alrededores; entre ellas, el cerro donde Meridian Gold quiso instalar la mina. “Trescientos miligramos de cianuro resultan letales para un ser humano. Iban a usar seis toneladas por día, aquí, a 6,2 kilómetros de la ciudad, con caída para acá”, explica, mientras señala la ruta que tomaría cualquier escape, directo hacia Esquel.

Vecinos informan a vecinos

“Era como tener una bomba de tiempo a seis kilómetros”, señala Pablo Quintana, uno de los fundadores de la asamblea. El aumento de las desigualdades, la contaminación y el agotamiento de los acuíferos eran algunos de los motivos para oponerse a la mina. Pero había más razones: según la leyes vigentes, solo el 3% de las ganancias producidas por la megaminería se quedan en el país.

A mediados de 2002, Pablo Quintana y otros conocidos empezaron a reunirse, a hablar por teléfono, a intercambiarse correos electrónicos. En el salón de la escuela nº 205 celebraron la primera reunión. Eran unas sesenta personas. La siguiente semana ya superaban las cien. “A partir de ahí, fue como una bola de nieve”. Se había creado la primera Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la Minería.

La asamblea utilizaba los mensajes de texto, los correos electrónicos, las panfleteadas, las pegatinas, pero resultó claro que no bastaba. La primera movilización fue convocada para el 24 de noviembre de 2002. Mil personas se juntaron ese día. La situación, seguramente, empezó a preocupar a la empresa porque, revela Marta Sahores, recibió tres llamadas anónimas con amenazas. “Me dijeron que, si no me dejaba de joder con el cianuro, iba a quedar tendida en la plaza”.

Una semana después, la ciudad vivía su segunda muestra de rechazo. Ahora eran 3.000 personas las que gritaban contra la mina en una marcha por el centro. “Ese día quedé tendida en la plaza, pero de feliz, porque había venido mucha gente de la comarca”, rememora Sahores.

El equilibrio de fuerzas estaba cambiando. Con la población movilizada fuera de la municipalidad, el Consejo se vio obligado a convocar un plebiscito. El primer referéndum en Argentina sobre la minería a gran escala ya tenía fecha: el 23 de marzo de 2003. A medida que se acercaba el día, la tensión aumentaba. La manifestación más multitudinaria fue la del cierre de campaña, el día antes de la votación. Nueve mil personas marcharon por el centro en la mayor movilización de la historia de Esquel. El Gobierno municipal y la minera Meridian Gold, como broche de cierre, brindaron un concierto gratuito en el gimnasio municipal, con bebida y choripán incluidos.

Había llegado el día. “Todos teníamos miedo. No creíamos que hubieran convocado un plebiscito sabiendo que iban a perder. Creíamos que había gato encerrado, que iba a haber fraude. No sé de dónde vino el error de cálculo”, expone Quintana. Al cierre de la votación, a las 18 horas, el resultado no podía ser más rotundo: 1.500 personas a favor de la mina; 11.062 personas, el 82%, en contra. La victoria se convirtió en festejo. “A la noche, la gente estaba como loca, dando vueltas por todos lados. Yo recuerdo –dice Quintana– salir del local y llegar a la plaza abarrotada de gente, algunos con antorchas, con pancartas, un momento de absoluto festejo”.

El día anterior al plebiscito, en la gran marcha de cierre, Marta Sahores no podía creer lo que veía: “En un pueblo de 30.000 habitantes, había 9.000 en la calle, sin organización, unos hacia un lado, otros hacia otro”. De repente descubrió entre los manifestantes a un grupo de niños, todos equipados con la misma camiseta de fútbol, relucientes. Le entró la curiosidad:

–Chicos, ¿qué pasa?, ¿no estuvieron jugando al fútbol, que están todos limpitos?

–No, estas nos las regalaron los mineros y las guardamos para festejar el triunfo del “no a la mina”.

“¡Eso fue apoteósico! Hubo compra de voluntades a granel, empanadas, asados, vino… Trajeron un conjunto musical gratis. La gente aceptó las empanadas, fue a ver al conjunto que le gustaba, pero luego votó lo que le parecía”, relata Sahores.

A los pocos días, el Gobierno declaró que el proyecto no se iba a realizar. Esquel se convirtió en el primer pueblo de Argentina que consiguió expulsar a una multinacional minera con la movilización ciudadana. Pero no sería el último: decenas de pueblos argentinos como Loncopué, Tinogasta, Chilecito o Andalgalá siguieron su ejemplo. Esquel había demostrado que se podía hacer.

Un proyecto a destacar al respecto

Martín Cúneo y Emma Gascó son autores de Crónicas del Estallido, un libro de próxima publicación sobre las victorias de los movimientos sociales en América Latina. Un relato basado en los testimonios de más de 200 activistas entrevistados en un viaje de año y medio, 10.000 kilómetros hacia el norte, entre Argentina y México. Para apoyar la publicación del libro, prevista para noviembre, o conocer más sobre el proyecto, entra aquí.

Nada quedará

En México, cada año se reduce más y más el número de niños y jóvenes indígenas que no siguen hablando su lengua materna por temor a ser marginados. Esto no se trata de una autosegragación, sino de un avergonzamiento y miedo a causa de la segregación y la violencia simbólica y física, ejercida desde hace más de 500 años sobre los pueblos originarios y que al día de hoy se mantiene en el país centroamericano, así como en otros de América Latina. De no frenar esta situación, nada quedará. 

Según la investigación de la Facultad de Antropología de la Universidad de Veracruz (UV), este fenómeno refleja la falta de integración de los pueblos indígenas durante el proceso de formación, desarrollo y crecimiento de México y no por su culpa, sino por la segregación a la que se han visto sometid@s y que siguen sufriendola hasta el día de hoy. La sociedad colonial estaba dividida en castas, y el mero hecho de no ser criollos, españoles o mestizos, impedía la integración. Como resultado de ello, no fue posible crear una sociedad en la que todos tuviesen los mismos derechos.

Una vez fundado el Estado mexicano, las castas legalmente no existen y ''todos'' los ciudadanos son mexicanos con los mismos derechos. Pero en la práctica es diferente, ya que desde hace 200 años, el reto de la integración de los pueblos indígenas sigue siendo actual. Se trata de un proceso histórico que no depende de voluntades personales ni políticas, revolucionarias o institucionales. Es un proceso de las sociedades indígenas que quieren, tienen necesidad y derecho a integrarse en la sociedad nacional y no pueden permanecer marginados.

Tampoco integrar significa borrar, es decir, no por integrar a los pueblos originarios, borrarles sus lenguas, sus tradiciones, su cultura, al buen estilo europeo en tiempos de la colonia. Por el contrario, debería ser una integración aceptándolos tal cual son y sabiendo respetar las diferencias entre sus modos de ser y hacer y los modos de ser y hacer de las personas occidentalizadas:  "Yo soy como soy y tú eres como eres, construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú'' (Subcomandante Marcos).

''Oh, verde Battir, madre del aire''

“Oh, verde Battir, madre del aire”, canta Mariam Ma’mmar en honor a su aldea cisjordana. La estación cálida, próxima a su fin, hizo que la tierra se secara en todas partes, pero no aquí, donde echa raíces una forma pacífica de resistencia contra la ocupación israelí. Los 5.000 habitantes de Battir se enorgullecen de su vínculo cultural e histórico con el paisaje que los rodea.

Asentada en 554 kilómetros cuadrados de laderas secas y pedregosas, la mayor red de labranza en terrazas, frutales y huertos de toda Palestina ofrece una imagen en cascada que termina en un valle profundo. Gracias a la cisterna y el acueducto de la era del Imperio Romano, el agua fluye todo el día, irrigando las terrazas agrícolas. Ocho manantiales naturales, rebosantes de vida y compartidos por ocho familias de Battir, alimentan el antiguo sistema de riego, nutriendo a la vez los sueños de autosuficiencia hídrica. Pero los días en que la reputación de sus berenjenas, las “betinjan battiri”, traspasaba las fronteras de Battir, han quedado atrás. Ahora la zona es escenario de una batalla entre diversos cultivos. En una ladera, avanza un frente unido de duros pinos plantados en torno a los asentamientos judíos. En la otra, en filas dispersas, los retorcidos olivos, símbolos del apego palestino a la tierra. Las agujas de los pinos acidifican el suelo y ponen en peligro a los olivos, observa Ma’mmar.

Los asentamientos de Har Guiló y Beitar Illit crecen detrás de los pinos. Un tercero, Guivat Yael, está en construcción. Un muro de concreto de ocho metros de altura avanza lentamente hacia Battir, incautándose a su paso grandes porciones de tierra palestina. “El muro enloquecerá a Battir. Cortará el riego. Los agricultores perderán su tierra”, protesta Ma’mmar. “Oh, Israel, llévate mi vida, no te lleves mi tierra…”, agrega.

Iniciada en 2002 en el momento más caliente de la segunda Intifada (levantamiento contra la ocupación) para proteger a los israelíes, la barrera de seguridad, conformada por muros y vallas, invade la mayor parte del territorio que los palestinos avizoran como parte de su futuro estado. El Ministerio de Defensa de Israel intenta levantar el muro en este valle desde 2006. “No hay motivo para el muro. Ningún israelí fue herido o asesinado aquí”, dice el alcalde de Battir, Akram Badr.

Los aldeanos solicitaron a la Corte Suprema de Israel que desviara el trazado del muro para que no pasara por mitad del valle y no se confiscaran así las tierras ni se destruyera el ambiente y el sistema y de riego. Obtuvieron el improbable apoyo de la gubernamental Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel. En mayo, la Corte intercedió en nombre de los aldeanos y propuso que el Ministerio de Defensa buscara alternativas “no físicas” al muro.

La decisión judicial será en diciembre, pero ya hay alternativas. Se colocan cámaras de vigilancia y sensores en las cimas de las colinas. Hay patrullaje en el área y vehículos de seguridad controlan a diario el pasaje de una decena de trenes. “Somos optimistas”, dice Mustafa Aweinah, un agricultor de Battiri. Esa renovada confianza hace evocar el pasado de estas tierras.

Los predios se extienden más allá de las vías férreas de la era del Imperio Otomano, que serpentean entre Jerusalén y Tel Aviv-Iafo. Estas vías se superponen con la línea de demarcación trazada por el armisticio de 1949 (la famosa “Línea Verde”), que puso fin a la primera guerra entre árabes e israelíes. Desde entonces, el tren ya no paró aquí. En aquel tiempo, Hassan Mustafa, un periodista de Battiri graduado en la American University de El Cairo, se las arregló con persuasión y contactos para obtener de Israel una concesión extraordinaria en la historia del conflicto. A cambio de su compromiso de proteger la ruta del ferrocarril, los agricultores mantuvieron el derecho a cultivar su tierra al otro lado de las vías, dentro de territorio israelí propiamente dicho.

Cuando Israel ocupó Cisjordania en 1967, la Línea Verde perdió importancia. La comunidad internacional insiste en que Israel la reconozca como la base de las futuras fronteras en las actuales negociaciones con la Autoridad Nacional Palestina hacia una solución de dos estados.

Gracias al héroe local, el estatus especial de Battir sobrevive hasta el día de hoy. “Permanecimos en la tierra por la sabiduría política del difunto Mustafa”, enfatiza Aweinah. Battir es la excepción al control de Israel en Cisjordania: se trata de la única aldea palestina donde la Línea Verde no existe. En total, 300.000 metros cuadrados, 30 % de la superficie de la aldea, se ubican sobre la Línea Verde y dentro de Israel. El resto de Battir está bajo control total de Israel (Área C) o bajo control conjunto de Israel y Palestina (Área B).

En contraste con otras partes del muro, donde cada semana se enfrentan manifestantes palestinos con soldados israelíes, en Battir los agricultores cultivan una forma pacífica de resistencia. “Al promover el ecoturismo, los habitantes de Battir se protegen a sí mismos. Obligan a Israel a garantizarles su tierra”, explica el director del ecomuseo del paisaje de la aldea, Michel Nasser.

Armada con espadas y horquillas, una delegación del consulado de Gran Bretaña en Jerusalén ayuda a Aweinah a arar su terreno y a plantar frijoles. “Estamos aquí para expresar nuestra solidaridad y contribuir con el ecoturismo del lugar”, dice a IPS el cónsul general británico en funciones, Vincent Fean. “Nuestro objetivo es garantizar que, junto con la población local, presentemos una perspectiva de coexistencia pacífica y económicamente sólida. Battir puede ser un modelo”, agrega.

Aquí no se arrojan piedras. En cambio, hay senderos para excursionistas, diseñados especialmente para explorar la belleza del área; una posada que se inaugurará este mes, y el ecomuseo que abrió sus puertas en febrero. Miles de turistas visitan Battir cada año. Es “una Intifada verde”, dice sonriendo Badr.

Mientras aguardaban el fallo judicial, los aldeanos intentaron incluir a Battir en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que hace dos años aprobó la membresía plena de Palestina. Esperaban que se les concediera ese carácter como medida de emergencia para convencer a Israel de que reubicara el muro. Pero en junio, la Autoridad Nacional Palestina renunció a continuar con la solicitud a fin de respetar su compromiso de abstenerse de medidas unilaterales durante los nueve meses que duraran las conversaciones de paz.

El llamado a orar se escucha en todo el valle. Ibrahim, el hermano de Ma’mmar, entona su propia plegaria: “Oh, tierra de Battir, donde nos multiplicamos y vivimos”.

Ejemplo para la conciencia a través de una imágen

Paraguay arruinado por el agronegocio

“Hemos tomado conciencia de que existe una estrategia del agronegocio de unificar todas las leyes de semillas en base a sus intereses (...), pese a las diferencias ideológicas de los gobiernos”, dijo el ecologista Miguel Lovera, de Sobrevivencia – Amigos de la Tierra Paraguay. Fue entrevistado por un medio comunitario en ese país, luego de finalizado el Seminario Taller “Leyes de Semillas: resistiendo el despojo”, que se hizo el 17 y 18 de Octubre en la Granja Escuela Yvapuruvu de Sobrevivencia, en la localidad de Altos.

La Alianza Biodiversidad y la Campaña de la Semilla de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina (CLOC-VC) organizaron el seminario-taller con el fin de poner en común análisis sobre la imposición de renovadas leyes de semillas en varios países de la región, pero también para discutir estrategias de resistencia a esos avances. En las últimas décadas el proceso de control y privatización de las semillas por parte de empresas privadas en América Latina, muchas de ellas corporaciones transnacionales, ha ido en continuo aumento.

Con el agronegocio en el control de las tierras y los sistemas productivos la sustentabilidad no importa, todo se reduce a una “una mera operación de costos-beneficios”, dijo Lovera, que fue presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) del gobierno de Fernando Lugo.

Paraguay es el país con mayor concentración de la tierra en el mundo. El 2,5 % de los propietarios concentra en su poder el 85 % de las tierras. En Paraguay “el interés del agronegocio es el interés del Estado”, se lamentó Lovera, y advirtió que hay un “avance inescrupuloso de la frontera agropecuaria”, con una reducción continua de campesinos “porque cada vez tienen menos acceso a la tierra”. “Por lo tanto, cuando hay menos campesinos hay menos conocimiento y se utiliza menos material genético (semillas), y en consecuencia se produce una erosión de ese material, tanto a nivel genético como a nivel de variedades”, alertó el integrante de Sobrevivencia.

No obstante, Lovera explicó luego que la diversidad y los cultivares se mantienen “bastante bien”, pero llamó la atención sobre la “escasez de semillas”. Según relató el activista, antes habían regiones con un patrimonio genético particular, poblados de 5000 personas por ejemplo, que hoy están totalmente plantadas con soja. En esa línea de pensamiento, muchos de los campesinos han ido a parar a la periferia de las ciudades, con muchísima pobreza. Según Lovera, un cuarto de la población paraguaya pasa hambre y el desempleo es galopante, “llega fácilmente al 25 por ciento”.

Sin embargo, el integrante de Sobrevivencia ve una puerta de salvación para la agricultura campesina. Es que las familias campesinas “mantienen muy bien su conocimiento”, dijo, lo que permite “plantearse un proceso serio de recuperación”.

Total... Desastre

La empresa francesa Total, que tiene participación en varias de las concesiones otorgadas para la explotación de gas de esquisto en la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, ha sido una de las nominadas a ganar los Premios Pinocho sobre Desarrollo Sustentable, que denuncian a las compañías que usan publicidad engañosa para venderse como “limpias”.

Entre los proyectos de Total en Neuquén, el más controversial es el de Pampa las Yeguas II, ubicado en la reserva provincial Auca Mahuida, sitio protegido por su fauna y flora, con más de 100 especies de animales, como el guanaco, el ñandú y el puma, por ejemplo. Según consta en la web de los Premios Pinocho (http://www.prix-pinocchio.org, se puede votar por las empresas postuladas ahí), en la sección dedicada a la nominación de Total, los trabajadores de la reserva Auca Mahuida se han pronunciado en contra de la atribución de la concesión a la empresa francesa y a la utilización de la fracturación hidráulica (“fracking”), tecnología que se usa para extraer el gas de esquisto. Los trabajadores subrayan la paradoja de que Total, de origen francés, use un método prohibido en su país por los daños que puede causar al medio ambiente y la salud humana. “Infraestructuras invasivas, contaminación del agua, fugas de metano, riesgos de cáncer, motivan la oposición de las poblaciones locales a este proyecto que amenaza sus actividades tradicionales de ganadería”, dice la web de los Premios. Los campesinos de la zona se dedican principalmente a la cría de chivas.

Total, principal productora de gas en Argentina, tiene permisos para extraer gas compacto (“tight gas”) y gas de esquisto (“shale gas”), incluso en una reserva protegida en la Patagonia. Radio Mundo Real entrevistó al activista Diego di Risio, del Observatorio Petrolero Sur, con sede en Buenos Aires, capital de Argentina, y que sigue muy de cerca lo que está pasando con Total en ese país. Diego di Risio contó en entrevista que la fracturación hidráulica es una técnica experimental, con poco más de una década de uso a escala masiva solamente en Estados Unidos y Canadá. Dijo también que esa tecnología es fuertemente cuestionada por los altísimos impactos ambientales, principalmente la contaminación de aire y agua, y al mismo tiempo por la ocupación territorial que genera. “Hay países que la han prohibido como Francia y Bulgaria, incluso en nuestro país hay más de 25 municipios que también la prohibieron”, señaló.

“La fractura básicamente consiste en la inyección de una sopa química, una gran cantidad de agua, arena y químicos, que van rompiendo y generando porosidad y permeabilidad en la roca”, explicó di Risio. “Parte del agua vuelve a la superficie y es de muy caro y muy difícil tratamiento, no solamente por los químicos inyectados que en buena medida son tóxicos, sino también por (la presencia de) los metales pesados e incluso en algunas ocasiones de elementos radioactivos”.

Premios Pinocho

Los premios Pinocho sobre Desarrollo Sustentable, organizados por Amigos de la Tierra Francia, en colaboración con Peuple Solidaires y el Centro de Investigación y de Informaciones para el Desarollo (CRID), tienen el propósito de ilustrar y denunciar los impactos negativos de diversas empresas que utilizan continuamente el discurso del desarrollo limpio. Este año el concurso para elegir a las empresas más “mentirosas” va por su séptima edición.

Desde el surgimiento a nivel internacional del concepto de “Responsabilidad Social y Ambiental de las Empresas (RSAE)”, especialmente desde la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002, los compromisos voluntarios de las empresas son los que han predominado, en marcos como el de Naciones Unidas o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esos compromisos no son jurídicamente vinculantes, y por lo tanto son ineficientes. Las empresas se benefician con repercusiones positivas en términos de imagen frente a sus accionistas, clientes o ciudadanos, y no se comprometen más que a principios generales que no aportan casi nada a la sustentabilidad ambiental y social. No pueden ser responsabilizadas legalmente por sus actos debido al carácter voluntario de sus compromisos.

A nivel mundial, las corporaciones transnacionales aprovechan de las debilidades legislativas y/o institucionales en los países del Sur para llevar a cabo sus actividades en detrimento del respeto a los derechos sociales y ambientales. Por eso, ciertos parlamentarios y numerosos actores de la sociedad civil, entre ellos Amigos de la Tierra Francia, reclaman el establecimiento de un marco jurídico vinculante a nivel internacional, que obligue en adelante a las empresas a asumir sus responsabilidades. El establecimiento de un marco más estricto a nivel comunitario europeo, y en Francia especialmente, es ya una necesaria etapa intermedia.

Sobre estos temas habló con la corresponsal de Radio Mundo Real en Francia, Camille Marigaux, la directora de la campaña de industrias extractivas de Amigos de la Tierra Francia, Juliette Renaud.

Algunas empresas han empezado a cuidarse frente a los Premios Pinocho porque saben que dañan su imagen. Intentan llevar adelante contra-campañas de comunicación, otras buscan presionar a Amigos de la Tierra Francia para que cambie sus contenidos. Veolia, por ejemplo, invitó a Juliette Renaud de la mencionada organización ambientalista a India para que viera cómo "alegran la vida de los pobres dándoles acceso al agua", según contó la activista.

Las categorías de los Premios Pinocho se presentan así:

* “Más verde que verde”: premio otorgado a la empresa que haya manejado la campaña publicitaria más abusiva y engañosa comparada con sus actividades reales. A las empresas les gusta subirse al carro de la moda del desarrollo sustentable para legitimar sus actividades. ¡La realidad es que generalmente son menos verdes de lo que dicen!

• Air France en Madagascar
• Areva, en Francia
• BNP Paribas en varias partes del mundo

* “¡Una para todos, todo para mí!”: premio otorgado a la empresa que haya llevado a cabo la política más agresiva en términos de acaparamiento, sobreexplotación o de destrucción de los recursos naturales. Hay un planeta para siete mil millones de seres humanos. Algunas empresas se apropian de una porción excesiva del ''pastel'' y devoran la de otros.

• Total, en Patagonia
• Veolia, en India
• La Société Générale, en Australia

“Manos sucias, bolsillos llenos”: premio otorgado a la empresa que haya manejado la política más abusiva en términos de opacidad a nivel financiero (evasión fiscal, corrupción), en términos de cabildeo/presión, o en su cadena de suministro. Algunas empresas muestran su talento para socavar y debilitar las normas ambientales y sociales existentes. ¿Su objetivo? Evidentemente obtener mayores ganancias en detrimento del medio ambiente y de los derechos humanos.

• Apple en Indonesia
• Alstom en Brasil
• Auchan en Banglaseh

Se puede votar en la pagina web de los Premios Pinocho hasta el 19 de noviembre: http://www.prix-pinocchio.org/es. 

Comunicado Público a la Comunidad Nacional e Internacional

''RECHAZAMOS EL HOMICIDO DE NUESTRO AMIGO, COMPAÑERO Y DEFENSOR DEL DERECHO A LA VIDA, EL AGUA Y EL TERRITORIO CESAR GARCÍA

CESAR GARCÍA, era un campesino trabajador, defensor del territorio, líder ambientalista, reconocido opositor al proyecto de megaminería LA COLOSA impulsado por la empresa Anglogold Ashanti, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cajón la Leona del municipio de CAJAMARCA, integrante del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y de la Red de Comités Ambientales y Campesinos del Tolima.

HECHOS

CESAR GARCÍA, el día de hoy (2 de noviembre de 2013) entre las 5 y 6 de la tarde fue asesinado con un tiro en la cabeza cuando llegaba a su finca ubicada la vereda la Cajón la Leona del municipio de Cajamarca.

ANTECEDENTES

Los líderes y lideresas del Comité Ambiental y Campesino, han sido señalados y estigmatizados como enemigos del progreso de la región, también han sido señalados de guerrilleros, en los últimos meses se han presentado diferentes hechos que vienen creando sobre Cajamarca un ambiente de zozobra, por ejemplo, a partir del lamentable atentado de la semana pasada en la vereda Potosí,

• el 25 de octubre Caracol Radio expresó lo siguiente:

La comisión conformada por 6 personas más el conductor se desplazaba por la vía Potosí cuando fueron impactados por dos artefactos explosivos improvisados que al parecer fueron lanzados desde la montaña. Aunque las autoridades creen que la comisión pudo haber sido confundida con una empresa minera, las directivas del Instituto no descartan que el ataque esté relacionado con la actividad que se realiza en la zona para la delimitación de páramos

• Seguidamente el IGAC en comunicado público manifiestó:

Las primeras informaciones señalan que la comisión del IGAC fue confundida con personal de la empresa Minera Gold Fields, que ha sufrido rechazo por parte de algunos sectores de la comunidad, “por lo que es importante reiterar que la labor del IGAC se desarrolla en el marco de un convenio que no tiene nada que ver con la empresa minera mencionada. Nosotros hacemos la delimitación para lograr una protección de esta área, generando insumo técnico a las autoridades competentes para la toma de decisiones a que haya lugar”, indicó el director del IGAC.

• El 27 de octubre de 2013 en el editorial El Espectador, se refirió a los hechos de la siguiente forma:

“Lo que nos faltaba” Pero no basta con rechazarlo. Hay que hacer un alto y reflexionar. Porque más que una forma acaso inesperada de la misma intolerancia que nos caracteriza, podría tratarse de un indicio extremo de que algo anda mal en la forma como se están tomando las decisiones que afectan el medio ambiente y los territorios de vida de comunidades locales. Podría ser el primero, en nuestra tierra, de otro de los males que acusa la sociedad contemporánea: las manifestaciones violentas de quienes sienten que los valores sociales y ambientales que están en juego en medio de las propuestas de crecimiento económico sólo pueden ser resueltos por la vía de los hechos”

• Durante las jornadas del PARO AGRARIO, varios líderes campesinos y ambientales de Cajamarca e integrantes del Comité Ambiental y Campesino recibieron amenazas en los que la fuerza pública se encuentra implicada.

• El 22 de febrero de 2013, el director de comunicaciones de la empresa trasnacional ANGLO GOLD ASHANTI – AGA envió un mensaje de texto a RAFAEL HERTZ director de la AGA indicándole en el marco de una mesa ciudadana convocada por Cortolima en el que afirmó tienen IDENTIFICADOS EN EL PÚBLICO VARIOS GUERRILLEROS DE ANAIME.

CAJAMARCA y el TOLIMA se configuran hoy en un territorio en disputa entre quienes defendemos el derecho a decidir sobre el destino de la región, al agua y a la vida y quienes se benefician de hechos cuyo objetivo es desestabilizar el orden público, asesinar y hostigar a los procesos de resistencia y a sus líderes.

POR LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS CON URGENCIA EXIGIMOS

A la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Temprana, documentar y emitir documento de advertencia de inminencia por el riesgo en que se encuentran los líderes y lideresas del Comité Ambiental de Cajamarca.

Al Ministerio del Interior - Unidad de Protección coordinar con la Defensoría del Pueblo las medidas de protección de los y lideresas del comité con el fin de prevenir posibles asesinatos y desapariciones forzadas.

A la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho y Derecho Internacional Humanitarios, iniciar investigación de oficio por el asesinato del dirigente campesino CESAR GARCÍA, asignando de manera inmediata investigador para esclarecer los móviles de la acción delictiva y dar captura del (los) responsables.

A la a Gobernación del Tolima para que asuma como autoridad regional la exigencia para una investigación contundente y transparente sobre todos éstos hechos a los órganos competentes, que permitan establecer tanto los autores del asesinato de CESAR GARCIA como los actores intelectuales y se investigue a quienes se benefician de éste hecho como posibles responsables del mismo.

A la comunidad internacional, acompañar con la divulgación del comunicado y remitir cartas al gobierno nacional solicitando la protección de la vida, integridad y seguridad personal de los líderes y lideresas del comité, y a su vez promoviendo el cierre de la actividad minera en la zona

A todos los ciudadanos del Tolima, de la región y del país para que hagan presencia a través delegaciones en Cajamarca, Tolima, durante los eventos que se decidan para no dejar impune la muerte de nuestro compañero CESAR GARCIA.

RED DE COMITÉS AMBIENTALES Y CAMPESINOS DEL TOLIMA''

Se continúa desobedeciendo la voluntad del pueblo

La organización ecologista REDES – Amigos de la Tierra Uruguay se sumó el pasado Jueves 31 de Octubre a los festejos internacionales del Octubre Azul, mes de celebraciones en diversas partes del mundo por el derecho humano al agua. Advirtió asimismo que aún no se cumple en el país cabalmente la reforma del agua del 31 de octubre de 2004.

El Jueves de la semana pasada se cumplieron nueve años del plebiscito del agua, impulsado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), que aglutinó a diversas organizaciones sociales y sindicatos, entre ellos la propia REDES – AT. Ese plebiscito reformó el artículo 47 de la Constitución Nacional, con el apoyo de más del 64% de los votantes. Así se determinó que el agua es un derecho humano fundamental, que el consumo humano es prioritario, que los servicios de agua y saneamiento en el país deben ser brindados por empresas públicas y que se debe garantizar la gestión sustentable de las cuencas y la participación ciudadana en todos los procesos de esa gestión.

En un comunicado de prensa emitido dicho Jueves, REDES – AT subraya que a nueve años de aquella histórica conquista “la voluntad popular sigue sin ser respetada totalmente por la imposición en el país de la lógica del gran capital en el medio rural, a través de los agronegocios”. “El vertiginoso avance de la soja y la forestación, que ocupan aproximadamente dos millones de hectáreas del territorio nacional, amenaza la cantidad y calidad de nuestras aguas, y por ende, el derecho humano al agua”, fustigó el comunicado.

Según explica la organización uruguaya, los monocultivos de árboles y de soja, “y el modelo excluyente que lo sustenta”, han afectado a los productores familiares de varios departamentos, que en muchos casos han debido abandonar la tierra. El último censo agropecuario en Uruguay, de 2011, estipula que en el período 2000-2011 se perdieron en el país más de 11.100 explotaciones de 1 a 99 hectáreas.

“Además, la actual expansión agrícola se ha caracterizado por la aplicación de forma homogénea de paquetes tecnológicos, que incluyen un uso creciente de agrotóxicos para simplificar el manejo en detrimento de la sustentabilidad de los territorios y la salud de sus poblaciones". Los transgénicos de maíz y soja son otros destacados del paquete tecnológico. "Son cada vez más reiteradas las noticias que llegan desde diversas partes del país sobre escuelas y pequeños poblados fumigados, niños, maestros y habitantes afectados”, dice REDES - AT.

Algunas de las cuencas más importantes de Uruguay están contaminadas por agrotóxicos. Entre ellas se destaca la del Río Santa Lucía, que abastece de agua ''potable'' a alrededor del 60 % de la población nacional. “De esta forma, no se garantiza el derecho humano al agua y que el uso humano sea prioritario”.

En junio de 2013 la CNDAV envió una contribución escrita al Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí recomendó al Estado uruguayo emprender, entre otras, las siguientes acciones para garantizar el derecho humano al agua:

 Tomar medidas tendientes a garantizar la disponibilidad de agua de calidad mediante la gestión sustentable del territorio y las cuencas hidrográficas, priorizando el consumo humano sobre otros usos.

 Prohibir el uso de agrotóxicos que tengan efectos negativos sobre la calidad de agua y la salud humana en cuencas estratégicas para el abastecimiento de agua a la población.

 Garantizar la participación activa de los y las afectadas por la contaminación en las decisiones relativas a la gestión y control de las cuencas hidrográficas.

 Establecer canales y mecanismos claros para que la población denuncie y pueda tener respuestas rápidas ante situaciones de fumigación o contaminación de recursos naturales.

 Diseñar mecanismos de amparo, denuncia y protección de comunidades cuyos derechos humanos se vean vulnerados por la aplicación de agrotóxicos.

Como integrante de la CNDAV, “REDES – AT reivindica esas recomendaciones realizadas al Estado uruguayo, y reclama que se efectivice una participación real de la ciudadanía en la gestión y control del agua”, cierra el parte de prensa.

''Energía sucia de sangre de nuestros países''

Energía sucia, maquillaje verde, bajos salarios, inseguridad laboral, tercerización, monopolio, colonización, evasión fiscal, destrucción social y ambiental, corrupción, violación de derechos humanos. La transnacional española Iberdrola fue declarada culpable de estos y más crímenes por el Tribunal Popular instaurado en el centro antiguo de Bilbao este miércoles 30 de octubre.

Más de veinte testimonios de los crímenes cometidos por la Iberdrola de los hemisferios norte y sur compartieron sus acusaciones. En Brasil por ejemplo, la transnacional se presenta como Neoenergia y es parte del consorcio dueño de la controvertida de Belo Monte en el estado Pará y la represa de Foz do Iguazu en el de Paraná, entre otras del sector eléctrico, en la generación y distribución. También fueron realzadas acusaciones en contra de su participación en proyectos de energía eólica en Oaxaca en México, en la Isla de Creta en Grecia y en plantas de energía nuclear e hidroeléctrica en España. Además, trabajadores de la empresa denunciaron las pésimas condiciones de trabajo, incluyendo tercerización, jornadas extenuantes y persecución sindical.

Bajo la luz de las velas, en homenaje a los compañeros y compañeras asesinadas en la lucha contra las transnacionales, los manifestantes marcharon hasta la sede de Iberdrola, un gigantesco edificio que sobresale en la ciudad de Bilbao, y que costó al erario público de esta ciudad, unos 20 millones de euros. Un grupo de jóvenes encabezó la marcha con persecución al estilo brasileño.

“Iberdrola tiene deudas históricas con Brasil, México, Guatemala, Colombia y también con los compañeros aquí del País Vasco. Iberdrola hace propaganda de que produce energía limpia, pero en realidad produce energía sucia de sangre de nuestros países”, afirmó Leonardo Bauer, de la coordinación nacional del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) de Brasil.